2. EL PROCESO DE REVOLUCIÓN LIBERAL (1833-1843)
2.1. Los primeros gobiernos de transición (1833-1836)
El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de gobierno para asesorar a la regente María Cristina: Presidido por Francisco Cea Bermúdez.
Compuesto principalmente por absolutistas moderados, con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas.
Se proclamó defensor del absolutismo al tiempo que propónía algunas reformas administrativas que no modificaban la esencia del sistema político vigente.
La única reforma emprendida por este gobierno fue la nueva división provincial de España (49 provincias), promovida por Javier de Burgos, que intentaba:
Poner fin a la administración local del Antiguo Régimen, caracterizada por: La falta de uniformidad. El solapamiento de poderes. Avanzar hacia la unidad administrativa.
Ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse
por falta de apoyos sólidos:
El gobierno de Cea chocó con las pretensiones de buena parte de la población, que
reclamaba la reforma del Estado absoluto.
Algunos militares y asesores convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían convertido en aliados indispensables:
Se escogíó para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo las primeras reformas, aunque muy limitadas:
Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real (1834): No era una constitución ni una carta otorgada.
Conjunto de reglas para convocar unas Cortes, que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero ligeramente adaptadas a los nuevos
tiempos. Se hizo evidente que las reformas eran insuficientes para una buena parte del liberalismo. La división entre los liberales, que ya se había iniciado en el Trienio Liberal, formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida
política española en los siguientes decenios: Liberales doceañistas (moderados). Liberales exaltados (progresistas).
La Corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados y maniobraron
para mantenerles en el poder a pesar de los sucesivos cambios de gobierno.
La necesidad de conseguir apoyos sociales firmes y recursos financieros contra el carlismo forzó a la monarquía a vencer sus reticencias y aceptar un gobierno progresista que iniciase un profundo proceso de reformas liberales.
2.2. Los progresistas en el poder
? Los progresistas, descontentos con las tímidas reformas iniciadas, tenían su fuerza en:El movimiento popular. La Milicia Nacional. Las Juntas revolucionarias.
En Septiembre de 1835, María Cristina llamó a formar gobierno a un
liberal progresista, Mendizábal:
Inició la reforma del Estatuto Real. Tomó medidas con el fin de conseguir los recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo. Cuando decretó la desamortización de bienes del clero, los privilegiados apremiaron a María Cristina para que lo destituyese en el verano de 1836.
Tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja, residencia real de verano donde se encontraba la regente.
2.3. El desmantelamiento del Antiguo Régimen
En el período de tiempo que transcurríó entre Agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria.
Una de las principales actuaciones fue la reforma agraria liberal, que consagraba los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. Se llevó a cabo en 1837 a partir de tres grandes medidas:
La disolución del régimen señorial
Iniciada en las Cortes de Cádiz. Implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias. El antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
La desvinculación
Supresión de mayorazgos, fideicomisos. Significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución. Sus propietarios tenían libertad para poder venderlos sin trabas en el mercado.
La desamortización
Había sido un elemento recurrente desde el gobierno de Godoy (1798), como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos. En el año 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes
religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y establecíó la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la