LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN

El objetivo de la política económica franquista era establecer la autarquía sin dependencia exterior, sistema no compatible con el atraso industrial, la falta de maquinaria, tecnología moderna, falta de materia prima y escasas fuentes de energía que tenía España.

Las líneas maestras se plasmaron en 1939 en un plan de saneamiento y reconstrucción y en la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), inspirado en el IRI italiano, con el fin de articular, fomentar y nacionalizar la industria. Surgieron empresas como IBERIA, ENSIDESA, ENASA o SEAT y se nacionalizaron la Telefónica y la RENFE. El Estado intervino regulando toda la actividad económica, especialmente el comercio exterior lo que propició la corrupción.

La gran perjudicada de la política autárquica fue la agricultura que sumado al atraso técnico, a la falta de ayudas y al no haber reforma agraria provocó una disminución de la producción, escasez de alimentos, alza de precios llevando a los españoles a niveles de pobreza extrema y subsistencia aumentando la mortalidad y al gobierno a imponer desde mayo de 1939 el racionamiento mediante cartillas hasta 1952. La situación provocó el desarrollo del mercado negro que enriqueció a unos próximos cercanos al régimen.

El Estado intentó solucionar los problemas de abastecimiento controlando la producción agrícola a través del Servicio Nacional del Trigo y la puesta en marcha de planes integrales en los años 50 para mejorar la terrible situación social con el desarrollo de regadíos, la construcción de viviendas y la extensión de la red eléctrica.

Sin embargo el cambio de la situación internacional con la Guerra Fría convirtió a España en un posible aliado anticomunista y las firmas del concordato con la Santa Sede y el Pacto de Madrid con Estados Unidos en 1953, más el ingreso en la ONU en 1955 rompió el aislamiento lo que posibilitó la llegada de créditos y préstamos que alivió algo los problemas económicos.

Franco formó en 1957 un nuevo gobierno que incluyó a los tecnócratas miembros del Opus Dei como Navarro Rubio o Ullastres, que, aunque eran conservadores en aspectos político-sociales, defendían la apertura en  materia económica con el objetivo de sacar a España del colapso económico y de modernizar sus estructuras.

Las primeras medidas que tomaron fueron la devaluación de la peseta y la puesta en marcha de una reforma fiscal que garantizase mayores ingresos al Estado. Un año después España entraba en la OECE y en el FMI obteniendo créditos y en 1959 el gobierno ponía en marcha el plan de estabilización que ponía fin oficialmente a la autarquía.

Políticamente el régimen estableció nuevas leyes como la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado (1957) que descentralizó y modernizó la administración y separó la actividad del gobierno de la del Estado y la Ley de Convenios Colectivos.

En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) que se ocupó de los delitos políticos sustituyendo a la jurisdicción militar. En 1966 Fraga, ministro de Información y Turismo, presentó la Ley de Prensa con la que se eliminaba la censura previa y se aprobaba en referéndum la Ley Orgánica del Estado cerrando el largo proceso institucional dotando al régimen de una especie de constitución por la que la representación se sustentaba en la familia, el municipio y el sindicato.

En 1967 la Ley de Libertad Religiosa rompía el monopolio de la religión católica aunque la Iglesia continuó gozando de todos los privilegios y se aprobaba la Ley de la Seguridad Social con la que se ampliaba la cobertura social poniendo las bases del futuro Estado del Bienestar. Juan Carlos juró fidelidad a Franco y a las Leyes Fundamentales en julio de 1969 convirtiéndose en futuro heredero del franquismo y un año después se aprobaban la Ley General de Educación que amplió la escolarización obligatoria hasta los catorce años y la Ley Orgánica del Movimiento y del Consejo Nacional que cerraba cualquier salida democrática. En 1971 se concretaba la Ley Sindical.

En política exterior durante los años 60 se produjo el proceso de descolonización de las colonias españolas. En 1968 se le concedió la independencia a Guinea, en 1969 se entregó a Marruecos la zona de Ifni uniéndose a la zona del Rif ya entregada en 1956 quedando la zona del Sahara en posesión española con la que se firmó el compromiso en 1966 de iniciar un proceso de autodeterminación.

En el ámbito económico el Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica o plan de estabilización de julio de 1959 era una apuesta por la transformación del sistema productivo que permitiera la recuperación económica y mejorar el nivel de vida de la población y la integración de la economía española en la de los países europeos.

Para ello se aplicaron reformas de carácter monetario-fiscales limitando el crédito al sector privado, suprimiendo subsidios y controlando el gasto público y medidas comerciales con una nueva devaluación de la peseta y la liberalización de las inversiones extranjeras.

Inicialmente las medidas provocaron efectos negativos como la congelación de salarios, aumento de impuestos, crecimiento del paro y reducción de las horas trabajadas, menor demanda interna, cierre de empresas y mayor emigración exterior. Pero también hubo efectos positivos como la contención de la inflación, aumento de las exportaciones y el equilibrio de la balanza de pagos.

En 1962 se creaba la Comisaría del Plan de Desarrollo, dirigida por López Rodó que puso en marcha tres planes de desarrollo: el primero desde 1964 a 1967 prorrogado hasta 1968; el segundo de 1968 a 1971 y el tercero de 1972 a 1975 interrumpido por la crisis del petróleo centrados en la industria que experimentó un crecimiento rápido en los sectores automovilístico, siderúrgico y químico y en el transporte ferroviario y por carretera.

El ciclo económico favorable de Europa permitió el aumento de las exportaciones y de las inversiones. Además la CEE firmaba con España en junio de 1970 un acuerdo preferencial.

Pero para el desarrollo económico del país también fueron claves las divisas enviadas por los dos millones de emigrantes españoles y el dinero que dejaban los millones de visitantes que hacían turismo en España ambos fundamentales para equilibrar la balanza de pagos.

Debido a todos estos factores entre 1960 y 1975 se triplicó la renta nacional;

el PIB aumentó a un ritmo del 7% anual y la renta per cápita se duplicó convirtiendo a España en un país industrializado provocando el descenso de la población dedicada al sector primario.

El desarrollo económico produjo un aumento de la población y la emigración rural, sobre todo de Andalucía, Extremadura y ambas Castillas a las ciudades fundamentalmente del País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid lo que tuvo sus consecuencias en el proceso urbanizador con un crecimiento importante de los barrios dormitorios en los extrarradios de las ciudades mientras se producía la desruralización que aceleró el proceso de modernización y mecanización de la agricultura, el aumento de las explotaciones agrarias y de sus rentas.

Cambió la estructura social apareciendo en la élite la burguesía industrial y la aristocracia financiera, disminuyendo el grupo de jornaleros y creciendo el de los obreros y las clases medias (profesionales liberales, funcionarios y asalariados) que fueron adquiriendo nuevos comportamientos y mentalidades con un deseo de luchar por mejorar sus condiciones económicas y políticas. España pasaba de ser un país agrario a uno industrializado, un país rural a uno urbano que lo convirtió en un lugar más abierto, libre y plural que, junto a la educación y la apertura cultural, dio paso al deseo de trascender los controles y límites del franquismo.

En el campo religioso tuvo una gran influencia el Concilio Vaticano II en la orientación hacia la libertad religiosa mientras la mujer variaba su papel social al incorporarse al mundo laboral.

Igualmente se modificaron los hábitos, actitudes morales y relaciones familiares y nacía la llamada “generación ye-ye” que impuso la minifalda y las nuevas formas de ocio.

El mayor nivel económico permitió estimular el consumismo acercando a España a niveles europeos.

El desarrollismo en definitiva provocó la aparición de elementos que posibilitaron un cambio colectivo de mentalidad en la sociedad que comenzó a alejarse del franquismo y empujó al régimen a adoptar una escasa pero progresiva liberalización política como la Ley de Prensa de 1966 que eliminaba la censura previa permitiendo la multiplicación de revistas y edición de libros prohibidos naciendo una cultura al margen de la dictadura. La modernización socio-económica supuso el principio del fin del régimen.