El ciclo revolucionario en el Río de la Plata y las guerras de independencia (1810-1820): Luego de la Revolución de Mayo producida en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, en la cual se produjo una serie de acontecimientos revolucionarios que tuvieron como consecuencia la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de gobierno, se inició un período de inestabilidad política que se reflejó en los cambios en la organización del gobierno. En 1810, se creó la Primera Junta de Gobierno a la que luego se sumó la Junta Grande con representantes provinciales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo pasó a estar integrado por 3 miembros: el Triunvirato (1º en 1811, 2º en 1812). El proceso de concentración del poder se afianzó con la creación en 1814 de un Ejecutivo unipersonal, el Directorio.
En esta etapa, Buenos Aires procuró consolidar su autoridad sobre los antiguos territorios bajo su jurisdicción que incluían el actual territorio argentino, los de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Para asegurar su superioridad política envió expediciones militares a Paraguay y al Alto Perú, se enfrentó con autoridades españolas de la Banda Oriental y buscó controlar a las ciudades del interior donde continuaban las tendencias hacia el autogobierno frente al centralismo porteño. Al principio del proceso emancipador se trataba de fundar una nueva autoridad legítima supletoria de la soberanía del monarca cautivo. La cuestión de la soberanía llevó a la disputa entre 2 tendencias: la soberanía “nacional”, que surgiría de los gobiernos centrales y de las primeras asambleas constituyentes y la de las soberanías que se correspondían con el ámbito político de las ciudades y sus jurisdicciones. Entre 1810-1820 estuvieron presentes la oposición entre las tendencias centralistas de Buenos Aires y las preferencias al autogobierno de las demás ciudades. Los gobiernos revolucionarios que se sucedieron en esos años constituyeron soluciones provisorias destinadas a durar hasta que se reuniera una asamblea constituyente que definiera el nuevo Estado, es decir, que la organización política del conjunto de los pueblos rioplatenses permaneció indefinida durante todo el período. La tendencia hacia la formación de un Estado centralista apareció como posición dominante en Buenos Aires, mientras que en los pueblos del Litoral y del interior se encontraban 3 variantes: la simple autonomía, la unión con los gobiernos centrales y las propuestas confederales de Artigas. Con el propósito de dar una organización constitucional a la nueva entidad política entre 1810 y 1820 se reunieron 2 asambleas constituyentes, de ellas sólo una produjo un texto constitucional: el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819. En 1813 se convocó una Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del año XIII donde se instauró el uso del escudo y del himno, se estableció la acuñación de moneda nacional, se suprimieron los mayorazgos y los títulos de nobleza, se abolieron la Inquisición y las torturas y se instituyó la libertad de vientres pero no el fin de la esclavitud. La Constitución de 1819 (de carácter centralista) fue rechazada por las provincias del interior, especialmente las del Litoral y determinó que los caudillos Ramírez y López avanzaran sobre Buenos Aires provocando la caída del Directorio en 1820. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de España. En el aspecto económico, las guerras de independencia marcaron la declinación de las economías regionales, la interrupción de las exportaciones de plata debido a la pérdida del Alto Perú y la consolidación del grupo mercantil, el único con capacidad de acumulación significativa. La escasez de metálico fue un problema constante por lo que los sucesivos gobiernos revolucionarios apelaron a diferentes medios con el fin de obtener los recursos necesarios para proveer de fondos al tesoro nacional. Uno de ellos fueron las rentas de aduana del puerto de Buenos Aires, donde se cobraran aranceles a las importaciones y exportaciones. Esta situación generó fuertes debates entre las provincias que querían participar de la formación de la política arancelaria y el reparto de los beneficios aduaneros y Buenos Aires. Las guerras revolucionarias afectaron el tráfico mercantil y redujeron los ingresos de los gobiernos locales. Otro de los recursos de los que se valió el Estado fueron los empréstitos forzosos, siendo el grupo de los españoles el más perjudicado dado que se les confiscó metálico, ganado y otros bienes. A cambio se les entregaban bonos públicos que eran de dudoso valor y difícil cobro. La escasez de metálico obligó a los gobiernos revolucionarios a imponer contribuciones en dinero que recayeron sobre los comerciantes mediante el aumento de tasas o la introducción de nuevas cargas fiscales. Las personas también estuvieron sometidas a contribuciones extraordinarias. Se aplicó la privación de recursos: las contribuciones en ganado y alimentos involucraban a las áreas rurales, la de esclavos afectaban a las ciudades. Para enfrentar la situación Bs As recurrió a empréstitos voluntarios y a la emisión de moneda inconvertible, utilizable para el pago de impuestos aduaneros.
En esta etapa, Buenos Aires procuró consolidar su autoridad sobre los antiguos territorios bajo su jurisdicción que incluían el actual territorio argentino, los de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Para asegurar su superioridad política envió expediciones militares a Paraguay y al Alto Perú, se enfrentó con autoridades españolas de la Banda Oriental y buscó controlar a las ciudades del interior donde continuaban las tendencias hacia el autogobierno frente al centralismo porteño. Al principio del proceso emancipador se trataba de fundar una nueva autoridad legítima supletoria de la soberanía del monarca cautivo. La cuestión de la soberanía llevó a la disputa entre 2 tendencias: la soberanía “nacional”, que surgiría de los gobiernos centrales y de las primeras asambleas constituyentes y la de las soberanías que se correspondían con el ámbito político de las ciudades y sus jurisdicciones. Entre 1810-1820 estuvieron presentes la oposición entre las tendencias centralistas de Buenos Aires y las preferencias al autogobierno de las demás ciudades. Los gobiernos revolucionarios que se sucedieron en esos años constituyeron soluciones provisorias destinadas a durar hasta que se reuniera una asamblea constituyente que definiera el nuevo Estado, es decir, que la organización política del conjunto de los pueblos rioplatenses permaneció indefinida durante todo el período. La tendencia hacia la formación de un Estado centralista apareció como posición dominante en Buenos Aires, mientras que en los pueblos del Litoral y del interior se encontraban 3 variantes: la simple autonomía, la unión con los gobiernos centrales y las propuestas confederales de Artigas. Con el propósito de dar una organización constitucional a la nueva entidad política entre 1810 y 1820 se reunieron 2 asambleas constituyentes, de ellas sólo una produjo un texto constitucional: el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819. En 1813 se convocó una Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del año XIII donde se instauró el uso del escudo y del himno, se estableció la acuñación de moneda nacional, se suprimieron los mayorazgos y los títulos de nobleza, se abolieron la Inquisición y las torturas y se instituyó la libertad de vientres pero no el fin de la esclavitud. La Constitución de 1819 (de carácter centralista) fue rechazada por las provincias del interior, especialmente las del Litoral y determinó que los caudillos Ramírez y López avanzaran sobre Buenos Aires provocando la caída del Directorio en 1820. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de España. En el aspecto económico, las guerras de independencia marcaron la declinación de las economías regionales, la interrupción de las exportaciones de plata debido a la pérdida del Alto Perú y la consolidación del grupo mercantil, el único con capacidad de acumulación significativa. La escasez de metálico fue un problema constante por lo que los sucesivos gobiernos revolucionarios apelaron a diferentes medios con el fin de obtener los recursos necesarios para proveer de fondos al tesoro nacional. Uno de ellos fueron las rentas de aduana del puerto de Buenos Aires, donde se cobraran aranceles a las importaciones y exportaciones. Esta situación generó fuertes debates entre las provincias que querían participar de la formación de la política arancelaria y el reparto de los beneficios aduaneros y Buenos Aires. Las guerras revolucionarias afectaron el tráfico mercantil y redujeron los ingresos de los gobiernos locales. Otro de los recursos de los que se valió el Estado fueron los empréstitos forzosos, siendo el grupo de los españoles el más perjudicado dado que se les confiscó metálico, ganado y otros bienes. A cambio se les entregaban bonos públicos que eran de dudoso valor y difícil cobro. La escasez de metálico obligó a los gobiernos revolucionarios a imponer contribuciones en dinero que recayeron sobre los comerciantes mediante el aumento de tasas o la introducción de nuevas cargas fiscales. Las personas también estuvieron sometidas a contribuciones extraordinarias. Se aplicó la privación de recursos: las contribuciones en ganado y alimentos involucraban a las áreas rurales, la de esclavos afectaban a las ciudades. Para enfrentar la situación Bs As recurrió a empréstitos voluntarios y a la emisión de moneda inconvertible, utilizable para el pago de impuestos aduaneros.