Nos encontramos ante una fuente primaria, un ensayo político, un texto histórico de carácter público. Escrito en la localidad francesa de Collonges-sous-Salève y elaborado por uno de los principales personajes del periodo de entreguerras en España: Manuel Azaña (1880-1940). Azaña era un intelectual que se comprometió con la los ideales republicanos. Formo parte del Gobierno provisional que sustituyó a la monarquía. Fue Jefe de Gobierno al frente de coaliciones izquierdistas entre 1931-1933 y en 1936; y presidente de la República desde 1936 hasta su final. Durante su acción de gobierno trató de realizar importantes reformas políticas, sociales y económicas para transformar el país y modernizarlo. El texto se escribe en 1939, el año en que acabó la Guerra Civil. Azaña en los últimos meses de la guerra, tras la caída de Barcelona, ciudad en la que residía desde su marcha de Madrid, se exilio a Francia, donde tras unas gestiones ante Gran Bretaña y Francia en favor de los que continuaban resistiendo, abandonó sus responsabilidades políticas. A pesar de esto desarrolló varios escritos, como el que comentamos, en donde defendía su actuación. Manuel Azaña moriría al año siguiente de escribir este texto.
El texto está dirigido al público internacional, y es un extracto de los once artículos, que se publican por primera vez en España en 1986, dentro de las Obras completas de Manuel Azaña, bajo el epígrafe de “Artículos sobre la guerra de España”. El primer artículo titulado así por el autor es “Causas de la guerra de España, 1939” del que forma parte este extracto.
La idea básica del texto es la necesidad de una serie de reformas que diesen solución a las enormes diferencias sociales que había en España. En el párrafo inicial nos relata como se desarrolló la llegada de la República (14 de Abril de 1931) , la cual no vino precedida por una imposición de la fuerza revolucionaria, sino que se declaró pacíficamente como el fruto de una continuada presión social contra la monarquía. El advenimiento del nuevo régimen originó una gran esperanza entre extensas capas de la población. Esta esperanza se fundamentaba en solucionar el grave problema social español. España era un país con grandes masas de población que vivía en condiciones miserables. Frente a esto, un reducido grupo social ostentaba gran parte de las riquezas nacionales. Este grupo oligárquico había mantenido en sus manos los resortes del poder (Régimen de la Restauración, dictadura de Primo de Rivera), pero la presión de importantes sectores de la burguesía, que aspiraba a una democracia autentica, y de los sectores populares, que defendían un cambio social, había conseguido el cambio de régimen. El texto destaca algunos de los graves contrastes que vivía el país:
• España era un país agrícola y atrasado, aunque algunas de sus regiones estuvieran parcialmente industrializadas. Esto provocaba fuertes contrastes entre el campo y los núcleos urbanos.
• La agricultura española tenia graves problemas, y uno de los más importantes era el de la distribución de la propiedad de la tierra: Frente al latifundismo del centro y el sur, el minifundismo del norte.
• El latifundismo beneficiaba a una oligarquía. El sistema de explotación de estos latifundios consistía en que los jornaleros solo trabajaban determinados periodos al año.
Esto sumía en la pobreza más profunda a grandes masas de campesinos.
Este estado de cosas no dejaba más solución a cualquier gobierno preocupado por su país que el llevar a cabo profundas reformas. Estas se debían realizar independientemente de la fuerza política y social del marxismo (socialistas y comunistas), con los que Azaña contó para realizar su programa de reformas (Ley de Reforma Agraria, legislación laboral…) durante el bienio progresista (1931-33, coalición con los socialistas) y el gobierno del Frente Popular (1936, coalición con nacionalistas, socialistas y comunistas
Los objetivos de la reforma agraria fueron: La modernización técnica, capitalizando (invirtiendo) la tierra y aumentando los rendimientos, la redistribución de la renta agraria, el asentamiento y fijación del campesinado en la tierra, combatir el absentismo y el paro y acabar con los residuos feudales en el campo, pues lo que justificaba la reforma agraria era el fuerte crecimiento demográfico y la agitación social y demandas de jornaleros y pequeños propietarios.
La discusión, aprobación y aplicación de una ley de reforma agraria fue difícil. Los propietarios agrícolas, amenazados por la expropiación de sus tierras, se unen para combatirla y encuentran en el parlamento el apoyo de la derecha agraria. Los jornaleros se agitan ante la lentitud de su aplicación y provocan sucesos violentos como el de Casas Viejas. Hasta los campesinos medios, no amenazados por la reforma, sienten temor por las ocupaciones de fincas e intentos de socialización, los robos frecuentes por la miseria, la quema de cosechas o la destrucción de máquinas.
La aplicación final de la ley fue muy limitada debido a los siguientes motivos: Se asientan menos familias y se expropian menos tierras de las previstas, falta presupuesto para el pago de indemnizaciones, lentitud en el proceso por la complejidad técnica y burocrática de la ley, la fuerte oposición de los propietarios que obstaculizan la ley todo lo que pueden.
Además la llegada al poder de las derechas en 1933 paralizan o deshacen todos los intentos de Reforma agraria con leyes para “reformar la reforma agraria, es decir contrarreformar”.
El fracaso de la Reforma agraria aumentó la tensión social. Los propietarios agrícolas se unen a las fuerzas conservadoras en su oposición a los republicanos y los campesinos decepcionados adoptan posturas más revolucionarias. Estamos ante un episodio más de las diferentes reformas que la República no pudo llevar a cabo por la hostilidad de diferente signo, tanto de derecha como de izquierda que la acosaba y la paralizaba.
El documento de Manuel Azaña es preciso y objetivo. Destaca los principales problemas de la agricultura española y la actuación del gobierno de la II República que el presidió. Muestra especial sensibilidad hacia la situación de los campesinos que sufren la explotación de los grandes propietarios, lo que obliga al Estado, (“con socialistas ni sin socialistas”), a procurar unas condiciones de vida más humanas para sus ciudadanos.
Durante los primeros meses de la Guerra Civil, el gobierno franquista del lado nacional derogó directamente, sin contrarreformas, la ley de reforma agraria lo que implicó la inmediata devolución a los terratenientes de las fincas expropiadas y la anulación de todos los asentamientos realizados en años anteriores.
La reforma agraria y la modernización del país quedaron una vez más lejos del alcance de la sociedad española.