La Revolución de Septiembre de 1868
La Revolución del 68 y el Gobierno Provisional
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del brigadier Juan Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. El Gobierno de la Reina Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas. Envió desde Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados, que se reagrupaban en Andalucía al mando del general Serrano. Ambas fuerzas se encontraron en Puente de Alcolea, donde el día 28 de septiembre se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina tuvo que exiliarse. Salió de San Sebastián con dirección a Francia el 29 de septiembre de 1868, donde fue acogida por el emperador Napoleón III. Además, en la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo las urbanas. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas revolucionarias que organizaron levantamientos y lanzaron llamamientos al pueblo. Ahora bien, el radicalismo de algunas propuestas de las Juntas revolucionarias no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas, que ya habían visto cumplido su objetivo de derrocar a la monarquía.
La Constitución de 1869 y la Regencia
El nuevo Gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios, celebrados en enero de 1869, fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino. Dieron la victoria a la coalición gubernamental, partidaria de la fórmula monárquica, pero también aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: el carlista y la republicana. Las Cortes se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869. La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban tanto la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico, pero la potestad de hacer leyes residía exclusivamente en las Cortes: el Rey solo las promulgaba. Las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico, gozaban de los mismos derechos que las peninsulares, mientras Filipinas quedaba gobernada por una ley especial. Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia, que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. Su tarea no era fácil. Sin embargo, el nuevo gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los países europeos, ya que ponía fin a la larga etapa de inestabilidad política de Isabel II.
La Primera República Española
La Proclamación de la República
La proclamación de la 1ª República Española fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las Cortes, depositarias de la soberanía nacional en ausencia de monarca, decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. Ahora bien, estos datos no reflejan un apoyo real a la nueva forma de gobierno. Gran parte de la Cámara era monárquica, y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones al trono español. Así pues, la República nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema. A pesar de todo, la República fue recibida con entusiasmo por las clases populares, que creyeron que había llegado el momento de cumplir las aspiraciones sociales. En Andalucía se produjo un movimiento insurreccional que pretendía dar soluciones al problema de reparto de tierras y las protestas se hicieron frecuentes. En las ciudades se produjeron también amplias movilizaciones populares. Sin embargo, gran parte de los dirigentes del republicanismo federal, encargados de poner en funcionamiento la nueva República, estaba lejos de las aspiraciones revolucionarias de las bases de su propio partido. Pacificado el panorama, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos. Los federales obtuvieron 344 escaños; los unitarios solo dos, mientras que los radicales y constitucionalistas, grupo proveniente de progresistas y demócratas, tenían respectivamente 20 y 7 diputados.
El Intento de Instaurar una República Federal
Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 se proclamó la República democrática federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, pero dimitió al cabo de unos días y el Gobierno pasó a manos de Francisco Pi Margal. Su propósito era emprender grandes reformas. Pero los pocos meses que duró la experiencia republicana no permitieron el desarrollo de esa legislación reformista.
El Proyecto de Constitución Federal
La propuesta de la Constitución republicana federal seguía la línea de la Constitución de 1869 en relación a la implantación de la democracia y el conocimiento y amplio derechos y libertades. La República tendría un presidente y, en cuanto a las Cortes, se mantendrían las dos cámaras: el Senado y el Congreso. Se establecía que la nación española estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba, y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, estados regionales y Estados Federales. El proyecto de Constitución planteaba por primera vez en el liberalismo español un estado no centralista.
Los Conflictos Armados
La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción del Gobierno. Uno de ellos fue una insurrección carlista: el nacimiento de la República había acelerado y animado el conflicto armado, que pasó del enfrentamiento con unas cuantas partidarias armadas a un verdadero frente abierto, con un auténtico ejército. En la zona sublevada se fue articulando un embrión de Estado y el ayuntamiento y diputaciones se organizaron bajo principios forales e impulsaron la lengua propia y las instituciones regionales.