Las Guerras Carlistas y la Regencia de María Cristina

**a. La Primera Guerra Carlista (1833-1840)**

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija de tres años, Isabel II, le sucedió en el trono gracias a la abolición de la Ley Sálica de 1713. Al ser menor de edad, su madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, asumió la regencia del gobierno. Carlos María Isidro, hermano del rey, no aceptó los derechos de su sobrina al trono y se produjeron levantamientos armados a favor de Carlos.

La causa isabelina se apoyó en parte de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la jerarquía eclesiástica. Para ampliar apoyos, la regente buscó ayuda en los liberales, sumando a burgueses y sectores populares urbanos. El carlismo, que se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal bajo el lema de Dios, Patria, Fueros y Rey, se agrupó en torno a pequeños nobles rurales, parte del bajo clero y muchos campesinos. Tuvo fuerte influencia en Navarra, País Vasco, zona al norte del Ebro y el Maestrazgo.

La guerra tomó fuerza en el norte. Don Carlos se instaló en Navarra, organizó un pequeño Estado y formó un ejército. En Cataluña, Bajo Aragón y el Maestrazgo destacó un segundo foco carlista. La guerra concluyó con el Convenio de Vergara de 1839, acuerdo firmado por el general liberal Espartero y el carlista Maroto. El acuerdo establecía mantener los fueros vascos y navarros e integrar a la oficialidad carlista en el ejército real. El sector carlista más intransigente no aceptó el pacto y el general carlista Cabrera continuó defendiendo la causa hasta su derrota en 1840.

**b. La Regencia de María Cristina (1833-1840)**

El primer gobierno de la regencia estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, absolutista moderado. Cea Bermúdez intentó buscar un acuerdo sin éxito. Ante la extensión de la guerra, María Cristina decide hacer un cambio de gobierno para acabar con el inmovilismo y ganarse a los liberales. Nombró a Martínez de la Rosa, liberal moderado, que propuso el Estatuto Real de 1834. Se trata de una Carta Otorgada, concedida por la voluntad de la Regente, en la que se conceden algunas reformas como unas Cortes estamentales bicamerales con funciones limitadas.

La insuficiencia de las reformas de Martínez de la Rosa, en un contexto de guerra civil contra los carlistas, llevó a que los liberales terminaran por escindirse en dos grupos: moderados y progresistas, que conformarían los primeros partidos políticos en España. En 1835 se formó un nuevo gobierno encabezado por el liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal intentó derrotar a los carlistas, convocó elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real y emprendió la necesaria reforma agraria a través de la desamortización de tierras eclesiásticas y supresión de congregaciones religiosas. Pero el proyecto reformista de Mendizábal ahondó en la división liberal. María Cristina, atendiendo a los liberales moderados, destituyó a Mendizábal y dio el gobierno a éstos.

Ante este cambio, en 1836 se inicia en Andalucía un amplio movimiento revolucionario en favor de la Constitución de 1812 que se extenderá por toda la Península. El mismo año se produce el motín de sargentos de La Granja que obliga a la Regente a aceptar la Constitución de 1812.

El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes que dieron una mayoría progresista y se decantaron por redactar una nueva Constitución que se aprobó en 1837. Ésta reconocía el principio de soberanía nacional, derechos ciudadanos, la división de poderes y la confesionalidad católica del Estado. También se aprobaron otras leyes como la Ley de Imprenta o la Ley Electoral. El nuevo sistema liberal significó una reforma agraria para desmantelar la propiedad señorial. La liberalización del sistema económico se completó con la libertad de contratación en el trabajo, la libertad de industria y la de comercio.

**c. La Regencia de Espartero (1840-1843)**

En 1837 se realizan nuevas elecciones que ganan los moderados, gobernando hasta 1940. Los moderados gobernarán de forma autoritaria mediante decretos, restringiendo libertades y poniendo freno a la desamortización eclesiástica. Ante esta situación, los progresistas recurrirán al general Espartero para obligar a renunciar a María Cristina, que marchará al exilio en 1840. Espartero fue nombrado regente. Inició su mandato con un impulso de las libertades, pero pronto derivó a un marcado autoritarismo, perdiendo su popularidad. En 1843 se produce un levantamiento. Isabel…

**d. El Reinado de Isabel II (1843-1868)**

La Década Moderada 1844-1854

Isabel muestra desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera al partido progresista. En 1844 se forma un gabinete presidido por el General Narváez. Las primeras medidas que tomaron fueron: la creación de la Guardia Civil para aplicar la ley en el medio rural, la Ley de Ayuntamientos para fortalecer el centralismo, modernizar el sistema fiscal, se aprueba una ley electoral con sufragio restringido a varones mayores de 25 años (1% de la población) y se firmó el Concordato con la Santa Sede con beneficios para la Iglesia a cambio del reconocimiento de Isabel II como reina.

En 1845 se elabora una Constitución moderada que especifica la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, la confesionalidad católica del Estado y un recorte en los derechos individuales. A pesar de las reformas, los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado.

El Bienio Progresista 1854-1856

El poder cada vez más dictatorial de Narváez culminó con el pronunciamiento de complejo desarrollo iniciado por el general O’Donell. El golpe se radicalizó tras la publicación por parte de los rebeldes del Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, exigiendo reformas y Cortes Constituyentes. Finalmente, el golpe triunfó y propició la formación de un gobierno presidido por el progresista Espartero. El general O’Donell creó un nuevo partido llamado Unión Liberal que cubrió el espacio entre moderados y progresistas. Durante este periodo destaca la desamortización del general Madoz, la convocatoria de Cortes Constituyentes que iniciaron la redacción de una Constitución progresista (non nata) y se propició la modernización económica del país como con la Ley General de Ferrocarriles.

La Reacción Moderada 1856-1857

La agitación social creciente provocó la ruptura entre Espartero y O’Donnell. O’Donell fue nombrado presidente del gobierno en julio de 1856. Se inició un proceso de revisión de la labor del bienio que finalmente trajo la vuelta de Narváez y los moderados al poder en octubre de 1856. Se volvía así al régimen moderado de la Constitución de 1845.

El Gobierno Unionista de O’Donell 1858-1863

Tras un período de dos años con Narváez y los moderados (1856-1858), O’Donnell y la Unión Liberal volvieron al poder en 1858. Esta época estuvo marcada por la euforia económica «boo» de los ferrocarriles) y por el intervencionismo exterior: guerra de Marruecos (1859-1860), intento fallido de recuperar Santo Domingo, expedición a México, guerra contra Perú y Chile… Esta amplia actividad bélica apenas dio ningún resultado práctico para el país.

La Descomposición del

sistema isabelino 1863-1868
La radicalización del autoritarismo desde 1863 y el intervencionismo de la reina desnaturalizaron el sistema
liberal y provocaron una gran inestabilidad gubernamental. Los progresistas, demócratas y republicanos
responsabilizan a Isabel II del mal funcionamiento de las instituciones. En 1866 hay una sublevación en el
cuartel de San Gil que se extiende por Madrid y tendrá como consecuencia una dura represión. El gobierno
de Narváez cerró las Cortes e implantó una especie de dictadura.
La situación del gobierno empeoró con la crisis de subsistencia de 1866. Progresistas y demócratas firmaron
el Pacto de Ostende para acabar con la monarquía. Al que más tarde se incorporarían republicanos y
unionistas. El objetivo del pacto era derrocar a la monarquía, establecer una serie de derechos
fundamentales como el sufragio universal y formar Cortes Constituyentes. Finalmente, la revolución de
septiembre de 1868, el destronamiento de Isabel II y el inicio del denominado sexenio democrático.

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