El Sexenio Democrático (1868-1874)

Crisis y Revolución

En el último período del reinado de Isabel II, se inició una importante crisis económica, que se mostró a nivel financiero e industrial, pero también coincidió con una crisis de subsistencia en las clases populares. La crisis financiera, provocada por la bajada del valor de las acciones en Bolsa, se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles. La construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de capitales en Bolsa, pero al comenzar su explotación no tuvo el éxito esperado. De este modo bajaron las acciones y los inversores exigieron subvenciones al Estado, pero éste carecía de fondos. Esta situación provocó la crisis de muchas entidades financieras.

La crisis financiera coincidió con una crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La crisis de subsistencia se inició en 1860, gran parte de la población española tenía motivos de descontento contra el sistema isabelino. Mientras el Partido Moderado continuaba gobernando por Decreto, el Partido Progresista, dirigido por Prim, practicó una política de retraimiento junto al partido demócrata. De modo que ambos, junto con los unionistas más tarde, firmaron el Pacto de Ostende con el objetivo de acabar con el moderantismo y con el sistema isabelino, dejando la decisión sobre la nueva forma de gobierno (monarquía o república) en manos de unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal.

En septiembre de 1868 se produjo un levantamiento militar contra el Partido Moderado e Isabel II, aclamada como la «Gloriosa» revolución. Tuvo un gran seguimiento en el estamento popular por lo que se impuso sin gran dificultad. Con Prim por mar y Serrano por tierra, se produjeron múltiples batallas con victoria revolucionaria, hasta que el gobierno no vio más salida que dimitir y la reina tuvo que exiliarse.

Además del pronunciamiento militar, en la revolución tuvieron una gran importancia las clases populares, dirigidas por demócratas, republicanos y progresistas, que exigían sufragio universal, soberanía, separación entre Iglesia y Estado, etc. De este modo surgieron las Juntas revolucionarias que defendían estos intereses. Tras entrar en Madrid, los sublevados propusieron a las Juntas revolucionarias el nombramiento de un gobierno centrista provisional. El general Serrano fue proclamado regente, y Prim presidente del gobierno, marginando al resto de fuerzas políticas.

El nuevo gobierno promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a una serie de demandas populares (libertad de imprenta, sufragio universal, etc.) y convocó elecciones a cortes constituyentes.

La Constitución de 1869 y el Reinado de Amadeo I

Más tarde se reconoció la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas), que el 1 de julio de 1869 aprobó la Constitución de 1869, la primera democrática en España, donde se recogían los derechos de manifestación, reunión y asociación, la libertad de enseñanza, la libertad de profesar cualquier religión, aunque el Estado debía mantener culto católico. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional, el Estado se declaraba monárquico, pero la potestad de hacer leyes residía exclusivamente en las Cortes: el rey solo las promulgaba. Las cortes se componían de un Congreso y un Senado.

Uno de los objetivos de la Gloriosa era reorientar la política económica. El ministro de Hacienda suprimió la contribución de consumos, introduciendo la contribución personal, que gravaba a los ciudadanos de forma directa a su renta. Otro decreto estableció la peseta como unidad monetaria. La deuda del ferrocarril se intentó solucionar con la Ley de Minas, que consistió en la venta o concesión de yacimientos a empresas sobre todo extranjeras.

La última gran acción fue la liberalización de los intercambios exteriores que ponía fin a la secular tradición proteccionista de la economía española. La constitución de 1869 se consolidó, pero, a la vez disgustó a las clases populares y a los republicanos, quienes, viendo que de forma democrática no conseguían sus objetivos, recurrieron a corrientes intervencionistas (anarquismo y socialismo).

En la España del Sexenio Democrático, la opinión política quedó dividida en dos: monarquía o república. De este modo, la tendencia republicana federal creció después del destronamiento borbónico. Los republicanos federales se dividen en benévolos, dirigidos por Pi y Margall, y eran partidarios del respeto y la legalidad; e intransigentes, que apoyaban la insurrección militar para proclamar la república federal.

Los primeros levantamientos al grito «¡República federal o muerte!» surgieron en Cádiz, pero todo intento republicano se vio sofocado por el general Prim. Para Prim no fue fácil encontrar un monarca, puesto que nadie quería el trono español. Fue Amadeo de Saboya, procedente de la dinastía que unificó Italia, quien tomó el trono. Tres días antes de que éste ocupara el poder, asesinaron al general Prim, por lo que el rey se quedaba sin su consejero más fiel.

Amadeo I contó desde su comienzo con la oposición de los moderados que consideraban su trono ilegítimo. Los moderados empezaron a organizar la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso. Los carlistas habían reorganizado como fuerza política, queriendo llevar al poder a Carlos VII mediante insurrecciones armadas. Tampoco contaba con el apoyo republicano, ni de los grupos populares. Además, en 1868 un conflicto en Cuba le trajo muchos problemas. Ahora bien, la crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue la desintegración de la coalición gubernamental, que produjo una gran inestabilidad política, y desembocó en la renuncia al trono. España quedó tachada de país ingobernable.

La Primera República y el Retorno al Orden

La salida más fácil a la renuncia de Amadeo de Saboya fue la proclamación de la Primera República, que tan solo duró un año (1873-74). Para presidir el gobierno fue elegido Figueras, pero a los pocos días dimitió y el poder pasó a manos de Pi y Margall. Sus propósitos eran la separación entre Iglesia y Estado, la elaboración de una nueva constitución, la consideración de la independencia de las colonias, etc. Pero la elaboración a su breve duración no se pudieron desarrollar.

La propuesta de la nueva Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la de 1869, pero introducía una división en 17 Estados y otorgaba el poder a tres niveles: municipios, Estados regionales y Estados Federales.

Toda esta corriente fue frenada por la insurrección carlista. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve período republicano. El cantonalismo es un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonómicas propiciadas por los republicanos federales intransigentes con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. La proclamación de cantones independientes fue la consecuencia de aplicar de forma radical y directa la estructura federal desde abajo.

El presidente Pi y Margall se opuso a utilizar las armas para sofocar los conflictos y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, que más tarde, incapaz de firmar penas de muerte, también dimite. Entonces, recae la presidencia en Emilio Castelar. Con Castelar la república da un claro vuelco conservador, gobernando autoritariamente. El día 3 de enero de 1874 el gobierno de Castelar fue derrotado en las Cortes. El capitán general Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas.

El poder pasó en los meses siguientes a una coalición de unionistas y progresistas encabezados por el general Serrano. El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII. Apoyado por el Manifiesto de Sandhurst, donde prometía un régimen conservador católico, y la vuelta a la estabilidad política y al orden social.