El proyecto desarrollista:
en el plano económico, el gobierno de Frondizi, se propuso a ejecutar el plan desarrollista, que habían elaborado en conjunto con Frigerio y un equipo de empresarios y técnicos. Lo lograrían con la ayuda de EE.UU. pero la F.M.I (Fondo Monetario Internacional) los obligaba a reducir los salarios, despedir gente del sector obrero y eliminar los subsidios nacionales; a esto se le llamo la «receta». El motor de la propuesta desarrollista era impulsar el desarrollo de la llamada “industria pesada” (metalurgia, siderurgia y petroquímica) con el aporte de inversiones de capital y tecnología extranjeros. Además, estaba el objetivo de modernizar el campo, mejorando la mecanización de las tareas rurales. De este modo, era posible aumentar la producción del sector agropecuario, lo que produciría un aumento de los saldos exportables y un mejoramiento en el saldo de la balanza comercial. Además, se incrementaba la demanda para las nuevas máquinas-herramientas producidas ahora en el país. La aplicación del plan generó un importante crecimiento de las inversiones extranjeras y un notable aumento en las producciones de acero, petróleo y automóviles. El gobierno no pudo evitar un proceso de fuerte inflación y serias dificultades en la balanza de pagos. Para resolver estos problemas, Frondizi convocó como ministro de Economía a Alsogaray y avaló a la aplicación de un Plan de Estabilización, para congelar los salarios y eliminar las medidas regulatorias del Estado.
El intervencionismo estatal de Illia:
su proyecto económico estaba basado en la intervención del Estado en la regulación de la economía. Esta intervención pareció responder a necesidades e intereses coyunturales. En 1964, el Congreso aprobó una ley que facultaba por un año al Poder Ejecutivo a fijar precios mínimos y máximos y márgenes de ganancias. También creaba el Consejo Nacional de Abastecimientos, en el que se representaba al gobierno, los productores y la CGT. ACIEL declaró su preocupación por el avance del dirigismo y el estatismo. La CGE, en cambio, aprobó las medidas. Hacia mediados del año, el Congreso sancionó el régimen de salario mínimo, vital y móvil. En enero de 1964, la CGT aprobó un Plan de Lucha que incluía la ocupación de los lugares de trabajo y los centros de producción en el caso de que el gobierno no tomara medidas económicas reclamadas por la central obrera para solucionar los problemas más urgentes de los trabajadores.
El Plan de Lucha contemplaba 2 etapas: la primera consistía en una campaña de difusión, organización y agitación. La segunda, en la efectivización de acciones de lucha directa y ocupación de los centros de producción por un tiempo que se determinaría oportunamente. Estos hechos debilitaron profundamente la autoridad del gobierno. Los
estudiantes universitarios se sumaron a la agitación.
Impacto de la Revolución Cubana:
*Los sectores dirigentes de la mayoría de los países latinoamericanos estrecharon su relación con los EE.UU., en especial con las fuerzas armadas.
*La mayoría de los gobiernos rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba.
*Para los sectores anti-imperialistas Cuba fue considerada como un ejemplo a seguir.
*En la mayoría de los países de la región surgieron grupos integrados por jóvenes que se manifestaban solidarios con la revolución cubana de característica socialista.
Doctrina de la Seguridad Nacional:
la noción de guerra revolucionaria se completó con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que a partir de la Revolución Cubana fue la imperante en las fuerzas armadas latinoamericanas. Tomaba como principal hipótesis de conflicto el enfrentamiento ideológico entre los bloques occidental y oriental, por lo que la nación de frontera nacional exterior era reemplazada por la de frontera ideológica, que separaba a quienes apoyaban el orden social, económico y político imperante, y quienes se oponían a él. Estos últimos constituían potencialmente un “enemigo interno”, y sus acciones podían modificar o alterar el orden, por lo que sus actividades debían ser vigiladas, controladas o reprimidas.
La revolución Argentina (1966 – 1973):
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La noche de los bastones largos (1966):
las universidades fueron intervenidas y ocupadas militarmente. Cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, enviados por Onganía, quien decretó la intervención a las universidades nacionales y la “depuración” académica, es decir, la expulsión de las casas de altos estudios a los profesores opositores, sin importar su nivel académico.
Las consecuencias de esta noche negra para la cultura nacional fueron el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas, que continuaron sus carreras en el exterior. El gobierno emitió una ley que suprimió la autonomía de la universidad de Buenos Aires, colocándola bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Además, disolvió los Consejos Superiores y Directivos y decidieron que la Universidad estaría controlada por los Decanos y el Rector, que funcionarían a las órdenes del Ministerio.
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El Cordobazo:
en 1969 comenzaron a evidenciarse los síntomas de un descontento que venía creciendo entre distintos sectores de la población debido al cierre de los canales de participación política y la política educativa, social y económica del gobierno. A la indignación por los hechos sucedidos en Corrientes y Rosario se sumó, en Córdoba, el descontento provocado por las decisiones del gobierno. Los trabajadores de la CGT, de la industria automotriz y los de Luz y Fuerza convocaron activo con movilización. Inmediatamente, los estudiantes se adhirieron a la medida de fuerza. El 29 de mayo, podían verse grandes columnas de obreros y estudiantes que se fueron acercando al centro de Córdoba. La represión policial, en un principio, tuvo que retirarse debido a la presión de los huelguistas. Finalmente, el gobierno encargó la represión al Tercer Cuerpo de Ejército, que después de varios enfrentamientos controló la situación. El saldo fue de 20 muertos y cientos de detenidos.
Luego de esto, el secuestro y el asesinato del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para esclarecer el hecho fueron el detonante para un nuevo golpe interno.
La apertura política (G.A.N):
Lanusse dio a conocer su propuesta política que denominó Gran Acuerdo Nacional. El G.A.N proponía un acuerdo entre las principales fuerzas políticas a fin de reabastecer las reglas del juego electoral y del régimen político democrático y hacía una amplia convocatoria a toda la ciudadanía para que participara activamente en este proceso.
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Para los militares, el G.A.N significaba la posibilidad de encontrar una salida honorable para la “revolución Argentina” y organizar la retirada de los militares del poder político.
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Para algunos sectores políticos, daba paso a la normalidad constitucional pero con el objetivo de mantener el control militar sobre el futuro gobierno constitucional.
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La mayoría de los partidos políticos entendieron que el G.A.N era una propuesta impuesta por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de lograr una candidatura presidencial de unidad y, de ese modo, asegurar el control de los militares sobre el proceso de transición hacia la democracia.
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Las organizaciones de la tendencia revolucionaria del peronismo y las guerrilleras no peronistas rechazaron el acuerdo y profundizaron las acciones de violencia contra objetivos militares políticos. Estaban en desacuerdo con el G.A.N los sindicatos de las empresas automotrices Renault y Matefer, cuatro regionales del interior de la CGT de los Argentinos, el Peronismo de Base y los representantes del sindicalismo combativo y clasista.