1. El Reformismo Conservador y la Semana Trágica

El Relevo Generacional en el Liderazgo Político

El primer tercio del siglo XX en España estuvo marcado por la crisis del sistema de la Restauración, con Alfonso XIII mostrando un intervencionismo creciente y acercándose al militarismo, debilitando así la monarquía constitucional.

Se produjo un cambio generacional en el liderazgo político con la llegada de Antonio Maura y José Canalejas, quienes intentaron reformas desde dentro del sistema. Sin embargo, las divisiones internas y la falta de liderazgo reconocido causaron inestabilidad política.

Surgió una oposición variada, incluyendo republicanismo, socialismo y nacionalismo, buscando regenerar la política y desplazar a los partidos del turno. La radicalización del movimiento obrero debido a la represión estatal y patronal generó violencia.

La incapacidad del sistema de la Restauración para democratizarse y atender las demandas sociales llevó a su crisis en 1923, con el golpe de Estado y la instauración de la dictadura militar.

La Revolución “Desde Arriba” de Maura

Tras el fracaso del proyecto regeneracionista, Francisco Silvela dejó la política y Antonio Maura asumió el liderazgo conservador en 1903. Durante su gobierno largo entre 1907 y 1909, Maura impulsó reformas ambiciosas conocidas como la “revolución desde arriba”, buscando regenerar el sistema político y fortalecer el Estado. Estas reformas incluyeron:

• La Ley Electoral de 1907 para controlar las juntas electorales y reducir el fraude electoral.
• La Ley de Administración Local para minimizar el caciquismo y otorgar más autonomía a los municipios.
• Medidas de política social como la creación del Instituto Nacional de Previsión y leyes de protección laboral.
• Promovió la intervención estatal en la industria y una ley de colonización interior para mejorar la agricultura.

La Guerra de Marruecos

A partir de 1906, España continuó su expansión en África con la Conferencia de Algeciras y el acuerdo hispano-francés que establecieron un protectorado franco-español en Marruecos, con España obteniendo una franja en el norte, incluyendo el Rif.

Este interés español se basaba en beneficios económicos y en restaurar el prestigio colonial tras la derrota de 1898.

Sin embargo, la presencia española fue desafiada por las tribus rifeñas, que no estaban bajo el dominio del sultán marroquí y se opusieron ferozmente a la ocupación extranjera. Las hostilidades llevaron a un aumento en el contingente militar español en el Rif, especialmente después de una derrota en 1909.

El reclutamiento de reservistas, muchos de ellos casados, desencadenó protestas populares debido a la impopularidad de la guerra de Marruecos y del sistema de reclutamiento.

La Semana Trágica y la Caída de Maura

La movilización contra la guerra comenzó en el puerto de Barcelona el 18 de julio de 1909, durante el embarque de tropas hacia Marruecos. Un comité de huelga convocado por republicanos, socialistas y anarquistas hizo un llamamiento a la huelga general, pero la iniciativa popular desbordó a los convocantes, desencadenando un estallido espontáneo con enfrentamientos, saqueos e incendios de edificios religiosos. La revuelta duró una semana y se caracterizó por un fuerte rechazo al ejército y a la hegemonía de la Iglesia.

La declaración del estado de guerra y la intervención militar pusieron fin a la revuelta el 2 de agosto. La represión posterior fue severa, con cientos de detenciones y ejecuciones, incluida la del pedagogo Francisco Ferrer y Guardia, acusado de inspirar ideológicamente los acontecimientos.

La represión después de la Semana Trágica generó protestas en toda Europa debido a su severidad y arbitrariedad. El gobierno conservador de Maura enfrentó duras críticas, y liberales y republicanos se unieron para exigir su dimisión. Con el apoyo de campañas internacionales de denuncia y el lema “¡Maura no!”, la oposición logró que Alfonso XIII cediera el gobierno a los liberales.

El Fortalecimiento de la Oposición

El republicanismo surgió como la principal fuerza de oposición política en España, representando la minoría parlamentaria más numerosa. En 1903, nació Unión Republicana, liderada por Nicolás Salmerón, con el objetivo de unificar diferentes grupos republicanos, logrando éxito en las elecciones de ese año. Se alió con fuerzas regionalistas y se integró en Solidaritat Catalana en 1907.

Sin embargo, esta orientación fue rechazada por una facción liderada por Alejandro Lerroux, quien fundó el Partido Radical en 1908. El Partido Radical adoptó un discurso anticatalanista, demagógico y anticlerical, ganando influencia en Barcelona pero perdiéndola después de la Semana Trágica. En Valencia, Vicente Blasco Ibáñez impulsó el blasquismo, un movimiento republicano, populista y anticlerical que controló el Ayuntamiento de Valencia.

En la primera década del siglo, el PSOE abandonó su aislamiento político y participó en la coalición republicano-socialista en 1910, obteniendo 27 escaños. Pablo Iglesias, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero lideraban el partido. A partir de 1917, el PSOE debatió internamente sobre la revolución soviética, lo que llevó a una escisión en 1921 y la creación del Partido Comunista de España (PCE).

En 1912, surgió el Partido Reformista, liderado por Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, que buscaba la democratización política y atrajo a intelectuales como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Aunque no fue numeroso, formó parte del último gobierno constitucional en 1922.

El carlismo, representante de la vieja derecha antiliberal, mantuvo su presencia y bases, con sucesivas generaciones de pretendientes. Desde 1917, abogaron abiertamente por una dictadura para imponer el orden social, y apoyaron a Primo de Rivera.

El Partido Católico Nacional o Integrista, de tendencia conservadora, se escindió en 1919, dando origen al Partido Tradicionalista liderado por Juan Vázquez de Mella. En 1931, los tres grupos (carlistas, integristas y tradicionalistas) se unificaron en la Comunión Tradicionalista con la llegada de la República.

2. El Reformismo Liberal y el Impacto de la Primera Guerra Mundial

El Reformismo Liberal de Canalejas

Bajo el liderazgo de José Canalejas, el Partido Liberal intentó modernizar la política y la sociedad españolas entre 1910 y 1912. Su gobierno se centró en reformas como:

• La separación Iglesia-Estado.
• La sustitución del impuesto de consumos por uno progresivo sobre las rentas urbanas.
• Leyes laborales como la prohibición del trabajo nocturno femenino.
• Introdujo la Ley del Reclutamiento obligatorio y la supresión de la redención en metálico.

Aunque se mostró inflexible ante las huelgas, Canalejas fue sensible al problema del nacionalismo catalán, promulgando la Ley de Mancomunidades en 1913 para permitir la unión de diputaciones provinciales.

En cuanto a Marruecos, se llevaron a cabo acciones militares y se estableció el Protectorado franco-español en 1912.

Debilitamiento de los Partidos Dinásticos

El asesinato de Canalejas en noviembre de 1912 marcó el fin de la etapa regeneracionista liberal en España. A partir de entonces, la crisis de los partidos del turno se agravó debido a divisiones internas y falta de entendimiento entre ellos.

Con la caída o desaparición de sus líderes históricos como Maura y Canalejas, los partidos dinásticos quedaron desorientados y sin líderes capaces de unificar las diversas tendencias. En el Partido Liberal, hubo luchas internas entre el conde de Romanones y Santiago Alba, alternándose en el poder en una situación de inestabilidad constante. Mientras tanto, en el Partido Conservador, destacó Eduardo Dato, quien formó gobierno en 1913 y fue asesinado en 1921 en un atentado.

El Gran Impacto de la Guerra

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el gobierno de Eduardo Dato oficializó la neutralidad de España, aunque hubo fuertes polémicas entre los partidarios de los imperios centrales (germanófilos) y los partidarios de las potencias aliadas (aliadófilos).

Mientras los germanófilos tendían hacia una visión autoritaria, los aliadófilos adoptaban una visión más liberal y democrática.

El anarquismo español (CNT) se opuso a la guerra, impulsando un congreso por la paz.

A nivel económico, la neutralidad de España favoreció una expansión económica al convertirse en proveedora de productos industriales y agrarios para los países beligerantes.

Sin embargo, esto también provocó una inflación significativa y un empeoramiento del nivel de vida para las clases populares, lo que desencadenó una importante oleada de huelgas.

4. El Auge del Obrerismo y la Crisis de 1917

La Conflictividad Laboral y la Nueva Legislación

A partir de 1902 hasta 1911, se observó un aumento en los movimientos huelguísticos en España, con numerosas huelgas generales reivindicativas, principalmente en Cataluña, Valencia, Andalucía, Asturias, Castilla, el País Vasco y Madrid. Estos conflictos tenían como objetivo resistir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales, incluyendo la jornada laboral de ocho horas y el reconocimiento de los sindicatos y su capacidad de negociación colectiva.

En 1903 se estableció el Instituto de Reformas Sociales para proponer leyes que beneficiaran a las clases trabajadoras. Aunque se promulgaron leyes laborales a partir de 1900, su efectividad fue limitada debido a la falta de una inspección laboral eficiente y la ausencia de tribunales laborales que pudieran sancionar a los infractores.

La Crisis de 1917

Los desajustes económicos de la Primera Guerra Mundial afectaron el nivel de vida de las clases populares, llevando a la CNT y la UGT a convocar una huelga en 1916. El Gobierno respondió duramente en 1917, enfrentándose a crisis en tres ámbitos:

• Militar: Oficiales descontentos con el sistema de ascensos se organizaron en Juntas de Defensa, demandando renovación política.
• Política: La oposición pidió un gobierno provisional y descentralización del Estado en la Asamblea de Parlamentarios.
• Social: Las organizaciones sindicales convocaron una huelga general por un gobierno provisional y cortes constituyentes, con incidentes violentos.

El Gobierno respondió con represión, declarando ley marcial, utilizando el ejército contra la huelga y disolviendo la Asamblea de Parlamentarios. Aunque estos conflictos pudieron amenazar la Restauración, el temor a la revolución social la mantuvo por cinco años más.

5. La Descomposición del Sistema Parlamentario

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron de gran conflicto en Europa y España. En España, tras un periodo de crecimiento económico, hubo tensiones sociales debido a la falta de democratización y al desconcierto político causado por el desastre de Annual en la guerra de Marruecos. Esto llevó a sectores conservadores a buscar una solución en una dictadura militar.

Crisis Económica y Conflictividad Social

El fin de la Primera Guerra Mundial provocó una profunda crisis en España, con una reducción de las exportaciones y una economía en recesión. Miles de personas perdieron sus empleos debido a la inflación y la baja demanda de productos, lo que desencadenó huelgas y protestas sindicales.

En Cataluña, la crisis fue especialmente intensa, con una importante huelga en 1919 en la empresa La Canadiense, que suministraba electricidad a Barcelona. A pesar de un acuerdo inicial que incluía una jornada laboral de ocho horas, el incumplimiento de la readmisión de los trabajadores despedidos condujo a una radicalización y al pistolerismo.

Además, entre 1918 y 1921, se produjeron movilizaciones en el sur de España, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, conocidas como el Trienio Bolchevique. Estas revueltas, lideradas principalmente por grupos anarquistas, exigían el reparto de tierras para los campesinos siguiendo el ejemplo de la Revolución Rusa. El gobierno respondió declarando el estado de guerra, encarcelando a los líderes campesinos e ilegalizando las organizaciones obreras.

Los Años del Pistolerismo

La conflictividad laboral en Cataluña se intensificó, llevando a una radicalización de sindicatos y patronales. Los patronos formaron la Federación Patronal y contrataron pistoleros para asesinar dirigentes obreros, mientras que grupos católicos fundaron el Sindicato Libre para combatir al sindicalismo anarquista. En respuesta, algunos grupos anarquistas como Los Solidarios llevaron a cabo actos violentos, incluyendo atentados contra autoridades y patronos.

El general Martínez Anido, como gobernador civil de Barcelona, protegió a los pistoleros patronales y reprimió duramente a los sindicalistas, aplicando la Ley de Fugas. Este periodo, conocido como el pistolerismo (1916-1923), se caracterizó por más de 800 atentados y el asesinato de numerosas personas prominentes, incluyendo al presidente del gobierno Eduardo Dato y dirigentes sindicales como Salvador Seguí y Francesc Layret.

Concentración y Descomposición Política

La crisis política en España condujo a la fragmentación de los partidos del turno y a la incapacidad de formar mayorías parlamentarias estables.

Se implementaron gobiernos de concentración, como el Gobierno Nacional presidido por Maura en 1918, que incluía a varios partidos monárquicos, pero fracasaron debido a las diferencias internas.

Después de estos intentos, se volvió al turno dinástico entre 1918 y 1923, con diez cambios de gobierno y ninguno duró más de un año. A pesar del fraude electoral, ningún partido logró la mayoría parlamentaria, lo que llevó al uso constante de medidas excepcionales y la suspensión de garantías constitucionales.

La Guerra de Annual

La presencia española en el Protectorado de Marruecos fue impulsada por intereses militares y económicos, con el respaldo del Ejército y Alfonso XIII.

Tras la Gran Guerra, España y Francia reanudaron su expansión en la región. Bajo el mando del general Berenguer, se llevaron a cabo acciones para conquistar territorios, como la derrota en Annual en 1921 frente a los rifeños liderados por Abd-el-Krim, lo que resultó en una retirada masiva y desordenada con más de 13,000 muertos en el ejército español.

El desastre de Annual generó protestas y demandas de responsabilidad en el Parlamento, lo que condujo a la formación de una comisión de investigación militar presidida por el general Picasso. El informe señaló grandes irregularidades y llevó a debates sobre la responsabilidad de los militares, los partidos dinásticos y el rey.

El envío del expediente Picasso a las Cortes, proponiendo el procesamiento de 39 oficiales, intensificó el descontento público y promovió la campaña republicana y socialista contra el régimen. Sin embargo, el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 interrumpió el proceso y evitó conocer las conclusiones de la investigación.

6. La Dictadura de Primo de Rivera

El Golpe de Estado Militar

En abril de 1923, un gobierno liberal liderado por García Prieto propuso una reforma constitucional para democratizar el sistema, limitar la influencia de la Iglesia y reducir los poderes del rey, así como para pacificar el Protectorado de Marruecos mediante una política civilista. A pesar de tener mayoría en las Cortes, el proyecto fue bloqueado por la oposición del rey, el ejército y la Iglesia.

El descontento militar por el Expediente Picasso, que investigaba el desastre de Annual, llevó a Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, a dar un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Justificó su acción como una solución al bloqueo del régimen constitucional y al peligro de revolución social, presentando un programa regeneracionista para acabar con la corrupción y restaurar el orden público.

El rey, el Ejército, la alta burguesía y parte de las clases medias apoyaron la dictadura, mientras que la mayoría de la población reaccionó con indiferencia o apoyo al golpe. A pesar de un intento de huelga general convocado por la CNT, el golpe militar enfrentó poca oposición política y social inicialmente.

La Construcción de un Régimen Dictatorial

La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (desde 1925), aunque con una fuerte influencia militar. Durante el Directorio Militar, se suspendió la Constitución, se disolvieron las cámaras legislativas y se prohibieron los partidos políticos y sindicatos. Se militarizó el orden público y se reprimió al obrerismo radical.

Se implementaron medidas para eliminar el caciquismo, como la creación de estatutos municipales y provinciales, aunque la renovación política fue limitada y se mantuvo el control mediante juntas de vocales designadas por los gobernadores civiles. Se clausuró la Mancomunidad catalana, se prohibieron los símbolos catalanistas y se restringió el uso del catalán.

Primo de Rivera se enfocó en el conflicto de Marruecos, asumiendo personalmente el Alto Comisionado en 1924. En colaboración con Francia, organizó el desembarco de Alhucemas en 1925, que llevó a la rendición de Abd el-Krim en 1926 y a la reafirmación de la ocupación del protectorado en 1927.

La Oposición a la Dictadura

Con el tiempo, la oposición contra la dictadura de Primo de Rivera fue creciendo. Antiguos líderes dinásticos criticaron la prolongación del régimen y exigieron elecciones, algunos pasaron al republicanismo o apoyaron conspiraciones militares como la “sanjuanada” en 1926. La creación de la Alianza Republicana en 1926, liderada por figuras como Lerroux, Azaña y Alcalá-Zamora, desencadenó una campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional.

Intelectuales y estudiantes universitarios denunciaron la censura de prensa y la falta de libertad de expresión, promoviendo huelgas y manifestaciones a través de la Federación Universitaria Española en 1927. En Cataluña, las medidas anticatalanistas alienaron a sectores simpatizantes de la dictadura, mientras que el nacionalismo republicano, liderado por Francesc Macià, intentó una invasión armada desde Francia en 1926.

La oposición obrera se concentró en la CNT y el Partido Comunista, ambos perseguidos y prohibidos. En la CNT, surgió una división entre los partidarios de la acción directa, que formaron la Federación Anarquista Ibérica en 1927, y los que abogaban por un enfoque más pragmático, como Ángel Pestaña. El PSOE también cambió su postura hacia 1929, colaborando con grupos republicanos para poner fin a la dictadura.

El Hundimiento de la Dictadura

Ante la creciente oposición, el rey y su círculo cercano concluyeron que la dictadura representaba una amenaza para la continuidad de la monarquía, y retiraron su apoyo a Primo de Rivera, quien dimitió el 30 de enero de 1930. Fue reemplazado por el general Berenguer, con la tarea de organizar elecciones para restaurar la normalidad constitucional, marcando así el período final de la dictadura conocido como la “dictablanda”.

En agosto de 1930, republicanos, nacionalistas periféricos y socialistas acordaron el Pacto de San Sebastián para instaurar la república y poner fin a la monarquía. Se preparó un levantamiento militar con apoyo civil en Jaca, pero fracasó y sus líderes fueron fusilados en diciembre de 1930.

Berenguer no logró organizar las elecciones y fue reemplazado por el almirante Aznar en febrero de 1931, quien convocó comicios municipales, provinciales y legislativos. Las elecciones municipales se fijaron para el 12 de abril de 1931, consideradas menos peligrosas para la monarquía. Sin embargo, estas elecciones se percibieron como un plebiscito sobre la monarquía, dada la vinculación excesiva de Alfonso XIII con la dictadura.

7. La II República

España se Despierta Republicana

El 12 de abril de 1931, se celebraron elecciones municipales en España con la intención de restablecer la normalidad constitucional. Sin embargo, estas elecciones se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía.

En los municipios rurales, dominados por el caciquismo, triunfaron las candidaturas monárquicas, mientras que en las ciudades principales prevaleció la conjunción republicano-socialista, favorable a la república. Ante estos resultados, el presidente del gobierno, el almirante Aznar, declaró que el país se había vuelto republicano de la noche a la mañana. El 14 de abril, varios concejales proclamaron la República en diferentes localidades, y la noticia se extendió rápidamente por el país. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII renunció al trono y partió al exilio, despidiéndose de sus súbditos a través de una breve nota publicada en los periódicos.

El Gobierno Provisional

El mismo día de la proclamación de la República, se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, con representantes de las organizaciones que se unieron en el Pacto de San Sebastián en 1930. El apoyo popular a los partidos republicanos se manifestó en las elecciones municipales repetidas el 31 de mayo, con el objetivo de evitar que la administración local siguiera bajo el control de las antiguas autoridades monárquicas.

El Gobierno Provisional tuvo que enfrentar diversos problemas desde el principio, como las negociaciones con la Generalitat por el Estatuto de Autonomía, el conflicto con la Iglesia Católica y los estallidos de violencia anticlerical, especialmente durante la quema de conventos en mayo de 1931. Además, hubo un aumento de huelgas y conflictos sociolaborales, impulsados por la estrategia insurreccional de la CNT.

Las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio resultaron en la victoria de la conjunción republicano-socialista. Las nuevas Cortes, de una sola cámara, estaban dominadas por republicanos y socialistas, sin que ninguna formación obtuviera mayoría absoluta. La tarea principal de estas Cortes fue elaborar una nueva Constitución republicana.

La Constitución Republicana

El 9 de diciembre de 1931, las Cortes aprobaron la Constitución de la Segunda República, que fue detallada y extensa, con 125 artículos. Definía a España como una República de trabajadores de todas las clases y reconocía la igualdad de todos los españoles ante la ley, incluyendo por primera vez el derecho de voto de las mujeres. El poder legislativo residía en el Parlamento, con mayor autoridad que el Gobierno y el jefe del Estado. El presidente de la República, elegido por diputados y compromisarios electos, tenía atribuciones limitadas y un mandato de seis años. A nivel territorial, la República era un Estado integral pero compatible con la autonomía de municipios y regiones.

La Constitución, en línea con la expansión de derechos y libertades, garantizaba la igualdad ante la ley, prohibiendo la discriminación por origen, sexo o riqueza. Establecía un estado laico, sin religión oficial, instituía la educación primaria obligatoria y gratuita, permitía la expropiación de bienes de utilidad social y legalizaba el matrimonio civil y el divorcio.

Reflejaba la ideología democrática, progresista y laica de la mayoría de las Cortes, pero no logró consenso en temas como la religión o la autonomía regional, lo que generó oposición entre católicos y sectores centralistas preocupados por la unidad de España.