La Desamortización en España: Una Falsa Reforma Agraria

El proceso de desamortización fue la primera pieza de la transformación agraria del siglo XIX. Siguiendo el ejemplo de la Francia revolucionaria, desamortizar era nacionalizar los bienes de la Iglesia o de los municipios para venderlos en pública subasta. Los ingresos se destinaban al saneamiento de la Hacienda pública.

El conjunto de leyes desamortizadoras ha sido calificado como una «reforma agraria liberal» porque alteraba la distribución de la propiedad y ponía en circulación tierras sin explotar para su cultivo; «liberal» porque fueron los gobiernos liberales quienes la llevaron a cabo y, además, se formó un grupo de propietarios con esta ideología. Pero, en realidad, poco tuvo de reforma agraria.

En España se llevaron a cabo durante el siglo XVIII algunas medidas que intentaban facilitar el acceso del campesinado a la propiedad, aunque las soluciones propuestas se centraron en el arrendamiento de baldíos y tierras municipales (Reales Provisiones de 1766 y 1767) y en la venta de los bienes de los jesuitas expulsados (1767). Pero con seguridad es en el siglo XIX cuando comienza en España el fenómeno desamortizador y se prolongará hasta el llamado «Estatuto Municipal» de Calvo Sotelo en 1924, que derogó definitivamente las leyes desamortizadoras existentes sobre los bienes de los pueblos.

Etapas de la Desamortización

Se pueden distinguir tres grandes etapas en la legislación desamortizadora:

• Primera etapa (finales del siglo XVIII y principios del XIX): Se inició con Godoy en 1798 y afectó a bienes de la Iglesia e instituciones piadosas. Se hizo para financiar la deuda producida por las guerras con Francia e Inglaterra. Le siguieron las adoptadas por José I sobre bienes del clero regular y de la aristocracia que se resistió a la invasión francesa. Las Cortes de Cádiz aprobaron un decreto general de desamortización que apenas pudo ponerse en práctica. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) volvieron a entrar en vigor las medidas de las Cortes de Cádiz y se adelantó la gran desamortización de los bienes de la Iglesia con el Decreto de Supresión de Monacales; los bienes se incorporaron al Estado para el pago del crédito público. Sin embargo, la desamortización del Trienio favoreció a las clases media y alta mientras perjudicó a los campesinos pobres.
• Segunda etapa (1836-1844): Comenzó con las leyes desamortizadoras del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal en 1836-37 y normas posteriores, y continuó hasta 1844, cuando su aplicación quedó paralizada por el gobierno moderado de Narváez. La desamortización de Mendizábal afectó principalmente a los bienes del clero regular (conventos y monasterios); posteriormente amplió la acción al sacar a la venta bienes del clero secular. Este proceso no culminó hasta el año 1841. El doble objetivo de esta operación era sanear la Hacienda pública, en crisis por la primera guerra carlista y la deuda heredada, así como crear «una copiosa familia de propietarios», como decía el decreto, que constituyera una clase media agraria. También se llevó a cabo una tímida desamortización civil autorizándose la venta de algunos bienes de los Ayuntamientos e, incluso, de algunas tierras incultas. Esta desamortización fue la que tuvo mayor importancia y provocó la ruptura de relaciones con el Papado.
• Tercera etapa (1855 en adelante): Tuvo lugar en 1855 con la ley de Desamortización General de Madoz (ministro de Hacienda). Afectó tanto a los bienes de la Iglesia como de municipios (propios y comunales). También se denominó «desamortización civil» al corresponder a los municipios la mayor parte de las tierras vendidas. La venta de estos bienes nacionalizados se prolongó durante la Restauración, pero la mayor parte se vendieron entre 1855 y 1867. La venta de tierras municipales no consiguió solventar el problema crónico de la deuda pública y, sin embargo, arruinó a muchos ayuntamientos.

Consecuencias de la Desamortización

Las consecuencias de este gran proceso de nacionalización y venta fueron de diverso tipo:

• Incremento del número de grandes terratenientes: Nuevos propietarios invirtieron su dinero en tierras y casas. Y es que los bienes desamortizados se vendieron sin ningún criterio distributivo, sino solo con el fin de obtener ingresos para el fisco y de la forma más rápida posible. Por esta razón no hubo ni se pretendió una reforma agraria, pues la desamortización apenas afectó a la estructura de la propiedad: la tierra cambió de manos, pero no se modificó el tamaño de las propiedades ni se modernizaron las formas de explotación.
• Los compradores fueron gente adinerada: Procedente de la vieja aristocracia y burgueses enriquecidos por los negocios o que ocupaban los altos cargos de la administración, el ejército, etc. La nobleza consolidó su patrimonio y permutó los abolidos derechos señoriales por la plena propiedad y las rentas derivadas de ella.
• Permitió poner en cultivo gran cantidad de tierras abandonadas: La presión demográfica exigía el aumento de tierras cultivadas y de la producción. La desamortización resolvió en parte el problema de la carestía de alimentos, sobre todo de cereales.
• Los grandes perdedores fueron los campesinos, la Iglesia y los municipios: Los campesinos pasaron de ser usuarios de bienes comunales o tierras de baja renta a pagar rentas más elevadas, dentro de una mentalidad propia del capitalismo. La Iglesia perdió parte de su patrimonio inmobiliario, pero también artístico y documental. Los municipios perdieron su principal fuente de ingresos, al privatizar los bienes de propios, baldíos y comunes. Todo esto explica el apoyo al carlismo del mundo rural y campesino que prometía la vuelta del Antiguo Régimen y el fin de la desamortización.

Efectos sobre la Producción y la Productividad Agrícola

En esta masiva operación de venta de tierras se calcula que cambiaron de dueño más de 10 millones de hectáreas, pero el paso de las manos muertas a propiedades particulares no parece haber potenciado el crecimiento. Otros factores ayudaron al desarrollo tímido de la agricultura (supresión del diezmo eclesiástico y la Mesta, lenta mejora de las comunicaciones, aumento de la población).

En general, la producción creció de forma modesta hasta el último cuarto de siglo. De todos los cultivos, fue el trigo el que aumentó más su producción, y aunque aumentaron otros productos como el maíz, naranjos y frutales, la estructura productiva siguió basándose en la clásica triada mediterránea.

La política proteccionista (arancel de 1891) pretendió frenar la crisis agraria de final de siglo, pero ocultaba, en realidad, la baja productividad de la agricultura española, especialmente en los cereales, por el atraso técnico, la escasa inversión, las estructuras arcaicas, etc. Otras producciones como vinos, pasas, aceite de oliva, cítricos, etc., no se desarrollaron plenamente hasta el siglo XX, cuando se fue abandonando la política proteccionista.

Por último, la agricultura no fue motor de arrastre de la demanda de productos industriales para su aplicación en el campo ni aportó capitales de forma notable.