1. De las Cortes de Cádiz al Trienio Liberal
1.1 Las Cortes de Cádiz (1810-1814)
Ante el vacío de poder provocado por la invasión napoleónica, la Junta General, reunida en Cádiz, convocó Cortes extraordinarias mediante la regencia. Estas Cortes se caracterizaron por ser generales, sin la tradicional división estamental. Se distinguieron tres grupos principales:
- Absolutistas: Defensores del Antiguo Régimen.
- Reformistas (Jovellanistas): Partidarios de un régimen intermedio entre el absolutismo y el liberalismo.
- Liberales: Defensores de la soberanía nacional y las reformas liberales.
Debido a la ocupación francesa, muchos diputados no pudieron asistir y fueron sustituidos por otros presentes en Cádiz, ciudad de marcado carácter liberal. Predominaban el clero, los juristas y los funcionarios, aunque también había militares, escritores, nobles e industriales. Existían eclesiásticos liberales y burgueses absolutistas, lo que generó dos facciones principales: la servil (absolutista) y la liberal. Tras la Guerra de la Independencia, las Cortes se trasladaron a Madrid.
Las Cortes de Cádiz representaron una ruptura radical con el modelo político y social español, combinando tradiciones hispánicas con ideas de la Revolución Francesa. Sus principios fundamentales fueron:
- Soberanía nacional.
- Igualdad ante la ley, derechos y libertades individuales.
- División de poderes.
- Religión católica como única religión oficial.
- Sufragio universal (masculino e indirecto).
- Milicia Nacional.
- Monarquía moderada.
- Libertad económica (comercio, industria, abolición de gremios, desamortización).
Estas reformas apenas se aplicaron debido a la guerra y la posterior restauración absolutista, pero se convirtieron en un referente para la revolución liberal en la Historia Contemporánea de España.
1.2 El Trienio Liberal (1820-1823)
Durante los gobiernos liberales del Trienio, se intentó recuperar gran parte de los decretos de las Cortes de Cádiz. Se promulgó la libertad de expresión, fomentando la prensa y las sociedades patrióticas (clubes vinculados a la masonería). Se creó la Milicia Nacional, se suprimió la Inquisición y se impulsaron reformas económicas. Sin embargo, la situación internacional desfavorable y las intrigas del rey Fernando VII para derrocar al gobierno liberal dificultaron su labor.
El liberalismo se dividió en dos bloques:
- Exaltados: Liberalismo popular y radical.
- Moderados: Liberalismo más conservador e institucional.
Las tensiones entre ambos grupos marcaron la política del Trienio. Los moderados, en el poder la mayor parte del tiempo, buscaron un liberalismo más conservador. Suprimieron (teóricamente) las sociedades patrióticas e impulsaron una segunda cámara aristocrática y el sufragio censitario. También intentaron dinamizar la economía mediante la supresión de órdenes monacales, vinculaciones y mayorazgos, y con desamortizaciones. Un intento de golpe de Estado realista debilitó a los moderados, permitiendo a los exaltados tomar el poder. Finalmente, la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis (la Santa Alianza, liderada por Francia) restauró a Fernando VII en el trono, quien inició una fuerte represión política. Rafael de Riego, símbolo del liberalismo, fue ejecutado en Madrid.
2. El Reinado de Isabel II (1833-1868)
2.1 La Regencia de María Cristina (1833-1840)
A la muerte de Fernando VII, Isabel II tenía solo tres años, por lo que su madre, María Cristina, asumió la regencia. El panorama político se dividía entre:
- Carlistas: Defensores del Antiguo Régimen.
- Liberales: Apoyados por la Regente, se dividían en:
- Moderados: Más conservadores.
- Progresistas: Defensores de la Constitución de 1812.
Ante el difícil clima político, la Regente llamó al liberal Martínez de la Rosa, quien formó gobierno con políticos del Trienio Liberal. Se estableció el Estatuto Real (similar a una carta otorgada), que defendía la monarquía absoluta y dividía el Parlamento en dos cámaras (Próceres y Procuradores). El reducido sufragio censitario y la oposición de carlistas y progresistas, junto con una epidemia de cólera y el endeudamiento, provocaron que la Regente llamara a los progresistas al gobierno en 1834.
El conde de Toreno y Mendizábal impulsaron reformas liberales, destacando la desamortización de bienes eclesiásticos. Una oleada de juntas revolucionarias llevó a María Cristina a recurrir a Mendizábal.
Mendizábal instauró definitivamente el sistema liberal. Los progresistas promovieron una carta de derechos y la subordinación del gobierno al Parlamento. La desamortización buscaba recaudar fondos para la guerra carlista. Sin embargo, sus planes fracasaron y la Regente llamó a Istúriz, quien formó gobierno con liberales moderados.
Una serie de pronunciamientos progresistas, como el Motín de la Granja, llevaron a la aceptación de una nueva constitución, la Constitución de 1837. Esta constitución buscaba un consenso entre moderados y progresistas, reforzando el poder de la Corona (soberanía compartida entre el pueblo y el monarca) y dividiendo las Cortes en Senado y Congreso de los Diputados. Se estableció el sufragio censitario masculino y se inauguró la práctica del falseamiento electoral.
La rivalidad entre moderados (liderados por Narváez) y progresistas (liderados por Espartero), junto con la guerra carlista y el Convenio de Vergara (1839), marcaron la vida política. La Ley de Ayuntamientos, que permitía a la Corona elegir a los alcaldes, provocó la dimisión de Espartero. Ante los motines en Barcelona, la Regente nombró a Espartero presidente y renunció a la regencia, conspirando desde París contra él.
Los Carlistas, defensores del Antiguo Régimen, la religión católica y los fueros, rechazaron las reformas liberales. Generales como Zumalacárregui lideraron partidas rurales, principalmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña. La muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao (1835) marcó el fin de la primera etapa. El general Cabrera dirigió otras partidas. La expedición de Carlos María Isidro a Madrid fue detenida por el ejército isabelino de Espartero. Los carlistas se dividieron entre apostólicos y moderados (como el general Maroto), quien negoció la paz con los liberales. El Convenio de Vergara (donde Espartero se comprometió a respetar los fueros vascos) no fue aceptado por Carlos ni Cabrera, quienes continuaron la lucha hasta la derrota en Morella (1840).
2.2 El Bienio Progresista (1854-1856)
Los generales Dulce y O’Donnell lideraron un pronunciamiento conocido como «la Vicálvarada«. Tras la batalla, se retiraron a Manzanares, donde, junto con los progresistas de Serrano, dieron un giro civil a la revuelta. Encargaron a Cánovas del Castillo la redacción del Manifiesto de Manzanares, que pedía reformas progresistas: régimen representativo, supresión de la camarilla real, mejora de las leyes de imprenta y electoral, reducción de impuestos y descentralización municipal. El pronunciamiento derivó en una revolución con lemas democráticos y republicanos.
Espartero regresó triunfalmente del exilio. Esta etapa fue dirigida por Espartero (progresistas) y O’Donnell (unionistas, una escisión de los moderados). El primer gobierno progresista ascendió a los militares revolucionarios, cambió gobernadores y embajadores, decretó la libertad de prensa y la tolerancia religiosa, y exilió a María Cristina. La desamortización de Madoz, más eficaz, rompió el Concordato y provocó nuevos levantamientos carlistas. La deuda pública, la incapacidad de pagar a los funcionarios y el descontento popular forzaron la dimisión de Espartero. La Reina llamó a O’Donnell a formar gobierno.
Las Cortes Constituyentes de 1854 tardaron dos años en redactar la Constitución, conocida como la «non nata» (no llegó a entrar en vigor). Defendía la soberanía popular, establecía un Congreso bicameral, recuperaba la Milicia Nacional, la libertad de imprenta, religiosa y la libre elección de alcaldes. El espectro político se amplió a cinco partidos (neocatólicos, carlistas, unionistas, progresistas y demócratas). El malestar social ante los impuestos y las quintas llevó a O’Donnell a rodear el Congreso y disolver el Parlamento, iniciando la hegemonía de la Unión Liberal.