La Transición Española: Del Inmovilismo a la Democracia

El inmovilismo inicial

Tras la muerte de Franco, la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente de Gobierno satisfizo los intereses de los partidarios de perpetuar la dictadura. A pesar de la llegada de ministros reformistas, el Gobierno de Arias se limitó a proponer unas leyes muy restrictivas y continuistas con el régimen anterior.

Entre 1974 y 1975, la oposición se había organizado en Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista de España (PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática, que encabezaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En marzo de 1976, estos organismos se agruparon en uno, Coordinación Democrática, conocido como Platajunta. Pese a la disparidad de ideologías, todos defendían la democracia.

Estos partidos contaron con apoyos y financiación internacional y una importante vinculación sindical que impulsó huelgas en el interior del país.

El Gobierno respondió con la militarización de los servicios y la represión.

La violencia de las Fuerzas de Seguridad provocó críticas contra el Jefe del Gobierno, y la actuación de los ministros Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa favoreció la convergencia de la oposición.

La caída de Arias Navarro y la elección de Adolfo Suárez

Las crecientes demandas de la oposición, movimientos obreros y estudiantiles reafirmaron el papel de los inmovilistas. Fue el caso de una nutrida representación de las élites económicas, del ejército y de las fuerzas del orden, muy golpeados por los atentados terroristas.

Los asesinatos, secuestros y extorsiones perpetrados por organizaciones de extrema izquierda generaron un clima de inestabilidad. Por su parte, grupos de extrema derecha parapoliciales alimentaron también esta espiral de violencia.

La resistencia de Arias Navarro a las reformas y las movilizaciones sociales a favor de la implantación de reformas democráticas llevaron al rey Juan Carlos I a presionar al presidente del Gobierno para que abandonase el cargo. Arias Navarro dimitió el 1 de julio de 1976.

El nuevo presidente debía ser escogido por el monarca entre una terna presentada por Torcuato Fernández Miranda. Este incluyó el nombre de Adolfo Suárez, quien finalmente resultó elegido.

Con la designación de Adolfo Suárez se inició una política de mayor aperturismo y se emprendieron reformas que resultaron fundamentales para implantar la democracia en España.

La Ley para la Reforma Política:

Las primeras medidas adoptadas por Adolfo Suárez marcaron un antes y un después. Suárez aprobó el 4 de agosto de 1976, una amnistía parcial para presos políticos, que se completó con otra más ambiciosa en octubre de 1977.

Estas iniciativas se completaron con la Ley para la Reforma Política, que buscaba desmontar la estructura del régimen franquista. La nueva normativa recuperaba la soberanía popular, defendía los derechos fundamentales de los españoles y establecía unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados y el Senado, en los que los miembros del primero serían elegidos por los ciudadanos. Fue posteriormente ratificada en referéndum ese mismo año.

Incorporación de la oposición del sistema

La aprobación de la Ley para la Reforma Política permitió convocar elecciones a Cortes. El gobierno de Suárez debía garantizar el pluralismo político que se traducía en la legalización de numerosos partidos de la oposición.

Aunque desde la muerte de Franco no se había legalizado los partidos políticos, sí se les había permitido actuar con cierta libertad. Así, el PSOE, liderado por Felipe González, pudo celebrar su XXVll Congreso en Madrid. Respecto al PCE, su secretario general Santiago Carrillo forzó su detención para presionar al gobierno. Se llevó a cabo la legalización de numerosos partidos, como el PSOE en febrero de 1977.

El gobierno encontraba mayor resistencia a legalizar el PCE. El incremento de secuestros, extorsiones y atentados terroristas de ETA y de otros grupos de extrema izquierda fomentaron la inestabilidad y el malestar de los militares y las fuerzas del orden.

El punto de inflexión se produjo tras la matanza de Atocha, cuando un grupo de extrema derecha asesinó a cinco miembros del PC y de Comisiones Obreras.

La condena pacífica del PCE en un multitudinario funeral evidenció su apuesta por la democracia, lo que favoreció para alcanzar su legalización que se produjo el 9 de abril de 1977 durante la Semana Santa.

Las elecciones de junio de 1977

Para presentarse a las elecciones, Suárez fundó la Unión de Centro Democrático (UCD), una formación que integró a franquistas reformistas, democristianos, sectores liberales y algunas fuerzas regionalistas moderadas.

El 15 de junio de 1977 se celebraron, bajo la ley D’Hondt, las elecciones para escoger por distritos provinciales a 350 diputados del Congreso y 270 senadores.

Los españoles votaron mayoritariamente a los partidos que abogaban por las reformas democráticas y la implantación de las nuevas instituciones representativas. La UCD de Adolfo Suárez venció en las elecciones.

A partir de este momento, Suárez recibió el encargo de formar un nuevo gobierno, un nuevo Gobierno. En asuntos tan relevantes como la elaboración de una nueva Constitución, la delicada situación económica o la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que pusiese fin al aislamiento internacional de la etapa franquista.

La Constitución del 1978

El nuevo texto constitucional

Para elaborar la Constitución, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso nombró una ponencia de siete diputados: UCD con tres representantes; PSOE, PCE, Alianza Popular y la minoría catalana, con uno cada formación.

La Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1978, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 fue sometida a referéndum popular.

La nueva carta magna reconocía los siguientes puntos:

  • España es un Estado social y democrático de derecho, es decir, aquel que se rige por el imperio de la ley y está obligado, a través de ella, a proteger y promover la justicia social y el bienestar de la ciudadanía.
  • Su soberanía es nacional y de ella emanan los poderes del Estado.
  • Su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. El rey ocupa la jefatura del Estado y sus prerrogativas están muy acotadas.
  • El sufragio es universal en mayores de 18 años.
  • Se establece la separación de poderes: el poder legislativo, encargado de la elaboración de las leyes y recae en las Cortes; el poder ejecutivo, desempeñado por el Gobierno, dirige la política interior y exterior del Estado; y el poder judicial, que compete a los jueces y tribunales.
  • Garantiza los derechos humanos conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declara la igualdad de todos los españoles ante la ley, establece distintos derechos y libertades y determina la confesionalidad del Estado y la abolición de la pena de muerte.
  • Establece la unidad de Estado, pero reconoce el derecho de las regiones a acceder a su autogobierno, sentando así las bases del Estado de las autonomías.

El desarrollo del Estado de las autonomías

La Constitución del 78 recogía y regulaba una nueva organización autonómica, resultado de las reivindicaciones de descentralización que habían adquirido un nuevo vigor en los inicios de la transición.

La Constitución establecía que todas las regiones españolas podían establecerse como comunidades autónomas. Cada una de ellas habría de regirse por un Estatuto de autonomía. La carta magna estipuló dos vías para que las regiones se constituyesen en comunidades autónomas:

  • La vía rápida, a través del artículo 151 de la Constitución, que aplicaba a las comunidades de nacionalidad histórica: Cataluña, País Vasco y Galicia. A esta vía se incorporaron también Andalucía y Navarra, aunque con algunos matices.
  • La vía lenta, a través del artículo 143, que fue la utilizada por el resto de comunidades que demandaron el autogobierno.

Los efectos de la crisis y los Pactos de la Moncloa

La transición coincidió con una crisis económica mundial causada por el aumento del precio del petróleo en 1973.

El alza de los precios redujo la competitividad de los productos españoles, las exportaciones y las reservas de divisas.

Tras las elecciones de junio de 1977, el gobierno del Suárez, de la mano del economista Enrique Fuentes Quintana, intentó alcanzar un pacto con los principales partidos políticos de sindicatos para dar estabilidad política y económica al país. Así el 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de Moncloa.

En el plano político se abogó por eliminar trabas a la libertad de prensa, y se aprobó el derecho de reunión, de asociación y de propaganda. Se alcanzó un consenso sobre la restricción de la jurisdicción penal militar, la reforma del código penal y una regulación plural de los medios de comunicación oficiales.

Se intentó modernizar y sanear la economía a través de la devaluación de la peseta, para mejorar las exportaciones y paliar el déficit en la balanza de pagos; la fijación de un techo al crecimiento de los salarios para no superar la inflación; y la reforma tributaria con la lucha contra el fraude fiscal y la creación del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Comenzó a implantarse así, un modelo fiscal, universal y progresivo para sostener el Estado de bienestar. En el plano social se acordó el aumento de las plazas escolares, la reforma de la Seguridad Social y la creación del Instituto Nacional de Empleo.


La segunda legislatura y el golpe de Estado

Tras la promulgación de la Constitución, las Cortes se disolvieron y se convocaron elecciones legislativas. La UCD comenzó una segunda legislatura sin mayoría absoluta.

Suárez tuvo que hacer frente a una creciente inestabilidad política interna del partido. El gobierno sacó adelante medidas como el Estatuto de los Trabajadores, el Plan Energético Nacional y la Ley de Incompatibilidades.

El gobierno de Suárez tuvo que afrontar una segunda crisis de petróleo en 1979, que redujo la actividad económica y provocó el cierre de empresas.

Se produjo un aumento de la amenaza al sistema democrático, desde el golpismo militar y el terrorismo, hasta el punto de que este periodo se conoce como los años de plomo. El terrorismo de izquierdas protagonizó atentados y secuestros. El terrorismo de derechas cometió 60 asesinatos. La ultraderecha opuesta a la reforma de emprendidas comenzó a conspirar contra el gobierno. En noviembre de 1978 se consiguió frenar el golpe del Estado conocido como Operación Galaxia, organizado por militares y guardias civiles.

El PSOE presentó una moción de censura en las Cortes contra el gobierno que debilitó la figura de Adolfo Suárez, presentando su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de enero del 1981.

El 23 de febrero de 1981 secuestraron el congreso de los diputados en un intento de golpe de estado poco después de general Jaime Milans del Bosch, declaró el estado de guerra en Valencia.


El impulso del Estado de bienestar

Una vez en el poder, el pasado, empezó a plantear una serie de medidas orientadas al financiamiento del Estado de bienestar y la reforma de las instituciones:

-políticas sociales; en 1986 aprobó la ley general de sanidad que universalizó la asistencia sanitaria. Irse incrementaron el gasto social en pensiones y las prestaciones por desempleo. En 1985, se aprobó la ley del aborto que recibió numerosas protestas de la Iglesia Católica.

-política eduativa: la LODE reconoció la financiación pública de los centros concertados y la LOGSE, aprobada en 1990 reordenó el sistema educativo y amplió la educación obligatoria hasta los 16 años. La ley de reforma universitaria de 1983 favoreció la creación de nuevas universidades de amplió su autonomía económica y académica y elevo el número de becas.

-reforma del ejército: un objetivo prioritario del nuevo gobierno fue acabar con las tentativas involucionistas. En las Fuerzas Armadas. Se reforzó la subordinación del estamento militar al poder civil, se redujo el número de oficiales, se modernizó su equipamiento y se produjo la integración en la OTAN, factor decisivo para la apertura del ejército por su participación en misiones internacionales también se redujo progresivamente el servicio militar obligatorio y se regularon la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria del servicio militar.

-obras públicas: en infraestructuras incrementó el gasto para construir nuevas carreteras, aeropuertos y ferrocarriles con la línea de alta velocidad.

-reformas institucionales: en el plano autonómico se descentralizaron competencias y se establecieron partidas económicas para sufragarlas. 


Reformas económicas

-La reforma fiscal: para sustentar la ampliación del estado de bienestar se incrementó la recaudación de impuestos progresivos en función de los ingresos y la riqueza de las personas. Además, se estableció un impuesto indirecto que afectaba al consumo el impuesto sobre el valor añadido en vigor desde el 1 de enero de 1986, coincidiendo con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

-Reconversión industrial y bancaria. Afectó a todos los sectores tradicionales, astilleros, siderurgia, minería e industria textil radicados en ciudades como Cartagena Ferrol San Fernando. Algunas de estas empresas habían sido creadas con capital público durante la dictadura y estaban sobre dimensionados o tenían escasa productividad. Otras empresas públicas fueron privatizadas y vendidas. La participación del sector bancario en algunas de estas industrias y la deficiente gestión de determinadas entidades financieras provocó la masiva intervención del banco de España.

Junto con las medidas anteriores, el gobierno del PSOE reformó el estatuto de los trabajadores. En 1984, la nueva normativa permitió aumentar la temporalidad de los contratos y la precariedad laboral. Estas medidas provocaron un crecimiento de la economía y la reducción de la inflación. La época culminó en 1922 años. La reducción en las prestaciones de desempleo y la introducción de los contratos temporales generaron un importante ciclo de conflictividad laboral.


La apertura exterior

El aislamiento de la etapa franquista comenzó a requebrarse en la transición. El ingreso en la OTAN, la entrada en la CEE y el despliegue de una nueva diplomacia hacia Iberoamérica y Oriente Medio, fueron algunos de los principales Hitos.

La incorporación a la OTAN se había decidido en el Gobierno de la UCE. En ese momento, el PSOE prometió convocar un referéndum si llegaba al poder. Tras su victoria por mayoría absoluta, el Gobierno socialista convocó el referéndum, pero pasó del rechazo al apoyo a la permanencia en la OTAN. Para atenuar el cambio radical de postura, se plantearon varios condicionantes: reducción de las bases americanas en territorio español; negativa a instalar, almacenar o instalar armas nucleares, y la no incorporación a la estructura militar.

El 1 de enero de 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea, junto a Portugal después de la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Las causas de que España se uniera a este organismo fueron varias: modernizar   la economía y la sociedad, mejorar las exportaciones en Europa, romper el aislamiento de las últimas décadas y buscar apoyos para la consolidación de la democracia. La entrada en la CEE que, tras el Tratado de Maastricht de 1992, se convirtió en la Unión Europea, tuvo diversas consecuencias. El país cedió parte de su soberanía para integrarse en un espacio político común que incluía un Banco Central Europeo y una moneda común. Existió un punto de tensión en la adaptación del sector primario y en la oposición de Francia. La llegada de la financiación europea, con fondos de cohesión, para el desarrollo de las regiones menos avanzadas y las subvenciones a las actividades agrarias compensaron los elementos negativos. La renta individual y el PIB aumentaron.


La diplomacia española comenzó a ganar peso y, en paralelo a este escenario europeo desarrolló su labor en otras zonas como Latinoamérica que beneficiaron la expansión de empresas españolas por el subcontinente. En Oriente Medio, la política exterior estuvo marcada por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y la organización de una Conferencia de Paz en Madrid. En 1991, que intentó impulsar un acuerdo de paz sobre el conflicto palestino.

El último Ejecutivo de Felipe González

En los primeros años de la década de 1990, la derecha se reorganizó con José María Aznar al frente de alianza popular transformada en Partido Popular al tiempo que el PSOE perdida apoyo tras cuatro legislaturas en el poder en las elecciones de 1993, Felipe González perdió la mayoría absoluta.

Esta última etapa del PSOE estuvo marcada por los efectos generados por la crisis económica de 1993, la inestabilidad política derivada de casos como de corrupción y la “guerra sucia contra ETA”.

La económica internacional marcada por la subida del petróleo por la guerra del Golfo y por la crisis financiera de Japón, llegó con retraso a España. Sin embargo, a partir de 1993, el país entró en recesión, se produjo un crecimiento del desempleo.

Durante esta legislatura se desvelaron varios casos de corrupción:

  • El caso FILESA: destapó la creación de una trama de empresas utilizadas para la financiación ilegal.
  •  El caso Guerra: afectó a Juan guerra, que fue condenado por fraude fiscal.


En el último mandato de Felipe González se destapó la guerra sucia contra ETA de la mano de la de los GAL, grupo parapolicial que secuestró y asesinó a miembros de la banda armada y su entorno y que contó con el apoyo de fondo reservado del Estado. Algunos de sus responsables políticos como José Barrionuevo y, Rafael Vera fueron condenados a prisión. Esta lucha ilegal contra el terrorismo, se había desarrollado en paralelo a los intentos por aislar políticamente alabando terrorista como el pacto de Ajuria Enea.

Francia ha comenzado a colaborar con España y perseguía a terroristas oculto en el país vecinos. Así se logró avanzar en la derrota policial de ETA gracias a la detención del sucesivas cúpulas y comandos y a la caución de arsenales.

La política interior

Entre las medidas de los gobiernos de Aznar destacan:

Entrada en vigor del euro el 1 de enero de 2022, para poder adoptar la moneda única.-Reforma laboral, se llevó a acuerdos con los sindicatos y con la patronal para reformar el mercado de trabajo. En la segunda legislatura se inició una reforma con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral que afectaba principalmente al subsidio por desempleo y a los trabajadores en paro. Los sindicatos convocaron una huelga general en 2002, que paralizó la reforma.-Privatizaciones de empresas públicas, el Partido Popular ,emprendió una política de liberación, privatizando, empresas públicas, rentables y con enormes posibilidades de crecimiento. Esta política fue muy criticada por la oposición que denunciaba la privatización de esas empresas.-ley del suelo de 1998 esta regulación favoreció la extensión de la categoría del suelo urbanizable para impulsar la construcción de viviendas.


 El crecimiento económico de sectores como el turismo y la construcción convirtieron a España en polo de atracción de población inmigrantes. Desde finales del siglo XX el gobierno promulgó la ley de extranjería que reguló la llegada de inmigrantes. Sin embargo, la inmigración irregular se mantuvo y se convirtió en objeto de debate político a nivel nacional y comunitario.

En 2001 el gobierno abolió el servicio militar obligatorio y comenzó la progresiva profesionalización de las fuerzas armadas. La gestión del desastre ecológico causado por el hundimiento del petróleo Prestige, frente a las costas gallegas, generó numerosas críticas del ejecutivo Aznar.

En relación con el terrorismo era asesinato de Miguel Ángel blanco, provocó una masiva reacción popular de repulsa.

En 1998 ETA declaró una tregua unilateral que rompió en enero del 2000 el ese mismo año. El PP y el PSOE firmaron el pacto antiterrorista para reforzar la unidad de la lucha contra la violencia. En 2002 el gobierno impulsó la Ley de Partidos Políticos

El terrorismo islamita marcó el final de la segunda y última legislatura de José María Aznar el 11 de marzo de 2004 tres días antes de las elecciones generales es un comando vinculado a Al-Qadea colocó varias bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid.


La política exterior

España continuó con sus compromisos con la OTAN. En 1999, se produjo la integración en su estructura militar factor que influyó en la deserción de profesionalizar las Fuerzas Armadas.

Las relaciones con la Unión Europea estuvieron marcadas por los requisitos para la entrada en vigor del euro la reforma de la política agraria común y el proyecto de constitución europea. El papel de puente que había desempeñado España con América Latina quedó en un segundo plano por el distanciamiento con países como Cuba o Venezuela tras el ascenso al poder de Hugo Chávez.

Las relaciones con Marruecos tuvieron marcadas por los choques diplomáticos, causados por las negociaciones de las cuotas pesqueras por el apoyo del gobierno de Aznar al censo de saharauis de las Naciones Unidas y por la ocupación del islote Perejil

Las relaciones internacionales del final del gobierno de Aznar estuvieron marcadas por el acercamiento de Estados Unidos a partir de la elección como presidente del republicano George Bush.

 Los s atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington llevaron a Estados Unidos a intervenir militarmente en Afganistán, por el apoyo del régimen talibán a la red terrorista Al- Qaeda responsable de los ataques.

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