Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra.
Por desamortización entendemos la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición; así pues pasan a tener la condición de bienes libres de propiedad particular ordinaria Antecedentes En primer lugar, durante el reinado de Carlos III, los reformistas ilustrados del Siglo XVIII, habían insinuado la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. En el Antiguo Régimen, una gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, tierras vinculadas a dominios monásticos o a municipios y, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado y, por ello, no podían ser capitalizadas ni mejoradas. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas. Posteriormente con Godoy en 1798-1808, donde el crecimiento brutal de la deuda pública obliga a iniciar una desamortización de bienes municipales y eclesiales, obteniendo permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuítas y de obras pías. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes. Por último en el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos. Desamortización de Mendizábal En efecto, durante la Regencia de
Mª Cristina (1833-1840) serán los progresistas los que verdaderamente inicien la revolución liberal.
la reforma de la Hacienda y sobre todo fue el principal responsable de la ley de desamortización eclesiástica más importante aprobada en España, indispensable marco jurídico para acometer la “reforma agraria” que querían los liberales. Objetivo político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo, crear un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino porque los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria del bando liberal en la guerra carlista. El 11 de Octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas y se justificaba la medida, en tanto se consideraban desproporcionados sus bienes a los medios que entonces tenía la nacíón. Otro decreto, promulgado el 19 de Febrero de 1836, se declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro. Por otro lado, el decreto de Febrero de 1836 establecía los principios y mecanismos de la desamortización: se declaraban en venta todos los bienes que se calificarán como nacionales. Entre otras cuestiones, el decreto fijaba en su artículo 3º la subasta pública como norma para realizar las ventas, previa tasación, y en su artículo 10º como forma de pago se admitía el dinero en efectivo o los títulos de la deuda consolidada por todo su valor nominal. En un artículo publicado en “El Español”, en Febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Aunque los moderados paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la que gobernaron en solitario (1844-1854), en realidad ya quedaba muy poco eclesiástico que nacionalizar. Segunda Gran Desamortización Fue iniciada, de nuevo con los progresistas en el poder (1854-1856), que habían accedido otra vez a través de un pronunciamiento militar. Se hablaba de “desamortización general” porque se trataba ahora no ya solo de los bienes de la Iglesia, sino de todos los amortizados, es decir, de los pertenecientes al Estado y a los municipios también, los propios y baldíos de los municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Tampoco en esta ocasión aparece como una preocupación por parte de los progresistas el acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos que más pudieran pagar por ellos. De otro lado, la desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley replanteaba de nuevo, a los cuatro años de la firma del Concordato, las relaciones con la Santa Sede. En tercer lugar la desamortización no resolvíó el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. En cuarto lugar, la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendía sus promotores. En quinto lugar, La desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios, sobre todo. Muchas obras arquitectónicas se arruinarían, y bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios irrisorios y, en gran parte, salieron hacia otros países. En sexto lugar la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo. Con la desamortización no se pretendíó, ni se buscaba un reparto de las tierras, ni una reforma agraria, sino beneficiar a quiénes, como Mendizábal mismo, pertenecía a la elite financiera y comercial, y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles Cambios agrarios Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos los cambios que se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la primera mitad del Siglo XIX, no se tradujeron en innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de la cabaña ganadera, en parte porque muchas de las tierras que habían servido de pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron especies laneras que eran más rentables y productos textiles más competitivos. Por su parte, los gobiernos moderados, que defendían sobre todo los intereses de los propietarios de la tierra, realizaron una política comercial proteccionista precisamente para garantizar la venta a precios elevados de la producción, reservando para ello el mercado nacional.
El resultado es que, en años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron relativamente altos al no haber competencia exterior ni un mercado nacional suficientemente articulado (buenas comunicaciones entre los distintos puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios se disparaban.
Por desamortización entendemos la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición; así pues pasan a tener la condición de bienes libres de propiedad particular ordinaria Antecedentes En primer lugar, durante el reinado de Carlos III, los reformistas ilustrados del Siglo XVIII, habían insinuado la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. En el Antiguo Régimen, una gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, tierras vinculadas a dominios monásticos o a municipios y, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado y, por ello, no podían ser capitalizadas ni mejoradas. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas. Posteriormente con Godoy en 1798-1808, donde el crecimiento brutal de la deuda pública obliga a iniciar una desamortización de bienes municipales y eclesiales, obteniendo permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuítas y de obras pías. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes. Por último en el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos. Desamortización de Mendizábal En efecto, durante la Regencia de
Mª Cristina (1833-1840) serán los progresistas los que verdaderamente inicien la revolución liberal.
la reforma de la Hacienda y sobre todo fue el principal responsable de la ley de desamortización eclesiástica más importante aprobada en España, indispensable marco jurídico para acometer la “reforma agraria” que querían los liberales. Objetivo político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo, crear un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino porque los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria del bando liberal en la guerra carlista. El 11 de Octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas y se justificaba la medida, en tanto se consideraban desproporcionados sus bienes a los medios que entonces tenía la nacíón. Otro decreto, promulgado el 19 de Febrero de 1836, se declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro. Por otro lado, el decreto de Febrero de 1836 establecía los principios y mecanismos de la desamortización: se declaraban en venta todos los bienes que se calificarán como nacionales. Entre otras cuestiones, el decreto fijaba en su artículo 3º la subasta pública como norma para realizar las ventas, previa tasación, y en su artículo 10º como forma de pago se admitía el dinero en efectivo o los títulos de la deuda consolidada por todo su valor nominal. En un artículo publicado en “El Español”, en Febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Aunque los moderados paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la que gobernaron en solitario (1844-1854), en realidad ya quedaba muy poco eclesiástico que nacionalizar. Segunda Gran Desamortización Fue iniciada, de nuevo con los progresistas en el poder (1854-1856), que habían accedido otra vez a través de un pronunciamiento militar. Se hablaba de “desamortización general” porque se trataba ahora no ya solo de los bienes de la Iglesia, sino de todos los amortizados, es decir, de los pertenecientes al Estado y a los municipios también, los propios y baldíos de los municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Tampoco en esta ocasión aparece como una preocupación por parte de los progresistas el acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos que más pudieran pagar por ellos. De otro lado, la desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley replanteaba de nuevo, a los cuatro años de la firma del Concordato, las relaciones con la Santa Sede. En tercer lugar la desamortización no resolvíó el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. En cuarto lugar, la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendía sus promotores. En quinto lugar, La desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios, sobre todo. Muchas obras arquitectónicas se arruinarían, y bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios irrisorios y, en gran parte, salieron hacia otros países. En sexto lugar la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo. Con la desamortización no se pretendíó, ni se buscaba un reparto de las tierras, ni una reforma agraria, sino beneficiar a quiénes, como Mendizábal mismo, pertenecía a la elite financiera y comercial, y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles Cambios agrarios Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos los cambios que se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la primera mitad del Siglo XIX, no se tradujeron en innovaciones en las técnicas agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización. La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de la cabaña ganadera, en parte porque muchas de las tierras que habían servido de pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron especies laneras que eran más rentables y productos textiles más competitivos. Por su parte, los gobiernos moderados, que defendían sobre todo los intereses de los propietarios de la tierra, realizaron una política comercial proteccionista precisamente para garantizar la venta a precios elevados de la producción, reservando para ello el mercado nacional.
El resultado es que, en años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron relativamente altos al no haber competencia exterior ni un mercado nacional suficientemente articulado (buenas comunicaciones entre los distintos puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios se disparaban.