La Proclamación de la Segunda República y el Gobierno Provisional
La noche del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora proclamó en Madrid la Segunda República española y exigió al rey que abandonara el país. La República llegó de forma pacífica y en un ambiente festivo. Para amplios sectores de la población, era símbolo de las aspiraciones a profundas reformas políticas y sociales que resolvieran los graves problemas del país. El comité revolucionario creado por el pacto de San Sebastián se convirtió en el gobierno provisional de la República. El gobierno estaba presidido por Alcalá Zamora y formado por todos los partidos políticos favorables a la República. Los miembros eran: Alcalá Zamora y Miguel Maura, de la Derecha Liberal Republicana; Lerroux y Diego Martínez Barri, del centrista Partido Radical; Manuel Azaña y Marcelino Domingo, líderes de partidos republicanos de izquierda; Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, de parte del Partido Socialista (PSOE); un republicano gallego, Santiago Casares Quiroga, y un republicano catalán, Nicolau d’Olwer. Estos partidos representaban las clases medianas profesionales, la pequeña burguesía y los líderes obreros de ideas socialistas.
La Constitución de 1931
Las cortes constituyentes elaboraron y aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España. A finales de julio se creó la comisión parlamentaria presidida por el socialista Luís Jiménez de Asúa, la cual redactó el proyecto de constitución, que fue el resultado de un compromiso entre los socialistas y los republicanos de izquierda para establecer una república democrática y laica. La constitución defendía España como «una república democrática de trabajadores de cualquier clase». Contenía una amplia declaración de derechos y libertades. Así, reconocía el derecho a voto de las mujeres, el matrimonio civil y el divorcio. También consagraba el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. Se reconoció el derecho a la propiedad privada, que podía ser objeto de expropiación forzosa por utilidad social, con la correspondiente indemnización, y se abrió la posibilidad de nacionalización de ciertos sectores de la economía. Se estableció una radical división de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Las cortes o congreso de los diputados, de una única cámara, tenían una amplia capacidad legislativa. La dirección del estado se atribuía al presidente, que entre otras funciones tenía que nombrar y destituir al presidente del gobierno y promulgar las leyes. Podía disolver las cortes dos veces como máximo. La justicia se basaba en la autonomía. Se introdujo la institución del jurado. Asimismo, se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para asegurar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales y resolver los conflictos entre el estado y las regiones autónomas. Los temas más conflictivos fueron la definición de la república, el voto femenino, la organización territorial del Estado y la cuestión religiosa. El gran problema fue que la constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 nació sin aconsejable consenso de todas las fuerzas políticas. La derecha no republicana la rechazó y mostró una disposición a revisarla cuando tuviera ocasión. Semanas antes de aprobar la constitución, las cortes juzgaron las responsabilidades del rey Alfonso XIII en el golpe de estado que instauró la dictadura de Primo de Rivera. La mayoría de las cortes lo declararon «culpable de alta traición», le expropiaron sus bienes, derechos y títulos, y lo condenaron al exilio perpetuo.
La Revolución de Octubre de 1934
Los antecedentes de la revolución se remontan al cambio de estrategia en el socialismo. En enero de 1934, la UGT aprobó un programa revolucionario (nacionalización de la tierra, disolución de todas las órdenes religiosas, del ejército y de la Guardia Civil). En mayo se formó una alianza obrera entre el PSOE y la UGT con el objetivo de combatir el fascismo y establecer una república federal socialista. La CNT rechazó sumarse. A principios de octubre de 1934, la CEDA exigió entrar en el gobierno. Así, el 4 de octubre se formó un nuevo gobierno radical con tres ministros de la CEDA. Los republicanos de izquierda consideraron la entrada de la CEDA en el gobierno como una traición a la república. Para los socialistas, fue la señal para el alzamiento contra un supuesto riesgo de fascismo. Los socialistas justificaron su acción para impedir que Gil Robles destruyera la república. La revolución estalló en octubre de 1934. El comité revolucionario socialista, dirigido por Largo Caballero, comenzó la insurrección el 5 de octubre con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades. No obstante, fracasó por no tener el suficiente soporte de las instituciones. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española», rompiendo la legalidad republicana. Esta acción de la Generalitat no fue secundada por los sindicatos de izquierdas, que convocaron la huelga, pero contra el Gobierno de Madrid. La tentativa de rebelión armada fue rápidamente anulada por la guarnición militar de Barcelona. Solamente en Asturias se produjo una auténtica revolución social, ya que aquí sí que se consiguió forjar una alianza obrera que agrupó la UGT, la CNT y los comunistas. La revolución partió de dos centros mineros, Sama de Langreo y Mieres. El comité regional de la Alianza obrera, en el intento de controlar los servicios públicos y los transportes, adoptó las primeras medidas de socialización y de represión de los «enemigos de la revolución social». Para parar la rebelión, el Gobierno recurrió al ejército del Protectorado de Marruecos, que con la Guardia Civil, llevaron a cabo una fuerte represión. La represión continuó después del fracaso de la revolución; se practicaron miles de detenciones. Fueron torturados centenares de prisioneros y se pronunciaron 20 condenas a muerte. Azaña, que no había participado en los hechos, fue acusado y encarcelado. Se suspendió la autonomía catalana y la ley de contratos de cultivo anulada.
El Bienio Reformista
En ser aprobada la constitución, fue elegido presidente de la república Niceto Alcalá Zamora con el soporte de la coalición republicano-socialista. Este encargó a Azaña que formara un gobierno. Su intención era que continuaran en el nuevo gobierno todos los sectores representados en el gobierno provisional. Pero Lerroux rechazó continuar en el gobierno si seguían los socialistas. Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierda y los socialistas. La instauración de la república coincidió con la crisis mundial de 1929-1933. La política económica se mantuvo en la línea del capitalismo liberal clásico: los objetivos eran mantener un presupuesto equilibrado. Hubo una serie de reformas. En la política religiosa, el gobierno estaba decidido a establecer una clara separación Iglesia-Estado y a reducir la influencia de la Iglesia sobre la sociedad española. El gobierno desplegó una serie de leyes que alimentaron la beligerancia de la Iglesia contra la república, como la ley del divorcio o la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Las bases de la reforma educativa eran hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal. También hubo reformas laborales como la ley de contratos de trabajo, la ley de jurados mixtos y la ley de asociaciones obreras, aprobadas por las cortes.
La Cuestión Territorial y la Oposición de la Derecha
Uno de los problemas que se arrastraban desde la restauración era la cuestión de diseñar una organización territorial del estado que permitiera satisfacer las aspiraciones de las regiones con sentimientos nacionalistas. La constitución intentó resolver este problema por medio del reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso y en junio de 1931 se elaboró el Estatuto de Nuria. La reforma agraria fue moderada, compleja y lenta. El problema mostraba doble vertiente: gran parte de la agricultura española continuaba presentando formas arcaicas, y el grave problema social del sector agrario se había acentuado con la gran crisis económica internacional. El paro intensificó la secular aspiración de las masas de jornaleros al repartimiento de la tierra. La reforma agraria se convirtió en una cuestión cabdal para resolver el grave asunto de la propiedad y el repartimiento de tierras. Las discrepancias entre miembros de los partidos gobernantes retardaron la aprobación de la ley. La ley de reforma agraria de septiembre de 1932 era muy moderada. Pretendía la modernización técnica, eliminar el latifundismo y redistribuir la propiedad por medio del asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. Todos los propietarios expropiados, excepto los grandes de España y los amos de antiguos señoríos, tenían que ser indemnizados. El régimen de explotación colectivo o individual lo decidieron las comunidades de labradores. La ley puso a disposición del estado grandes cantidades de tierras a precios asequibles. La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Pero los resultados fueron muy limitados; si el plan era asentar entre 60,000 y 75,000 labradores, en dos años solo hubo 12,000 asentamientos. Entre las causas del fracaso de la ley cabe señalar: la complejidad técnica, el escaso interés de los republicanos de izquierda, la incompetencia del ministro encargado de aplicarla, y la oposición de los grandes propietarios. La lentitud de la aplicación, el desánimo y la frustración de los jornaleros del campo se tradujeron en insurrecciones anarquistas que desembocaron en duros y trágicos enfrentamientos con las fuerzas del orden público.
La Descentralización del Estado: Los Estatutos de Autonomía
Uno de los problemas que se arrastraban desde la restauración era la cuestión de diseñar una organización territorial del estado que permitiera satisfacer las aspiraciones de las regiones con sentimientos nacionalistas. La constitución intentó resolver este problema por medio del reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía. Cataluña fue la primera en iniciar el proceso. La iniciativa partió de Izquierda Republicana; en junio de 1931 se elaboró el Estatuto de Nuria, que fue aprobado en plebiscito por el 99% de los votantes catalanes. El debate en las cortes se alargó hasta septiembre de 1932 por la oposición que provocó el contenido federalista de la propuesta catalana. Finalmente fue aprobado gracias a la intervención del mismo Azaña en defensa de la autonomía catalana y a la reacción de solidaridad que provocó entre los republicanos el fracaso del golpe de estado de Sanjurjo en 1932. El proyecto de estatuto tuvo importantes recortes a su paso por las cortes. La educación, el orden público y la hacienda quedaron como competencias compartidas entre el gobierno central y la Generalitat. Más difícil y complejo fue el proceso de elaboración del Estatuto vasco. Las profundas diferencias entre la izquierda republicano-socialista y la derecha, el PNV y los carlistas, hicieron naufragar diversos proyectos de Estatuto. El proyecto definitivo de estatuto incluía las tres provincias vascas y Navarra, fracasó porque no consiguieron la mitad del censo de Álava y porque Navarra lo rechazó. En Galicia, el principal problema que retardó la puesta en marcha de la consecución de la autonomía fue la inexistencia de un partido nacionalista fuerte y la actitud tibia de los republicanos gallegos de la ORGA y de los socialistas. Gracias a la labor del partido Galleguista y Castelao, en diciembre de 1932, una asamblea de municipios presentó un proyecto de estatuto aprobado, pero no llegó a las Cortes, ya que, a raíz del estallido de la guerra civil, Galicia cayó muy pronto en manos de los rebeldes. En Andalucía, una asamblea regional que tuvo lugar en Córdoba en enero de 1933, en la cual Blas Infante ejerció un papel crucial, aprobó un anteproyecto de estatuto. Igualmente, en Valencia, Aragón y Baleares no pasaron de la fase preparatoria o de elaboración de proyectos.
La Oposición Iglesia-Segunda República
Ante la implantación de la república, el primer conflicto serio al que tuvo que enfrentarse fue con la Iglesia católica. Mientras que un sector de los obispos españoles siguió las instrucciones del Vaticano de respetar y atacar el nuevo régimen, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, mostró una actitud beligerante. La publicación de una pastoral del cardenal Segura el 1 de mayo, en la que elogiaba a Alfonso XIII y las relaciones estado-iglesia durante la monarquía, acabó en un conflicto abierto y el gobierno ordenó la expulsión de Segura. En mayo, se produjo una serie de incidentes que desembocaron en el incendio de iglesias, conventos y colegios religiosos en Madrid, que se extendió a otras ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante. Las consecuencias fueron desastrosas para la república, ya que provocaron el deterioramiento irreversible de las relaciones con la Iglesia y, sobre todo, por el descrédito del gobierno delante de la opinión católica del país. En el bienio reformista, el gobierno estaba decidido a establecer una separación iglesia-estado y desplegó una serie de leyes como la ley del divorcio y la ley de confesiones y congregaciones religiosas, por la cual el estado dejaba de hacer aportaciones a la iglesia y ordenaba el cerramiento de los centros docentes religiosos. Respecto a la reforma educativa, se estableció el principio de la coeducación y la no-obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las escuelas; la iglesia y diversos sectores católicos interpretaron esto como un atentado contra la religión. La constitución declaró la libertad de culto y eliminó el financiamiento estatal de la iglesia. Se prohibió a las congregaciones religiosas ejercer el enseñamiento, el comercio y la industria. Se disolvió la Compañía de Jesús, cuyos bienes fueron nacionalizados.