4.1. El Sexenio absolutista (1814-1820)
ACCESO AL TRONO: A su regreso a España, donde es aclamado, Fernando VII no conoce bien su posición en el entramado dibujado por las Cortes. Pero sus vacilaciones finalizan el 4 de abril cuando, mediante Real Decreto, daba un Golpe de Estado, declarando nulos la Constitución y todos los decretos de las Cortes. Los liberales se ven sorprendidos ante la situación, mientras la caída de Napoleón permitía volver, en toda Europa, a las monarquías absolutas, haciendo que el triunfo de Fernando VII se consolidase y se despejasen las pocas dudas que pudieran quedar.
ADMINISTRACIÓN: Se suprimen todos los decretos de las Cortes (salvo la prohibición de la tortura) y se reponían todas las instituciones del Antiguo Régimen. Se retornaba a la sociedad estamental al devolverse tierras y reimplantarse los señoríos jurisdiccionales. El gobierno será ejercido directamente por el propio rey, aconsejado por una serie de personajes de escasa capacidad política.
CLANDESTINIDAD: La represión comenzó enseguida, sin distinguir entre afrancesados y liberales. Esta situación les obligó a pasar a la clandestinidad en sociedades secretas o a servirse del Ejército, única institución democratizada durante la Guerra, al abrirse el escalafón a todo tipo de personas y permitiendo, por tanto, el acceso a los mandos a buena cantidad de liberales.
PRONUNCIAMIENTOS: El caos político conllevó la conspiración y los pronunciamientos: militares y políticos unidos para derribar la monarquía absoluta e implantar el liberalismo y la Constitución del 12. Durante el período fracasarán 6 pronunciamientos (entre otros, Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy), hasta que el 1 de enero de 1820 el comandante Riego, al mando de tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Sevilla), se levantaba contra el rey. La llegada de unidades militares del norte hizo que el pronunciamiento se generalizase y el rey quedara obligado a jurar la Constitución.
4.2. El Trienio Liberal (1820-1823)
El triunfo del golpe de Estado de Riego invertía la situación: ahora eran los absolutistas quienes tenían que huir o pasar a la clandestinidad, mientras retornaban los liberales.
CORTES: Se reanudaban las sesiones de Cortes y se reintegraban los decretos suspendidos por la Corona. Entre los liberales se distinguieron dos grupos: los moderados (o doceañistas), que consideraban posible la colaboración con el Rey, teniendo que ser éste el garante del proceso; y los exaltados (o veinteañistas), que no contaban con la Corona. Mientras tanto, el Rey veta sistemáticamente todos los decretos dictados por las Cortes.
GOBIERNO MODERADO: Entre 1820 y 1822 gobernarían los moderados con enormes dificultades debido al obstruccionismo real. Las nuevas cortes liberales aceleraron la obra iniciada en Cádiz con medidas como la supresión de los mayorazgos, la prohibición a la Iglesia de obtener nuevos bienes inmuebles, la abolición del régimen señorial o las bases para una desamortización de tierras eclesiásticas. Hacia el final del período, el enfrentamiento entre ambos grupos se hace muy fuerte y aparecen partidas realistas en Cataluña, que buscan acabar con los liberales de forma violenta. Un intento de Golpe de Estado por parte de los realistas hacía caer a los moderados. Las elecciones que se celebraron a continuación otorgaron el triunfo a los exaltados, con quienes el Rey tuvo que intentar formar gobierno.
GOBIERNO EXALTADO: Los apoyos a la Corona por parte del gobierno acabaron de forma rápida, pero la oposición se aglutinó en torno a los realistas, que organizaron fuerzas guerrilleras, pusieron a la Guardia Civil de su parte y crearon la Regencia de Urgel (que intentó actuar como gobierno legítimo en defensa del rey desde la localidad ilerdense de Seo de Urgel). Mientras tanto, el Rey solicitó ayuda a la Santa Alianza (unión de Austria-Hungría, Rusia y Prusia, con el objetivo de retornar a los ideales absolutistas de origen divino), quien, en colaboración con Francia penetró en la Península con un ejército de 130.000 hombres (los Cien Mil Hijos de San Luis). Los liberales huyeron a Cádiz, llevando al rey como rehén. Sin embargo, fueron cercados por los franceses y obligados a capitular. El Trienio fracasaba por la división entre los liberales y por la capacidad del Rey para usar de forma obstruccionista las prerrogativas que le otorgaba la Constitución.
4.3. La Década Ominosa (1823-1833)
REPRESIÓN: El retorno de Fernando VII llegó cargado de deseos de venganza: la represión fue mucho mayor que en 1814, mediante encarcelamientos y fusilamientos de liberales. Los principales responsables del levantamiento, Riego, Quiroga y Torrijos, fueron ejecutados. Se retornaba a la situación de 1814 y se creó una comisión de purificación de empleos, encargada de purgar la administración, el ejército y la universidad.
INSTITUCIONES: Las reformas quedaron imposibilitadas pues las instituciones dejaron de funcionar, a excepción de los Voluntarios Realistas, creados para controlar a los liberales y evitar un nuevo pronunciamiento. Además, la situación económica se hizo insostenible. A la enorme deuda externa hubo que añadir el coste de los apoyos externos (los Cien Mil Hijos de San Luis) y la ineficacia de la Hacienda Real.
PRAGMÁTICA SANCIÓN: En el año 1830, encontrándose el rey enfermo, se planteaba el problema sucesorio. Fernando VII, que se había casado 4 veces y solo había tenido una hija, se encontró con que la Ley Sálica (dictada por Felipe V, por la que las mujeres no podían reinar) impedía el acceso al trono a Isabel. Para eliminar el problema dictaba la Pragmática Sanción, por la que se derogaba la Ley Sálica. La sucesión dividió al país en dos, al apoyar los absolutistas al hermano del Rey, don Carlos María Isidro, y los liberales a Isabel, hija del Rey, que iniciaron una campaña para suprimir aquellas leyes que les habían reprimido e instituciones como los Voluntarios Realistas. A la muerte de Fernando VII, Isabel contaba apenas con 3 años de edad, por lo que la regencia la asumía su madre, María Cristina, y el problema sucesorio hubo que dirimirlo en contienda armada.
3. EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868)
Tras la sucesión de tres breves gobiernos progresistas, el 2 de mayo de 1844 los moderados coparon el Consejo de Ministros con Ramón Narváez en la presidencia.
3.1. La Década moderada (1844-1854)
a) El período previo a la Revolución europea de 1848.
Dentro del concepto de liberales moderados puede identificarse a distintas facciones políticas vinculadas a las élites y cuyo objetivo común era el de armonizar el orden con la libertad en aras del progreso económico. Su acción política se caracterizó por el pragmatismo. Narváez gobernó con mano dura, disolvió las Cortes y creó unas nuevas, favoreció a los terratenientes y a la Corona. Reimplantó la Ley de Ayuntamientos, que permitió a la Reina nombrar directamente a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes. Del resto, se encargaba el Gobernador Civil, también nombrado por la Corona.
CONSTITUCIÓN DE 1845: entre otras medidas, destacan las siguientes:
-Otorga un gran poder a la reina, estableciendo un sistema de soberanía compartida entre Cortes y Corona. -La elección de los senadores es vitalicia y a instancia real. -El sufragio se hace muy restringido (1% del censo). -Limita la autonomía de los jueces.
Además de la Constitución, se tomaron otra serie de medidas encaminadas a reformar la administración:
-Se redacta un nuevo Código Penal. -Se crea la Guardia Civil (1844), como cuerpo armado, estructura militar pero con finalidad civil. Se destinó a mantener la autoridad y el orden, sobre todo en el ámbito rural. -Se implantó el SMD (Sistema Métrico Decimal). -La enseñanza quedó bajo control del Gobierno, unificando contenidos y favoreciendo al Catolicismo. -Se sientan las bases de la futura red de ferrocarriles y carreteras. -La Ley de Imprenta (1845) consagró la restricción de la libertad de expresión. -Se abordó una Reforma de la Hacienda (1845).
El ministro Alejandro Mon propuso un sistema de impuestos simplificado, basado en aumentar los indirectos (productos de primera necesidad, hipotecas, alquileres), pero reforzando también los directos (bienes inmuebles, industrias y comercio).
Además, en 1846 estallaba la Segunda Guerra Carlista (1846-1860).
3.2. El Bienio progresista (1854-1856)
Tras el choque de Vicálvaro, O´Donnell publicó el Manifiesto de Manzanares, un documento preparado por Cánovas del Castillo con el objeto de levantar a las ciudades a favor del levantamiento. El Manifiesto prometía convocatoria de Cortes, ampliación de la ley electoral, libertad de imprenta, rebaja de impuestos, reorganización de las milicias y cierta descentralización de los ayuntamientos. El levantamiento en las ciudades se generalizó y el poder pasó a manos de Espartero y O´Donnell.
Las elecciones a Cortes Constituyentes abrieron un abanico político de derecha a izquierda, cuya obra sería la CONSTITUCIÓN NONATA DE 1856: fue un texto progresista, que rescataba la soberanía nacional, regulaba los derechos individuales y consagraba la libertad religiosa. Limitaba el poder real y reforzaba el legislativo, enteramente electivo. La Constitución no llegó a entrar en vigor por la rápida caída del Gobierno progresista.
En cuanto a la tarea legislativa del bienio cabe destacar la Ley de Desamortización general (1855) (o de Desamortización Civil) de Pascual Madoz, que afectó a las tierras de propios y comunes de los ayuntamientos, pero cuyo resultado fue la aparición de un neolatifundismo. La libertad religiosa y la desamortización sublevaron de nuevo a los carlistas y a la Iglesia. El régimen entraba en crisis por la falta de entendimiento entre O´Donnell y Espartero y el estallido de huelga general de los obreros textiles catalanes, en demanda de libertad de asociación, aumento de salarios y reducción de la jornada laboral. La alta y media burguesía reclamó la vuelta a un gobierno de orden y restricción de las libertades. Espartero dimitió y O´Donnell continuó solo al frente del gobierno hasta 1856, momento en que la Reina volvía a llamar a los moderados al poder.
3.3. Retorno al moderantismo y políticas “de centro” (1856-1868)
Con la vuelta de Narváez al poder, también lo hacía la Constitución de 1845. Su política profundamente moderada condujo a la anulación de la representatividad del Senado y a la aprobación de la Ley Moyano, de instrucción pública. Las crisis de subsistencias de 1857 tuvieron como consecuencias la agitación social y la caída de Narváez, para que retornase O´Donnell en uno de los gobiernos más largos del siglo XIX (1858-63), favorecido por un período de bonanza económica. Gobernó al frente de un partido que él mismo fundó, la Unión Liberal, formado por un conglomerado de políticos, procedentes de los dos partidos, en un intento de mantener la estabilidad política. Durante el gobierno de O´Donnell se practicó una política exterior de prestigio (Méjico, Marruecos, Indochina) pero que no conllevó ningún resultado práctico.
Entre 1863 y 1868 se sucedieron varios gobiernos moderados de carácter cada vez más conservador. Narváez regresó con una línea autoritaria y represiva, entre la que se encuentra el apartamiento de sus cátedras a algunos profesores universitarios, entre ellos Emilio Castelar, que había denunciado un caso de corrupción de la Reina. La manifestación estudiantil a favor de sus profesores fue reprimida por la Guardia Civil con un saldo de 9 muertos y docenas de heridos en la Noche de San Daniel (10 de abril de 1865). En 1866, el General Prim, nuevo líder de los progresistas, intentó sublevarse en Villarejo de Salvanés, y ese mismo año se sublevaban los sargentos del Cuartel de San Gil. La situación se volvió tan insostenible que moderados y progresistas entendieron que había que acabar a toda costa con el régimen y con la monarquía que lo sustentaba. Firmaban el Pacto de Ostende, poco antes de la muerte de O´Donnell (1866) y Narváez (1867), suponiendo una agonía, no solo política sino también biológica del Liberalismo.
La actividad objeto de comentario es un mapa histórico de símbolos proporcionales de carácter temático que hace referencia a la venta de los bienes de la Iglesia por el
Estado entre 1836-1837 en el contexto de la desamortización eclesiástica emprendida por Mendizábal durante la regencia de María Cristina (1833-1840). Se trata de una
fuente histórica secundaria, de contenido político-económico. Concretamente es una compilación científica realizada por Joaquín García Andrés en el Atlas Nacional de
España en colaboración con el IGN.
Su destinatario es público.
La información queda representada mediante círculos cuyo tamaño alude a los millones de reales conseguidos en el proceso desamortizador en las diversas provincias de España cuyos límites están representados. De esta manera, se diferencian cinco tamaños:
1. De 300 a 400 millones de reales. Estos círculos son los de mayor tamaño y están centrados en las provincias de Madrid y Sevilla.
2. De 100 a 299 millones de reales. Destacando las provincias de Castilla y León, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Toledo, las dos provincias de Extremadura y Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz.
3. De 50 a 99 millones de reales. Representan mayoría y están centrados en las islas, tanto Baleares como Canarias; La Coruña; las restantes provincias de Castilla y León (concretamente León, Palencia, Segovia y Ávila); La Rioja; en Castilla-La Mancha Guadalajara y Cuenca; en Aragón Huesca y Teruel;
también toda Cataluña a excepción de Barcelona y el Levante en su mayoría a excepción de las ya mencionadas en la categoría anterior (Barcelona y Valencia).
4. De 10 a 49 millones de reales. Sin figuración en el mapa.
5. De 1 a 9 millones de reales. Se sitúan en Galicia (a excepción de La Coruña) y la cornisa Cantábrica en general, así como Soria, Ciudad Real y Almería.
6. Quedan sin figuras las provincias sin desamortización que son, tal y como apunta el texto contenido en el mapa: Álava, Albacete, Huelva y Málaga.
La desamortización fue un hecho fundamental en el proceso de la revolución liberal pues significó un cambio en el sistema de la propiedad de la tierra. Es una acción jurídica que permite expropiar tierras o bienes depositados en manos muertas, es decir, no productivas. Una vez expropiados, estas tierras o bienes eran puestos en subastas y comprados. No es ésta una postura nueva, pues contaba con experiencias anteriores:
En 1797 Godoy llegó a un acuerdo con la Iglesia por el cual ésta vendía parte de su patrimonio a cambio de vales reales.
Durante el reinado de José Bonaparte se suprimieron algunas órdenes religiosas.
Y durante el Trienio Liberal, se dictó la “ley de monacales” que propugnaba una desamortización eclesiástica.
Sin embargo, esta medida adquiere carta de naturaleza durante el gobierno del progresista Mendizábal, quien llevó a cabo una desamortización eclesiástica (bienes de la Iglesia) con cuyo producto esperaba cumplir varios objetivos: sanear la Hacienda Pública, conseguir dinero para reclutar un ejército para hacer frente a los carlistas, y crear una clase de propietarios afines al régimen. Igualmente se pretendía acabar con los obstáculos que supuestamente impedían el desarrollo económico del país así como el triunfo del ideario liberal: propiedad privada, libre circulación de bienes y riquezas, ley de la oferta y la demanda. Mediante los decretos de octubre-febrero de 1835-1836 se suprimieron las órdenes religiosas en España, sus propiedades fueron confiscadas y vendidas al mejor postor en subasta pública. En un primer momento se vendieron los bienes del clero regular y, en 1841, se desamortizaron los bienes del clero secular. Los compradores fueron la alta y media burguesía, que reafirmó su privilegiada posición social y económica. El hecho de que los compradores no fueran en general quienes cultivaban las tierras ha llevado a considerar la desamortización una de las grandes oportunidades perdidas para reformar la estructura de la propiedad.
Más tarde, durante el bienio progresista, Pascual Madoz llevó a cabo una “desamortización general” (1855) de las propiedades de la Iglesia y de los Ayuntamientos con cuyo producto pretendía sanear la Hacienda Pública y financiar la construcción de la red ferroviaria.
La desamortización no cumplió, por tanto, las grandes esperanzas de quienes habían confiado en realizar una reforma agraria ni tampoco condujo a la industrialización. Sin embargo, partiendo de los objetivos de sus impulsores, el proceso de privatización de la propiedad de la tierra no debe ser considerado un completo fracaso. Además de paliar en parte los problemas de la Hacienda Pública, puso una considerable proporción de tierras de cultivo en manos de individuos con mayor interés en obtener beneficios y en la permanencia del régimen liberal. Esto hizo que se roturaran nuevas tierras (antes sin trabajar) y,naunque en menor proporción de lo esperado pues no se mejoraron las técnicas utilizadas, se estimuló un cierto crecimiento en la producción que permitió cierta exportación del producto.