.2. El gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936).
En las elecciones de 16 de febrero de 1936, con una participación del 72 %, venció la coalición de izquierdas, compuesta por republicanos, socialistas y comunistas, el Frente Popular, que contó con el apoyo en las urnas de los militantes de CNT-FAI. Los votos del Frente Popular se concentraron en las ciudades y en las áreas rurales de latifundio. Su programa no era revolucionario sino reformista, y hacía hincapié en el restablecimiento de la política de reformas del primer bienio, en la concesión de una amnistía para los encarcelados de la revolución de Octubre, y restablecimiento del Estatuto de Cataluña y de los ayuntamientos republicanos-socialistas destituidos en 1934. Además se redujo drásticamente la dialéctica anticlerical.
Aunque la derecha consiguió formalizar alianzas en muchas provincias, careció del sentimiento de unidad que le dio a la CEDA el triunfo en 1933. No obstante, obtuvo casi tantos votos como el Frente Popular, pero concentrados en las áreas rurales. Los grupos principales eran la CEDA y el Bloque Nacional, dirigido este por el monárquico Calvo Sotelo. Gil Robles planteó declarar el estado de guerra junto con varios militares, pero Franco decidió que aún no era el momento adecuado.
El nuevo gobierno estará presidido otra vez por Azaña y compuesto únicamente por republicanos, ya que el PSOE está dividido en dos sectores: uno, dirigido por Indalecio Prieto, partidario de colaborar con los republicanos, y el otro, mayoritario, dirigido por Largo Caballero, empeñado en la estrategia revolucionaria para el desgaste de los gobiernos “burgueses”. Esta división impidió la presencia de ministros socialistas en el gobierno.
Una de las primeras medidas fue el restablecimiento de la Generalitat. También se produce el alejamiento de los militares conspiradores: Franco es enviado a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Poco después se demostraría la torpeza de esta medida. El Gobierno debía hacer frente al radicalismo proletario y la degradación del orden público. Ardieron de nuevo conventos e iglesias, mientras se agravaba la ola de pistolerismo callejero, y los miembros de las organizaciones legales de derechas las abandonan en masa para militar en movimientos más extremistas. Falange, que venía recibiendo ayuda económica de los fascistas italianos, multiplicaba sus actuaciones violentas y atentados. Los continuos rumores de golpe de Estado provocaban un intenso antimilitarismo en la prensa de izquierdas que contribuía al clima de violencia.
En mayo la situación se complica al producirse la torpe e innecesaria destitución de Alcalá Zamora.
Manuel Azaña fue promovido a la presidencia, perdiendo notable capacidad de acción, pues carecía esta de funciones ejecutivas, asignadas por la Constitución a la jefatura del Gobierno. El boicot del PSOE a la candidatura de Indalecio Prieto como nuevo jefe de Gobierno, lleva al nombramiento de Casares Quiroga, un político débil y enfermo.
Durante los meses de junio y julio, tanto el campo como las ciudades fueron testigos de la agitación revolucionaria.
Campesinos ocupaban tierras en Salamanca, Extremadura y Andalucía sin que las fuerzas del orden consiguieran evitarlo. Los comunistas aumentaban su afiliación. La CNT organizaba huelgas a las que la patronal respondía con “lock-outs”. Desde la derecha, F.E. de las JONS desarrollaba la estrategia de provocación violenta, el pistolerismo, que se materializó en numerosos asesinatos o atentados. El objetivo era desestabilizar el régimen. Los enfrentamientos entre sindicalistas y falangistas eran constantes y cruentos. José A. Primo de Rivera fue detenido y Falange ilegalizada.
El 12 de julio, unos pistoleros desconocidos (falangistas, según todos los indicios) asesinaron al teniente Castillo de la Guardia de Asalto; al día siguiente cayó asesinado José Calvo Sotelo, líder de la derecha parlamentaria, a manos de un grupo de agentes del orden que trataba de vengar la muerte de su compañero. España entera se estremeció, temerosa o esperanzada, sospechando que la conjura militar podía estar a punto de saltar a la luz.
En los últimos meses se había estado preparando la conspiración contra el gobierno del Frente Popular.
Fue un error de la República destinar al general Mola a Pamplona en su deseo de alejar de Madrid a los militares sospechosos. Allí, tranquilo, se ganó a los requetés, el brazo armado del carlismo, y se erigió en director de la conspiración que desde el triunfo del Frente Popular algunos dirigentes monárquicos habían puesto en marcha. También los generales Franco y Goded, en sus destinos de Canarias y Baleares, respectivamente, habían conspirado.
El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se sublevó y declaró el estado de guerra en Marruecos, disparándose el mecanismo que llevaría a España a su más cruel guerra civil. Desde Canarias, Francisco Franco voló a Tetuán para ponerse al mando del combativo ejército «africano», mientras el levantamiento se ponía en marcha en la Península ante el desconcierto del gobierno de Casares Quiroga, que perdió unas horas decisivas sin tomar medida alguna. En pocos días, ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades de España, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las leales al Gobierno se convirtió en una guerra civil, en la que el general Franco adquirió pronto un protagonismo decisivo.