EL PROBLEMA AGRARIO

Nos encontramos ante un texto histórico, de carácter político-social, que data del año 1939, año en el que finaliza la Guerra Civil española y comienza, a su vez, la dictadura franquista y la II Guerra Mundial. Su autor es Manuel Azaña, una de las figuras más importantes de la época, pues fue tanto jefe de gobierno como jefe de la propia República. Además, cabe destacar que esta obra fue escrita en el exilio en Francia, pues vemos que fue publicado en Collonges-sous-Salève, y el destinatario del texto es público, pues se trata, como hemos dicho, de una obra literaria.

El tema principal del fragmento es la desigualdad social y económica que se daba durante el principio de la II República por la reforma agraria implantada durante el Primer Bienio, que reorganizó el reparto de las tierras y desembocó en una gran conflictividad social.

En 1931 se implanta la II República española, cuyos pilares fundamentales eran las fuerzas políticas y la Constitución de 1931. El objetivo que tuvo este régimen era conseguir la instalación de un régimen propiamente democrático, aunque el contexto internacional, con el crack del 29 en EEUU, la crisis de los sistemas democráticos en Europa y el ascenso y consolidación de los regímenes fascistas, no era el más óptimo para su consecución. Aún así, la República fue recibida con mucho entusiasmo en las calles, pues la sociedad llevaba años con sed de cambios y reformas sociales. Nada más implantarse hubo una proliferación y multiplicación de los partidos políticos de distintas ideologías y tendencias que defendían diferentes proyectos y modelos políticos. Durante los dos primeros años de vida del nuevo régimen, se dio el Bienio Republicano-Socialista, en el que republicanos de izquierda y socialistas formaron un gobierno de coalición que emprendió un extraordinario esfuerzo reformista cuyo propósito era afrontar los graves problemas irresueltos en España. Dentro de esta serie de reformas destaca la reforma agraria, pues los principales problemas de la agricultura nacional seguían siendo el latifundismo y el elevado número de jornaleros sin tierra.
Por ello, la reforma planteaba tres objetivos: un objetivo social, para lo que se entregaron tierras a los campesinos a fin de obtener su apoyo para afianzar el recién nacido régimen republicano y, al mismo tiempo, evitar conflictos y revueltas sociales en zonas rurales. También un objetivo político, para el que se eliminó el poder económico de los grandes latifundistas, que en su mayoría eran monárquicos y enemigos de la República. Y un tercer objetivo económico, para el que se incrementó la producción total del sector agrario y se elevó el nivel de renta del campesinado, lo que aumentaría sus niveles de consumo y estimularía así el desarrollo de las actividades industriales y comerciales españolas. Un año más tarde se aprobó en el Parlamento la Ley de Reforma Agraria, cuyo contenido se resume en la expropiación sin indemnizaciones de las tierras pertenecientes a la extinguida Grandeza de España; la declaración de los latifundios arrendados, incultos o abandonados expropiables a cambio de una indemnización del Estado y la destinación de esas tierras expropiadas al asentamiento de campesinos que esplotarían las fincas de forma colectiva o en parcelas individuales. Sin embargo, la aplicación de esta ley y el ritmo de puesta en marcha de la reforma agraria fueron excesivamente lentos, a lo que hay que sumarle la expropiación de pocos terrenos, los pocos campesinos que se asentaron en ellos, y la falta de presupuesto para pagar las prometidas indemnizaciones. En consecuencia, los jornaleros hambrientos de tierra quedaron decepcionados con la República y se inclinaron hacia las soluciones revolucionarias propuestas por los anarquistas. Durante los dos años siguientes al primer Bienio, se dio el Bienio Derechista, momento en el que se puso en marcha una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del proceso iniciado por el gobierno precedente. El nuevo gobierno paralizó la reforma incrementando considerablemente la cuantía de las indemnizaciones y recortando drásticamente el presupuesto estatal dedicado al asentamiento de los campesinos sin tierra, por lo que se le devolvieron a la Grandeza de España las propiedades confiscadas por la anterior reforma. Finalmente, la aplicación de dicha ley se vio acelerada durante el gobierno del Frente Popular, de manera que en pocas semanas se vieron expropiadas miles de hectáreas que fueron repartidas entre cientos de miles de campesinos.

Tras ello, comenzó a gestarse la Guerra Civil española, pues las dificultades fundamentales de la España contemporánea que la República intentó resolver para lograr la modernización y democratización real del país fueron las bases de los principales conflictos sociales que enfrentaron a amplias capas sociales:
el problema agrario y la resistencia de la oligarquía terrateniente a la reforma agraria, la reforma religiosa que se centró en el intento de establecer un Estado laico que provocó la reacción de sectores de la Iglesia, la reforma de la organización del Estado ya que los estatutos de autonomía eran motivo de oposición de la derecha española y unitaria, entre otras. Además, el detonante de la contienda fue el desarrollo de una conspiración, a partir de 1935, con elementos militares, falangistas, carlistas y alfonsinos que se preparaba para un levantamiento armado, que se aceleró con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, así como el asesinato de José Calvo Sotelo, diputado y político derechista.