El Sexenio Revolucionario: La Constitución de 1869. Gobierno Provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República.

Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por una serie de gobiernos autoritarios e inestables en un contexto de creciente malestar social por la crisis económica y la represión. El descontento social por el monopolio del partido moderado se suma al descrédito de la monarquía, y se produce la confluencia de los partidos de la oposición a través del Pacto de Ostende (1866) alrededor de dos principios: el fin de la dinastía borbónica y la apertura de un proceso constituyente basado en el sufragio universal. Se produce un pronunciamiento militar en Cádiz acompañado de la constitución de Juntas Revolucionarias; las tropas isabelinas son derrotadas en la batalla de Alcolea, provocando el exilio de la reina. Este hecho da inicio al Sexenio democrático (1868-1874) y a la formación de un gobierno provisional (1868-1870) constituido por los principales líderes: Sagasta, Prim, Ruiz Zorrilla, Topete, Figuerola y liderado por Serrano. Entre las primeras medidas tomadas por el Gobierno Provisional encontramos: convocatoria de Cortes constituyentes con sufragio universal masculino, redactar un texto constitucional, instaurar libertades básicas y de culto, implementar medidas librecambistas y la expulsión de los jesuitas.

Los partidos protagonistas de la época son los unionistas, los progresistas y los demócratas, que forman la mayoría política en una coalición monárquico-demócrata. No obstante, también encontramos una oposición compuesta por los carlistas y los republicanos. Durante este período se redacta la Constitución de 1869, en la que se garantizan numerosos derechos y libertades del ciudadano (expresión, reunión, inviolabilidad de la correspondencia). Además, la Constitución declara la soberanía nacional y establece una clara división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Se conforma, por tanto, una monarquía democrática con un sistema bicameral. Sin embargo, la elección de un nuevo monarca será una de las mayores fuentes de disensión durante el periodo del Gobierno Provisional. Finalmente, tras descartar a otros candidatos, Amadeo de Saboya es seleccionado como nuevo rey de España, propuesto por Prim y secundado por las Cortes. Su reinado (1870- 1873) tan solo duró dos años y fue un período políticamente inestable con frecuentes conflictos. Cuando Amadeo llega a España, lo primero que se encuentra es que su principal valedor, Prim, ha muerto en un atentado. Además, tendrá que afrontar la oposición de los republicanos y de aquellos que lo consideran un rey extranjero (especialmente los alfonsinos); a ello se suma la división de los progresistas entre el partido constitucionalista y el partido radical. Por otro lado, encontramos otros polos de conflicto como: el inicio del movimiento obrero, la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra de Cuba (1868-1878). Ante esta situación, Amadeo abdica en febrero de 1873.

Con el nuevo fracaso de la monarquía y siendo impensable iniciar una nueva búsqueda de monarca entre las dinastías europeas, las Cortes proclamaron la Primera República (1873- 1874) con Figueras como presidente. Se trataría de un período inestable con cuatro presidentes, seis gobiernos, dos guerras (la carlista y la cubana) y frecuentes movimientos de protesta social. Además, sus principales dificultades fueron el poco apoyo que tenía el republicanismo y la diversidad de corrientes y proyectos enfrentados entre sí. Así, encontramos dos tendencias entre los republicanos federales: los transigentes, que querían conseguir el orden Social y después construir la República Federal desde arriba, y los intransigentes, que defendían la construcción desde abajo y por protagonizaron la insurrección cantonalista durante el gobierno de Pi i Margall. Su sucesor, Salmerón, se limitará a restablecer el orden. El último presidente, Castelar, realizó un giro hacia la derecha de la república y los anteriores presidentes prepararon una moción de censura. Sin embargo, el general Pavía dio un golpe de Estado (enero de 1874) para evitarlo y disolvió las Cortes. Se impuso entonces una nueva república con Serrano al frente, la llamada republica unitaria o dictadura del general Serrano. Ante las alternativas en el sistema de gobierno (consolidación de la república o restablecimiento de la monarquía), se produce el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874), por el que finalmente se inicia la Restauración Borbónica.

Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones.

A lo largo de las dos etapas del reinado de Isabel II (1833-1868), la minoría de edad (1833- 1843) y el reinado efectivo (1843-1868), se realizaron reformas económicas de signo liberal, al tiempo que se produjo una auténtica revolución social. En la España del siglo XIX persistía el modelo agrario feudal con técnicas y métodos propios de la época medieval con una baja productividad para el autoconsumo y una nula inversión. La Regencia de María Cristina coincidió con la Primera Guerra Carlista (1833-1839). Esta guerra agravó la situación de la economía, además de que en España el modelo agrario feudal con técnicas y métodos propios de la época medieval con una baja productividad para el autoconsumo y una nula inversión. En este contexto se encuadran las desamortizaciones, dentro de las reformas económicas de signo liberal junto a la supresión del mayorazgo y la abolición del régimen señorial. La desamortización consiste en la nacionalización por parte del Estado de propiedades rústicas y urbanas en poder de la Iglesia y Ayuntamientos para su posterior venta pública. Las desamortizaciones ya se venían aplicando desde finales del siglo XVIII, pero el verdadero proceso se realiza con Mendizábal y Madoz. La desamortización de Mendizábal (1836-1837), afectó primero a los pertenecientes al clero regular; al año siguiente, amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular. No obstante, quedaban excluidos de estas medidas los edificios destinados a la beneficiencia y a la educación. Esta reforma perseguía objetivos como: sanear la Hacienda pública; eliminar la elevada deuda del Estado; ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, al ser la burguesía el principal beneficiario de la desamortización; crear una clase media agraria de campesinos propietarios, para aumentar la inversión y la riqueza nacional; y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica.Por otra parte, la desamortización de Madoz (1855) abarca la declaración en venta de todas las propiedades principalmente comunales de los ayuntamientos, del Estado, del clero y de las Órdenes Militares. Fue ésta la desamortización que alcanzó un mayor volumen de ventas. Llevada a cabo durante el Bienio progresista, pretendía además de reducir la deuda pública, financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, fundamentalmente el ferrocarril. Entre las principales consecuencias de ambas desamortizaciones encontramos el incremento del número de terratenientes y la puesta en cultivo de numerosas tierras abandonadas, así como el distanciamiento del gobierno con los moderados, quienes una vez volvieron al poder no devolvieron los bienes a la Iglesia, pero sí ralentizaron su venta. En cuanto a la sociedad, se produjo el paso de una sociedad estamental a una de clases. Los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes, y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos. Así la población constituía una sola categoría jurídica, la de ciudadanos, quienes quedan definidos por la pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen. Así pues, la sociedad del siglo XIX estaba muy polarizada. Dentro de las nuevas clases altas, la nobleza perdió sus privilegios y asistimos a la fusión entre la nueva y la vieja nobleza, lo que causa una creciente homogeneización social, económica y cultural entre las grandes fortunas. El clero dejó de recibir los ingresos del diezmo y perdió el monopolio de la enseñanza. Así, la gran protagonista fue la burguesía (comercial, industrial, de finanzas y rural). A su vez, dentro de las clases medias encontramos propietarios urbanos y agrícolas, fabricantes y financieros locales (estos son lo que acaparan el poder político y económico); profesionales liberales (médicos, ingenieros, abogados, notarios, etc.); empleados de la administración; y los escalafones medios del ejército. Por último, las clases bajas constituyen el grueso de la población española, con niveles muy bajos de participación en la renta nacional y un bajo nivel de vida, lo que dará inicio al movimiento obrero y las revueltas campesinas. Encontramos entre ellos: los campesinos (grupo más numeroso), las clases populares urbanas (artesanos, tenderos, minoristas, empleados domésticos) y los trabajadores industriales. 

La crisis de la Restauración: intentos regeneracionistas y oposición al régimen.

Alfonso XIII accedió al trono el 17 mayo de 1902, de forma que en España se albergaban esperanzas de que el monarca encabezara políticas de carácter regenerador. Sin embargo, el intervencionismo constante en la vida política ordinaria y las luchas internas de los partidos dinásticos serán unos de los grandes problemas del reinado. Entre 1902 y 1905 hubo cinco gobiernos conservadores y de 1905 a 1907, seis liberales. Para conseguir cierta estabilidad, los partidos buscan reforzarse eligiendo nuevos líderes fuertes: Antonio Maura en el Partido Conservador (en 1904) y José Canalejas en el Partido Liberal (en 1910), con ideas regeneracionistas. El objetivo de Maura era emprender una ‘’revolución desde arriba’’, esto es, hacer hondas reformas políticas por iniciativa del propio Gobierno sin alterar las bases del régimen. Su Principal obra política se llevó a cabo durante el gobierno largo (1907-09), con algunas medidas como: la nueva Ley electoral (1907), para acabar con la corrupción en el sistema de elecciones; eliminar el caciquismo y activar la movilización ciudadana; modernizar el poder local a través de Ley de Administración Local (1907). La obra política de Maura, reformista y autoritaria, quedó abruptamente bloqueada tras la Semana Trágica de Barcelona: los sucesos se iniciaron cuando el gobierno reclutó reservistas catalanes con destino a Marruecos. Las organizaciones obreras convocaron una huelga general de protesta en Barcelona, que degeneró en un motín que duró una semana. La dura represión con ejecuciones (Ferrer i Guardia) acarreó críticas internacionales y una campaña de desprestigio, provocando la dimisión de Maura. Las propuestas más avanzadas, encaminadas hacia la democracia, parten de Canalejas, que gobernó entre 1910 y 1912. Este, frente al autoritarismo de Maura, apuesta por medidas como un papel intervencionista del estado en materia social y laboral (jornada de trabajo, prestación de seguridad social) y la secularización de la vida política con la Ley del Candado (1910); además, aprobó la Ley de Reclutamiento (1912) que establecía el servicio militar obligatorio en época de guerras. El asesinato de Canalejas en 1912 a manos de un anarquista provoca la desarticulación política del régimen de la Restauración; esto también estuvo influido por el peso de la sociedad de masas y la inestabilidad de los partidos dinásticos, que sufrían una gran crisis de liderazgo y de relación entre ellos. Al margen de los partidos dinásticos, encontramos una oposición compuesta por las siguientes fuerzas: En primer lugar, encontramos el republicanismo español, que se encuentra dividido en dos sectores: el Partido radical de Lerroux, con carácter populista, anticlerical y un fuerte arraigo entre la juventud; y el Partido Reformista de Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, más moderado, que colaboró con el régimen monárquico pero defendía reformas sociales y regeneración democrática. En segundo lugar, los nacionalismos periféricos, principalmente el catalán y el vasco, los cuales lograron tener una mayor representación parlamentaria y local. Los catalanes se organizaron en la Liga Regionalista, encabezada por Cambó, cuyas propuestas se basaban en la reivindicación de la autonomía para Cataluña y llevar a cabo una reforma conservadora y elitista, pero eficaz, de la administración del Estado. La Lliga acabó con la hegemonía de los partidos dinásticos en Cataluña y logró la creación de la Mancomunidad de Cataluña, que se encargó de fundar instituciones educativas y centros técnicos. Por su parte, el nacionalismo vasco seguía representado principalmente por el PNV, que se apoyaba en la burguesía bilbaína, ultraconservadora, que creó su propio sindicato: Solidaridad de Obreros Vascos. Por último, encontramos el movimiento obrero, dividido en dos corrientes. La corriente socialista, liderada por Julián Besteiro y Largo Caballero, está representada por la UGT (vinculada al PSOE) y tiene una orientación reformista y moderada. Se afianzó en Madrid Vizcaya y Asturias, donde promovieron la creación de centros obreros que desembocaron en Casas del Pueblo. A su vez, los anarcosindicalistas se organizaron a partir de 1910 en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) liderada por Salvador Seguí y Ángel Pestaña; se caracterizaba por su independencia política, su carácter revolucionario y la práctica de la acción directa. La afiliación fue muy elevada entre 1919 y 1939, con especial fuerza en Cataluña y Andalucía. 

La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. 

La llegada al poder de Primo de Rivera tuvo lugar en septiembre de 1923, tras un pronunciamiento militar no combatido por el gobierno, aceptado por el rey y recibido de manera pasiva o indiferente por la opinión pública, contando con especial apoyo de la Iglesia, de la oligarquía, del empresariado catalán y de las clases medias acomodadas. El golpe de Estado no buscaba solo una salida al problema marroquí, sino también modificar la naturaleza del sistema político liberal y resolver cuestiones de orden público. Desde septiembre de 1923 hasta diciembre de 1925, Primo de Rivera accedió al gobierno al frente de un Directorio Militar compuesto por ocho generales y un almirante, que inicialmente iba a ser provisional pero finalmente se mantuvo. El directorio era un órgano asesor, ya que Primo de Rivera concentraba en su persona toda la capacidad ejecutiva y la relación con el monarca. Así pues, entre las medidas del directorio se encuentran la desmantelación del caciquismo y la sustitución de gobernadores civiles por militares. El régimen defendía el nacionalismo de Estado, suprimiendo la Mancomunidad de Cataluña en 1925 y restringiendo el empleo de lenguas propias. En cuanto al problema de Marruecos, Primo de Rivera defendía una postura ‘’abandonista’’ frente a los africanistas, pero Abd el-Krim interpretó cualquier negociación como debilidad y comenzó a expandirse. Esto les motivó a atacar la zona de soberanía francesa, pero la alianza de las fuerzas francoespañolas propició el desembarco en Alhucemas en 1925 y la rendición de Abd el-Krim en 1927. Por último, el directorio trató de intervenir en los problemas de orden público, y para ello adoptó medidas represivas contra las organizaciones obreras (especialmente la CNT) y creó el Somatén Catalán, pero intentó un acercamiento con los socialistas. Estos monopolizaron la representación obrera en los comités paritarios, y Largo Caballero se integró en el Consejo de Estado. A finales de 1925 se constituye el Directorio Civil hasta 1930, gobierno compuesto por militares, que se ocupan de asuntos políticos y de orden público, y civiles, que se encargan de ámbitos técnicos y de gestión (por ejemplo, Calvo Sotelo en Hacienda). Su objetivo en esta etapa fue construir un régimen inspirado en el fascismo italiano. Así pues, este periodo se encuentra marcado por tres aspectos. En primer lugar, el intento de institucionalización política, defendiendo la existencia de un partido único, la Unión Patriótica. Proponían también una representación de carácter corporativo y de elección indirecta, creando la Asamblea Nacional Constitutiva en 1927, la cual dependía exclusivamente del gobierno. En segundo lugar, encontramos el nacionalismo económico y el intervencionismo. Se apoyó la producción interior para evitar la dependencia externa, se creó el Consejo de Economía Nacional, se continuó con la modernización del ferrocarril, se crearon las Confederaciones Hidrográficas y la dictadura concedió monopolios para la explotación de ciertos productos (Compañía Telefónica o CAMPSA). Por último, encontramos una política social corporativa, de forma que la dictadura intervino en las relaciones laborales con el objetivo evitar la conflictividad social. Para ello, se creó la Organización Corporativa Nacional (1926) y se promulgó el Código de Trabajo (1926), todo ello gracias a la colaboración de UGT con la dictadura. A partir de 1928, la fortaleza del régimen de Primo de Rivera comenzó a debilitarse. Este comenzó a perder apoyo entre los sectores sociales y sus relaciones con el rey se fueron enfriando. La verdadera caída del dictador se produjo en enero de 1930, debido a factores como la crisis económica de 1929, la retirada de su apoyo a la derecha, el crecimiento del republicanismo o el paulatino alejamiento del PSOE. En definitiva, el régimen de Primo de Rivera se hallaba socialmente aislado, ideológicamente deslegitimado y sin el apoyo del monarca, lo que le obligó a dimitir. Tras la caída de la dictadura, el rey trató de restablecer turnismo anterior y para ello encargó formar gobierno al general Berenguer; tras su dimisión le sustituye el almirante Aznar, quien convoca las elecciones Municipales de 1931. Así pues, en agosto de 1930 se había celebrado el Pacto de San Sebastián, donde las fuerzas opositoras constituyeron un Comité Revolucionario y pergeñaron la estrategia para poner fin a la monarquía. De esta manera, las elecciones del 12 de abril de 1931 constituyeron un verdadero plebiscito entre monarquía y república, pues en 41 capitales de provincia la mayoría de concejales eran favorables al régimen republicano. Este hecho condujo a la renuncia al trono de Alfonso XIII, así como la toma del poder por parte del gobierno provisional de la República. 

Evolución política y económica en las dos zonas. La dimensión internacional del conflicto

La sublevación provocó una ausencia inicial de poder civil organizado, aunque en cada zona el desarrollo político y económico fue muy distinto. La evolución política de la zona republicana se inicia con la dimisión de Casares Quiroga, al que le siguieron Martínez Barrio y José Giral. El 4 de septiembre de 1937, Largo Caballero forma un gobierno que cuenta con amplia representación del PSOE, del PCE y de la UGT, e incluso miembros de la CNT. Así, las organizaciones obreras llevaron a cabo una auténtica revolución social que desembocó en un proceso de colectivización, lo que supuso la expropiación de latifundios y grandes empresas. En mayo de 1937 formará gobierno Negrín, que apuesta por la centralización y la política frentepopulista. Económicamente, la zona republicana comenzó controlando las áreas industriales y con más recursos económicos. En los primeros meses, nacionalizaron industrias y compañías ferroviarias, controlaron bancos y se financiaron emitiendo deuda pública y con el oro del Banco de España. La evolución del bando sublevado se inicia con la muerte de Sanjurjo y el nombramiento de Franco como Generalísimo (por la Junta de Defensa Nacional) y posteriormente como Jefe de Estado y Caudillo. Posteriormente, constituye la Junta Técnica del Estado, que tenía pleno poder legislativo. A su vez, se produce la unificación de falangistas y tradicionalistas en un único Movimiento, el F.E.T. de la J.O.N.S. (abril de 1937). En enero de 1938, Franco formó un primer gobierno, donde el ejército fue el pilar fundamental sobre el que se edificó el nuevo Estado, y estableció una legislación de carácter reaccionario: Fuero de Trabajo, sindicatos verticales, magistraturas de trabajo y la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero de 1939) con la que institucionalizó la represión. En cuanto a la economía, disponían de la mayor parte de las regiones agrarias, de forma que ejercieron un control estricto de la producción y suspendieron la Reforma Agraria. Además, su financiación provino principalmente de la ayuda de Italia y Alemania.  Los dos bandos buscaron desde el principio apoyo internacional, recibiendo, sobre todo, armas y soldados. Con todo, la ayuda al bando sublevado fue más regular y cuantiosa. Francia y Gran Bretaña impulsaron una política de neutralidad y no injerencia; oficialmente se sumaron a él Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y la URSS, formando el Comité de NoIntervención, que fue inoperante. Así pues, el bando republicano fue respaldado por México 35 y la URRS. El apoyo de esta última en armamento y recursos fue fundamental y el gobierno lo pagó con el oro del Banco de España. Francia, por su parte, suministró armas de forma clandestina. Además, 60.000 voluntarios extranjeros lucharon en las Brigadas Internacionales, muchos de los cuales eran comunistas. Por otro lado, el bando sublevado recibió apoyo de la Alemania de Hitler (Legión Cóndor), la Italia de Mussolini y el Portugal de Salazar. Las dos primeras realizaron un aporte ingente sin que los ¨nacionales¨ tuvieran que pagar (o lo hicieron a crédito). También fue abastecido de abundante petróleo por la TEXACO y de camiones vendidos por General Motors y Ford, empresas estadounidenses que apoyaron a los sublevados. De esta manera, la Guerra Civil paso al primer plano del escenario internacional. En ella se vislumbraba la pugna entre fascismo, comunismo y democracia.

El franquismo. Fundamentos ideológicos del régimen franquista en el contexto histórico europeo

Acabada la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, los sublevados aspiraban a implantar un Estado centralizado que garantizara la unidad de España e impusiera un orden social basado en la doctrina de la Iglesia y el nacionalsindicalismo falangista. El nuevo Estado se construyó en torno a una dictadura donde Franco concentraba prácticamente todo el poder y la soberanía nacional en su persona: era Jefe de Estado, del Gobierno, de los Ejércitos y del Movimiento Nacional. El franquismo (1939-1975) comprende una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional, donde el ejército representó el papel más destacado en la nueva estructura política. Además, trató de recuperar la tradición de gloria española de los Siglos XV y XVI. Así pues, el franquismo careció de texto constitucional de forma que se rigió por siete Leyes Fundamentales, las primeras de ellas el Fuero del Trabajo (1938) y la Ley de Cortes (1938). La ideología franquista, que se apoyaba fundamentalmente en el nacionalismo español, defendió el nacionalcatolicismo, la unión Iglesia-Estado que legitimó el régimen y permitió a la Iglesia imponer sus ideas. El régimen prohibió los partidos políticos, a excepción de la Falange, pero sí colaboraron algunos grupos ideológicos, los cuales constituían «Las Familias políticas». Estas estaban compuestas por el Ejército, la Iglesia y el Movimiento, que fueron los pilares de la dictadura. El ejército fue el principal garante de la permanencia del régimen y desempeñó un papel fundamental en la articulación del nuevo Estado. A su vez, este se configuró según la doctrina de la Iglesia, la cual formó organizaciones (Acción Católica y ACNP) que colaboraron con el régimen. Por su parte, el Movimiento Nacional (o FET de la JONS) unificó a falangistas, carlistas y funcionarios, y los primeros tuvieron influencia sobre el ámbito laboral y los medios de comunicación. También tuvieron importancia los monárquicos, que eran una minoría elitista formada por seguidores de Don Juan de Borbón, y los tecnócratas del Opus Dei, que eran conservadores que buscaban eficacia en la gestión. Por último, los apoyos sociales de la dictadura se componían de la oligarquía terrateniente, la burguesía industrial y financiera, numerosos campesinos y sectores de clases medias urbanas. A nivel político contó con el apoyo de la Falange, que otorgó principios, símbolos y cargos administrativos hasta la derrota del fascismo en 1942, que derivó en la creación de Organizaciones encargadas de instruir a diversos colectivos sociales. El ejército consiguió ocupar cargos públicos con los que implementó la simbología militar y el orden castrense en la vida cotidiana. La Iglesia legitimó el régimen y consiguió intervenir en la política a través de asociaciones como el Opus Dei, e incluso recuperó el control de la educación y la moral pública, pero con el Concilio del Vaticano II pasó a servir a la sociedad española y a alejarse de la dictadura. A nivel social, contó con el apoyo de una oligarquía agraria, industrial y financiera que recuperó su hegemonía socioeconómica. El crecimiento económico favoreció el enriquecimiento de militares y falangistas y permitió el desarrollo de las clases medias y los obreros, que aceptaron las condiciones políticas a cambio de una vida económicamente estable. A pesar de la exaltación pública del Caudillo en tiempos prósperos, la gran mayoría aceptó el régimen por pasividad, ignorancia o miedo a otra guerra.

 La proclamación de la Segunda República, el Gobierno Provisional y Constitución de 1931. El sufragio femenino.

La II República (1931-1936) se proclama el 14 de abril de 1931, como consecuencia de los resultados favorables a la Coalición Republicano-Socialista en las elecciones municipales del 12 abril. La razón profunda estaba en la crisis política que el régimen de Primo de Rivera había supuesto para la monarquía de Alfonso XIII. El objetivo principal del nuevo gobierno era la convocatoria de unas elecciones de carácter constituyente que se celebraron en el mes de junio. Además, la proclamación de la República permitió el acceso al poder del Comité Revolucionario, que se convirtió en el Gobierno Provisional. Así pues, su composición reflejaba el Pacto de San Sebastián de 1930 (Miguel Maura, Lerroux, Azaña, Casares Quiroga y Largo Caballero entre otros) y estaba presidido por Alcalá-Zamora. El 28 de junio tuvieron lugar las elecciones a Cortes, con una victoria apabullante de la Coalición Republicano-Socialista, representando el 90% de la cámara. La primera tarea de las nuevas Cortes fue la elaboración la Constitución de 1931 que reconocía España como una república democrática de trabajadores. Así pues, se establecía un sistema unicameral con iniciativa legislativa, así como la división de poderes, y aparece la figura de presidente de la República (Jefe de Estado), que era el encargado de nombrar al Jefe de Gobierno. La Constitución estuvo marcada por la introducción de medidas de carácter progresista: se aprobaron la libertad de cultos, el matrimonio civil, la aconfesionalidad del Estado y el derecho al voto de la mujer (sufragio universal masculino y femenino) gracias a figuras como Clara Campoamor. Azaña accedió a la presidencia del gobierno en octubre de 1931, después de la dimisión de Alcalá-Zamora y Miguel Maura ante la solución dada por las Cortes a la cuestión religiosa. Aprobada la Constitución, se acordó la continuidad de las Cortes constituyentes, así como la designación de Alcalá-Zamora como Presidente de la República. De esta manera, el nuevo ejecutivo descansaba en una alianza entre los republicanos de izquierda y los socialistas. El feminismo fue un movimiento modernizador que surgió a principios del S.XX por la sociedad de masas. Durante la restauración se desarrollaron algunas asociaciones y publicaciones de ideología católica y burguesa que mostraron el movimiento como humanitario y caritativo. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas luchó para defender los derechos de la mujer y la igualdad, pero tuvo una influencia que se redujo al aumento de asociaciones partidarias a la causa. Durante la Dictadura de Primo de Rivera se dieron concesiones paternalistas a los derechos laborales y políticos de las mujeres y se les permitió participar en elecciones municipales a las mayores de 23 años. Durante la República se ideó un anteproyecto para garantizar igualdad jurídica y de derechos entre hombre y mujeres, aunque los radicales de izquierdas se opusieron porque consideraban que la mujer no tenía la capacidad de reflexión y su voto podría estar influenciado por la Iglesia y traería problemas domésticos. Tras permitir la posibilidad de que las mujeres pudiesen ser elegidas como diputadas, salieron Clara Campoamor y Victoria Kent. Mientras que Kent se oponía al sufragio femenino, ya que decía que la mujer no estaba preparada para valorar a la República, Campoamor defendió el sufragio femenino porque creía en la responsabilidad social de la mujer y en su derecho al voto como ser humano. Tras ser aprobado el derecho a voto de ciudadanos mayores de 23 años por 161 a 121, se intentó hacer una enmienda para permitir a las mujeres votar solo en elecciones municipales, pero fracasó. En sus primeras elecciones, las de 1933, ganó la derecha frente a una izquierda muy dividida que intentó echar la culpa a las mujeres de su derrota. 

Institucionalización del régimen. Relaciones internacionales y etapas políticas.

La primera etapa de hegemonía nacional-sindicalista se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por la represión y el exilio. Así pues, los Gobiernos Azules, con Serrano Suñer como Ministro de Gobernación y Exteriores, diseñaron un Estado fascista. Esto propició el aumento del poder de los falangistas, quienes emplearon la OSE, la Sección Femenina, el Frente de Juventudes y el SEU (sindicatos verticales) para encuadrar los distintos segmentos de la sociedad. Serrano Suñer aprobó el Fuero del Trabajo (1938) para establecer relaciones entre empresarios y obreros en un sistema sindicalista vertical corporativo de influencia fascista. Con la Ley Constitutiva de Cortes (1942) se creó una cámara consultiva sin representación del pueblo, dominada por el Movimiento Nacional, para mantener la apariencia de democracia parlamentaria.

La segunda etapa comienza con la caída del fascismo y hace referencia al predominio nacional-católico, en la que Franco dio prioridad a los católicos en detrimento de los falangistas y la Iglesia, vinculada al Estado, comenzó a tener influencia política a través de la ACNP. Se aprobó la democracia orgánica, y se crearon instituciones de apariencia democrática sin tener la representación de la sociedad. Se llevó a cabo una ampliación de las leyes fundamentales con el Fuero de los Españoles (1945), que recogía derechos del ciudadano pero sin articular un sistema de garantías, y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), donde se declaraba a España como Reino y a Franco como dictador vitalicio y con derecho a nombrar a su sucesor, entre otras leyes.

La tercera etapa se corresponde con el gobierno de los Tecnócratas del Opus Dei. Su obra política se basó en una amplia modernización de la administración y la economía españolas para lograr la expansión económica y así acercarlo a Europa y modificaron las instituciones para permitir más libertad ideológica sin que ello implicase cambios en el régimen político. Durante este periodo se aplicará el Plan de Estabilización de 1959, que se basó en la salida de la autarquía y la liberalización de la economía con el inicio del desarrollismo. También aprobaron algunas leyes que legitimaron al Movimiento Nacional como partido único, desarrollaron las bases de la seguridad social y establecieron una Ley Orgánica del Estado (1966) como pseudoconstitución que reforzó el poder de Franco.

La crisis final del franquismo se da durante la presidencia de Carrero Blanco, de posición tecnócrata, se debatió entre reformas como la educación libre y gratuita y la represión de las huelgas y actos terroristas de la oposición. El régimen comenzó a dividirse entre aperturistas, que buscaban reformas democráticas, e inmovilistas, que defendían la continuidad de la dictadura. Franco cedió la Jefatura del gobierno a Carrero Blanco, pero fue asesinado en un atentado de la ETA (1973). Arias Navarro gobernó en una época marcada por el debilitamiento económico y la división política hasta que Franco murió y Juan Carlos asumió el mandato como rey de España el 22 de noviembre de 1975.

En el contexto internacional, España pasó del aislamiento al reconocimiento exterior. Durante la Segunda Guerra Mundial Franco mantuvo alternativamente posiciones de España prestaba servicios a Alemania (espionaje, avituallamiento de hierro y wolframio, mano de obra y envió a la División Azul). Cuando la guerra se volvió desfavorable para las potencias del Eje, la imagen de España como país fascista la sumergió en un periodo de aislamiento internacional (1945-1951): no se permitió su entrada en la ONU, tampoco fue admitida en la OTAN y Francia cerró la frontera en 1946. Sin embargo, en el nuevo contexto de la Guerra Fría, España pasó a ser una excelente plataforma anticomunista y los países occidentales, especialmente Estados Unidos, fueron perdiendo sus reparos. Posteriormente, en 1953 se firma el Concordato con la Santa Sede y el Acuerdo Hispanoamericano con Estados Unidos, y en 1955 España ingresa en la ONU. En los 60, España no pudo entrar en la OTAN por ser una dictadura y no consiguieron recuperar Gibraltar, pero llegaron a un Acuerdo Preferencial con la CEE. La descolonización fue un proceso tardío y mal gestionado que causó problemas en el Sahara y favoreció la creación de una dictadura anti española en Guinea. Durante la crisis de los años 70 se ejecutó a miembros de las organizaciones terroristas de ETA y FRAP, un gesto mal visto internacionalmente. Por último, la Marcha Verde de Marruecos hacia el Sahara hizo que España abandonase dichos territorios.