El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey de España por las Cortes franquistas. Realizó un discurso moderado y mantuvo a Arias Navarro como presidente del gobierno, pero introdujo en el primer gobierno de la monarquía a políticos aperturistas, como Fraga y Suárez. El rey estaba convencido de la necesidad de democratizar el país mediante la vía reformista, partiendo de las instituciones franquistas para cambiarlas.

La Coordinación Democrática

En 1976, la oposición política llegó finalmente a un acuerdo de unión, creando la Coordinación Democrática, popularmente bautizada como»Platajunt», pues era el resultado de la unión entre la Junta Democrática, bajo influencia del PCE, y la Plataforma de Convergencia, del PSOE. Su manifiesto inicial insistía en la ruptura con el régimen.

El nombramiento de Adolfo Suárez

El rey decidió acelerar el proceso de la reforma, forzando la dimisión de Arias Navarro, en julio de 1976. Fue sustituido en la presidencia del gobierno por el joven Adolfo Suárez, cuyo nombramiento no fue bien recibido, ni por los partidos de izquierdas ni por los franquistas del búnker. Pero el rey confió en él y no se equivocó, los hechos demostraron que fue la figura clave que impulsó la reforma hacia la democracia.

Las reformas de Suárez

Suárez formó un gobierno de políticos aperturistas, y en pocas semanas aprobó una amnistía que permitía la liberación de los presos políticos, pero mantenía en prisión a los condenados por terrorismo. En septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política, que establecía como objetivos la creación de un Estado español monárquico y democrático, con soberanía popular, división de poderes y sufragio universal, en el que el poder legislativo recaería en dos cámaras: el Congreso de Diputados y el Senado, cuyos representantes serían elegidos democráticamente, para lo que se legalizarían los distintos partidos políticos. En noviembre de 1976, la Ley de la Reforma fue aprobada por la mayoría de la Cámara de Procuradores. El 15 de diciembre fue el pueblo español quién aprobó la Ley en referéndum. Los partidos de izquierdas habían pedido la abstención, pero tras los resultados del referéndum decidieron definitivamente la ruptura, aceptando la reforma hacia la Monarquía Democrática.

El terrorismo y la legalización de los partidos políticos

A comienzos de 1977, se vivieron los meses más difíciles de la transición por el terrorismo de la extraña izquierda (GRAPO y ETA) y de la extrema derecha (asesinato de cinco abogados del PCE en un despacho de la calle Atocha, en Madrid). El Gobierno había comenzado la legalización de los partidos políticos. El 1 de abril fue disuelto el Movimiento Nacional y el día 9, en una iniciativa personal de Suárez, apoyada por el rey, se hacía pública la legalización del Partido Comunista de España.

El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977

Las elecciones para la formación de unas Cortes bicamerales constituyentes, se convocaron para el 15 de julio de 1977. Fueron las primeras elecciones democráticas en cuarenta años. Se presentaron las siguientes fuerzas políticas:

• Alianza Popular, formación derechista liderada por Fraga Iribarne
• Unión de Centro Democrático, partido creado por Suárez. Su principal baza era la figura del presidente Suárez, cada vez más popular.
• En la izquierda, los partidos principales eran el PSOE y el PCE

La campaña electoral se desarrolló con normalidad, y la participación fue alta. Se alzó con el triunfo la UCD de Suárez, quedando en segundo lugar el PSOE de Felipe González. A bastante distancia quedaron el Partido Comunista de Carillo y la Alianza Popular de Fraga.

Los Pactos de la Moncloa

El primer gobierno democrático, también presidido por Adolfo Suárez, tuvo dos prioridades: afrontar la grave crisis económica y la elaboración de una constitución de consenso entre todas las fuerzas políticas. Para el grave problema de la crisis económica, se realizaron los Pactos de Moncloa (1997), conjunto de medidas económicas para reducir la inflación y repartir los costes de la crisis a través de una reforma fiscal, que acabaría dando origen al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

Se formó un comité parlamentario, con representantes de los distintos  partidos, para fijar el texto constitucional, que fue aprobado en el Congreso, con la excepción del PNV, y luego apoyado por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de 1978. 

La constitución de 1978, todavía en rigor, define a España como un estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La declaración de derechos es extensa y una de las más completas de Europa. Fija la mayoría de edad en los 18 años, declara la libertad religiosa y prohíbe la pena de muerte. Soberanía popular. 

El poder legislativo en dos Cámaras (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal, cada cuatro años. El poder ejecutivo en el Gobierno, cuyo presidente es elegido por los diputados del Congreso. El Gobierno es responsable antes las Cámaras. El poder judicial corresponde a jueces y tribunales, y se establece un Tribunal Constitucional como máximo órgano jurídico.

La Constitución establece un Estado descentralizado, formando por nacionalidades y regiones con derecho a organizarse en comunidades autónomas. Antes de que la constitución fuese aprobada, el Gobierno presidido por Suárez, había concedido con carácter provisional la preautonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia, las llamadas comunidades históricas o nacionalidades. Mas tarde, entre 1979-1983, se fueron aprobando en las Cortes los distintos Estatutos de Autonomía, que reflejan la división de España en 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autnómicas, cada una con sus Asambleas o Parlamentos autonómicos.

Hasta 1982, el proceso autonómico se vio dificultado por la elaboración de los estatutos y las rivalidades entre provincias.

Desde 1982, las dificultades estuvieron en las transferencias de competencias desde la administración central a las comunidades.

al a las comunidades.