El Reinado de Isabel II: Liberalismo, Conflictos y Crisis en la España del Siglo XIX
El Problema Dinástico y el Inicio del Reinado
El inicio del reinado de Isabel II estuvo marcado por un importante problema dinástico. Fernando VII, con la Sanción Pragmática que abolía la Ley Sálica, permitió que las mujeres accedieran al trono. Este cambio lo hizo ante la posibilidad de que la reina María Cristina, embarazada en ese momento, diera a luz una niña. En 1830, nació Isabel.
Los absolutistas, que no veían con buenos ojos este cambio en la sucesión, dieron su apoyo a Don Carlos, hermano de Fernando VII, dando lugar al movimiento carlista. María Cristina, consciente de que necesitaba apoyos para asegurar el trono de su hija, buscó el respaldo de los liberales. En 1833, a la muerte del rey, María Cristina, con el apoyo de los liberales, quedó como regente. Mientras tanto, Carlos María Isidro, con el apoyo de los absolutistas, se proclamó rey e inició un levantamiento en el norte de España, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
Durante la minoría de edad de Isabel II, se iniciaron en España las reformas liberales. Sin embargo, la idea de la soberanía nacional aún no era ampliamente aceptada, y los liberales comenzaron a dividirse entre moderados (conservadores) y progresistas.
A pesar del apoyo inicial que había recibido de los progresistas, la Regente María Cristina confió el gobierno a los moderados, lo que provocó numerosas protestas. La situación la obligó a nombrar como primer ministro al progresista Martínez de la Rosa, quien, a pesar de su ideología, promulgó el conservador Estatuto Real de 1834. Este Estatuto, una Carta Otorgada, establecía unas Cortes bicamerales: el Estamento de Próceres y el de Procuradores.
Los progresistas mostraron su descontento con estas tímidas reformas, y a partir de 1835 se produjeron revueltas urbanas, sobre todo en Barcelona, que dieron lugar a la formación de Juntas Locales. María Cristina se vio obligada a llamar al progresista Juan Álvarez Mendizábal para formar gobierno. Mendizábal decretó la desamortización de los bienes del clero, medida que, si bien buscaba solucionar los problemas financieros del Estado, generó una fuerte oposición por parte de la Iglesia y la nobleza.
La presión de estos grupos obligó a la Regente a retirar su apoyo a Mendizábal. El descontento popular se tradujo en el levantamiento de la Sargentada, que forzó a María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. Finalmente, en 1837 se promulgó una nueva constitución de carácter progresista. Esta nueva constitución establecía una segunda cámara legislativa y otorgaba mayores poderes a la Corona, incluyendo la disolución del Parlamento. Además, se mantenía un sistema electoral censitario. Uno de los logros de este periodo fue el fin de la Primera Guerra Carlista en 1839 con la firma del Convenio de Vergara.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Tras las elecciones de 1837, los moderados obtuvieron la mayoría en el Parlamento. En 1840, impulsaron la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales, lo que perjudicaba a los progresistas. Esta ley provocó alzamientos por todo el país que forzaron la dimisión de María Cristina como regente. El general Espartero, progresista, asumió la regencia.
Sin embargo, Espartero gobernó con un marcado carácter autoritario. En 1842, abrió el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, de mejor calidad y más baratos que los nacionales. Esta medida perjudicó gravemente a la industria catalana, provocando un levantamiento general en Barcelona. Espartero se vio obligado a dimitir y exiliarse ante la presión de los moderados, liderados por generales como O’Donnell y Narváez.
La Década Moderada (1843-1854)
Con la mayoría de edad de Isabel II en 1843, los moderados se consolidaron en el poder. El general Narváez fue elegido jefe de gobierno y reprimió cualquier intento de levantamiento progresista. En 1845, se aprobó una nueva constitución que proclamaba la soberanía conjunta del Rey y las Cortes. Esta constitución eliminaba la Milicia Nacional, mantenía la declaración de derechos de 1837 y decretaba la exclusividad de la religión católica en España. En 1851, se firmó el Concordato con la Santa Sede, que suspendía la venta de bienes eclesiásticos.
Durante este periodo, se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo policial que tenía como objetivo mantener el orden público y la vigilancia de la propiedad privada, especialmente en el ámbito rural. A pesar del control ejercido por los moderados, se produjeron levantamientos progresistas y también de sectores moderados descontentos con el gobierno de Narváez. En 1854, el general O’Donnell protagonizó el pronunciamiento de Vicálvaro. Este pronunciamiento, que contaba con el apoyo de progresistas y moderados descontentos, llevó a la firma del Manifiesto de Manzanares, elaborado por Cánovas del Castillo. El Manifiesto denunciaba el incumplimiento de la Constitución y la corrupción del gobierno. La reina Isabel II se vio obligada a llamar a Espartero para formar gobierno, dando comienzo al Bienio Progresista.
El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, con el objetivo de unir a las fuerzas políticas opuestas al gobierno moderado, se creó el Partido Progresista, que agrupaba a progresistas y a un sector de los moderados. Durante el Bienio Progresista, se restauró la Milicia Nacional y se inició la elaboración de una nueva constitución, que finalmente no llegó a promulgarse. En 1855, se continuó con la desamortización de bienes, afectando a la Iglesia, las órdenes militares y los ayuntamientos.
Otra medida importante fue la Ley de Ferrocarriles de 1855, que regulaba su construcción y ofrecía incentivos a las empresas que invirtieran en este sector. Sin embargo, la importación de materiales y la falta de una industria nacional sólida impidieron que la construcción del ferrocarril tuviera un impacto económico significativo en España. El Bienio Progresista estuvo marcado por la conflictividad social, con levantamientos como el de Barcelona en 1855.
El Desmoronamiento de la Monarquía Isabelina (1856-1868)
Tras el Bienio Progresista, se volvió a un sistema de alternancia entre la Unión Liberal y el Partido Moderado, lo que proporcionó cierta estabilidad política. Sin embargo, este periodo se caracterizó por un giro hacia el conservadurismo, anulando la libertad de prensa y paralizando la desamortización.
Entre 1863 y 1868, la monarquía de Isabel II se enfrentó a una profunda crisis. El gobierno moderado, liderado por Narváez, gobernó de forma autoritaria y se mostró incapaz de dar respuesta a los numerosos problemas del país: la crisis del ferrocarril, la recesión industrial en Cataluña (agravada por la suspensión de las importaciones de algodón de Estados Unidos) y una crisis de subsistencias provocada por las malas cosechas. En 1866, O’Donnell reprimió duramente una revuelta de sargentos en el cuartel de San Gil que pedían reformas políticas. El gobierno hizo oídos sordos a las demandas de cambio.
Ante la incapacidad del gobierno para dar respuesta a la crisis, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866, con el objetivo de derrocar a Isabel II. En septiembre de 1868, estalló la Revolución Gloriosa. La escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del almirante Topete, se sublevó, y a ella se sumaron generales como Prim y Serrano. El gobierno y la Corona se encontraron completamente aislados. La Revolución Gloriosa puso fin al reinado de Isabel II, dando paso al Sexenio Democrático (1868-1874).
Conclusión
podemos decir que a la revolución de 1868, “La Gloriosa”, se llegó por el agotamiento e impopularidad dl moderantismo y de la monarquía de Isa.Además existía una situación de crisis del sistema capitalista español. A la crisis del ferrocarril, de la industria catalana, se sumó otra de subsistencia, que se inició x malas cosechas