El sufragio femenino en la Segunda República Española

En España, con la proclamación de la Segunda República después de las elecciones municipales de abril de 1931, se abrió un periodo de cambios significativos. El gobierno provisional, formado por líderes que firmaron el «Pacto de San Sebastián» en 1930, convocó elecciones para Cortes Constituyentes en junio de 1931. En estas elecciones, una coalición de republicanos y socialistas ganó y redactó una nueva Constitución.

Uno de los aspectos más destacados de este periodo fue la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente en lo referente al sufragio femenino. Finalmente, el sufragio femenino fue aprobado en octubre de 1931, con el apoyo de la derecha y el PSOE.

La Constitución republicana no solo otorgó el voto a las mujeres, sino que también legisló sobre la familia con libertad e igualdad, incluyendo el matrimonio civil, el divorcio y las obligaciones parentales. Las consecuencias de esta aprobación fueron la mayor presencia femenina en la esfera pública y el éxito de las derechas en las elecciones de 1933, donde las mujeres votaron por primera vez. Aunque parte del voto femenino contribuyó al éxito de las derechas, en general, la unidad de la izquierda se demostró en el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936.

El Frente Popular y el camino hacia la Guerra Civil

Tras la instauración de la República y la formación del Gobierno Provisional, en 1931 se convocaron elecciones generales, donde triunfó una alianza de republicanos y socialistas. Durante el periodo republicano-socialista (1931-1933), se promulgó una nueva Constitución y se llevaron a cabo una serie de cambios destinados a mejorar la situación del país, incluyendo reformas en ámbitos como:

• Educación
• Ejército
• Agricultura
• Sociedad
• Territorio

Sin embargo, este gobierno llegó a su fin tras las elecciones de 1933, ganadas por los radicales y los cedistas, liderados por Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, respectivamente.

Consecuencias del triunfo de la derecha en 1933:

• Polarización política: Se observó una marcada polarización entre izquierda y derecha.
• Ascenso de los fascismos: Se fortaleció el ascenso de los fascismos, particularmente en la extrema derecha.
• Freno a las reformas: Se experimentó un freno en las reformas impulsadas por el gobierno republicano-socialista, especialmente en lo que respecta a la reforma agraria.
• Amnistía a golpistas: Se concedió amnistía a los detenidos por el intento de golpe de Estado conocido como «La Sanjurjada».
• Tensiones territoriales: Surgieron tensiones con Cataluña debido a la desaceleración del proceso del estatuto catalán y la paralización del estatuto vasco.
• Revolución de octubre de 1934: Esta revuelta, protagonizada por el PSOE, la UGT y elementos catalanes, se originó por el temor al ascenso del fascismo representado por la CEDA y la influencia de la Revolución Rusa. La revuelta fracasó y fue reprimida con fusilamientos y encarcelamientos.

Este gobierno llegó a su fin tras las elecciones generales de 1936. En estas elecciones, la derecha (CEDA) y el centro (Partido Radical) se presentaron por separado, mientras que la izquierda se unió bajo el nombre de Frente Popular. El programa del Frente Popular incluía la reactivación de las reformas del gobierno republicano-socialista y la amnistía para los detenidos en la «revolución de octubre de 1934».

El Estatuto de Autonomía del País Vasco

Desde la abolición de los fueros en 1876 por Cánovas del Castillo y el inicio de la industrialización, surgieron en las entonces denominadas Provincias Vascongadas dos movimientos amplios con un objetivo común: la restauración de la foralidad. Estos movimientos, conocidos como foralistas y tradicionalistas, nunca vieron sus aspiraciones reflejadas por los políticos de la época de la Restauración. La acción de ambos grupos y la falta de respuesta oficial llevaron al surgimiento del nacionalismo sabiniano a principios del siglo XX.

Este nacionalismo se convirtió en el principal defensor de un Estatuto particular que preservara lo esencial de la antigua foralidad. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano hasta la llegada de la Segunda República. Cuando la coalición de republicanos y socialistas ganó las elecciones de 1931 y aprobó rápidamente el Estatuto Catalán, se inició también la redacción de un estatuto para el País Vasco. La demora se debió a la exclusión del nacionalismo vasco del Pacto de San Sebastián en 1930.

Hubo varios proyectos de Estatuto, siendo el promovido por los nacionalistas el más elaborado. Sin embargo, el ascenso al poder del centro-derecha de Lerroux y la CEDA frenaron su aprobación. Durante el trienio en que estas fuerzas estuvieron en el poder (1933-1936), la política experimentó un retroceso. Solo con la llegada del Frente Popular en 1936, y la oposición de los nacionalistas vascos al levantamiento militar franquista, el Congreso de los Diputados español aprobó el primer Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Este Estatuto, aprobado cuando ya había comenzado la Guerra Civil, solo se aplicó en Vizcaya y una pequeña parte de Guipúzcoa, ya que el resto del territorio estaba bajo control de las tropas franquistas. Además, su existencia fue breve, ya que nueve meses después, estas tierras también caerían bajo el dominio de Franco y el Estatuto sería derogado. Solo el Concierto Económico en Álava permanecería vigente.

Abolición de los Conciertos Económicos de Vizcaya y Guipúzcoa

Los conciertos económicos se establecieron en 1878 después de la supresión de los Fueros con la entrada en vigor de la Constitución de 1876. Estos acuerdos implicaban que los habitantes vascos pagaran sus impuestos directamente a las Diputaciones, las cuales negociaban con el Gobierno central la cantidad a pagar (CUPO). Estos acuerdos fueron renovados en varias ocasiones y se mantuvieron como fuente de financiación de la Comunidad con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1936.

Tras las elecciones de 1936, la victoria del Frente Popular supuso una reactivación de las reformas del bienio reformista (1931-1933), la amnistía a los presos de la revolución de 1934 y la reactivación de la redacción del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Sin embargo, la derecha preparó un golpe de Estado que estalló el 17 de julio de 1936, desencadenando la Guerra Civil Española.

En el País Vasco, Álava y Navarra, con una fuerte influencia carlista, se posicionaron del lado rebelde, mientras que Guipúzcoa y Vizcaya permanecieron fieles a la República. Aunque el Estatuto de Autonomía se aprobó el 4 de octubre, solo se aplicó prácticamente en Vizcaya, ya que para septiembre de 1936, las tropas rebeldes ocuparon casi toda la provincia de Guipúzcoa. A partir de 1937, Franco dirigió su estrategia militar hacia la toma del Norte, incluyendo el País Vasco, Cantabria y Asturias, áreas de alto interés estratégico y económico.

Tras la ocupación, Franco abolió los regímenes económicos concertados para Vizcaya y Guipúzcoa, a las que calificó de «traidoras». La medida de Franco, que entró en vigor en junio de 1937, tuvo un claro propósito de castigar a los vascos que no se unieron a la rebelión y recompensar a los partidarios del franquismo, como Álava y Navarra. Por lo tanto, no se trató tanto de una cuestión de justicia para eliminar un régimen de privilegio y desigualdad fiscal, sino más bien de castigar y premiar a diferentes grupos. Esta situación persistió hasta la muerte de Franco y la aprobación de la actual Constitución en 1978. La organización territorial de España en autonomías facilitó la redacción y aprobación del actual Estatuto Vasco. Una vez más, la gestión de la competencia económica se llevó a cabo a través del Concierto Económico.

La Ley de Responsabilidades Políticas y la represión franquista

Durante el Gobierno del Frente Popular, la Falange, los carlistas y los generales Sanjurjo, Mola y Franco prepararon un levantamiento que tuvo lugar el 17 de julio de 1936, protagonizado por militares rebeldes con el respaldo de civiles. Ante la resistencia en las principales ciudades españolas, el enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes y las leales al gobierno desencadenó una guerra civil. Tras la toma del poder por parte de los franquistas en las zonas controladas por los republicanos, la guerra llegó a su fin el 1 de abril de 1939.

Consecuencias de la Guerra Civil:

• Políticas: Se puso fin a la democracia en España y se instauró un régimen totalitario de corte fascista, con una fuerte represión respaldada, entre otras cosas, por la Ley de Responsabilidades Políticas.
• Económicas: La destrucción causada por el conflicto y el aislamiento internacional provocaron una grave escasez alimentaria, lo que llevó a implementar un sistema de racionamiento mediante cartillas.
• Demográficas: La Guerra Civil dejó más de 600.000 muertos de ambos bandos, tanto en el frente como en la retaguardia, además de 200.000 exiliados.
• Culturales: La Guerra Civil llevó a un aislamiento internacional y cultural del país que duró 40 años.

La Ley de Responsabilidades Políticas, junto con la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 y la Ley de Seguridad del Estado de 1941, constituyen la base de la represión durante la primera etapa del régimen franquista. Con esta base jurídico-represiva, el régimen tenía los medios para controlar la situación y «depurar y purificar» el nuevo Estado. Esto llevó al exilio de muchos republicanos, algunos de los cuales regresaron durante la Segunda Guerra Mundial debido a un indulto limitado del gobierno, mientras que otros permanecieron fuera de España y enfrentaron diversas situaciones (resistencia, campos de concentración, exilio definitivo).

A los republicanos que se quedaron en España se les consideró sospechosos y fueron encarcelados o recluidos en campos de concentración. Se establecieron tribunales mixtos, compuestos por jueces, militares y falangistas, que imponían tres tipos de sanciones a quienes colaboraron con la República:

• Inhabilitación profesional
• Restricciones a la libertad de residencia (especialmente el destierro)
• Redención de penas mediante trabajo (los llamados esclavos de Franco)

Además de estas sanciones, las más comunes y significativas eran las económicas, las incautaciones y confiscaciones de bienes, que proporcionaban ingresos importantes al nuevo régimen.

La Ley de Responsabilidades Políticas prohibía los partidos, organizaciones o agrupaciones políticas o sociales, reflejando el carácter totalitario propio de los regímenes de partido único. El establecimiento de tribunales especiales indica claramente la politización del procedimiento, dificultando la rehabilitación de los sospechosos, ya que debían demostrar su inocencia ante testigos favorables al régimen. Como resultado, muchos profesionales, intelectuales y funcionarios fueron depurados, apartados de sus trabajos y, en ocasiones, ejecutados.

La oposición al Franquismo: El «Contubernio de Múnich»

Desde 1936, Franco había acumulado todo el poder político y militar, estableciendo un régimen dictatorial. Tras una larga posguerra caracterizada por una política económica autárquica que condujo a España al estancamiento, en 1959 se inició el Plan de Estabilización, que implicó la adopción de algunos principios de la economía liberal. Esto llevó a sugerir a España solicitar la entrada en la CEE en febrero de 1962.

En junio del mismo año se llevó a cabo el IV Congreso del Movimiento Europeo, un espacio de debate que fungía como un laboratorio de ideas sobre el proyecto de unidad europea establecido en 1948. En este congreso, celebrado del 5 al 8 de junio, se invitó a 118 personas, tanto nacionales como extranjeras, abarcando diversas ideologías políticas, desde monárquicos hasta representantes del gobierno vasco en el exilio y delegados nacionalistas catalanes, aunque el PCE fue excluido.

Las discusiones estuvieron marcadas por tensiones entre los asistentes, principalmente en relación con la forma de Estado (República, defendida por la oposición exterior liderada por Salvador de Madariaga, y Monarquía, apoyada por la oposición interna dirigida por Gil Robles).

Las conclusiones de estas reuniones se centraron principalmente en dos aspectos: la demanda de democracia para España y la petición de no permitir el ingreso de España en la CEE hasta que se restableciera la democracia. La respuesta del régimen fue contundente, reactivando la maquinaria represiva.

Se desató una campaña de prensa violenta contra los participantes, y se suspendió el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que garantizaba la libertad de residencia. Muchos, incluido Gil Robles, fueron arrestados y enviados al exilio, generando fuertes críticas en el extranjero.

Simultáneamente, el Movimiento organizó una campaña de prensa para ridiculizar la reunión, tildando a los firmantes de «traidores» y «enemigos de España, aliados de masones y comunistas». El diario Arriba los ridiculizó como el «Contubernio de Múnich«, y se organizaron manifestaciones de apoyo a Franco.

Este documento refleja la emergente oposición y lucha democrática en España a partir de los años 60, a pesar del carácter represivo del régimen. La oposición se manifestó a través de la iglesia, movimientos estudiantiles, el ejército (UMD-unión militar democrática), PCE, PSOE, democracia cristiana, nacionalistas vascos y catalanes, ETA; FRAP; GRAPO, entre otros.