1. El panorama político español de los 70

1.1 El panorama político español de los 70 presentaba tres alternativas: unos defendían la continuidad del régimen sin Franco, otros apostaban por una reforma que llevase a la democratización del sistema y la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura con el pasado dictatorial. El 22/11/75, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. Este dispuso que continuara al frente del gobierno Carlos Arias Navarro. De este primer gobierno de la monarquía se esperaba la aceleración de reformas que democratizaran el sistema. Arias Navarro presentó un programa de gobierno que apostaba por el continuismo franquista con reformas insuficientes. Su propuesta se limitaba a proponer unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reunión y de asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos. La decepción se extendió entre todos los demócratas.

Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Con esta orientación, los organismos creados al final del franquismo se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática, un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones, pusiera las bases de un nuevo sistema político. Las fuerzas antifranquistas promovieron movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y una amnistía. Los conflictos laborales aumentaron, incluso reivindicaban el cambio político. En Cataluña y el País Vasco se promovieron huelgas generales y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas. El gobierno y los empresarios respondieron a la conflictividad con contundencia represiva.

Destacan los sucesos de la huelga general de Vitoria del 76. La tensa situación del país polarizó las posturas dentro de la clase política procedente del franquismo. Los inmovilistas aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial. Cabe destacar los asesinatos de estudiantes en las manifestaciones y los graves sucesos de Montejurra, donde se enfrentaron las facciones franquista y demócrata del carlismo. Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto pretendía promover una reforma del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas. El rey y sus colaboradores forzaron la dimisión de Arias Navarro en junio del 76 y Fernández-Miranda maniobró para imponer a Adolfo Suárez, que provenía de los sectores reformistas del Movimiento. Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, promulgó la Ley de Reforma Política que reconocía los derechos de las personas y preveía un sistema electoral democrático. El principal problema de esta ley era su aprobación por las cortes franquistas, ya que defendía una Asamblea bicameral elegida por sufragio universal. La ley fue aprobada ya que el gobierno estableció negociaciones con los franquistas, a los que les aseguró su estatus económico y social. La ley fue sometida a referéndum el 15/12.

1.2 Preparativos para las elecciones generales

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se prepararon las elecciones generales. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legislación de los partidos políticos y una amplia amnistía. La legislación del PCE se había convertido en piedra de toque del proceso democrático. Los comunistas apostaban por el proceso democrático y mostraron su presencia social con la manifestación que tuvo lugar a raíz de los asesinatos de los abogados de CCOO por la extrema derecha. Finalmente, Suárez decidió su legislación en abril, que provocó una crisis de gobierno, pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

Más tarde, los partidos de izquierda se prepararon para las elecciones generales. A la derecha, Fraga Iribarne creó un partido, Alianza Popular. Desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático, cuyo líder era Suárez. Las elecciones generales se celebraron el 15/6/77. El triunfo fue para la UCD, quedando el PSOE en segundo lugar. Suárez constituyó el primer gobierno democrático después de la Guerra Civil.

1.3 Creación de Comunidades Autónomas

La primera tarea de las Cortes debía ser crear una Constitución democrática. La redacción de esta inició la llamada política de consenso, que consistió en resolver los problemas que surgían mediante la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas. La constitución adoptó un carácter progresista y fue sometida a referéndum popular el 6/11/78. Fue aprobada por mayoría y es la constitución que sigue vigente hasta el día de hoy. La constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho organizado como una monarquía parlamentaria que solo tiene función representativa. Además, fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una declaración de derechos fundamentales y libertades. También se recogen principios de la política social y económica que permiten al Estado intervenir en la propiedad privada por motivos de interés público. Asimismo, la carta magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

2. La crisis económica y los Pactos de la Moncloa

La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional producida por una subida del precio del petróleo. Esto generó un proceso inflacionario y el déficit de la balanza comercial se duplicó. La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial. En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo muy elevado. La renta anual por habitante creció menos de un 1% en el conjunto de España entre 75 y 85.

Se llevó a cabo un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición. Paralelamente, se iniciaba el consenso constitucional. En este sentido, los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, que contenían acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política. En el terreno político, el gobierno se comprometió a una regulación de la vida pública.

En el terreno económico, los objetivos fueron la reducción de la inflación y la puesta en práctica de un conjunto de reformas para repartir los costes de la crisis. Los firmantes se comprometieron a apoyar una reforma fiscal y un nuevo marco de relaciones laborales, así como una serie de medidas para agilizar la contratación temporal. También se procedió a una reforma tributaria para arreglar la estructura fiscal española. Con retraso, España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados y así pudo sentar las bases para la construcción del Estado de bienestar. También se acometió una reforma de la seguridad social y un incremento de su financiación pública. Algunos sectores promovían la violencia para desestabilizar el país y obstaculizar la construcción democrática. Las principales amenazas provenían del involucionismo, del golpismo militar y del terrorismo. La fuerza de la extrema derecha se movilizó para impedir la consolidación democrática mediante manifestaciones y grupos violentos. También sucedieron intentos de desestabilización de grupos militares, como el intento de golpe de estado conocido como Operación Galaxia. El terrorismo de extrema izquierda estuvo vinculado a organizaciones como el GRAPO y FRAP, que protagonizaron actos violentos, pero la principal actividad terrorista provenía de ETA. En Cataluña se creó la organización independentista Terra Lliure, que cometió diversos atentados y secuestros hasta su disolución en 1995.

3. La consolidación democrática

Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo del 79. Triunfó de nuevo la Unión de Centro Democrático, presidida por Adolfo Suárez. La UCD obtuvo 168 diputados, el PSOE 121 y el Partido Comunista 23 escaños. La Alianza Popular, bajo el nombre de Coalición Democrática, solo obtuvo 10 diputados. El nuevo gobierno continuó con las reformas, promulgándose el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, no se emprendió una política de reformas de la estructura productiva porque la vida política era la prioridad del gobierno. El ejecutivo tuvo que hacer frente a sucesivos cambios ministeriales y A. Suárez empezó a ser contestado como líder del partido, a la vez que se reforzaban distintas tendencias en el interior de la UCD. A esto se añadió su fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas de abril del 79, a partir de las cuales se constituyeron ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades. La oposición ganaba fuerza y se beneficiaba de la crisis interna de la UCD. En mayo del 80, el poder ejecutivo tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes, que ganó el gobierno.

A partir de ahí, se paralizaron las reformas y la actividad gubernamental. Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y de su partido el 29 de enero del 81. Como causa, refirió solo el desgaste sufrido tras 5 años de gobierno. La principal amenaza al sistema democrático provenía de la pervivencia en el estamento militar de los sectores hostiles a la democracia. El 23 de febrero del 81, mientras se estaba realizando en el Congreso de Diputados la votación de investidura de Calvo Sotelo como sucesor a Suárez, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo y retuvo a todos los diputados. Paralelamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques para imponer un golpe de Estado militar que cambiase el rumbo de la política. En el golpe estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares y algunos políticos involucionistas.

Los objetivos de los golpistas eran confusos y no coincidentes, pero todos pretendían paralizar el proceso democrático y otorgar al ejército un papel relevante en el gobierno. La comparecencia del rey en televisión apoyando al régimen y descalificando a los sublevados fue decisiva para abortar el golpe. Dos días después del golpe, Calvo Sotelo fue investido jefe de gobierno. Su política fue prácticamente igual a la de Suárez. Se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo y se aprobó la Ley de Divorcio. España ingresó en la OTAN el 30 de mayo del 82, pese a la oposición de la izquierda. Se aprobó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico para impedir que fueran desbordados los límites de los poderes de las autonomías. Sin embargo, Calvo Sotelo no logró frenar la desintegración del partido en el gobierno ni alcanzar un acuerdo con Suárez, quien abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social, en julio del 82. El 28 de agosto, Calvo Sotelo disolvió el Parlamento para nuevas elecciones, las de octubre, que dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español y que marcaron el final de la transición, dando inicio a una nueva etapa constitucional de consolidación definitiva del régimen democrático en España.

5. Los Gobiernos de la Democracia

5.1 El gobierno del PSOE

En las elecciones de octubre de 1982, el PSOE tuvo mayoría absoluta. Felipe González fue elegido presidente del gobierno y el PSOE se mantuvo en el poder durante 4 legislaturas. La mayoría absoluta se renovó en las elecciones de 1986, 1989, pero en 1993 el PSOE tuvo que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar. En 1982, con un censo de 26,8 millones de votantes y una asistencia del 80% del electorado, el PSOE obtuvo 10 millones de votos y Alianza Popular la mitad. Convergència i Unió consiguió 12 escaños. Por detrás estaban la UCD con 11 escaños, que acabó desapareciendo poco después, y el Partido Comunista de España, con 4 escaños y que promovería posteriormente una federación de grupos de izquierda llamada Izquierda Unida. El principal partido de la oposición pasó a ser Alianza Popular.

El cambio socialista proponía un amplio programa de reformas cuya prioridad era la lucha contra la crisis económica, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el Estado de bienestar. Se tomaron algunas medidas para reactivar la economía. La reconversión industrial fue un proceso de adaptación de los sectores productivos a las exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Permitió su saneamiento financiero y adaptación tecnológica, pero provocó la reducción de capacidad industrial y del empleo.

Surgieron importantes conflictos laborales por esto, como el de Altos Hornos del Mediterráneo (Sagunto). También hubo reformas sociales. Destacaron la despenalización de ciertos supuestos del aborto y la reforma educativa con la Ley de Reforma Universitaria. En 1983, autonomía de las universidades y con la LODE. En 1985, educación gratuita hasta los 14 años. En 1990, la LOGSE estableció la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años. En 1983, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos de la LOAPA. La ley fue derogada y con los artículos válidos se aprobó la LPA. Para hacer efectiva la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea, se realizó una adecuación de la educación a la normativa europea. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE. Se incorporó el 1 de enero de 1986.

El gobierno tuvo que hacer frente a ETA y emprender una reforma del ejército para evitar el golpismo. Se redujo la plantilla del ejército y se sujetó al poder civil. Se propició el Pacto de Ajuria Enea en 1988 con las fuerzas políticas democráticas vascas contrarias al terrorismo. A la fuerte oposición de CC OO a algunas medidas del gobierno, se unió en 1988 la UGT. Se convocó una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Un sindicato de la UGT fue el inspirador de la huelga frente a un gobierno del mismo signo político. Se logró una asistencia sanitaria gratuita, una fuerte protección contra el desempleo y una garantía del sistema público de pensiones mediante el pacto de Toledo (1990-1995).

Felipe González dio lugar a la corriente política de los renovadores y Alfonso Guerra a la de los guerristas. Se dieron algunos casos de corrupción, como el caso de Luis Roldán. También hubo una «guerra sucia» contra el terrorismo, que comportó una cierta tolerancia de las autoridades con los GAL (grupo que había perpetrado 30 atentados contra presuntos miembros de ETA entre 1983 y 1987). En 1992 se inició una recesión económica mundial. Esto frenó la popularidad del gobierno socialista.

5.2 El gobierno del Partido Popular

El Partido Popular ganó las elecciones de marzo de 1996 con poca diferencia de votos con el PSOE. José María Aznar fue elegido presidente del gobierno, pero con apoyo de la CIU, PNV y Coalición Canaria. El PP tuvo una orientación centrista. Aznar fijó como tarea principal la política económica, pues la crisis de 1992 había frenado la economía española y elevado la inflación, el déficit de las cuentas del Estado y la tasa de paro (la más alta de la Europa industrializada). Se inició una política social que asegurase el Estado de Bienestar e inició el diálogo con sindicatos y empresarios. España alcanzó las condiciones que exigía la UE para el ingreso en el primer grupo de países que habrían de implantar el euro como moneda única en el año 2002.

El gobierno tuvo que afrontar su relación con el Partido Nacionalista Vasco y con el terrorismo de ETA. Las movilizaciones de protesta adquirieron un carácter masivo y de fuerte denuncia también contra el entorno político abertzale, debido al secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Los partidos nacionalistas decidieron un cambio de alianzas que condujo al Pacto de Lizarra en 1998, que incorporaba a la izquierda abertzale y excluía todo acuerdo con los partidos no nacionalistas.

El Partido Popular consiguió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del 2000. El PSOE tuvo 2,4 millones menos de votos. El segundo mandato del PP tenía una mejor situación económica. Elaboró la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de Universidades, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) y la Ley de Partidos entre el año 2000 y 2002. También se suprimió el servicio militar obligatorio y en 2001 se aprobó la creación de un ejército profesional. El PP tuvo que hacer frente al Plan Hidrológico Nacional, para hacer trasvases de aguas fluviales a otras cuencas y sanar el desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. El 20 de junio de 2002 hubo una huelga general que consiguió retirar una reforma del subsidio de paro. España se alineó con la política exterior norteamericana y dio su apoyo a la invasión de Irak sin el beneplácito de la ONU tras los atentados de Nueva York en 2001. La población se mostró contraria a esto. Para las elecciones del 2004, Aznar eligió a Mariano Rajoy como candidato a presidente del gobierno. Pero tres días antes de las elecciones, el 11 de marzo, se produjo un atentado con 10 bombas en diez trenes de cercanías de Atocha, Madrid. Se creía que ETA era la culpable, pero fue la organización terrorista Al-Qaeda. Se suspendió la campaña electoral y se desató una «guerra informativa» en cuyo fondo estaba latente la responsabilidad del gobierno por haber apoyado una guerra en contra de la mayoría de los españoles.