La Proclamación de la Segunda República y el Gobierno Provisional
La noche del 14 de abril de 1931 Niceto Alcalá Zamora proclamó en Madrid la Segunda República española y exigió al rey que abandonara el país. La república llegó de forma pacífica y en un ambiente festivo, para amplios sectores de la población era símbolo de las aspiraciones a profundas reformas políticas y sociales que resolvieran los graves problemas del país. El comité revolucionario creado por el pacto de San Sebastián se convirtió en el gobierno provisional de la república. El gobierno estaba presidido por Alcalá Zamora y formado por todos los partidos políticos favorables a la república. Los miembros eran: Alcalá Zamora y Miguel Maura, de la Derecha Liberal Republicana; Lerroux i Diego Martínez Barri, del centrista Partido Radical, Manuel Azaña i Marcelino Domingo, líderes de partidos republicanos de izquierda; Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto i Francisco Largo Caballero de parte del Partido Socialista (PSOE); un republicano gallego, Santiago Casares Quiroga, y un republicano catalán, Nicolau d’Olwer. Estos partidos representaban las clases medias profesionales, la pequeña burguesía y los líderes obreros de ideas socialistas.
La Constitución de 1930
Las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España. A finales de julio se creó la comisión parlamentaria presidida por el socialista Luís Jiménez de Asúa, la cual redactó el proyecto de constitución, que fue el resultado de un compromiso entre los socialistas y los republicanos de izquierda para establecer una república democrática y laica. La constitución defendía España como ‘una república democrática de trabajadores de cualquier clase’. Contenía una amplia declaración de derechos y libertades. Así reconocía el derecho a voto de las mujeres, el matrimonio civil y el divorcio. También consagraba el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. Se reconoció el derecho a la propiedad privada, que podía ser objeto de expropiación forzosa por utilidad social, con la correspondiente indemnización, y se abrió la posibilidad de nacionalización de ciertos sectores de la economía. Estableció una radical división de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Las Cortes o Congreso de los Diputados, de una única cámara, tenían una amplia capacidad legislativa. La dirección del estado se atribuía al presidente, que entre otras funciones tenía que nombrar y destituir al presidente del gobierno y promulgar las leyes. Podía disolver las Cortes dos veces como máximo. La justicia se basaba en la autonomía. Se introdujo la institución del jurado. Asimismo, se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para asegurar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales y resolver los conflictos entre el estado y las regiones autónomas. Los temas más conflictivos fueron la definición de la república, el voto femenino, la organización territorial del Estado y la cuestión religiosa. El gran problema fue que la constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 nació sin el consenso de todas las fuerzas políticas. La derecha no republicana la rechazó y mostró una disposición a revisarla cuando tuviera ocasión. Semanas antes de aprobar la constitución, las Cortes juzgaron las responsabilidades del rey Alfonso XIII en el golpe de estado que instauró la dictadura de Primo de Rivera. La mayoría de las Cortes lo declararon ‘culpable de alta traición’, le expropiaron sus bienes, derechos y títulos y lo condenaron al exilio perpetuo.
La Revolución de Octubre de 1934
Los antecedentes de la revolución se remontan al cambio de estrategia en el socialismo. En enero de 1934 la UGT aprobó un programa revolucionario (nacionalización de la tierra, disolución de todas las órdenes religiosas, del ejército y de la Guardia Civil). En mayo se formó una alianza obrera entre el PSOE y la UGT con el objetivo de combatir el fascismo y establecer una república federal socialista. La CNT rechazó sumarse. A principios de octubre de 1934, la CEDA exigió entrar en el gobierno. Así, el 4 de octubre se formó un nuevo gobierno radical con tres ministros de la CEDA. Los republicanos de izquierda consideraron la entrada de la CEDA en el gobierno como una traición a la república. Para los socialistas fue la señal para el alzamiento contra un supuesto riesgo de fascismo. Los socialistas justificaron su acción para impedir que Gil Robles destruyera la república. La revolución estalló en octubre de 1934. El comité revolucionario socialista, dirigido por Largo Caballero, comenzó la insurrección el 5 de octubre con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades. No obstante eso, fracasó por no tener el suficiente soporte de las instituciones. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el ‘Estado Catalán dentro de la República Federal Española’, rompiendo la legalidad republicana. Esta acción de la Generalitat no fue secundada por los sindicatos de izquierdas, que convocaron la huelga, pero contra el Gobierno de Madrid. La tentativa de rebelión armada fue rápidamente anulada por la guarnición militar de Barcelona. Solamente en Asturias se produjo una auténtica revolución social, ya que aquí sí que se consiguió forjar una alianza obrera que agrupó la UGT, la CNT y los comunistas. La revolución partió de dos centros mineros, Sama de Langreo y Mieres. El comité regional de la Alianza obrera, en el intento de controlar los servicios públicos y los transportes, adoptaron las primeras medidas de socialización y de represión de los ‘enemigos de la revolución social’. Para parar la rebelión, el Gobierno recurrió al ejército del Protectorado de Marruecos, que con la Guardia Civil, llevaron a cabo una fuerte represión. La represión continuó después del fracaso de la revolución, se practicaron miles de detenciones, fueron torturados centenares de prisioneros y se pronunciaron 20 condenas a muerte. Azaña, que no había participado en los hechos, fue acusado y encarcelado. Se suspendió la autonomía catalana y la ley de contratos de cultivo anulada.
El Bienio Progresista
En ser aprobada la constitución, fue elegido presidente de la república Niceto Alcalá Zamora con el soporte de la coalición republicano-socialista. Este encargó a Azaña que formara un gobierno. Su intención era que continuaran en el nuevo gobierno todos los sectores representados en el gobierno provisional. Pero Lerroux rechazó continuar en el gobierno si seguían los socialistas. Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierda y los socialistas. La instauración de la república coincidió con la crisis mundial de 1929-1933. La política económica se mantuvo en la línea del capitalismo liberal clásico: los objetivos eran mantener un presupuesto equilibrado. Hubo una serie de reformas, en la política religiosa, el gobierno estaba decidido a establecer una clara separación Iglesia-Estado y a reducir la influencia de la Iglesia sobre la sociedad española. El gobierno desplegó una serie de leyes que alimentaron la beligerancia de la iglesia contra la república como la ley del divorcio o la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Las bases de la reforma educativa eran hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal. También hubo reformas laborales como la ley de contratos de trabajo, la ley de jurados mixtos y la ley de asociaciones obreras, aprobadas por las Cortes.
Uno de los problemas que se arrastraban desde la restauración era la cuestión de diseñar una organización territorial del estado que permitiera satisfacer las aspiraciones de las regiones con sentimientos nacionalistas. La constitución intentó resolver este problema por medio del reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso y en junio de 1931 se elaboró el Estatuto de Nuria. La reforma agraria fue moderada, compleja y lenta. El problema mostraba doble vistante: atraso de las técnicas de la agricultura y la crisis económica internacional, no favorecieron la agricultura. La oposición fue tanto de izquierda como derechas. La pauta del anarquismo, la marcó la CNT y la FAI. Su objetivo era establecer el anarquismo libertario por medio de la acción directa, la huelga general y la insurrección. El gobierno reaccionó a estas revueltas con la ley de defensa a la república, que fue utilizada con dureza en Castilblanco y Arnedo, donde se produjeron enfrentamientos entre labradores y la guardia civil. En enero de 1932 se produjo el primer intento revolucionario, dirigido por la CNT. En enero de 1933, sucedió el enfrentamiento de Casas Viejas, que fue una gran matanza y la causa de la caída del gobierno.
El Bienio Progresista (1933-1935)
En las elecciones generales de noviembre de 1933, por primera vez se hizo efectivo el derecho a voto de las mujeres. La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de confrontación política y de gran despliegue de propaganda. En octubre de 1933, destaca la fundación por José Antonio Primo de Rivera, de la Falange Española, de ideología próxima al fascismo. El resultado de las elecciones significó un triunfo de la derecha, la CEDA y del Partido Radical, por diversas razones: los partidos de la nueva derecha no explícitamente republicana y los monárquicos antirrepublicanos se presentaron unidos en una coalición y los socialistas desoyeron la recomendación de su dirigente Indalecio Prieto de reeditar la alianza con los partidos republicanos de izquierda. Los resultados mostraron un desplazamiento del electorado a la derecha. Los primeros gobiernos del centrista Partido Radical se formaron en coalición con otros partidos republicanos de centro. La derecha no consiguió que se modificaran diversos aspectos de la política religiosa: no se aplicó la Ley de confesiones y congregaciones religiosas y se aprobó una ley por la cual el estado continuaría sufragando parte de los sueldos de los sacerdotes. Respecto a la legislación laboral y a la reforma agraria, hubo rectificaciones sin derogar por completo las leyes anteriores. El gobierno radical propuso a las Cortes una ley de amnistía que comportaba el reintegramiento en el servicio activo de los generales implicados en el intento golpista de 1932. El Partido Radical se escindió, y el ala izquierda se unió a un sector de los radicalesocialistas para formar Unión Republicana. Tuvo lugar también la Revolución de 1934, movimiento huelguístico que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el bienio radical-cedista de la Segunda República. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores y por importantes dirigentes del PSOE y la UGT. La represión contra los promotores de la revolución que la CEDA quiso llevar hasta las últimas consecuencias ocupó la mayor parte del debate político hasta el punto de originar una nueva crisis en el gobierno radical-cedista. Desde ese momento se aceleró la rectificación de las reformas republicanas. El Partido Radical se sometió a la CEDA. Estalló una crisis en el Partido Radical a partir de los escándalos de corrupción que afectaron cargos del partido.