La Segunda República Española (1931-1933)

La Configuración del Nuevo Régimen

Tras el Pacto de San Sebastián, el gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio. Paralelamente, algunos miembros del gobierno promulgaron una serie de decretos para emprender reformas consideradas de urgencia que no podían esperar al debate constitucional.

Largo Caballero, socialista y ministro de Trabajo, dictó unos decretos que afectaron a los trabajadores del campo:

• La equiparación del salario mínimo agrícola al salario industrial.
• La jornada de ocho horas en el campo.
• La Ley de Términos Municipales (que impedía contratar trabajadores de otros términos municipales mientras hubiera trabajadores en paro en el propio ayuntamiento).
• La Ley de Laboreo Forzoso (obligaba a los propietarios a seguir cultivando las fincas).

Manuel Azaña, republicano de izquierdas y ministro de la Guerra, emitió la Ley de Retiro de la Oficialidad en la que se declara que los oficiales y jefes del ejército que no hagan un juramento explícito de lealtad al nuevo régimen republicano serán jubilados con el sueldo íntegro.

La nueva república tuvo que enfrentarse a un odio en aumento por parte de los empresarios y grandes propietarios agrícolas (disconformes con las medidas tomadas por el gobierno provisional) y de una gran parte del ejército. También se opuso desde el principio al nuevo régimen la jerarquía católica. El arzobispo de Toledo y primado de España, Cardenal Segura, manifestó su oposición a la República. Esto trajo a la aparición, entre los sectores más radicales de la izquierda, del viejo anticlericalismo popular y a varios incendios de edificios religiosos en Madrid, Sevilla, Murcia…

Por otra parte, los anarquistas continuaron con sus huelgas y conflictos en Asturias, Barcelona, Sevilla ya que demandaban reformas en profundidad y sin tardanza al nuevo gobierno republicano, lo que generó problemas para el nuevo Régimen político.

Las elecciones del 28 de junio dieron la mayoría a la coalición republicana socialista (los partidos que apoyaban al gobierno provisional) y supusieron una victoria de la izquierda, mientras que los partidos de derecha obtuvieron una representación en las Cortes menor. Por eso la Constitución elaborada por esta Cámara fuera mucho más progresista de lo que una parte de España quería.

La Constitución de 1931

Las Cortes nombraron una comisión que se encargó de elaborar una constitución que fue aprobada en diciembre de 1931. Esta constitución tuvo un marcado carácter democrático y progresista y definía el Estado español como una «república de trabajadores de todas las clases». La Constitución establecía estos principios:

• El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de construir gobiernos autónomos en aquellas regiones en que existiese una conciencia nacionalista.
• El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República (elegido por el Congreso de los Diputados). Sus competencias estaban bajo el control de la Cámara que podía cesarle, por ejemplo, si el Presidente adelantaba alguna vez las elecciones en el transcurso de su mandato.
• El poder legislativo residía en las Cortes, constituidas por una cámara (El Congreso de los Diputados), cuyas atribuciones estaban por encima de las demás instituciones.
• Se establecía el Sufragio universal de hombres y mujeres mayores de 23 años. La ley electoral primaba al partido más votado (el que obtenía el 80% de los escaños de la circunscripción) lo que favorecía a la coalición de partidos (para sumar votos).
• Presentaba una amplia declaración de derechos y libertades personales y se expresaba la igualdad de todos los ciudadanos ante el derecho a la educación y al trabajo.
• Se declaraba la separación de la Iglesia y el Estado y se reconocía el matrimonio civil y el divorcio.
• Se prevenía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad, mediante indemnización, por causa de interés público y se establecía la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos.

Los dos artículos más discutidos fueron:

• El artículo 26 en el que se establecía que las órdenes religiosas no podían dedicarse ni a la industria, ni al comercio, ni a la enseñanza. También se disolvía la Compañía de Jesús y se establecía un plazo para acabar con la financiación de la Iglesia. La aprobación de este artículo provocó la primera crisis del gobierno republicano ya que dimitieron los dos miembros católicos del gobierno (Miguel Maura [ministro de la gobernación] y Alcalá Zamora [presidente del gobierno]).
• Otra de las discusiones polémicas fue la concesión del voto a la mujer. La posición de una abogada socialista, Victoria Kent, era contraria, ya que suponía que la mujer al votar podía estar condicionada por sus principios religiosos y tradicionales, lo que supondría más fuerza a las derechas. Clara Campoamor (diputada del Partido Radical) hizo en las Cortes una apasionada defensa del voto femenino indicando que la mujer tiene los mismos derechos políticos que el hombre y por tanto su voto es imprescindible para una sociedad moderna y progresista, la cual España pretendía ser.
• La posibilidad de establecer autonomías políticas fue discutida ya que la derecha centralista no estaba de acuerdo.

La Constitución fue aprobada por una amplia mayoría (aunque no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas) dando una evidencia de las profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha. Una vez aprobada, el nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña intentó llevarla a la práctica. Como era necesario un Presidente de la República, las fuerzas políticas llegaron al acuerdo de nombrar para ese puesto a Alcalá Zamora (hombre de derechas y católico) que ocupó el cargo hasta 1936.

Las Reformas del Bienio Republicano-Socialista (1931-1933)

Durante los dos años de gobierno de la coalición republicano-socialista, presidida por Manuel Azaña y con tres ministros socialistas en el Gabinete, se intentaron hacer una serie de reformas que pretendían modernizar España y ponerla en posición de igualdad con los demás países. Muchas de estas reformas fueron bloqueadas por las fuerzas de derechas, que veían en peligro sus intereses, y también por la izquierda más radical que consideraba que el cambio prometido por la República era muy lento.

Uno de los problemas que tuvo que afrontar el gobierno republicano fue la cuestión religiosa en su intento de secularizar la vida de la sociedad. Se proclamó la libertad de cultos, se anunció la supresión de los fondos presupuestarios del Estado para financiar a los cultos y al clero católico, se permitió el divorcio y el matrimonio civil y se secularizaron los cementerios, se ordenó la disolución de los jesuitas y se prohibió la enseñanza al resto de las órdenes religiosas. La mayoría de los sectores católicos percibieron esta legislación como una agresión a la religión católica y la Iglesia se movilizó contra la República. Por otra parte, los sectores más radicales respondieron con violencia (quema de edificios religiosos) lo que contribuyó a aumentar la tensión.

Otro de los problemas fue la cuestión autonómica. La Constitución de 1931 había reconocido el derecho a tener autonomía política a las regiones con rasgos nacionalistas. En Cataluña se redacta un estatuto que fue aprobado en referéndum por el 99% de los catalanes (que votaron). En agosto del 31 fue presentado a las Cortes para discutirlo. El proyecto provocó la oposición de la derecha que puso toda clase de obstáculos y enmiendas para retrasar la aprobación. En 1932 fue aprobado (aprovechando la situación del golpe de estado del General Sanjurjo). Se establece un gobierno autonómico catalán, La Generalitat, con un gobierno y un parlamento propios y con competencias en materias económica, social, cultural, educativa y además con un reconocimiento de la lengua catalana. Luego se convocan elecciones autonómicas al parlamento catalán, que dieron la victoria a la Ezquerra Republicana de Cataluña y su líder Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat.

A parte de estas cuestiones, las tres reformas más importantes que trató de llevar a cabo el gobierno republicano-socialista de Azaña fueron:

• La reforma agraria
• La reforma educativa
• La reforma del ejército

La Reforma Agraria

Fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República ya que de 8.5 millones de personas, la mitad trabajaban en el sector agrario (2 millones eran jornaleros). Por otra parte, en Andalucía, Castilla y Extremadura más del 50% de la tierra estaba en manos de los grandes propietarios. Para solucionar la miseria de los campesinos sin tierra y evitar que muchas estuvieran sin cultivar, el gobierno de Azaña presenta a las Cortes la Ley de Reforma Agraria: en la que se dice:

• La expropiación por parte del Estado de todas las fincas que pasen de 200 hectáreas de secano o de más de 10 de regadío.
• Las fincas (de cualquier extensión) que llevaran más de 20 años sin ser cultivadas pasan al Estado también.
• Las fincas cultivadas malamente también.
• Las fincas que pudiendo ser regadas no lo fueran.
• Las arrendadas sistemáticamente también pasan al Estado.

Esta ley tardó en ser aprobada, en 1932 ya lo fue (gracias también a la fracasada «Sanjurjada») a pesar del rechazo de las fuerzas de derecha. Se estableció un presupuesto de 50 millones de pesetas para hacer frente a las indemnizaciones y se encomendó su puesta en marcha al IRA (Instituto de Reforma Agraria) que se encargaría de facilitar el asentamiento a las familias campesinas.

Los resultados de la reforma fueron limitados. Se expropiaron menos tierras de las previstas y solo se asentaron unas 12000 familias campesinas.