INTRODUCCIÓN

En las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, los intentos reformistas de los partidos dinásticos para regenerar el sistema político español fracasaron y la Restauración entró en su crisis definitiva. En 1923, y en un contexto internacional propenso a las soluciones autoritarias, el general Primo de Rivera instauró una dictadura. El declive de la dictadura condujo al derrocamiento de la monarquía y, en 1931, se proclamó la República. Los gobiernos republicanos emprendieron un programa de reformas (militar, agraria, religiosa y territorial) que encontró la oposición de los grupos sociales más conservadores.

El conflicto entre los partidarios de las reformas y los que se oponían a ellas estalló en julio de 1936, dando lugar a una cruenta Guerra Civil que duró tres años y finalizó con el establecimiento del régimen dictatorial del general Franco.

LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII

Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), España experimentó agitación política y social. Tras el desastre del 98, surgieron llamamientos a reformar la política y combatir la corrupción. A pesar de intentos de reforma, la división política y el crecimiento de la oposición, incluyendo republicanos, catalanistas, socialistas y anarquistas, impidieron la estabilidad. En 1917, protestas generalizadas reflejaron el malestar por las condiciones de vida. Huelgas en el campo y la industria evidenciaron las tensiones entre trabajadores y patronos.

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

En 1923, Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII, protagonizó un golpe de Estado que dio paso a una dictadura militar. El golpe militar se justificó con el argumento de que el sistema parlamentario y constitucional español estaba desprestigiado y era incapaz de garantizar el orden social y de frenar la revolución social que se avecinaba. Junto a todo ello, se debe sumar la crisis que va a empezar a producirse en la zona de Marruecos. En 1925, se produjo el desembarco militar de Alhucemas.

El nuevo régimen instituyó una dictadura militar, suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y destituyó a todos los cargos electos (diputados, alcaldes…). Además, se prohibieron todos los partidos políticos y algunos sindicatos, se censuró la prensa y se limitó la libertad de enseñanza. También se suprimió la Mancomunidad de Cataluña y se prohibieron las expresiones públicas de los nacionalismos catalán y vasco, mientras se relegaba al ámbito privado cualquier lengua que no fuera la castellana.

Las repercusiones de la crisis económica internacional de 1929 pusieron fin al crecimiento económico y el clima de oposición a la dictadura aumentó considerablemente. Falto de apoyos, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930. El Pacto de San Sebastián, firmado en 1930 por la oposición, solicitaba la celebración de elecciones y la instauración de una posterior república.

LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

En abril de 1931 se celebraron unas elecciones municipales, que fueron percibidas por la ciudadanía como un plebiscito entre monarquía y república. Los resultados electorales otorgaron un mayor número de concejales a los partidos monárquicos. Sin embargo, el triunfo republicano en las grandes ciudades y en las regiones industriales evidenció un deseo de cambio político. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII abandonó el país hacia el exilio.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la República y en junio de 1931 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista.

La primera gran tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una Constitución, que fue aprobada en diciembre de ese mismo año. La Constitución tenía un carácter democrático y progresista, pero no obtuvo el consenso de los partidos conservadores, que no aceptaron algunos de los artículos referentes a las cuestiones religiosa y autonómica.

Podemos destacar los siguientes principios de la Constitución de 1931:

• El Estado se configuraba de forma integral pero aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía en las Cortes, y el ejecutivo, en el Consejo de Ministros junto con el Presidente de la República. Se asentaba la independencia del poder judicial y se creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales.
• Por primera vez, se establecía el sufragio universal masculino y femenino.
• Proclamaba la aconfesionalidad del Estado, se respetaban todos los cultos y creencias y se permitía el matrimonio civil y el divorcio.
• Reconocía los derechos individuales y se establecían amplias libertades públicas, que garantizaban la igualdad ante la ley, la educación y el trabajo. Se respetaba el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública.

BIENIO REFORMISTA (1931-33)

El nuevo gobierno tenía como objetivo dar solución a algunos de los graves problemas pendientes desde el siglo anterior.

En primer lugar, se emprendió la reforma del ejército, formado por un número excesivo de altos mandos en relación a la tropa. En el ejército, la mayoría de oficiales eran contrarios al régimen republicano. La reforma religiosa intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación. Unida a ella, la reforma educativa promovía una educación laica.

También se procedió a una reforma territorial con la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña en 1932. Finalmente, se abordó la reforma agraria para poner fin al problema del latifundismo y del paro de los jornaleros. La aplicación de la ley fue lenta y dificultosa por la resistencia de los propietarios, que se opusieron a ella.

La oposición a las reformas

Desde el conservadurismo: Las reformas realizadas durante la República tuvieron que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios agrarios, la jerarquía de la Iglesia católica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias. Estos grupos temieron perder sus propiedades.

Desde el obrerismo: La lentitud de algunas reformas, especialmente de la agraria, exacerbó los ánimos de jornaleros y obreros, que aspiraban a una mayor transformación social. La UGT radicalizó sus posiciones, así como comunistas y anarquistas. Algunos núcleos anarquistas apostaron directamente por la insurrección armada, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de orden público.