Concepto y Antecedentes Históricos de la Desamortización

La desamortización española del siglo XIX fue un proceso por el cual el Estado incautó (con compensación) bienes raíces, principalmente de la Iglesia y municipios, para luego venderlos en subasta pública.

Más de tres cuartas partes de las tierras estaban en condición de «manos muertas», es decir, tierras inalienables que perpetuaban el dominio al no poder ser vendidas. Los mayorazgos eran un ejemplo, pero la mayoría de las propiedades eclesiásticas también eran inalienables.

Siguiendo los principios económico-sociales del liberalismo, ya en Cádiz se había iniciado la tarea de liberar la propiedad inmueble del Antiguo Régimen. Este proceso continuó durante el reinado de Isabel II con la desamortización de bienes eclesiásticos y municipales, introduciéndolos al mercado libre para fomentar el aumento de pequeños propietarios.

El fenómeno desamortizador no era nuevo. Antes hubo varios intentos, comenzando con las propuestas de políticos ilustrados como Pablo de Olavide (Memorial ajustado de 1784) y Gaspar Melchor de Jovellanos (Informe sobre la ley agraria, 1795). Estas propuestas buscaban vender bienes baldíos (tierras no cultivadas y despobladas, principalmente para ganado) de ayuntamientos y tierras concejiles, pero no de la Iglesia. Durante el reinado de Carlos III hubo tímidas medidas desamortizadoras, aunque no eran desamortizaciones propiamente dichas, ya que las tierras se arrendaban y seguían siendo propiedad municipal. La llamada «desamortización de Godoy», impulsada por Mariano Luis de Urquijo en 1798, fue la primera desamortización real en España. Afectó a bienes de Colegios Mayores, de jesuitas (no vendidos tras su expulsión) y de instituciones benéficas de la Iglesia. José I Bonaparte también realizó una pequeña desamortización, que no suprimió la propiedad, sino que confiscó rentas para gastos de guerra de las tropas francesas, siendo devueltas en 1814.

Dentro de la obra liberal de las Cortes de Cádiz, los decretos de 4 de enero y 13 de septiembre de 1813 son las primeras normas legales de desamortización del siglo XIX, pero apenas se aplicaron por el retorno de Fernando VII. Durante el Trienio Liberal, las nuevas Cortes revalidaron el decreto de 13 de septiembre de 1813 con el decreto de 9 de agosto de 1820, añadiendo las propiedades de la recién extinguida Inquisición española. También restablecieron el decreto de 4 de enero de 1813 sobre la venta de baldíos y bienes de propios de los municipios. La desamortización eclesiástica, a diferencia de las Cortes de Cádiz, sí fue abordada por las Cortes del Trienio en relación con los bienes del clero regular.

La Desamortización de Mendizábal

Juan Álvarez Mendizábal (progresista) fue nombrado presidente del gobierno en 1835 con amplios poderes. Su gobierno buscaba consolidar el liberalismo frente al carlismo, liquidar las formas de propiedad del Antiguo Régimen y conseguir recursos para la guerra carlista y la Hacienda del Estado.

Mendizábal suprimió conventos y congregaciones religiosas como paso previo a la desamortización de bienes eclesiásticos, expresada en el decreto de 19 de febrero de 1836, que nacionalizaba los bienes del clero regular. Estos decretos adjudicaban al Estado los bienes raíces de corporaciones y comunidades religiosas, ordenando su venta para pagar la Deuda pública, excepto los destinados a servicios públicos o monumentos nacionales. El decreto incluía un reglamento para la venta. Con esta ley también pretendía quitar poder a la Iglesia y crear una clase de propietarios afines al liberalismo. Las medidas se completaron con la Ley de 1837 (29 de julio), que desamortizó los bienes del clero secular. También se exclaustraron las órdenes femeninas y se retiró el diezmo. Esta ley abolió el mayorazgo y el señorío.

Las consecuencias fueron:

• Las tierras se vendieron en subasta pública, impidiendo el acceso al campesinado. Fueron adquiridas por la burguesía de negocios. Aumentó la superficie cultivada y los rendimientos, y se sufragaron gastos de guerra, pero no se amortizó la deuda del Estado. Se podía pagar con títulos de deuda pública, favoreciendo a especuladores y no a campesinos modestos. También aumentó la deuda, sobre todo cuando los inversores pidieron beneficios.
• Ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y división de la opinión pública. Pérdida o dispersión del Patrimonio Histórico-Artístico y documental de los claustros.
• Fracaso del intento de reforma agraria, pues la tierra no fue al campesinado. La nobleza conservó parte de sus bienes. Consolidó el régimen liberal, aunque muchos compradores eran moderados, no progresistas.

La Desamortización de Madoz (1855)

El 1 de mayo de 1855, durante el Bienio Progresista (1854-1856), el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, impulsó la segunda desamortización. La Ley de Desamortización General se aprobó a pesar de la oposición del clero. Ponía en venta, mediante subasta pública, todos los bienes de propiedad colectiva: eclesiásticos no vendidos anteriormente, bienes del Estado (rústicos y urbanos) y municipales. Fue la segunda gran desamortización del siglo XIX, completando la de Mendizábal. A diferencia de ésta, la ley Madoz se desarrolló rápidamente: entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y 9.000 urbanas, por valor de casi 8.000 millones de reales, con un pago inicial del 10% y el resto aplazado, solo en efectivo. Los bienes obtenidos se destinaron a la industrialización, amortización de deuda y expansión del ferrocarril (Ley de Ferrocarriles de 1855). La alta burguesía fue la principal beneficiaria, aunque hubo mayor participación de pequeños propietarios rurales que en la desamortización de Mendizábal. No hubo reparto de tierras a los menos favorecidos porque no buscaba una reforma agraria, pero sí expandió la superficie cultivada y mejoró la productividad. Otra consecuencia fue el agravamiento de la situación del campesinado y la aparición de un proletariado agrícola (jornaleros) con duras condiciones de trabajo. Surgió una burguesía terrateniente que emulaba a la aristocracia. Se acentuó la estructura latifundista. Las condiciones de vida de muchos campesinos empeoraron. Hubo ruptura de relaciones con la Iglesia por violación del Concordato de 1851.

Entre 1836 y 1856 se transfirió la propiedad de 10 millones de hectáreas, el 20% de la superficie nacional. La desamortización de Madoz estuvo vigente hasta 1895, pero desde 1856 hubo pocas subastas. Contribuyó a los ingresos de Hacienda. El proceso desamortizador impulsó el cambio a una sociedad burguesa, con traspaso de tierras a nuevos propietarios y fusión de aristocracia y burguesía en una nueva élite terrateniente. La desamortización concentró la propiedad según el tamaño preexistente, sin cambio radical en la estructura. Las parcelas pequeñas fueron compradas por habitantes locales, las grandes por personas ricas de ciudades lejanas. Se mantuvo el latifundismo en el sur y el minifundismo en el norte. La exclaustración de religiosos generó miseria. Parte del patrimonio de monasterios acabó en otros países o en bibliotecas y universidades. Muchos edificios de interés artístico quedaron abandonados, pero otros se transformaron en edificios públicos. Desde un punto de vista ecológico, se privatizaron bosques públicos y los compradores esquilmaron los recursos, causando deforestación y extinción de especies.

El Carlismo y las Guerras Carlistas

El carlismo surgió al final del reinado de Fernando VII, defendiendo el absolutismo frente al liberalismo. Toma su nombre de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, quien lideró la insurrección tras la muerte de Fernando VII en 1833. El carlismo, tradicionalista y antiliberal, agrupó a parte de la nobleza rural, clero y campesinos de zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia.

Los factores del carlismo son la actitud de grupos sociales ante las reformas liberales. La Iglesia no aceptaba la soberanía nacional, el individualismo liberal ni la desamortización. El campesinado rechazaba las reformas por ser desahuciados de tierras desamortizadas sin recibir propiedad o por el nuevo sistema fiscal. El liberalismo era visto como enemigo del orden tradicional. Los sublevados proclamaron rey a Carlos María Isidro (Carlos V), confiando en él la defensa de la sociedad tradicional. Comenzó una guerra civil, principalmente en el País Vasco, pero extendiéndose a Cataluña, Aragón y Valencia. Bajo el lema «Dios, Patria y Fueros», defendían la monarquía absoluta, la preeminencia de la Iglesia y el sistema foral. Representaban una sociedad arcaica y conservadora, opuesta al liberalismo urbano.

La regente María Cristina contó con absolutistas fieles a Fernando VII (alta nobleza, funcionarios, jerarquía eclesiástica). Para defender a Isabel II, pactó con el liberalismo moderado, buscando un tránsito al régimen liberal.

Fases de las Guerras Carlistas

1. 1833-1835: El coronel Zumalacárregui reorganiza las partidas carlistas, creando un ejército regular en el territorio vasco-navarro. Fracasa el asedio de Bilbao, muriendo Zumalacárregui. La guerra se extiende a Cataluña y Valencia.
2. 1836-1837: Expediciones carlistas intentan romper el confinamiento vasco.
3. Finales de 1837: Tensiones internas en el carlismo. El ejército isabelino, liderado por Espartero, levanta el sitio de Bilbao. El general Maroto negocia con Espartero el Convenio de Vergara (agosto de 1839), acordando que Espartero defenderá los fueros vascos en las Cortes.
4. Resistencia en el Maestrazgo: Ramón Cabrera rechaza el Convenio de Vergara. En mayo de 1840, Espartero toma Morella, terminando con el último foco carlista.

El problema carlista continuó. Entre 1846 y 1849, tras fracasar el intento de matrimonio entre Carlos VI (hijo de Carlos V) e Isabel II, hubo una nueva sublevación (Segunda Guerra Carlista). Durante el Sexenio Democrático, tras la destitución de Isabel II, surgió una nueva oportunidad para los carlistas. En 1872, Carlos VII encabezó la Tercera Guerra Carlista.

Evolución Política del Reinado de Isabel II (1833-1868)

El reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia de progresistas y moderados, con inestabilidad política y pronunciamientos militares. La primera década coincide con su minoría de edad, con las regencias de María Cristina (1833-1840) y Espartero (1840-1843).

Durante la regencia de María Cristina, la guerra carlista la obligó a acercarse a los liberales exiliados, ahora más moderados. Nombró jefe de gobierno a Francisco Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que reformaba las Cortes del Antiguo Régimen, como compromiso entre absolutismo y liberalismo.

Tras la dimisión de Martínez de la Rosa, Juan Álvarez Mendizábal, liberal progresista, llegó al gobierno. Su gobierno, condicionado por la guerra carlista, buscó resolver el problema de la Hacienda y promulgó el decreto de desamortización, triunfando la propiedad liberal sobre la religiosa, el mayorazgo y el régimen señorial. Su anticlericalismo le generó problemas, siendo destituido. El nuevo gobierno moderado de Francisco Javier Istúriz enfrentó la oposición del sector radical, provocando el motín de la Granja, donde sargentos de la Guardia Real impusieron a la regente el restablecimiento de la Constitución de 1812.

José María Calatrava, liberal progresista, convocó Cortes constituyentes para aprobar la Constitución de 1837. Establecía soberanía nacional compartida entre rey y Cortes, con el rey pudiendo disolver las Cámaras. Reconocía derechos ciudadanos y división de poderes. Podría haber sido un punto de encuentro liberal, pero no lo fue. El general Espartero criticó la tendencia conservadora del régimen. Las exigencias de Espartero y la pérdida de apoyos de María Cristina llevaron a la regencia de Espartero y al exilio de María Cristina. Espartero marginó a elementos de su partido y gobernó con personalismo. La división del progresismo y los brotes de republicanismo generaron movimientos revolucionarios. Levantamientos militares (Prim, Serrano) causaron su caída. Espartero se exilió a Inglaterra.

La mayoría de edad de Isabel II abrió una etapa con predominio moderado. La Década Moderada (1844-1854) giró hacia posiciones conservadoras, plasmadas en la Constitución de 1845, que anuló los aspectos progresistas de la de 1837: soberanía conjunta de rey y Cortes, más poder al rey, Senado designado por el rey, confesionalidad católica. El gobierno moderado fue centralizador. La monarquía isabelina se volvió reaccionaria y excluyente, con los moderados controlando el gobierno, excepto durante el Bienio Progresista (1854-1856) y el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863).

La Construcción del Estado Liberal: Los Partidos Políticos

Los primeros partidos políticos surgieron al inicio del reinado de Isabel II:

1. Partido Moderado: Liderado por Narváez, se apoyaba en terratenientes, alta burguesía y clase media alta. Defendía la soberanía compartida y limitar los derechos individuales.
2. Partido Progresista: Liderado por Espartero, tenía base en la pequeña y mediana burguesía, empleados y artesanos. Propugnaba la soberanía nacional en las Cortes, limitando el poder del rey.
3. Partido Demócrata: Escisión del Partido Progresista. Integraba a progresistas radicales, republicanos y socialistas. Defendía la soberanía nacional, sufragio universal, libertad de conciencia, derecho de reunión y asociación, instrucción primaria universal y gratuita, e intervención estatal en asistencia social. No participó en el sistema político isabelino.
4. Unión Liberal: Liderada por O’Donnell, se constituyó como partido de centro. Se nutría del ala derecha del Partido Progresista y del ala izquierda del Partido Moderado. Buscaba una alternativa al progresismo radical y al moderantismo reaccionario.

El Estado liberal fue creado por los moderados, pero la oposición de progresistas, demócratas y parte del moderantismo acabó con su predominio. Los progresistas recurrieron al pronunciamiento, liderado por O’Donnell en Vicálvaro, con levantamiento popular. Tras la dimisión del gobierno moderado, Espartero regresó al poder. El Bienio Progresista (1854-1856), con O’Donnell como ministro de Guerra, elaboró una nueva constitución, pero no se aprobó. Se impulsaron transformaciones económicas: Ley Desamortizadora de Madoz (1855), Ley de Ferrocarriles y Ley de Sociedades Anónimas de Crédito. Desde 1855, una crisis ministerial y revueltas sociales llevaron a la destitución de Espartero y al nombramiento de O’Donnell (1856). La dimisión de O’Donnell trajo de vuelta a Narváez, quien derogó la legislación anterior, restableció relaciones con la Santa Sede y la Constitución de 1845.

Los gobiernos siguientes fueron un compás de espera, hasta que Isabel II optó por la Unión Liberal (1858-1863), buscando equilibrio entre libertad y orden. El gobierno de O’Donnell fue estable, con prosperidad económica, y buscó devolver prestigio internacional a España, con intervenciones militares de escaso interés. La paz social se vio afectada por un episodio insurreccional carlista en San Carlos de la Rápita y una sublevación campesina en Loja. La caída de O’Donnell devolvió el poder a los moderados, alternando con unionistas. Se difundió la ideología democrática. Progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende para acabar con el régimen. La represión tras la muerte de Narváez llevó a la unión de progresistas, unionistas y demócratas para derribar la monarquía de Isabel II, materializándose en la Revolución de 1868.