El Bienio Progresista

5.1 La Revolución de 1845 y el Nuevo Gobierno Progresista

El autoritarismo del gobierno moderado conllevó la oposición y levantamiento de progresistas y demócratas. En junio de 1845 se produjo el pronunciamiento de Vicálvaro con O’Donnell a la cabeza, el cual fundó la Unión Liberal, espacio de centro entre moderados y progresistas. Los sublevados elaboraron el llamado Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la Ley Electoral, la reducción de impuestos y la restauración de la Milicia.

La presidencia recayó en Espartero, y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, con una mayoría progresista y la aparición por primera vez en el parlamento de diputados demócratas. El nuevo gobierno intentó instaurar los principios del progresismo e inmediatamente restauró la Milicia y la Ley Municipal. También preparó una nueva constitución, la de 1856, que no llegó a ser promulgada pero en la que se introducía la libertad de culto y la elección del Senado.

5.2 La Legislación Económica

Las acciones más importantes del gobierno progresista fueron:

• La Ley Desamortizadora o de Madoz: a cargo del Ministro Madoz, afectó a los bienes del estado, de la iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y sobre todo de los ayuntamientos (bienes propios y comunales). Se pretendía conseguir recursos para la hacienda e impulsar la modernización económica española.
• La Ley General de Ferrocarriles: de la que se beneficiaron principalmente los capitales extranjeros. La preocupación de las Cortes por fomentar el desarrollo económico de España se reflejó en una legislación para favorecer la reforestación, poner en marcha el telégrafo, ampliar la red de carreteras, el fomento de las sociedades por acciones y de la banca y desarrollar la minería.

5.3 La Crisis del Bienio Progresista

Las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis de subsistencias. En Cataluña se produjeron huelgas obreras en las que se pedía la reducción de impuestos de los consumos, la abolición de las quintas, mejoras salariales y la reducción de la jornada laboral. Este malestar llevó a un importante levantamiento campesino. El gobierno acabó presentando la Ley de Trabajo, que introducía algunas mejoras y permitía las asociaciones de obreros.

La Guerra de Cuba

Tras la Paz de Zanjón, Cuba esperaba una serie de reformas que les otorgasen los mismos derechos de representación política en las Cortes que los españoles de la península, la participación en el gobierno de la isla, la libertad de comercio y la abolición de la esclavitud. Ninguna de estas opciones había sido tomada en consideración por la administración de la colonia. Siguiendo el modelo bipartidista de la península se crearon en Cuba dos grandes partidos: Partido Autonomista y la Unión Constitucional. El primero pedía la autonomía para la isla, propugnaba un programa de reformas políticas y económicas. El partido liberal de Sagasta se mostró proclive a introducir mejoras en la isla, pero solo llegó a concretar la abolición de la esclavitud. La ineficacia de la administración estimuló los deseos de emancipación y el independentismo fue ganando posiciones respecto al autonomismo. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo era la consecución de la independencia y encontró apoyo exterior en EEUU. El independentismo aumentó rápidamente su base social y contó con el respaldo de caudillos revolucionarios que en la Guerra de los Diez Años se habían negado a aceptar los acuerdos de Zanjón. El gobierno español elevó las tarifas arancelarias para los productos importados a la isla que no procediesen de la península. El principal cliente económico de Cuba era EEUU que adquiría casi la totalidad del azúcar y el tabaco. El presidente norteamericano William McKinley protestó y amenazó con cerrar las puertas del mercado de EEUU al azúcar y al tabaco si España no modificaba su política arancelaria en Cuba. En 1897 se produjo la llamada Guerra Chiquita, la sublevación de los mambises fue derrotada al día siguiente. Pocos años después el Grito de Baire dio lugar a un levantamiento generalizado. Comenzó en Santiago de Cuba pero se extendió por La Habana. Cánovas del Castillo mandó un ejército al mando del general Martínez Campos. Martínez Campos no consiguió controlar militarmente la rebelión y fue sustituido por Valeriano Weyler que se propuso cambiar los métodos de lucha e iniciar una represión. Weyler trató muy duramente a los rebeldes aplicando la pena máxima a muchos de ellos y a la población civil. La guerra no era favorable para los militares españoles ya que tenía lugar en medio de la selva y los españoles ni estaban entrenados ni sus medios eran los adecuados: el mal aprovisionamiento y las enfermedades tropicales causaron muchas muertes, haciendo la victoria cada vez más difícil. En 1897, tras el asesinato de Cánovas y conscientes del fracaso de la represiva de Weyler, el gobierno liberal lo destituyó y encargó el mando al general Blanco, el cual inició una estrategia de conciliación. Para ello decretó una autonomía de Cuba, el sufragio censitario masculino, la igualdad de derechos entre insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria. Pero las reformas llegaron tarde: los independentistas contaban con el apoyo de EEUU y se negaron a aceptar el fin de la guerra. Al margen del conflicto cubano se produjo una rebelión en las Filipinas. Los intereses económicos españoles eran muchos menos que en Cuba, pero se mantenían por su producción de tabaco.

El independentismo fraguó la formación de la Liga Filipina fundada por José Rizal y en la organización clandestina Katipunan. La insurrección se extendió por Manila y el capitán general Polavieja llevó a cabo una política represiva, condenando a muerte a Rizal. El nuevo Gobierno de 1897 nombró capitán a Fernando Primo de Rivera, que promovió la negociación indirecta dando resultado a una pacificación momentánea del archipiélago.