Amadeo de Saboya
Amadeo de Saboya: Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias para establecer un consenso internacional sobre el candidato más idóneo para el vacante trono español. El rechazo de la dinastía portuguesa y la oposición de Francia al pretendiente alemán limitaron las posibilidades. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, un hombre con una concepción democrática de la monarquía y miembro de una dinastía que gozaba de gran popularidad por haber sido el artífice de la unificación de Italia. El nuevo monarca fue elegido rey de España por las Cortes en noviembre de 1870, y llegó al país por el puerto de Cartagena el 30 de diciembre. Tres días antes habían asesinado al general Prim, con lo que el nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero más fiel. El 2 de enero, Amadeo fue proclamado rey y las Cortes constituyentes se disolvieron para iniciar una nueva etapa de monarquía democrática. Pero la nueva dinastía contaba con escasos apoyos. Satisfacía a progresistas y unionistas y aún así no todos los sectores de dichos partidos estaban de acuerdo. Además, el rey y su esposa Victoria contaron desde el principio con la clara oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas de la época de Isabel II. Asimismo, una parte del ejército no vinculada a progresistas ni a unionistas mostró su resistencia a expresar fidelidad al nuevo monarca, lo que fue especialmente grave cuando se desencadenó el conflicto carlista o se inició la guerra en Cuba. Tampoco obtuvo el favor popular, quizás debido al arraigo del republicanismo. Una vez establecido el sufragio universal y las libertades políticas, el nuevo monarca pretendió consolidar un régimen plenamente democrático. Pero los dos años del reinado de Saboya se vieron marcados por dificultades constantes. Amadeo contó desde el principio con la oposición de los moderados, que continuaban fieles a los Borbones. Empezaron a organizar la restauración borbónica en el príncipe Alfonso. Cánovas del Castillo fue captando a muchos disidentes unionistas y progresistas y les convenció de que la monarquía borbónica era una garantía de orden y estabilidad frente al excesivo liberalismo de la monarquía de Amadeo. Esta opción contó con los apoyos de la Iglesia, sobre todo después del decreto de Prim que obligaba al clero a jurar la Constitución de 1869. También apoyó a los moderados la élite del dinero, opuesta al régimen que legislara en contra de sus intereses. Los carlistas se habían reorganizado como fuerza política, se sublevaron animados por las posibles expectativas de sentar en el trono a su candidato Carlos VII. La rebelión, que no constituyó un verdadero peligro, se convirtió en un foco permanente de problemas e inestabilidad. Amadeo tampoco contaba con el respaldo de los sectores republicanos ni de los grupos populares. En 1872 se produjeron nuevas insurrecciones de carácter federalista. Asimismo en 1868 se inició un conflicto en la isla de Cuba (Guerra de los Diez Años), uno de los últimos territorios coloniales españoles. Al no poder conceder el gobierno reformas políticas a la isla por la negativa de algunos sectores económicos con intereses en Cuba, convirtió la guerra en un grave problema. La crisis final del reinado de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. En dos años se formaron seis gobiernos y hubo que convocar elecciones tres veces. Finalmente, el 11 de febrero, Saboya renuncia al trono y abandona España, dejando una impresión de país ingobernable, contrario a una monarquía democrática.
1ª República española
1ª República española: La proclamación de la República fue la salida más fácil ante la renuncia de Saboya. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría. Para presidir el gobierno, fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. Estos datos no reflejan un apoyo real a la nueva forma de gobierno. Gran parte de la cámara era monárquica y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones al trono. La República nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema. Ninguna potencia excepto EEUU y Suiza reconoció la República española. A pesar de todo, la República fue recibida con entusiasmo por las clases populares. Los federales ocuparon las corporaciones de muchos municipios y constituyeron Juntas revolucionarias para desplazar de la Administración a los antiguos cargos monárquicos. En Andalucía se produjo un movimiento insurreccional que pretendía dar solución al problema del reparto de tierras entre el campesinado. En las ciudades se produjeron también amplias movilizaciones populares. Sin embargo, gran parte de los dirigentes del republicanismo federal estaban lejos de las aspiraciones revolucionarias de las bases de su propio partido. Pacificado el panorama, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos. Los federales obtuvieron 344 escaños, aunque esta victoria era engañosa, ya que más del 60% del electorado se abstuvo. El intento de instaurar una República federal Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, pero dimitió al cabo de unos días y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall. Su propósito era emprender grandes reformas: la elaboración de una constitución federal, la separación de la Iglesia y el Estado… Pero los pocos meses que duró la experiencia republicana no permitieron el desarrollo de esa legislación reformista. El proyecto de Constitución federal La propuesta de la Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la constitución de 1869 en cuanto a la democracia y al reconocimiento de amplios derechos y libertades. La República tendría un presidente y en cuanto a las Cortes, se mantendrían las dos cámaras. Asimismo se declaraba la libertad de culto y la separación de la Iglesia-Estado. Se establecía que la Nación española estaba compuesta por 17 Estados y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: Estados regionales, federal y municipios. El proyecto de Constitución planteaba, por primera vez en el liberalismo español, un Estado no centralista. Los conflictos armados La 1ª República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción de gobierno. Uno de ellos fue una insurrección carlista. En el mes de julio se extendió por gran parte de Cataluña, desde donde se hicieron incursiones hacia Teruel y Cuenca y se consolidó en el Maestrazgo y provincias vascas. En las zonas sublevadas se fue articulando un embrión de Estado, y los ayuntamientos y diputaciones impulsaron la lengua propia e instituciones regionales. Las tropas gubernamentales fueron incapaces de acabar con el conflicto y se prolongó hasta 1876. También continuó la guerra en Cuba, la cual seguía extendiéndose y cuya situación la República se vio incapaz de mejorar. Las autoridades y funcionarios españoles en la isla actuaron al margen del poder republicano. Aún así se inició el proyecto de restauración federal del Estado: Cuba y Puerto Rico se consideraban un territorio más de la Federación española. Al estallido de la insurrección carlista y a la guerra en Cuba se añadió el obstruccionismo de los partidos monárquicos y divisiones entre los propios republicanos. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve periodo republicano y el que provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. La proclamación de cantones independientes fue la consecuencia de aplicar radical y directamente la estructura federal impulsada también por el deseo de avanzar en las reformas sociales. Las zonas con fuerte implantación republicana se alzaron en cantones independientes. El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. La intervención militar dio un inmenso poder a los generales que asumieron la represión y volvió a colocar al ejército contra la revolución social. Salmerón dimitió y la presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario. La República inició a partir de ese momento un progresivo desplazamiento a la derecha. El fin de la experiencia republicana Desde septiembre de 1873, la República dio un claro vuelco conservador con el nuevo gobierno de Castelar, por lo que suspendió las sesiones parlamentarias y gobernó autoritariamente. El 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado por 120 votos contra 100. Al conocer este hecho, Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas. El poder pasó en los meses siguientes a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano. El 29 de diciembre de 1874 se proclamó rey a Alfonso XII, el 1 de diciembre, Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst.
La Restauración: Los grupos conservadores recibieron con satisfacción la Restauración de los Borbones porque esperaban que la nueva monarquía devolvería la estabilidad política. Cánovas no pretendía el regreso a los tiempos de Isabel II, sino la vertebración de un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas del liberalismo precedente. Para conseguir su propósito, se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista. La primera medida política de importancia fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes constituyentes, pues la Constitución de 1869 había quedado sin efecto tras la República. Pese a que Cánovas no era partidario del sufragio universal, dispuso que las primeras elecciones del nuevo régimen se hiciesen por ese sistema, aunque posteriormente debería volverse al sufragio censitario. La constitución de 1876 es una clara muestra del liberalismo doctrinario. Se trataba de una constitución de carácter marcadamente conservador e inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad. La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior al margen de cualquier decisión política. Constituía un poder moderador que debía ejercer como árbitro en la vida política. Se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca. Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, este último de carácter electivo. La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino. La Constitución también proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba otras creencias siempre que no se hiciese manifestación pública de ellas. El nuevo texto constitucional contaba con una prolija declaración de derechos, pero su concreción se remitía a leyes ordinarias posteriores que, en general, tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, asociación, expresión y reunión. Bipartidismo y turno pacífico: Antonio Cánovas introdujo un sistema de gobierno basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder de los 2 grandes partidos dinásticos, conservador y liberal. Se aceptaba por tanto que habría un turno pacífico de partidos que aseguraría la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política. El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Se dotó al ejército de un elevado presupuesto para asumir cierta autonomía. El turno pacífico eliminó del panorama político de la Restauración los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en la política. El fin de los conflictos bélicos La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. El esfuerzo militar del gobierno a lo largo de 1875 hizo posible la reducción de los núcleos carlistas en Cataluña. Los carlistas se rindieron en 1876 y en febrero Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada en todo el territorio. La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. En 1878, se estipuló un sistema de conciertos económicos que otorgaba un cierto grado de autonomía fiscal a las Provincias Vascas. Al final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana. Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. El retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.
