1.-INTRODUCCIÓN En la historia de la economía el Siglo XIX es el siglo de la industrialización. En países como Gran Bretaña, Francia, Alemania o Bélgica implicó un cambio radical en las formas de producir y en las formas de propiedad, y supuso también una transformación en la organización de la sociedad, la cual recibe el nombre de capitalista.En este contexto, España presenta una evolución singular: como gran parte de los países del este y del sur del continente, quedaron al margen del triunfo de la industrialización, y sus transformaciones fueron mucho más modestas. Aún así, al final del siglo la sociedad urbana industrial se había consolidado en España. Sin embargo, la agricultura, en permanente situación de atraso, seguía empleando a más de dos tercios de la población activa. Como resultado, la renta por habitante era inferior a la de los países con una economía basada en la industria moderna.2.-ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA AGRARIA EN LA ESPAÑA DEL Siglo XIX.El aumento de la producción agraria permitíó el crecimiento de la población española a lo largo del Siglo XIX: de 1800 a 1900, pasó de 10,5 a 18,5 millones, un aumento superior al 75%. Sin embargo, es muy inferior a otros países de Europa, como Gran Bretaña (239,4%).La estructura demográfica, con la excepción de Cataluña, mantuvo los rasgos típicos de la del Antiguo Régimen: alta mortalidad, incluida la mortalidad infantil, y elevada natalidad. Como consecuencia, la esperanza de vida era muy baja (en 1900 alcanzaba los 34,8 años frente a la de Inglaterra y Suecia que superaba los 45 años). La tasa de mortalidad se mantuvo elevada debido a las malas condiciones sanitarias y al impacto de las epidemias, ambas causas relacionadas con la pobreza: una mala cosecha provocaba las hambrunas que favorecían la difusión de las epidemias, como los brotes de cólera y de tuberculosis.Otra carácterística demográfica, que siguió constante a lo largo del Siglo XIX, fue la tendencia al aumento de población en la periferia frente al interior despoblado: crecimiento de Cataluña, País Vasco, Murcia, Valencia, Canarias y, de Madrid, como excepción.La marginación de España del proceso de industrialización se explica, en parte, por el escaso desarrollo del sector agrario debido a la mala calidad de las tierras de cultivo, a las malas condiciones climatológicas pero, también, a la reforma agraria liberal (las desamortizaciones)  que excluyó del acceso a la propiedad a los más interesados en cultivarlas, los campesinos.  Las consecuencias fueron unos malos rendimientos y la pobreza de la mayor parte de la población, lo que no estimuló el consumo ni permitíó la acumulación de capitales, lo cual supuso un freno al proceso de industrialización. 3.-ANÁLISIS DE LA DESAMORTIZACIÓN.3.1.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD: CONCEPTOS.En la España del Antiguo Régimen la propiedad de la tierra se repartía de forma desigual, acaparando gran cantidad de tierras los estamentos privilegiados (nobleza y clero), en tanto que una inmensa masa de campesinos carecía de ellas. Tierras que, por otro lado, y debido a la existencia de determinadas trabas jurídicas, no podían venderse. Así, las propiedades pertenecientes a la nobleza estaba sujetas al mayorazgo, que impedía su división y enajenación. El mayorazgo había sido la fórmula por la  que las casas nobiliarias, en los siglos anteriores, habían podido mantener gran parte de sus propiedades: el primogénito de la casa recibía por herencia un bloque de bienes del que no era propietario, sólo tenía el derecho del disfrute (usufructo); podía aumentarlo con compras pero nunca vender, manteniendo el deber de transmitirlo íntegro a su heredero. En cuanto a las propiedades de la Iglesia, considerada ésta como propietario colectivo, tampoco podían venderse pues eran definidos como “bienes de manos muertas”. En situación similar se encontraban los bienes de otro propietario colectivo: los municipios, dueños de bienes aprovechados comunitariamente por los vecinos (comunales), explotados por el Ayuntamiento, para su administración y potencialmente arrendables (de propios) y tierras baldías.Con este fin, los gobiernos liberales, especialmente los progresistas, emprendieron un conjunto de medidas tendentes a liberar la tierra de las trabas, limitaciones y servidumbres (señorío, mayorazgo, bienes comunales, manos muertas…) que impónía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. En primer lugar, la abolición del régimen señorial o señoríos jurisdiccionales, proceso iniciado en Cádiz y concluido en 1837, que significaba acabar con los derechos jurídicos que los señores poseían sobre sus vasallos, al tiempo que se convertía en propiedad particular y libre las tierras que ocupaban. En segundo lugar, la desvinculación o supresión de los mayorazgos, o sea, la liquidación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes por parte de los nobles. Esta medida, aunque iniciada en Cádiz y planteada durante el trienio liberal, no se hizo efectiva hasta el año 1841, debido a la resistencia de la nobleza. Con ella, los bienes de la nobleza eran declarados libres y, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares.Y, por último, la desamortización, es decir la venta de bienes en manos de la Iglesia (bienes del clero regular y secular) y de los Ayuntamientos o municipios.3.2. FASES DEL PROCESO DESAMORTIZADOR.La desamortización, aunque considerada una reforma agraria liberal del Siglo XIX, debe su aplicación a los distintos intentos de reforma que se sucedieron a lo largo del Siglo XVIII, como el proyecto de Jovellanos llamado el Informe sobre la Ley Agraria y se realiza en varias fases:Durante el Antiguo Régimen, las ventas de los primeros bienes de los jesuitas, expulsados de España por Carlos III en 1767, a los que siguieron las desamortizaciones de Godoy (1798) por la que se enajenaron bienes pertenecientes a instituciones piadosas (hospitales, hospicios, casas de misericordia…) para financiar la deuda pública producida por las guerras con Francia e Inglaterra.Las medidas de las Cortes de Cádiz (1811-1813) por las que se intentan desamortizar los bienes comunales de los municipios para el “auxilio de las necesidades públicas, apremio a los defensores de la patria y socorro a los ciudadanos no propietarios”. En cuanto a los bienes eclesiásticos, José I había suprimido numerosas comunidades religiosas, pasando sus bienes a la Hacienda Pública, dando pié a que las Cortes de Cádiz decretaran la venta de los bienes de dichos conventos, añadiendo los procedentes de la Órdenes Militares e Inquisición. Tales decretos quedaron derogados a la vuelta de Fernando VII, aunque continuó con la enajenación de baldíos para sanear la deuda pública.Durante el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las medidas de las Cortes de Cádiz y se adelanta la gran desamortización de los bienes de la Iglesia con el Decreto de supresión de monacales por el que se disuelven numerosos monasterios, conventos y órdenes religiosas y sus bienes se incorporan al Estado. Sin embargo, con la vuelta del absolutismo, Fernando VII obligó a restituir los bienes incautados.La desamortización eclesiástica de Mendizábal: se inició en 1836 durante su gobierno progresista. Los objetivos de esta reforma eran solucionar el déficit de la Hacienda Pública (se admitían títulos de deuda como medio de pago), muy necesitada de ingresos para financiar la primera guerra carlista; y, secundariamente, mejorar la producción agrícola con el cambio de propiedad. Además, se atrajo a las filas liberales a los nuevos propietarios.El decreto desamortizador (1836) puso en venta en pública subasta al mejor postor todos los bienes del clero regular (tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas las obras de arte y los libros). Otro decreto desamortizador (1837) puso en venta los  bienes del clero secular (iglesias y catedrales). También se llevó a cabo una tímida desamortización civil, es decir, se autoriza la venta de algunos bienes de propios de los Ayuntamientos e, incluso, de algunas tierras incultas (baldías).Los bienes eran subastados, en presencia de un juez, y adjudicados al mejor postor. Los compradores podían efectuar los pagos en un plazo de ocho años y abonar el precio en metálico (sólo el 15 % de las ventas se abonaron por este procedimiento) o en títulos de deuda pública. Este mecanismo fue cuestionado por algunos economistas, como Flórez Estrada, quien propónía que el Estado mantuviera la propiedad de las tierras desamortizadas y las cediera en enfiteusis a los campesinos que las trabajaban. El pago del canon enfitéutico hubiera satisfecho las necesidades de dinero de la Hacienda Pública, con la ventaja de que el Estado hubiera conservado la propiedad, pudiéndola arrendar con fines sociales para mejorar la vida del campesinado y aumentar la producción. Sin embargo, la complejidad y lentitud de dicho plan hicieron que se considerasen más viables las propuestas de Mendizábal.Esta desamortización no culminó hasta 1841, siendo suspendida por el gobierno moderado en 1844. Aún así, para esa fecha se habían enajenado las tres cuartas partes del patrimonio eclesiástico total. Se vendieron tierras y casas por valor de 3447 millones de reales, y supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma, hasta 1851. La desamortización general o civil de Madoz: se inició durante el bienio progresista. El 1 de Mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, sacaba a la luz la Ley de Desamortización General que ponía en venta, junto al resto de los bienes eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior, todos los demás bienes de propiedad colectiva (propios y comunales de los municipios). Dicho proceso, que se prolongó hasta el año 1924 (Estatuto Municipal de Calvo Sotelo), significó la práctica desaparición de los “bienes de manos muertas” en España. El procedimiento utilizado para las ventas fue similar al empleado en la desamortización de Mendizábal, aunque existieron ciertas diferencias: el volumen de ventas fue mayor (afectó al 20% del suelo español), el pago se haría en metálico y aplazado (15 plazos) y, habiendo disminuido el déficit y con la Hacienda medio saneada, el beneficio de las ventas fue destinado, en gran parte, a financiar la expansión del ferrocarril y otras infraestructuras, aparte de consolidar a una clase media, favorecida por las ventas, que siguiera apoyando el sistema liberal: la alta burguésía volvíó a ser la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho más elevada que en la de Mendizábal.4.- SIGNIFICADO DE LAS MEDIDAS DESAMORTIZADORAS: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS. La desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del Siglo XIX. 4.1.-   CONSECUENCIAS ECONÓMICASSupuso la total transformación en la regulación de la propiedad: cambiaron de dueño miles de edificios y parcelas en toda España con la introducción de la propiedad privada y de la libertad de mercado. La extensión de lo vendido se estima en el 50%  de la tierra cultivable y su valor entre el 25% y el 33% del valor total de la propiedad inmueble española. Cambiaron de dueño 10 millones de hectáreas.Se pudo paliar los problemas de la Hacienda Pública, y lo que fue más importante es que se volvieron a conceder créditos al estado español gracias al haber saneado su Hacienda.Aumentó la producción agrícola y esto posibilitó el crecimiento de la población, aunque esto ocurríó por el aumento de superficie cultivada (de 10 millones de hectáreas a 16) y no por la incorporación a nuevos sistemas productivos, como maquinaria o abonos, que aumentaran la productividad. Sí se mejoraron y especializaron los cultivos gracias a nuevas inversiones de los propietarios (especialización productiva regional): la cornisa cantábrica se dedicó al maíz y a la patata; Castilla, Aragón y Andalucía al cereal, la vid y el olivo y las costas mediterráneas a los frutales (cítricos) y productos de regadío. Al no mejorar el rendimiento agrario por habitante (salvo en País Valenciano y Cataluña), no se consiguió el ahorro de capitales y liberar población que se dedicara a la industria o al comercio, al producir una proporción menor de ella, los alimentos suficientes para todos. Además, a finales de siglo el sector agrícola entró en crisis: los precios se reducen, en gran parte, por la invasión de los productos provenientes de las colonias y el sector vitivinícola sufre la plaga de la filoxera que acabó con su cultivo en varias regiones, especialmente en Málaga.Se incrementó la deforestación como efecto negativo, debido a la tala indiscriminada para roturar antiguas tierras comunales. Esto supuso una pérdida en la protección de la superficie de los terrenos y la falta de regeneración de los recursos hídricos.4.2. CONSECUENCIAS SOCIALES Se eliminaron todas las relaciones señoriales que se habían establecido durante el Antiguo Régimen entre los señores propietarios y los campesinos.Acrecentó la concentración de la tierra en pocas manos (la oligarquía terrateniente), ya que las familias más poderosas mantuvieron intacto su patrimonio o incluso lo aumentaron: sus tierras fueron desvinculadas, pero no expropiadas. No se consiguió crear una amplia clase media agraria, pero sí el núcleo de una clase modesta o media de propietarios rurales, sobre todo en el norte y centro de España. Además de consolidar las clases medias urbanas, principales compradoras de fincas rústicas, que se enriquecieron.El paso a la propiedad privada de las tierras comunales provocó el empobrecimiento de los ayuntamientos, privándolos de su autonomía económica, y a los campesinos la pérdida de sus escasos beneficios en el uso de las tierras comunales. Estas desamortizaciones no pretendían realizar una reforma agraria igualitaria desde el punto de vista social: los cambios en la propiedad agraria no significaron una mejora en las condiciones de vida del campesinado. Los grandes propietarios latifundistas de Andalucía, La Mancha o Extremadura anularon los contratos de arrendamiento y sus derechos sobre las tierras comunales, y dedicaron las tierras a grandes cultivos extensivos, trabajados por mano de obra barata: jornaleros. Estos aumentaron su número a lo largo del Siglo XIX (54% de la población activa agraria, alrededor de 2 millones en total), debido al aumento general de la población, pero también, a la pérdida de los derechos adquiridos durante siglos.4.3. CONSECUENCIAS POLÍTICAS Se afianzó el sistema liberal gracias al apoyo y la adhesión de una nueva burguésía terrateniente y de la nobleza, que se enriquecieron gracias a los decretos desamortizadores y coparon los órganos de poder político y social para seguir manteniendo su status económico.  Significó el triunfo definitivo el régimen liberal frente a los partidarios del Antiguo Régimen. La expropiación y venta de los bienes eclesiásticos supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano y una escalada continua de tensiones en la sociedad española. No será hasta el Concordato de 1851 que las relaciones se restablezcan, para lo cual el Estado español se hace responsable del mantenimiento económico del culto y clero. Al igual que ocurríó con sus habitantes, se produjo el empobrecimiento de muchos municipios pequeños, al privatizarse los bienes propios y comunales, que eran su principal fuente de ingresos.4.4. OTRAS CONSECUENCIAS Se produjo una pérdida considerable de patrimonio cultural y artístico. Muchas obras artísticas y libros de monasterios e iglesias fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países. También quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico con la consiguiente ruina de los mismos. Otros, en cambio, se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para museos o para el uso de otras instituciones. La desamortización de fincas urbanas contribuyó a la transformación del modelo de ciudad. Se generaron grandes plusvalías. La clase burguesa fue la más beneficiada por las compras de inmuebles, lo que produjo un cambio en el centro de las ciudades, pasando de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado, a la ciudad burguesa, caracterizada por el crecimiento en altura, apertura de nuevas vías, grandes edificios públicos y ensanches 5.-  LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.Durante este periodo, se inició el desarrollo en España de tres sectores productivos, típicos de la Revolución Industrial: la industria textil, la siderúrgica y la construcción del ferrocarril.5.1.-   LA INDUSTRIA TEXTIL La expansión de la industria moderna en la España del Siglo XIX es, en gran medida, la expansión de esta actividad en Cataluña. La modernización industrial que inició Cataluña se ciñó a la industria textil algodonera: búsqueda de nuevas fuentes de energía (hidráulica) y la introducción y posterior extensión de la máquina de vapor en las hilaturas y en los telares. Estas innovaciones supusieron la concentración espacial y de mano de obra: fábricas y obreros.La industria se concentró en torno a los ríos Ter y Llobregat para la obtención de la energía hidráulica, y próximas a la costa, por donde entraba el carbón imprescindible para las máquinas de vapor. También hubo concentración financiera, con sociedades anónimas que proporcionan el capital necesario, como  “La España industrial, S.A”, creada en Barcelona, en 1847. Otros factores del éxito fueron los bajos precios y el aumento de la demanda por el casi monopolio del mercado interior, favorecidos, en líneas generales, por la protección arancelaria que daban los gobiernos.5.2.-    EL CARBÓN Y LOS INICIOS DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA La aparición de los primeros altos hornos data de la década de 1830 en Andalucía: La explotación de yacimientos de hierro de la zona de Málaga (Marbella) supuso la producción siderúrgica más importante de España hasta 1844. Luego casi desaparecíó por la inexistencia de carbón mineral. Se recurríó al carbón vegetal mediante la tala masiva de los bosques de las sierras cercanas pero, a partir de 1844, fue sustituida por Asturias y, posteriormente, por Vizcaya.La existencia de carbón mineral en Asturias originó la creación de diversas empresas siderúrgicas desde 1840, y no perdíó su hegemonía hasta 1876, cuando la llegada del carbón galés, mucho más barato y de mejor calidad que el asturiano, a cambio de la exportación del hierro de Bilbao, originó la pérdida de competitividad de las empresas asturianas. Por último, la consolidación de la siderurgia en Vizcaya corresponde a la etapa de la Restauración. A partir de 1870, los Ybarra promovieron la renovación tecnológica alcanzando el 30% de la producción nacional del acero.5.3.-   LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED FERROVIARIA La invención del ferrocarril supuso una revolución en todos los ámbitos: mayor rapidez en el transporte, gran reducción de los costes, regularidad y seguridad para mercancías y personas; posibilitó el aumento de información y la transformación en los hábitos de las personas al mejorar la facilidad y comodidad del traslado. En el caso de España, estas ventajas fueron más evidentes ya que la orografía de su territorio y el atraso de su agricultura frenaban los intercambios.El primer trazado español fue inaugurado en 1848 para unir Barcelona con Mataró. A partir de la ley General de Ferrocarriles de 1855 se produjo una expansión espectacular del número de kilómetros en servicio. Aún con limitaciones, se comenzó la articulación de un mercado interior de cereales y, a partir de los años setenta, para el transporte de vinos y minerales para su exportación. Los aspectos discutibles en su desarrollo fueron la configuración de  la estructura radial de la red ferroviaria con centro en Madrid; el establecimiento de  un mayor ancho entre carriles que el de los europeos y, sobre todo,  el permiso concedido a las empresas extranjeras para importar todos los materiales en la construcción del trazado, libres de aranceles (de impuestos): se ha discutido que fue una oportunidad perdida para la industrialización de España. Sin embargo, gracias a la entrada de capitales extranjeros (franceses y belgas sobre todo) se construyó con gran rapidez la red ferroviaria española. 5.4.-   EL COMERCIO EXTERIOR A lo largo del Siglo XIX progresa la vinculación de la economía española con el mercado internacional, especialmente, cono los países avanzados de Europa. Al tiempo, la política arancelaria pasó de un progresivo librecambismo, desde el  reinado de Isabel II,  al proteccionismo, a partir de 1875. Los aspectos más significativos fueron los siguientes: El incremento de los intercambios con otros países: aceite y vino en la exportación y tejidos de algodón y lino en la importación. A finales de siglo, los minerales y cítricos en la exportación  y, el carbón y el algodón en rama en la importación, se sumaron.Los cambios en las relaciones comerciales debido a la pérdida de las colonias en América supuso un incremento en los intercambios con Francia y Gran Bretaña El debate económico en el sector comercial se centró en los partidarios de poner dificultades a la competencia exterior- proteccionismo- y los defensores de anular todos los obstáculos a la entrada de productos extranjeros, el librecambismo. Desde 1820, la evolución es clara hacia el librecambismo: desde el Sistema General de Aduanas (1820), que suprimíó las aduanas interiores y establecíó un arancel único para toda España hasta el Arancel Figuerola (1869), que redujo al mínimo los obstáculos para la entrada de productos extranjeros y estimuló la producción española hacia actividades más competitivas.6.-   BALANCE Y SIGNIFICADO DEL PROCESO INDUSTRIAL ESPAÑOL.Los aspectos más interesantes son los siguientes:El reducido peso de la industria en la economía nacional hacia 1875. Seguían teniendo más importancia industrias tradicionales como las alimenticias, que  representaban más de la mitad del total, sobre todo en Andalucía, Canarias, Asturias y Extremadura. Por el contrario, las nuevas industrias como la química y metalúrgica, apenas superaban el 3% cada una de ellas. Así, la distribución de la población activa por sectores, en 1870, era el siguiente: primario, 66,1%; secundario, 4,4% y terciario,  19,5%.La concentración en la periferia (costa) frente al interior de las zonas industriales: Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco.La ausencia de un mercado interior estable por la escasa capacidad de compra de la mayoría de la población y el escaso desarrollo de las vías de comunicación interior (aunque esto lo resolverá, en parte, la construcción del ferrocarril), la pérdida de las colonias, y la incapacidad para exportar ya que los precios no eran competitivos provoca la poca rentabilidad de las empresas industriales.Las condiciones naturales adversas: posición excéntrica en Europa, su orografía,  ausencia de carbón de calidad y de agua, dos materias fundamentales en la industrialización europea.La ausencia de capitales: por parte del Estado, los recursos disponibles eran absorbidos para la propia Hacienda Pública, debido a la insuficiencia de los impuestos (a pesar de la reforma Mon-Santillán) ya que la pérdida de las colonias había supuesto la descapitalización de la misma, agravada por  las constantes guerras del Siglo XIX; y, por parte de la iniciativa privada, los capitales se habían invertido en comprar bienes desamortizados (burguésía terrateniente) y títulos de la Deuda Pública.7.-   CONCLUSIÓNPara muchos historiadores, la desamortización fue un relevo de oligarquías que provocó un latifundismo territorialmente más extenso, económicamente mucho más egoísta y socialmente estéril; en definitiva, fue una reforma agraria necesaria, pero que se hizo mal.Para otros historiadores, políticos y economistas del Siglo XIX, en especial católicos, republicanos y colectivistas, supuso un enorme despojo y un definitivo desheredamiento del campesino pobre. Es cierto que entraron en cultivo nuevas tierras, pero las familias más poderosas conservaron intactos sus patrimonios, a pesar de la desvinculación del mayorazgo. Además, la venta de la propiedad municipal provocó un desastre social, al arrebatar a la población marginal su medio de vida. La desamortización cumplíó sus fines inmediatos: financiar la guerra carlista o el ferrocarril, y mantener el trono isabelino y el gobierno liberal. Pero no consiguió las metas últimas: movilizar la estructura agraria, desintegrar los latifundios, crear una clase media de campesinos y solucionar el déficit de la hacienda. Motivaciones fiscales y políticas viciaron el sistema desamortizador. La desamortización fue, como se ha dicho, la gran ocasión perdida.