5.9.- La represión. Sus modalidades
La represión en Castilla y León, bajo manos sublevadas, tuvo una dimensión nacionalista casi exclusivamente, no del lado republicano al no estar bajo sus manos. Sin embargo será una represión dura y prolongada a pesar de la poca resistencia y la debilidad de los organismos de izquierdas en la regíón. Desde el año 1936 sería muy derechista la regíón, y la izquierda sería débil. Pero no impidió la dureza de la represión. El objetivo que se buscaba era evitar conatos de oposición en la retaguardia de la sublevación, todo ello mediante el terror. La represión la tomo el ejercitó por los Consejos de Guerra, facilitado también por la inhibición forzada por las autoridades civiles, pero también los MILICIANOS FALANGISTAS y de otras organizaciones de derechas, con una represión más incontrolada, los Paseos o Sacas, de Valladolid y de Palencia, no solo en pueblos sino también en el conjunto de la regíón, y también sacas de republicanos que previamente habían sido encarcelados; También se confunden con la engañosa supuesta puesta en libertad de presos, para ser ejecutados con toda impunidad. Una Saca famosa es la de Antonio JOSÉ, músico burgalés, que salíó el 8 de Octubre, de la cárcel y su cadáver aparecería posteriormente en la localidad burgalesa de Estépar. Existen otras zonas en las que se realizan frecuentemente estas Sacas como Monte de Villadangos, Campo de Fresno, Monte Torozos, Monte de Orbada… lugares solitarios donde de se podían abandonar libremente a los cadáveres ejecutados. Es una violencia que no guarda relación proporcional con lo ocurrido anteriormente, y con los enfrentamientos políticos y sindicales ocurridos antes de la Guerra Civil. En la provincia de Soria, es muy significativa porque a pesar de la violencia pre – bélica no había sido llamativa, la eliminación física durante la Guerra Civil, fue extremadamente dura. En el caso de Segovia se hizo bajo el gobernador civil que además era militar, con órdenes concretas. Tampoco anteriormente existieron situaciones tan extremas según cuenta el experto Santiago VEGA, a pesar de que en la primavera de 1936 se acentuaron los problemas. En el caso de Salamanca, no era entendible, porque no había constancia de violencia anterior. No es un asunto fácil contabilizar, el número de víctimas ni en España ni en Castilla y León, además de ser un asunto polémico. Salas Larrazábal, adelantó unas cifras que han sido consideradas luego como excesivamente bajas (6.500 personas). Sería necesario duplicarlas o triplicarlas, e incluso más. Las cifras que salieron por la iniciativa de Garzón dadas por las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, salieron que el número de víctimas computadas en Castilla y León se eleva a unas 15.269. Además no son cifras definitivas al no investigarse todas las fosas de la regíón. De estas cifras se desprende que Castilla y León fue la tercera en número de ejecutados tras Andalucía y Valencia. Da que pensar en la violencia sufrida por la población. Algo sorprendente que sea así, ya que Castilla y León ha tenido siempre tradición derechista.
La violencia tendrá su giro más agudo, el punto culminante, en los meses de Julio y Agosto, (el llamado terror en caliente) con mayor número de muertes violentas, con muertos clasificados como desconocidos, inscritos con sus nombres y apellidos, pero continuará durante toda la guerra y después de ésta. En el caso de León, se extiende a 1937, superando en este tiempo las muertes regulares dictadas por tribunales institucionales. En Salamanca está bien estudiada: fueron personas que se opusieron al alzamiento militar. El terror legal que tendrá su base en la Junta de
Defensa Nacional, un bando de finales de Julio de 1936, por el cual se hacía extensiva a todo el territorio, la declaración del Estado de Guerra y se sancionaba la completa pervivencia de lo militar por encima de lo civil.
[SERRANO SUÑER habla de una justicia al revés.] El ejército juega un papel en la represión a través de los CONSEJOS DE GUERRA, aparentemente legales según el Código de Justicia Militar, pero con otra interpretación distinta a la que prevéía el código: era para reprimir la sublevación de las autoridades legales, justo lo contrario de lo que pasó. Estas penas se aplicarán en distintos consejos de guerra y en un procedimiento regulado y previsto por las autoridades desde Septiembre de 1936, el JUICIO SUMARÍSIMO: en pocas horas se ventilaban muchas causas con juicios rápidos. Los acusados no tenían garantías jurídicas y su suerte estaba determinada de antemano. En ese sentido, repugna considerar legales este tipo de juicios. Se quería aterrorizar a la población y entre el método legal y el no legal no había mucha diferencia. En Salamanca, del conjunto de las víctimas, un 5-10% se debieron a esos motivos personales. SOCIALMENTE fueron los jornaleros y obreros el grupo social más perseguido.
La represión no es indiscriminada sino selectiva, tenía definidos sus objetivos. Se centra en autoridades del Frente Popular, como alcaldes, líderes sindicales, partidos políticos, etc. (Lavín, García Quintana, Landrove, en Valladolid, Prieto Carrasco, Andrés y Manso en Salamanca). También cualquiera que hubiera votado al Frente Rojo. En primer lugar gobernadores civiles, alcaldes del frente popular, o los miembros de los Ateneos republicanos o la casa del Pueblo. El ser católico no te salvaba si tuviste importancia en el Frente Popular (Federico Landrove).
También a vecinos de pueblos de la provincia por oponerse a levantamiento militar. Este carácter selectivo hace que sean relativamente escasas las veces en que influyeron otros condicionantes: VENGANZAS PERSONALES Y FAMILIARES. También se pretendía castigar con fusilamientos indiscriminados, por las fosas comunes que no se han localizado. En el
trabajo de Segovia de Santiago VEGA, se habla de motivos políticos pero que podían mezclar también venganzas personales o familiares. En Salamanca se calculó por el censo, y un 75% eran de esos grupos. También maestros y funcionarios, empresarios y comerciantes que aportarían un 10% restante. Militares y policías en último lugar con un 5%. Habrá grupos definidos por rasgos ideológicos especialmente perseguidos, ferroviarios, o maestros de escuela o incluso los masones, elevadas penas por el simple hecho de serlo. En Salamanca, los 15 masones que había sufrieron la represión, encarcelados, y cuando fueron juzgados en 1941, ninguna de las penas, bajaron de los 12 años. Algunos fueron ejecutados como el caso del pastor Atilano Coco. La represión no solo se basó en ejecuciones, también encarcelamientos sin fundamento jurídico, simplemente por ser familiar de un desertor, en establecimiento penitenciarios de malas situaciones, hacinados, sin alimento, y sin saber cuánto tiempo iba a permanecer en la cárcel, porque no estaban juzgados. Multas, vejaciones públicas, cambios obligatorios de residencia, marginación social.
No había suficientes en Valladolid, la nueva estaba en la actual facultad de empresariales. Eran claramente insuficientes: la cárcel vieja, solo para mujeres, se habilitaron cocheras de los tranvías, en el paseo de los filipinos, el matadero municipal, la academia de caballería y también campos de concentración, en principio para los militares republicanos, pero también irán civiles. En Valladolid habrá dos campos: el Campo de la Espina y el de Medina de Rioseco.
Esta faceta ha sido mal conocida, solo se ha hecho desde hace poco tiempo. Se calculó que desde que se crearon estos campos a fines del año 1936 hasta el final de la guerra pasaron por ellos 500.000 personas. Esta situación también ocurríó en Salamanca y en otros puntos de la regíón.
Además disolvieron de manera fulminante partidos, sindicatos y organizaciones afines a la República y confiscaron sus bienes. Una de las fuentes de recursos del Sindicato Vertical fueron los bienes de la UGT y CNT: edificios, cuentas bancarias y hasta ganado y bienes muebles. Se extendíó también a familias y personas destacadas por su matiz republicano. Por ejemplo los parientes de AZAÑA, RIVAS CHERIF, GORDON ORDAX, AZCÁRATE, RUIPÉREZ, que tenían bienes por aquí. Serán incautados por los militares. En León, los Azcárate y Gordon Ordax, en Salamanca los Ruipérez, que crearán la editorial Anaya. Además se instruyen expedientes de responsabilidades políticas, acusados de haber simpatizado con la República. Acompañados de multas elevadas no posibles de pagar con lo que se subastaban sus bienes: en Zamora se instruyeron 2.300 casos.
También se depurará severamente la administración y empresas militarizadas como las ferroviarias, también las privadas. En la enseñanza se establecen comités depuradores para los tres niveles educativos, por los que pasarán todos los funcionarios, que les declararán exentos de mancha, susceptibles de sanción que implicaba traslado y pérdida de plaza, o la expulsión del cuerpo. En Burgos, si había más de 1.500, más de 300 fueron sancionados, 130 expulsados. Sin contar los encarcelados o ejecutados, que fueron uno 80.
Además hubo todo tipo de vejaciones públicas, como cortar el pelo, hacer tragar aceite de ricino, traslados, etc. Esto lo sufrieron todos los que estuvieran relacionados con los
LA MEMORIA HISTÓRICA
El enfoque ha variado desde la Transición a la Democracia, cuando se hizo énfasis en no recordar la violencia del pasado, la Guerra Civil, para así a ver si se producía un acercamiento entre los bandos para fomentar la democracia. Cuando entren en escena los nietos de los represaliados se va a invertir el enfoque, pues se pide que se potencie la memoria de la represión.
Esto supone una revisión de la Guerra Civil, la dictadura, pero también de la transición. Con frecuencia implica un tono muy crítico de los partidos, los políticos, las instituciones… en ese proceso de reimplantación de la democracia en España. En relación con esta cuestión surgíó un movimiento social plasmado a través de identidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Se busca localizar fosas para sacar a la luz los restos de los fusilados, así como impulsar la demanda de una serie de actuaciones legales por medio de las cuales hacer realidad esa nueva política de la memoria cruenta y represiva del pasado.
Es cierto que con ello no se ha conseguido un consenso en torno a esas medidas, pues la derecha española, desde que aparecieron estos movimientos, se mostró contraria a revisar la represión franquista (algo que sigue así actualmente).
Esta necesidad colectiva de revisar el pasado ha surgido porque hay que tener en cuenta el cambio en el contexto internacional desde los años 90, especialmente tras la caída del Muro de Berlín, tras la desaparición del Apartheid, la democratización de América Latina… A este contexto se vincula un cambio en la memoria sobre la II G.M., sobre el colaboracionismo nazi, sobre la represión ejercida con las dictaduras del cono sur… lo que desembocó en un movimiento internacional que busca la reparación moral de las víctimas. La aparición de este movimiento social español no se puede desvincular, por tanto, del contexto internacional. El estudio de la memoria histórica se lleva a cabo en Castilla y León, con un argumento de sensibilización pública. En esta regíón, donde la sublevación militar triunfó muy rápidamente y casi de manera generalizada, y donde el régimen franquista tuvo más apoyo que en otras regiones, el silencio después de la muerte de Franco fue menos una opción voluntaria en aras de la reconciliación, cuanto un producto del miedo instalado en los familiares y supervivientes de la represión. Por ejemplo el cambio de nombre de las calles es una actividad que se hizo muy tardíamente en Castilla, igual que en el caso de acometer y publicar estudios sobre el peligro de la guerra. Es verdad que ya se cuentan con estudios de la Guerra Civil en estas provincias, se han publicado mucho más tarde que en otras regiones españolas.
Este desfase significaría que cuando han entrado los nietos de los represaliados en la recuperación de la memoria, algunas de las iniciativas llevadas a cabo tuvieran lugar en Castilla y León, como la exhumación de una fosa común de republicanos en un pueblo de León, Priaranza del Bierzo, a instancias del nieto de uno de los republicanos de esa fosa: Emilio Silva.
Por otra parte, y por asociaciones de otras provincias castellanas, se han acometido proyectos ambiciosos como “Todos los nombres”, que trataron de trascender los estudios de un caso concreto para llevar a cabo una investigación sistemática de la represión a escala provincial y de la magnitud y los modos de represión. Además, el descubrimiento de esta fosa del Bierzo tuvo una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la metodología en la búsqueda de desaparecidos, como por el eco que tuvo entre otras personas de España afectadas por el mismo problema o que aun sin estarlo directamente, se sensibilizaron ante esa cuestión pendiente desde la transición que los partidos políticos no habían resuelto.
Para reunir estas voces dispersas que iban aflorando y para ejercer presión sobre las instituciones del estado democrático, Emilio Silva y Santiago Macías crearon la Asociación de la recuperación de la Memoria Histórica, al darse cuenta de que no era un problema local. El camino recorrido desde entonces ha sido muy importante, pues ha llegado de hecho hasta Naciones Unidas, aprovechándose de una declaración de 1992 sobre las personas desaparecidas en dictaduras como Argentina o Chile. Esto abría la posibilidad de plantear esta cuestión a las Naciones Unidas para que se presionara al estado español para que llevara a cabo la búsqueda de desaparecidos.
Para saber cómo se cualifica y se concreta el estudio de la represión en Castilla y León, hay que señalar la idea de que la localización de las fosas y de los desaparecidos lleva a plantearse si el régimen republicano no contó con más apoyos de lo que se opinaba. Si hubo más represión habría más apoyo. Convendría matizar la idea de sí en Castilla y León hubo tal aceptación temprana del régimen. Seguramente saldrían localidades donde la República contaba con más apoyos de lo que se consideraba. El conocimiento de las dimensiones de la represión debería conducir a un estudio más profundo del carácter y del tamaño de la adhesión al Franquismo, de las conexiones de la derecha con las organizaciones católicas durante los años 30, lo cual permitiría apreciar mejor los apoyos sociales a la dictadura franquista y la procedencia de buena parte de sus dirigentes locales o provinciales.
Finalmente hay que decir que la supresión de los símbolos de la sublevación (calles, lápidas) y el recordatorio de los fieles al régimen republicano, deberían servirnos para tener una visión más justa de todo este período en Castilla y León.