La II República: el Bienio de Centro-Derecha y el Frente Popular.

El 14 de abril del año 1931 se proclamó, en España, la Segunda República en un ambiente de entusiasmo y esperanza. Representaba unos ideales de progreso y democracia deseados por una gran parte del país. Tras el primer bienio dirigido por partidos de la izquierda el triunfo fue para las derechas, que realizaron una revisión de las reformas llevadas a cabo durante el primer bienio. No obstante, se produjeron conflictos, sobre todo en el campo, y tensiones autonómicas. Además, se produjo una revolución que destacó, sobre todo, en Asturias, donde fue duramente reprimida. Asimismo, se produjo una crisis en el Partido Radical, que supuso el final del bienio derechista y la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936, en las que el triunfo fue para el Frente Popular, constituido por los partidos republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas. El nuevo gobierno llevó a cabo una serie de reformas, pero se intensificaron los conflictos sociales y la crisis económica, lo que derivó en la crisis de la república y en una conspiración militar que acabó en una guerra civil.

Las reformas realizadas durante el bienio reformista hicieron que el régimen republicano contaron con una gran oposición de aquellos sectores que habían sido afectados (ejército, iglesia…). En octubre de 1933 José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española, de ideología cercana al fascismo. En las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que por primera vez se hizo efectivo el derecho de voto de las mujeres, salieron victoriosos los partidos de centro-

Derecha

La CEDA (liderada por Gil Robles) y el Partido Radical (liderado por Alejandro Lerroux y Samper). La razones de esta victoria fueron: la unión de los partidos de la nueva derecha y los monárquicos antirrepublicanos, ya que su programa planteaba una revisión de las reformas del primer bienio y de la constitución; y el desobedecimiento por parte de los socialistas de reeditar la alianza con los partidos republicanos de izquierda, que se presentaban divididos. El nuevo gobierno presidido por Lerroux y Samper paralizó buena parte de las reformas anteriores. Por un lado estaba la modificación de la política religiosa: no se aplicó la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y los colegios católicos siguieron funcionando, y se aprobó una ley con la que el Estado seguiría satisfaciéndoles de los sueldos de los sacerdotes. Con respecto a la legislación laboral y a la reforma agraria hubo modificaciones pero no se derogaron. Se cambiaron los jurados mixtos, desplazando el poder de los sindicatos a los empresarios, y la ley de términos municipales fue anulada en la práctica. También se devolvieron las tierras confiscadas a la aristocracia latifundista. Tras las presiones de la EDA, el gobierno propuso en las cortes una ley de amnistía que suponía la vuelta al servicio activo de los generales implicados en el intento golpista de 1932. Todas estas medidas tuvieron graves consecuencias. El partido radical se separó y su ala izquierda formó la Unión Republicana. Por su parte, los republicanos de izquierda se unieron en la Izquierda Republicana, dirigido por Azaña. Además de esto, los gobiernos radicales tuvieron que afrontar conflictos sociales. Por un lado estaba la huelga general de campesinos promovida por la FETT y por otro lado, el conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña, que seguía en manos de los republicanos de izquierdas y promulgaron la Ley de Contratos de cultivo, que permitía que los arrendatarios del sector vinícola accedieran a la propiedad de las tierras que trabajaban. Los propietarios catalanes buscaron el apoyo en la Lliga Catalana y la CEDA, que enviaron esta ley al tribunal de Garantías Constitucionales, que anuló sus efectos. Por último encontramos la controversia a raíz del bloqueo de la mayoría radical-cedista a una nueva propuesta de estatuto de autonomía en el País Vasco. La llamada Revolución de octubre de 1934 estuvo alentada desde amplios sectores e importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero y de forma desigual por la Conferencia Nacional del Trabajo (CNT). Los revolucionarios intentaron el asalto a la Presidencia del Gobierno pero las fuerzas leales al gobierno dominaron la situación y encarcelaron a los dirigentes socialistas que la apoyaban. Se aplicó a todas las provincias pero no fue aceptada ni por el Estado ni por el ejército. Los principales focos de rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, aunque los sucesos más graves tuvieron lugar en esta última región.

En Cataluña, Luis Companys presidente de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, quebrantando la legalidad republicana. Sólo en Asturias se produjo una auténtica revolución social, ya que se logró forjar una alianza obrera que agrupó a la UGT, la CNT y a los comunistas. Grupos de mineros armados ocuparon la cuenca minera y las ciudades de Avilés y Girón, se adueñaron de la fábrica de armas de Trubia y llegaron a tomar el centro de Oviedo. El Comité Regional de la Alianza Obrera adoptó las primeras medias de socialización y de represión de los enemigos de la revolución social, que se tradujo en actos de violencia contra los propietarios y el clero. Para sofocar la rebelión, el gobierno declaró el estado de guerra y recurrió al ejército del Protectorado de Marruecos, que junto a la Guardia Civil, llevó a cabo una fuerte represión, que siguió tras el fracaso de la revolución y que provocó la suspensión indefinidamente de la autonomía catalana y la anulación de la ley de Contratos de Cultivo. Tras todo esto, Lerroux formó un nuevo gobierno con la mayoría de ministros de la CEDA. Desde ese momento se aceleró la modificación de las reformas republicanas: se desmontaron las reformas sociales y laborales; se anularon los jurados mixtos; fue aprobada la ley de la reforma agraria; con respecto al tema militar, Gil Robles, llevó a cabo cambios en los mandos militares, que fueron ocupados por militares antiazañistas de dudosa fidelidad a la república.

Se pretende hacer una reforma constitucional en la que se revisa la política religiosa pero se produce una crisis en el Partido Radical a raíz de los escándalos de corrupción del straperlo y el asunto de Nombela que afectaba a determinados cargos del partido. Alcalá Zamora se negó a entregarle el poder a Gil Robles e intentó crear un gran partido republicano de centro situando a Portela Valladares. Ante la imposibilidad de gobernar, Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. En estas elecciones se formaron dos bloques antagónicos: la izquierda y la derecha. Los partidos de izquierda formaron una gran alianza, el Frente Popular, un acuerdo electoral, pero no de gobierno, entre los partidos republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas. Las derechas y el centro se presentaban desunidas. La CEDA se centró en la revisión total de la constitución. Por otro lado, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y lo carlistas de Comunión Tradicionalista constituyeron una alianza electoral, el Bloque Nacional, encabezado por José Calvo Sotelo, que conspiraron para derribar la república por la fuerza e imponer un Estado autoritario. Los resultados electorales dieron la victoria al Frente Popular.

Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación del gobierno. Éste estaba compuesto sólo por republicanos de izquierda, ya que los socialistas habían rechazado unirse a ellos. El gobierno, concedió una amnistía general que afectó a 30.000 encarcelados por delitos políticos, entre ellos Lluis Companys, que fue reintegrado como presidente de la Generalitat; se obligó a los empresarios a readmitir a los obreros despedidos; se estableció la autonomía de Cataluña; y se reinició el proceso reformista en los ámbitos agrario, religioso, social y militar. El incremento de los conflictos sociales en el mundo rural aceleró la puesta en marcha de la reforma agraria de 1932, que se basó en el principio de la utilidad social de la tierra. Se produjo una masiva ocupación de zonas de latifundio, legalizados por la IRA. Además, volvió la confrontación entre la iglesia y la república. Se produjo una inoportuna crisis que debilitó aún más al gobierno republicano. Las cortes destituyeron al presidente de la república, Alcalá Zamora, que fue sustituido en Mayo por Azaña. Éste gobierno tuvo que enfrentarse a una crisis económica y a una violencia social y política. Los casos que le llevaron a estos enfrentamientos fueron: la actitud hostil que adoptaron los empresarios (cierres y abandono de empresas y evasión de capitales fuera del país); el origen de una oleada de huelgas multitudinarias; y el aumento de los desórdenes que originaron choques con las fuerzas de seguridad o con los propietarios armados. Los dos grandes partidos con mayor representación en las Cortes, el PSOE y la CEDA, constituyeron también a la inestabilidad de la república. Por la izquierda triunfaban las posiciones revolucionarias de los anarquistas y del sector más radical de la UGT, dirigido por Largo Caballero. Y por la derecha, la CEDA entró en crisis, lo que favoreció el reforzamiento de la Falange. También la prensa católica y de extrema derecha excitaba abiertamente a la rebelión.

Pero todo esto no fue suficiente para acabar con la república, tuvo que intervenir el ejército. La conspiración militar partió de la extrema derecha y la UME y se planificó ya tras el triunfo del Frente Popular. El gobierno republicano trató de impedir el golpe de Estado realizando cambios y traslados en los altos mandos sospechosos de participar en la conspiración. Un ejemplo fue la destitución de Franco como Jefe de Estado Mayor. Pero estos cambios no sirvieron para frenar el golpe militar cuyo objetivo era restablecer el orden y que la jefatura suprema de la sublevación quedara en manos del general Sanjurjo. La sublevación contó con el apoyo de monárquicos alfonsinos, carlistas y de las milicias falangistas y carlistas (Falange Española de la JONS y la Requeté). El general Mola, “El Director”, se alzó como protagonista de la rebelión. Su plan consistía en una sublevación simultánea, a mediados de julio, de las guarniciones de todo el país, acompañada de una violenta represión. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el proceso. El 17 de julio comenzó la sublevación, pero fracasó en la mayor parte de las grandes ciudades derivando en una trágica guerra civil que duró tres años.

La Segunda República fue un intento frustrado de implantar la democracia en España. El choque entre los intereses y mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares (obreros, campesinos sin tierras) fue tan duro que desembocó en un golpe de estado. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares llevaron a cabo un pronunciamiento que se transformó en una sangrienta guerra civil. La república no pudo superarla y sus representantes acabaron en el exilio, mientras que en España se establecía la dictadura del general Franco.