PERIODO CONSTITUYENTE

Los Pactos de la Moncloa fueron un acuerdo consensuado entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria y los principales sindicatos (CCOO y UGT, pero no la CNT). El objetivo era evitar que los problemas económicos por la crisis de los 70 afectaran al proceso de transición a la democracia, y lograron la calma social durante más de un año.

Medidas contra la inflación que había crecido más del 20%:

• Límite de incremento de salarios por debajo del IPC.
• Medidas del Banco Central para evitar la fuga de capitales y reducir la masa monetaria.
• Devaluación de la moneda para atraer inversiones.
• Impuesto de la renta para reducir el déficit público.

Medidas políticas:

• Eliminación de la censura.
• Eliminación de los límites a la libertad de expresión y asociación.

Aunque los avances democráticos realizados hasta llegar a las elecciones de 1977 habían sido muy importantes, la democracia española era aún incompleta y acababa de empezar. Entre las muchas cuestiones que estaban pendientes se encontraba la propia organización de las instituciones estatales que debían ajustarse al nuevo modelo democrático. Por tanto, la Constitución de 1978 culminó la transición española a la democracia, al menos en el plano jurídico.

Una vez constituidas las nuevas Cortes democráticas, los representantes elegidos decidieron elaborar una nueva Constitución, en vez de reformar las viejas Leyes Fundamentales franquistas. En consecuencia, las Cortes se convirtieron en constituyentes, aunque las elecciones no se habían celebrado con esa finalidad explícita.

Primero se creó una comisión formada por representantes de los diferentes grupos parlamentarios, de la que salieron elegidos siete miembros (la Ponencia), cuyo cometido consistía en redactar un anteproyecto de Constitución. En la Ponencia estaban representados UCD, Alianza Popular, PSOE, PCE y Pacte Democràtic per Catalunya; quedando fuera el Partido Socialista Popular y el PNV.

Finalmente, el texto definitivo fue aprobado por amplísima mayoría en el Congreso y en el Senado el 31 de octubre de 1978. Menos entusiasta fue la respuesta del pueblo español en el referéndum convocado para el 6 de diciembre de ese mismo año, ya que la abstención fue muy alta, aunque los votos emitidos fueron claramente favorables a la constitución.

Sin embargo, conviene resaltar una característica de la Constitución española de 1978: fue el resultado de un verdadero consenso entre grupos políticos de ideologías muy dispares, en un afán de integrar a todos en un proyecto común. Este consenso en materia política se añadió al alcanzado anteriormente con la firma de los Pactos de la Moncloa en el ámbito económico y social. Por todo ello no resulta extraño que la transición española hacia la democracia se convirtiera en un modelo para muchos países que aspiraban a salir de una dictadura.

La Constitución de 1978

La Constitución es un texto extenso y detallado que define a España como un «Estado social y democrático de Derecho». Se promulga la soberanía nacional. El Título I recoge una amplia lista de derechos entre los que destacan:

• Libertad ideológica, religiosa y de culto.
• Libertad de expresión.
• Derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga.

El carácter de «Estado social», al que hace referencia el título preliminar, queda plasmado en el reconocimiento de los principios que deben regir la política económica y social del Estado. Los principales son:

• Mantenimiento del pleno empleo.
• Asistencia y prestaciones sociales.
• Protección de la salud pública.
• Protección del medio ambiente.
• Apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad.
• Defensa del consumidor.

En cuanto a la parte orgánica, la Constitución establece como sistema político para España una monarquía parlamentaria:

• El Jefe de Estado es el rey, que actúa como árbitro y moderador. Su poder está muy limitado.
• El poder ejecutivo recae esencialmente en el Gobierno, cuyo presidente es nombrado de forma oficial por el monarca; no obstante, en realidad la designación depende de la composición política del Congreso, puesto que es la votación de los diputados la que ratifica al presidente del Gobierno.
• El poder legislativo reside en las Cortes, que son bicamerales (Congreso y Senado) y cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo.
• El poder judicial lo integran «jueces y magistrados independientes».

El aspecto más original es la organización territorial del Estado que no responde ni al modelo de Estado unitario ni al de Estado federal, sino que adopta una estructura intermedia que se podría definir como estado unitario de las autonomías. Así se reconocen las diferentes comunidades históricas que integran España, a las que se concede un amplio margen de autonomía, concretado en la instauración de órganos de gobierno propios que poseen importantes competencias, e incluso, con la posibilidad de elaborar leyes propias en aquellos ámbitos que no constituyen materia exclusiva del Estado. Entre 1979-1983 se constituyeron las comunidades autónomas, que son 17 y dos ciudades: Ceuta y Melilla. Cada una posee una Asamblea legislativa y un gobierno propio. Las primeras promulgadas fueron Cataluña y País Vasco en 1979, Galicia y Andalucía 1981 y más tarde el resto de comunidades.

LA ETAPA DE UCD CON ADOLFO SUÁREZ Y LEOPOLDO CALVO SOTELO (1979-1982)

Adolfo Suárez (1979-1981)

Adolfo Suárez sufrió una gran oposición por la crisis económica, la violencia creciente del terrorismo y los movimientos conspirativos dentro del ejército para acabar con la democracia. Las divisiones en el seno de la UCD, el partido de Adolfo Suárez, lo llevaron a una situación de fragmentación (el ala derecha se iba a pasar a AP) ante lo que Suárez decidió dimitir en 1981.

Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982)

Le sustituye su compañero de partido Leopoldo Calvo Sotelo (sobrino de José Calvo Sotelo).

Durante la votación sobre su investidura como presidente del Gobierno, irrumpieron en el Congreso de los Diputados varios guardias civiles armados que, bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero, pretendían dar un golpe de Estado militar, intento conocido como 23-F. El gobierno de Calvo-Sotelo nacía pues en unas fechas en que las manifestaciones populares en contra de una involución política, el paro y la debilidad de la coalición política permanente protagonizaban la actividad pública española.

Durante su gobierno:

• Se firmó un gran acuerdo por el empleo con las centrales sindicales y los empresarios.
• Se aprobó la ley del divorcio (ley 30/1981).
• España ingresó en la OTAN.
• Se cerró el mapa autonómico.
• Su gobierno recurrió la sentencia de la Justicia Militar, para que fuera la Justicia Civil quien tuviera la última palabra en el tema del golpe de estado del 23F.
• Se modificó la bandera oficial de España, eliminando el águila de San Juan, y dejando sólo el escudo nacional, igualmente reformado tomando como modelo el estandarte real de Juan Carlos I.

Los encuentros de Calvo-Sotelo con el entonces líder de la oposición, Felipe González, fueron constantes, en una relación gobierno-oposición que nunca después ha existido, pese a la dureza del PSOE contra su gobierno.

Durante este bienio se produjeron escándalos como el del aceite de colza, y no fue un periodo precisamente fácil para el país.

Su mandato finalizó con el desmantelamiento de la Conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982, que estuvo mejor preparada que la del 23-F, pero que con la colaboración de los principales medios de comunicación fue minimizada para no generar alarma. En 1982 gana las elecciones el PSOE de Felipe González, con lo que se da por terminada la transición.