La Constitución de 1931: Un Nuevo Marco para España

La Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre por las Cortes Constituyentes, elegidas en las elecciones del 28 de junio de ese mismo año, con una alta participación (70%). En estos comicios triunfaron ampliamente las candidaturas de izquierdas y de centro, lo que permitió el respaldo mayoritario al Gobierno provisional. Las Cortes, presididas por el socialista Julián Besteiro, encargaron la redacción de una nueva Constitución, generando intensos debates, especialmente en torno a la cuestión territorial y la religiosa. Estas tensiones provocaron la dimisión del presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, de profundas convicciones católicas, siendo sustituido por Manuel Azaña.

La Constitución fue aprobada con 368 votos a favor y ninguno en contra, aunque 89 diputados de derecha se ausentaron en protesta por las medidas en materia religiosa. Al día siguiente, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña formó un nuevo Gobierno.

Principales Características de la Constitución de 1931

• Soberanía popular: España se definió como una «República democrática de trabajadores de toda clase», estableciendo que todos los órganos del Estado emanan del pueblo.
• División de poderes:
  • Ejecutivo: de carácter dual, con un presidente de la República como jefe de Estado (mandato de seis años y funciones representativas) y un jefe de Gobierno con mayor poder efectivo.
  • Legislativo: en manos de Cortes unicamerales, elegidas por sufragio universal directo (para mayores de 23 años, incluyendo por primera vez el voto femenino).
  • Judicial: se garantizó la independencia de jueces y tribunales, con el Tribunal Supremo y el Tribunal de Garantías Constitucionales como máximos órganos judiciales.
• Derechos y libertades: Se reconocieron amplias libertades políticas (de expresión, reunión, asociación, etc.) y derechos económicos y sociales, incluyendo:
  • Matrimonio civil y divorcio.
  • Igualdad en educación y trabajo.
  • Derecho a la Seguridad Social: seguros por invalidez, muerte, vejez, desempleo y maternidad, salario mínimo, y participación de los obreros en la dirección de empresas.
• Propiedad privada y expropiación: Se subordinó la propiedad al interés social, estableciendo la posibilidad de expropiación forzosa por razones de utilidad pública, con indemnización. También se planteó la socialización de la propiedad.
• Cuestión territorial: La Constitución establecía que «la República constituye un estado integral compatible con las autonomías de los municipios y las regiones». Esto generó controversias, ya que Cataluña ya había proclamado su autonomía dentro de la República y presentó el Estatuto de Nuria. De igual forma, en el País Vasco los ayuntamientos aprobaron el Estatuto de Estella.
• Relaciones internacionales: Se prohibió que España abandonara la Sociedad de Naciones y se renunció al uso de la guerra como medio de política exterior.
• Laicismo y conflicto religioso:
  • Separación total entre Iglesia y Estado: España se declaró República laica.
  • Se suprimió el mantenimiento del clero y el culto por parte del Estado.
  • Se secularizaron los cementerios.
  • Se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, la industria y el comercio, además de retirarles la inmunidad fiscal.
  • Se aprobó el divorcio y la libertad de credo y conciencia.
  • Disolución de la Compañía de Jesús (jesuitas).
  Estas medidas generaron fuertes enfrentamientos con sectores conservadores y religiosos, llegando a producirse incendios de conventos y otros edificios religiosos.

Falta de Consenso y Oposición

A pesar de su aprobación, la Constitución de 1931 no logró el consenso de todas las fuerzas políticas. Las discrepancias entre la izquierda y la derecha fueron especialmente intensas en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. Los sectores católicos más conservadores se opusieron a la laicidad del Estado y a la pérdida de influencia de la Iglesia. Del mismo modo, los partidos de derecha, defensores de un modelo centralista, rechazaron la autonomía regional y la descentralización del Estado.

El Voto Femenino

El voto femenino en España fue un tema debatido desde principios del siglo XX sin éxito. En las elecciones de 1931, las mujeres no pudieron votar, pero sí ser elegidas, y dos diputadas, Clara Campoamor y Victoria Kent, ocuparon escaños en las Cortes. Durante el debate constitucional, Campoamor defendió el sufragio femenino, mientras que Kent propuso retrasarlo, argumentando que las mujeres no estaban preparadas y que su voto favorecería a la derecha. Finalmente, el artículo 36 de la Constitución, que otorgaba igualdad de derechos electorales a hombres y mujeres mayores de 23 años, fue aprobado con 161 votos a favor y 121 en contra, aunque 188 diputados se ausentaron en la votación. Con esta decisión, España se convirtió en uno de los primeros países en reconocer el derecho al voto femenino en igualdad de condiciones.

Las Reformas del Bienio Progresista (1931-1933)

Las reformas del Bienio Progresista (1931-1933) de la Segunda República Española fueron un ambicioso intento de modernizar el país y democratizar sus estructuras, aunque encontraron una fuerte oposición de sectores conservadores, militares y eclesiásticos.

• En el ámbito militar, se buscó reducir la influencia del ejército en la política y garantizar su lealtad al régimen republicano. Para ello, se aprobó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que permitía a los militares no comprometidos con la República retirarse con sueldo íntegro. Se redujo el número de divisiones militares, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por Francisco Franco, y se creó la Guardia de Asalto, un cuerpo policial fiel a la República. También se prohibieron los tribunales de honor, promoviendo la justicia civil. Estas medidas pretendían acabar con la macrocefalia del ejército y alinearlo con los valores republicanos. Sin embargo, la reforma generó un profundo malestar entre los sectores militares más conservadores, especialmente los africanistas, quienes la consideraron una afrenta a la tradición castrense. Este descontento se manifestó en el fallido golpe del general Sanjurjo en 1932, que contó con el apoyo de sectores reaccionarios descontentos con la República. Sanjurjo fue detenido y condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada por prisión. Exiliado en Portugal, murió en 1936 cuando intentaba regresar a España para liderar la sublevación militar que daría inicio a la Guerra Civil.

• La reforma religiosa tuvo como eje la reducción del poder de la Iglesia en la sociedad y la promoción de un Estado laico. La Constitución de 1931 estableció la aconfesionalidad del Estado, la libertad de culto, la supresión de la financiación estatal a la Iglesia y la legalización del divorcio. Se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, se limitó su capacidad de poseer bienes y se expulsó a los jesuitas. Estas medidas fueron percibidas como un ataque frontal por la jerarquía eclesiástica, que movilizó a los sectores católicos en contra del régimen republicano. Paralelamente, el sentimiento anticlerical se intensificó y se produjeron disturbios con quema de conventos y ataques a establecimientos religiosos en varias ciudades. La Iglesia, que hasta entonces había tenido un gran peso en la educación y la vida social, pasó a ser un foco de oposición a la República, lo que incrementó la polarización política.

• La reforma agraria fue una de las más ambiciosas y necesarias del periodo, dado que la agricultura era el principal sector económico y la mayoría de los campesinos vivían en condiciones de extrema pobreza. Se aprobaron decretos para prohibir los desalojos de arrendatarios, establecer una jornada laboral de ocho horas en el campo y fijar salarios mínimos. También se impulsó el Decreto de Intensificación de Cultivos, que obligaba a los propietarios a explotar sus tierras para evitar su expropiación. La Ley de Bases para la Reforma Agraria, aprobada en 1932, permitió la expropiación de latifundios sin indemnización cuando pertenecían a la nobleza y con compensación en el caso de tierras mal cultivadas o arrendadas de manera especulativa. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para gestionar el reparto de tierras y facilitar el asentamiento de campesinos. Sin embargo, la reforma encontró numerosos obstáculos: la burocracia ralentizó su aplicación, los propietarios terratenientes ejercieron una feroz resistencia y la falta de presupuesto impidió llevarla a cabo con eficacia. Aunque se esperaba beneficiar a entre 60.000 y 70.000 campesinos, solo 12.000 accedieron a tierras antes de que la reforma fuera paralizada tras la victoria de la derecha en 1933.

• La reforma educativa fue una de las prioridades del gobierno republicano, dado el atraso del sistema educativo. En 1931, el 80% de la población era analfabeta y la mitad de los niños no estaba escolarizada. Para solucionar esta situación, se impulsó un modelo de educación laica, mixta, gratuita y obligatoria. Se crearon 10.000 nuevas escuelas y 7.000 plazas de maestros, aumentando el presupuesto en un 50%. Se promovió la enseñanza primaria y se establecieron comedores escolares para mejorar la nutrición infantil. Con el objetivo de acercar la cultura a las zonas rurales, se organizaron las Misiones Pedagógicas, en las que participaron estudiantes, profesores e intelectuales. Estas misiones llevaron bibliotecas ambulantes, proyecciones de cine y teatro a los pueblos más aislados. El grupo teatral La Barraca, dirigido por Federico García Lorca, representó obras clásicas por toda España. A pesar del esfuerzo del gobierno, la escasez de medios y el rechazo de sectores conservadores impidieron que la reforma se implementara plenamente.

• La reforma autonómica supuso un cambio radical en la estructura del Estado, que hasta entonces había sido centralista. La Constitución de 1931 reconoció el derecho de las regiones a tener autogobierno. Cataluña fue la primera en obtener su Estatuto de Autonomía en 1932, tras intensas negociaciones con el gobierno central. Se estableció la Generalitat como órgano de gobierno y se reconoció la oficialidad del catalán, así como competencias en educación, sanidad y economía. En el País Vasco, el Estatuto de Estella fue rechazado por su carácter confesional y conservador, pero en 1936 se aprobó un nuevo estatuto laico y democrático. En Galicia, un estatuto fue plebiscitado en 1936, aunque la Guerra Civil impidió su aplicación. En Andalucía, la Asamblea de Córdoba de 1933 elaboró un proyecto de Estatuto, pero nunca llegó a desarrollarse. La concesión de autonomía a Cataluña fue vista por la derecha como una amenaza a la unidad de España, lo que contribuyó a su oposición frontal al régimen republicano.

• La reforma laboral, impulsada por el socialista Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, tenía como objetivo mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos para la clase obrera. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva y el derecho a huelga, y la Ley de Jurados Mixtos, que permitía la mediación de tribunales en conflictos laborales. También se promovió la creación de seguros sociales, incluyendo pensiones, asistencia médica y cobertura por accidentes laborales. Se estableció la jornada laboral de ocho horas y se tomaron medidas para proteger a los trabajadores del despido arbitrario. Estas reformas representaron un avance significativo para la clase obrera, pero provocaron la oposición de los empresarios, que las consideraban una amenaza para la estabilidad económica. El descontento patronal llevó a un incremento de los conflictos laborales y a una mayor radicalización de las posturas políticas, contribuyendo a la polarización social del periodo.

El Final del Bienio Progresista

Los efectos de la crisis económica mundial de la década de los años treinta llegaron a España más tarde que a otros países. Las exportaciones tradicionales, minerales y productos agrícolas, descendieron considerablemente a partir de 1932, lo que provocó la caída de la producción minera a finales de ese año. Igualmente, disminuyeron las importaciones, lo que hizo que el proceso de industrialización se ralentizase. En 1933 la crisis se agudizó y se extendió a otros sectores. La caída del valor monetario de las exportaciones repercutió sobre la Bolsa y las empresas. El paro creció hasta alcanzarse la elevada cifra de 650.000 desempleados, aumentando el malestar social y los conflictos, ante los cuales el Gobierno se mostró impotente para darles solución.

Ese mismo año el Gobierno de Azaña dio señales de agotamiento. El impulso reformista se había frenado por las resistencias encontradas y por los errores propios. La crisis golpeaba a la economía española y el paro era muy elevado. Ante estas circunstancias, por un lado, la izquierda dejó de respaldar a Azaña, y por otro, la derecha se reorganizó. Alcalá-Zamora, haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales, le retiró su confianza. El radical Martínez Barrio presidió un Gobierno con la finalidad de preparar elecciones.

Los Enemigos de las Reformas y la Conflictividad Social

El programa reformista del primer bienio republicano perjudicó los intereses de sectores poderosos como la Iglesia, el ejército y la patronal, que reaccionaron organizando partidos monárquicos, conservadores y autoritarios para frenar las reformas. La clase obrera, por su parte, mostró su descontento debido a la lentitud de los cambios y las difíciles condiciones de vida, lo que llevó a huelgas e insurrecciones.

La derecha, fragmentada en varios grupos, se reorganizó para enfrentarse a la República. En 1932 nació la CEDA, liderada por Gil Robles, uniendo a los conservadores y católicos. Los monárquicos fundaron Renovación Española bajo Calvo Sotelo, mientras que los carlistas se agruparon en la Comunión Tradicionalista. Además, surgieron movimientos de extrema derecha inspirados en el fascismo, como Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, y las JONS, que promovían la acción violenta contra la izquierda.

El ejército también mostró resistencia. En 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que fracasó, pero en 1934 se creó la Unión Militar Española (UME), una organización clandestina que preparó la sublevación de 1936.

En el ámbito social, las crecientes desigualdades y la falta de avances radicalizaron a los trabajadores. El PSOE, aunque pedía calma, no pudo frenar las acciones revolucionarias de sus bases. Los anarquistas, tras perder la esperanza en la vía legal, optaron por la huelga revolucionaria y la insurrección armada, protagonizando revueltas en Castilblanco, Arnedo y el Alto Llobregat.

El episodio más grave ocurrió en Casas Viejas en 1933, cuando campesinos anarquistas proclamaron el comunismo libertario y atacaron la Guardia Civil. La brutal represión, con incendios, fusilamientos y ejecuciones, generó un escándalo nacional. Manuel Azaña, inicialmente justificando la represión, perdió apoyo entre la clase obrera, debilitando aún más al gobierno republicano.

Primeras Medidas del Bienio Conservador

A finales de 1933, las diferencias entre los partidos del gobierno republicano se acentuaron, especialmente tras los sucesos de Casas Viejas, lo que llevó a la dimisión de Manuel Azaña. Ante esta crisis, el presidente Alcalá-Zamora convocó elecciones para el 18 de noviembre de 1933 en un contexto de fuerte tensión social. A diferencia de 1931, las fuerzas de izquierda se presentaron divididas, mientras que la derecha logró unificarse en torno a la CEDA, liderada por José María Gil Robles.

La represión en Casas Viejas llevó a los anarquistas a promover la abstención, lo que redujo significativamente la participación obrera. Estas fueron también las primeras elecciones en las que votaron las mujeres, aunque la abstención entre ellas fue elevada. El resultado fue un gran fracaso para la izquierda y la victoria de la derecha, dando inicio al Bienio Conservador, también llamado Bienio Radical-Cedista o Bienio Negro.

Las dos principales fuerzas vencedoras fueron la CEDA y el Partido Radical. Alejandro Lerroux asumió la presidencia del gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA, aunque esta, debido a la desconfianza que generaba entre los republicanos, no entró inicialmente en el Ejecutivo.

El nuevo gobierno paralizó las reformas republicanas previas. En el ámbito agrario, se detuvo la reforma y se devolvieron las tierras expropiadas a los terratenientes, eliminando las mejoras laborales para los jornaleros, lo que agravó sus condiciones de vida. Se concedió una amnistía a los golpistas de la Sanjurjada de 1932, lo que evidenció un giro conservador. Además, se frenó el proceso autonómico, bloqueando el estatuto vasco y generando tensiones con la Generalitat de Cataluña. En materia religiosa, se restableció el presupuesto para el culto y clero y se iniciaron negociaciones con el Vaticano para un concordato.

Esta política provocó una fuerte reacción en los nacionalistas y en los grupos de izquierda. En el seno del PSOE, la situación generó una creciente radicalización. Su ala más izquierdista, liderada por Largo Caballero, comenzó a defender la necesidad de una revolución social, mientras que sectores más moderados, como los encabezados por Indalecio Prieto y Julián Besteiro, abogaban por la colaboración con los republicanos de izquierda.

La Revolución de Octubre de 1934

La Revolución de Octubre de 1934 fue una respuesta a la radicalización del gobierno conservador, que impulsó la izquierda, especialmente al ala más revolucionaria del PSOE liderada por Largo Caballero, que controlaba la UGT. Junto con los anarquistas, esta facción de la izquierda organizó huelgas y manifestaciones en contra del viraje conservador del gobierno.

La creciente conflictividad social llevó a la CEDA a exigir entrar en el gobierno. Lerroux cedió y otorgó tres carteras ministeriales a miembros de la CEDA. Esto generó desconfianza en los partidos de izquierda, que veían a la CEDA como una amenaza para la República. Ante esta situación, la UGT convocó una huelga general y los nacionalistas catalanes se rebelaron también contra el gobierno central.

En Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República federal española y pidió una alianza entre partidos y sindicatos de izquierda frente al conservadurismo del gobierno. Sin embargo, la insurrección fue sofocada, el gobierno declaró el estado de guerra y utilizó el ejército, lo que llevó a la detención de Companys y el resto del gobierno catalán.

Mientras tanto, en Asturias, los mineros se levantaron contra el gobierno tras un acuerdo entre socialistas, anarquistas y comunistas. Los mineros tomaron pueblos, asaltaron cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron a las autoridades por comités obreros y campesinos. El gobierno respondió declarando el estado de guerra y enviando al ejército, bajo el mando de Franco. La insurrección fue brutalmente reprimida después de días de intensos combates.

Los resultados de la Revolución de Octubre fueron devastadores: más de 2,000 muertos y 30,000 detenidos, lo que generó un clima de tensión social creciente entre los sectores de izquierda y los conservadores. La represión marcó una crisis política profunda, mientras que líderes como Manuel Azaña y Largo Caballero fueron detenidos por su participación en la huelga.

La Crisis del Bienio Conservador

La consecuencia de la revolución de 1934 fue doble:

1. Como reacción el gobierno giró aún más hacia la derecha y la influencia de la CEDA aumentó, convirtiéndose Gil Robles en Ministro de la Guerra. La CEDA defendía la represión y el cumplimiento de las condenas impuestas a los revolucionarios, así como el freno a las reformas y la modificación de la Constitución de 1931 en un sentido más conservador. Se nombró a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor en febrero de 1935.
2. La dura represión unió a las fuerzas de izquierda, hasta entonces divididas, contra la política del gobierno y en defensa de una amnistía para los detenidos en la revolución de 1934.

En este contexto de polarización y radicalización, en otoño de 1935 el gobierno radical-cedista entró en crisis, especialmente debido a que el Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción como el “caso del estraperlo” (licencias par casinos concedidas mediante soborno) o el caso Nombela (malversación de fondos públicos en una compañía naviera de la colonia de Guinea Ecuatorial). Estos asuntos provocaron diferencias entre radicales y cedistas y desprestigiaron a los radicales como opción de gobierno. Ante esta crisis, el presidente de la República se negó a dar la jefatura del gobierno a la CEDA y convocó elecciones anticipadas para febrero de 1936.

El Frente Popular y el Camino Hacia la Guerra Civil

Frente popular(f-jul1936): Las elecciones del 16 de febrero de 1936 reflejaron una fuerte polarización social en España, con dos bloques antagónicos: uno de izquierda, integrado por republicanos, socialistas y comunistas, que formaron el Frente Popular; y otro de derecha, compuesto por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional). Aunque la CNT no formó parte del Frente Popular, mostró simpatía hacia este bloque debido a sus propuestas, que incluían amnistía para los participantes en la Revolución de Octubre y la restauración del programa reformista del primer bienio.

El Frente Popular ganó con el 47,3% de los votos, siendo mayoritario en las grandes ciudades y la periferia, mientras que la derecha obtuvo el 46,48%, especialmente en el interior del país. Tras la victoria de la izquierda, Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga presidente del gobierno. El nuevo gobierno implementó rápidamente su programa, que incluía la amnistía a los presos políticos, la reincorporación de obreros despedidos por razones políticas, la reanudación de la reforma agraria y la restauración de la autonomía catalana.

La victoria del Frente Popular generó una gran movilización obrera, un aumento de la conflictividad social y un incremento de huelgas y ocupaciones de tierras por parte de los jornaleros. A medida que la situación se tensaba, sectores de la derecha, como los falangistas, se enfrentaron a grupos de izquierda en las calles, creando un clima de creciente enfrentamiento civil.

Paralelamente, se iba preparando una conspiración militar. El gobierno, anticipándose a un posible golpe, dispersó a los generales más sospechosos: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Navarra. Sin embargo, estos movimientos no impidieron el golpe militar. El general Mola, conocido como «El Director», organizó la sublevación, que comenzó en Melilla el 17 de julio y se extendió rápidamente a todo el protectorado en Marruecos. El 18 de julio la sublevación se trasladó a la Península.

La violencia política se intensificó cuando, el 12 de julio, fue asesinado el teniente José del Castillo, lo que llevó a la represalia y al asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio. Estos hechos aceleraron la insurrección militar. El 17 de julio, el golpe comenzó en Melilla, y para finales de julio, España quedó dividida en dos zonas: una controlada por la República y otra por los sublevados. Así comenzó la Guerra Civil.