4ª. 1917-1923
El régimen monárquico de la Restauración salió de la crisis de 1917 muy deteriorado, y en los años siguientes entra en quiebra definitivamente ante la incapacidad de satisfacer las necesidades de las profundas reformas políticas, sociales y económicas que eran imprescindibles.
Tras la crisis de 1917 se formó un gobierno de concentración de fuerzas monárquicas para apoyar el régimen lo más fuertemente posible; éste estaba integrado por conservadores, liberales y miembros de la Lliga (Cambó), pero duró pocos meses puesto que los planteamientos regionalistas de éste no encontraron acogida entre sus socios de gobierno. Tras este fracaso, en 1918 se volvió a la alternancia bipartidista, pero ahora tanto el partido conservador como el liberal, a pesar de la práctica del sistemático fraude electoral, eran cada vez más débiles y estaban cada vez más divididos por lo que la inestabilidad política fue permanente durante estos años: entre 1917 y 1923 habrían 13 gobiernos diferentes (la media de duración es escasamente de seis meses). A esta inestabilidad contribuyeron también la presión que ejercía el ejército a través de las “juntas de defensa” y la actitud intervencionista de Alfonso XIII (siempre en apoyo de las reclamaciones del ejército). Todo esto imposibilitaba la existencia de gobiernos duraderos, estables y capaces de hacer las reformas necesarias.
Además en estos años tiene lugar una fuerte recesión económica: cuando acabó la 1ª Guerra mundial en 1918 los países contendientes ya no necesitaron comprar productos españoles y reorientaron su actividad económica a fomentar la producción propia. Esto supuso para la economía española un duro golpe: descenso brusco de las exportaciones y de los beneficios consiguientes, quiebra de muchas empresas, aumento considerable del paro obrero, etc.
El deterioro de la situación económica provocaría un incremento de las tensiones sociales en todo el país. Además contribuyó a esto la influencia de las noticias que llegaban al país sobre los acontecimientos de la Revolución Rusa (expropiaciones de tierras a los terratenientes en beneficio de los campesinos pobres, etc.). En las zonas latifundistas de Andalucía los conflictos entre jornaleros, por un lado, y terratenientes y guardia civil, por otro, serán más violentos y fuertes que nunca: durante los años 1918-1921 (el periodo conocido como “trienio bolchevique”) aquellos protagonizaron numerosas huelgas, ocuparon fincas, incendiaron cosechas, etc. Los gobiernos de la época respondieron con una fuerte represión (se declaró el estado de guerra) hasta que lograron restablecer el orden.
También la conflictividad social afectó especialmente al área industrial de Barcelona. Son los años del pistolerismo
: las posturas entre los patronos y los obreros se radicalizaron considerablemente. Los patronos pusieron en práctica todos los métodos posibles para lograr imponerse a las reivindicaciones de los trabajadores: frente a las huelgas, recurrieron frecuentemente al cierre de sus empresas; para debilitar la fuerza del anarcosindicalismo (en estos momentos la Confederación Nacional de Trabajadores es más fuerte que nunca) fomentaron la creación del llamado “sindicato libre”, integrado por individuos que, al servicio de la patronal, actuarían frecuentemente como esquiroles; pagaron a pistoleros (algunos de ellos pertenecían también a los “sindicatos libres”) para que asesinasen a los dirigentes más destacados del movimiento obrero. Esta violencia patronal fue respondida por la violencia de los grupos anarquistas que volvieron a emplear los métodos de los años anteriores (atentados y asesinatos de empresarios). Intervino también en esta espiral de violencia el gobernador civil de Barcelona (Martínez Anido) que puso la policía al servicio de la protección de los patronos y de sus pistoleros, y practicó una fuerte represión de los anarcosindicalistas mediante la aplicación de la “ley de fugas” a muchos detenidos. El balance de estos años de pistolerismo es revelador: entre 1918 y 1923 fueron asesinados 220 personas en Barcelona, y de ellas 167 eran obreros y dirigentes anarcosindicalistas (tal era el caso de Salvador Seguí), 21 eran empresarios, y el resto (32) gerentes de empresa, pistoleros de la patronal y policías. Esta violencia también salpicó a otras zonas de España: en 1921 pistoleros anarquistas asesinaron en Madrid al presidente Dato como represalia ante la intervención del gobierno al servicio de la patronal catalana.
Así pues, no será de extrañar que los grandes propietarios (y especialmente los empresarios catalanes) clamen por un gobierno lo suficientemente fuerte y autoritario (aunque sea una dictadura militar) para imponer el orden social.
Un ejemplo de la radicalización política de estos años es el nacimiento del Partido Comunista de España (1921), que surge como producto de una escisión del sector más izquierdista del Partido Socialista Obrero Español, y que muy influido por la Revolución Rusa, rechaza la actitud reformista de éste.
Hay que añadir que estos fueron los peores años de la Guerra de Marruecos. Tras unos años de relativa calma, a partir de 1918 las autoridades españolas decidieron reemprender la intervención militar para controlar definitivamente la zona del Rif. En julio de 1921, el general Silvestre (una de las máximas autoridades militares de Marruecos), fue rotundamente derrotado por las fuerzas rifeñas dirigidas por Abd- el-Krim en Annual y Monte Arruit. Este desastre militar provocó más de 10.000 bajas (entre ellas el propio Silvestre), puso en evidencia de nuevo los enormes fallos del ejército español, y conmocionó a todo el país hasta el punto que hubo una fuerte campaña para exigir el castigo de los responsables, aunque estos ocupasen los más altos niveles (rumores muy fundados involucraban al propio Alfonso XIII como responsable de animar personalmente a Silvestre para que realizara, rápidamente y sin tomar las precauciones necesarias, las operaciones militares que culminaron en el desastre). En las Cortes, tras agitados debates protagonizados por los diputados republicanos y socialistas en los que tanto la figura del Rey como la imagen del ejército quedaron muy dañados, se acordó crear una comisión de investigación para averiguar responsabilidades.
El 13 de septiembre de 1923, pocos días antes de que esta comisión hiciese llegar a las Cortes el resultado de sus investigaciones (el informe Picasso), el Capitán General de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, con el apoyo del rey, de gran parte del ejército y de la patronal catalana dio un golpe de Estado y suprimió las Cortes. El informe Picasso nunca se haría público.