El Bienio Progresista y la Vuelta al Moderantismo; El Territorio de Castilla-La Mancha en la Época de Isabel II
El Bienio Progresista (1854-1856)
La crisis de 1854, iniciada por un conflicto entre el Senado y el gobierno, desembocó en una sublevación militar y el retorno de los progresistas al poder.
El 28 de junio, un grupo de militares liderados por los generales Dulce y O’Donnell se pronunció en Vicálvaro, en un evento conocido como la «Vicalvarada». Tras la batalla, los sublevados se retiraron a Manzanares, donde se unieron al general progresista Serrano. Este sugirió dar un giro civil al pronunciamiento, encargando a Cánovas del Castillo la redacción del Manifiesto de Manzanares. En él se exigían reformas políticas y sociales. Este pronunciamiento derivó en una revolución, un reflejo tardío de la revolución europea de 1848. Se formó una Junta de Salvación, presidida por Evaristo San Miguel, y por primera vez, las revueltas populares incorporaron lemas e ideas democráticas y republicanas.
Espartero regresó triunfante del exilio. Esta etapa estuvo liderada por Espartero (líder de los progresistas puros) y O’Donnell (de la Unión Liberal, compuesta por moderados y progresistas eclécticos). Estos gobiernos tuvieron que afrontar un nuevo levantamiento carlista y la oposición a las medidas desamortizadoras. La ley del 1 de mayo de 1855, impulsada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz, constituyó el segundo gran proceso desamortizador de bienes de la Iglesia. Esta ley generó serios problemas con la Santa Sede, tras el Concordato de 1851. Su aplicación provocó levantamientos carlistas, apoyados por el clero, y la Santa Sede rompió relaciones con España. Otro problema crucial fue la deuda pública, que impedía al Estado pagar a funcionarios y militares. Estos problemas llevaron a la dimisión de Espartero, y la reina encargó a O’Donnell la formación de gobierno.
Las elecciones de septiembre de 1854 dieron lugar a un Congreso con mayoría progresista. La labor legislativa de las Cortes Constituyentes de 1854 fue intensa. La Constitución de 1856, conocida como ‘non nata’ porque no entró en vigor, era de carácter progresista (soberanía popular, Milicia Nacional, Parlamento bicameral, libertad de imprenta, elección directa de alcaldes, libertad religiosa, etc.). La Unión Liberal, formada durante esta etapa, se consolidó con la llegada de O’Donnell a la presidencia del gobierno en julio de 1856. Su perfil político era de centro, entre progresistas y moderados. El malestar social causado por los impuestos de consumo y las quintas llevó a la intervención de O’Donnell, quien rodeó el Congreso con tropas y disolvió el Parlamento. Así finalizó el Bienio Progresista, dando paso a una nueva etapa de hegemonía moderada con la Unión Liberal de O’Donnell.
La Hegemonía de la Unión Liberal (1856-1863)
El nuevo gobierno presidido por O’Donnell desmanteló en 1856 toda la labor política y legislativa del Bienio: disolvió la Milicia Nacional, clausuró las Cortes antes de la aprobación de la nueva constitución y restableció la Constitución moderada de 1845 con una leve modificación. Esto motivó su destitución por la reina, quien nombró un gobierno moderado presidido nuevamente por Narváez. Las medidas de este nuevo gobierno conservador buscaban la vuelta al moderantismo más conservador y autoritario.
De la labor legislativa de este periodo destaca la Ley de Instrucción Pública, elaborada por el ministro Claudio Moyano, que estructuró el sistema educativo en tres etapas (primaria, secundaria y enseñanza superior). También se finalizaron grandes obras públicas, como el Canal del Ebro (1857) y el Canal de Isabel II (1858), se realizó el primer censo oficial de población (1857) y se desarrollaron las comunicaciones. Sin embargo, en 1857 se produjo una grave crisis de subsistencias debido a la escasez de trigo, lo que agudizó los conflictos sociales. Finalmente, la reina volvió a llamar a O’Donnell para formar gobierno, dando inicio a la etapa más estable de este periodo.
El llamado «Gobierno Largo» presidido por O’Donnell fue una etapa inusual en el reinado de Isabel II, con una duración de cuatro años y medio. Su acción de gobierno retomó parte de la labor del Bienio Progresista, pero principalmente adoptó una postura de distanciamiento de ambos extremos políticos. Las nuevas Cortes, surgidas de las elecciones de octubre de 1858, contaron con una amplia mayoría de la Unión Liberal, gracias a la labor del ministro de Gobernación, Posada Herrera, conocido como el «Gran Elector» por su habilidad en la manipulación de las elecciones. Posada impulsó el crecimiento económico, el reformismo administrativo y las aventuras militares en política exterior.
La política exterior del gobierno de O’Donnell incluyó episodios notables como la guerra de África (1859-1860), que generó un gran fervor patriótico, y otras intervenciones en México (1861-62), Cochinchina (1857-62), Perú (1862-64) y la reincorporación de Santo Domingo a la corona española (1861-65). Durante esta etapa se aprobaron leyes importantes para la conformación del nuevo sistema administrativo, que creció y se modernizó. A lo largo del siglo XIX, el liberalismo político y económico contribuyó al gran crecimiento del Estado y de la administración pública, con una tendencia al intervencionismo paralela al crecimiento capitalista.
El Liberalismo en Crisis: Revolución y Fin del Reinado (1863-1868)
La crisis del «Gobierno Largo» tuvo lugar en marzo de 1863 y se resolvió con el nombramiento de un moderado. Durante un año y medio se sucedieron gobiernos inestables, reflejo de la creciente inestabilidad política. Isabel II recurrió nuevamente a Narváez. El régimen isabelino no logró implementar su doble objetivo: la alternancia en el poder y la integración de los progresistas en el sistema político. Los progresistas, además, se acercaban cada vez más a los demócratas.
Con este panorama, el sistema no pudo afrontar los problemas: la diplomacia española ante la «cuestión romana», que enfrentaba a España con el nuevo Estado italiano; la reina, cada vez más desprestigiada, era criticada por no haber cedido todo su patrimonio para reducir la deuda pública. Además, se declaró la ley marcial y una protesta estudiantil fue reprimida. Estos sucesos, ocurridos el 10 de abril, se conocen como la «Noche de San Daniel». A esto se sumaron la sublevación contra el gobierno protagonizada por el general Prim en 1866 y el pronunciamiento militar en el cuartel de San Gil.
La reina encargó nuevamente gobierno a Narváez, quien falleció en abril de 1868 en el ejercicio del poder. El reinado de Isabel II llegaba a su fin, cuyo último acto fue el pronunciamiento de Cádiz en septiembre de 1868.
La crisis económica de 1866 afectó a todos los sectores productivos y a las finanzas. Esta crisis golpeó a las clases trabajadoras emergentes en una España que iniciaba su camino hacia el capitalismo. A esto se sumó la crisis de subsistencias, que afectó a las clases más necesitadas y provocó motines populares contra los altos precios del trigo y otros cereales. Prim, ante el peligro de una revolución social, optó por unirse a la conspiración junto a otros militares progresistas (Serrano, Dulce). En septiembre se preparó el pronunciamiento al mando de Juan Bautista Topete, quien se sublevó en Cádiz. Esta revolución de septiembre de 1868 fue conocida como «La Gloriosa».