El Bienio Progresista
2.1 Durante el bienio progresista (1931-1933), liderado por Manuel Azaña, se formó un gobierno de coalición entre republicanos de izquierda y socialistas que impulsó políticas reformistas.
Reformas progresistas
En la Reforma Religiosa, se disolvió la Compañía de Jesús, se aprobó el divorcio y el matrimonio civil, y se secularizaron los cementerios. Además, se estableció una ley para regular y fiscalizar las actividades de la Iglesia. En la Reforma Militar, se buscó modernizar el ejército mediante la profesionalización, la racionalización de ascensos y la reducción del número de oficiales, con el objetivo de garantizar su lealtad a la República. La Reforma Agraria tenía como objetivo eliminar el latifundismo y fomentar pequeñas propiedades para modernizar la agricultura, mediante la expropiación de tierras de grandes propietarios.
En el ámbito laboral, se tomaron medidas para mejorar la situación de los trabajadores, promoviendo la negociación de convenios colectivos, protegiendo el derecho a la huelga e impulsando los seguros sociales. La Reforma Educativa intentó modernizar el sistema educativo, aumentando la construcción de escuelas y promoviendo un proyecto pedagógico innovador. En cuanto a la Cuestión Autonómica, Cataluña y el País Vasco reclamaron mayor autogobierno, con la promulgación de estatutos que reconocían sus especificidades. Finalmente, la «Sanjurjada» fue un intento de golpe de Estado liderado por Miguel Sanjurjo, que no logró ser secundado y cuyos conspiradores fueron detenidos.
Oposición y fin del bienio
La oposición, representada por la derecha monárquica, favoreció una sublevación militar conocida como la Sanjurjada, que el Gobierno logró sofocar. La derecha parlamentaria se unió en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil-Robles, lanzando una campaña de desprestigio contra el Gobierno y los partidos de izquierda. La izquierda obrera, liderada por la CNT y radicalizada por la Federación Anarquista Ibérica, abogaba por una revolución libertaria y canalizaba el descontento social generado por el desempleo. La agitación social aumentó desde 1931, culminando en la insurrección de Casas Viejas en Cádiz, dirigida por la CNT, y provocando la desacreditación del Gobierno. El fin del Gobierno de Azaña se materializó con las elecciones municipales y generales, donde la derecha, unida con la CEDA, obtuvo la mayoría, reflejando el desgaste del Gobierno.
El Bienio Conservador
El bienio conservador (1933-1936) estuvo marcado por el ascenso de la CEDA, aunque no obtuvo la mayoría absoluta. Las discrepancias internas entre los partidos de derecha generaron inestabilidad gubernamental. Esta etapa, conocida como el bienio radical-cedista, se caracterizó por el conservadurismo político y la anulación de las reformas sociales, económicas y autonómicas, siendo denominada por la izquierda como el «bienio negro».
Política contrarreformista
Durante este período se llevaron a cabo una serie de acciones significativas: se aprobó una ley de amnistía para militares y civiles sublevados con Sanjurjo en 1932, buscando reconciliar a la sociedad tras los disturbios. Además, se derogó la ley de congregaciones y se destinó un presupuesto al clero católico, marcando un cambio en la política gubernamental respecto a la Iglesia. Se revisó la reforma educativa, culminando en la supresión de la enseñanza mixta. También se realizó una revisión de la reforma agraria, anulando expropiaciones y derogando disposiciones relacionadas con mejoras laborales para los campesinos. Hubo enfrentamientos con la Generalitat catalana y se llevaron a cabo diversas actuaciones políticas por parte de ministros de la CEDA, destacando la aprobación de la ley de arrendamientos rústicos y la promoción de viviendas en alquiler.
Contexto Internacional
Tras la Primera Guerra Mundial, con la caída de regímenes autoritarios imperiales como Alemania y Austria-Hungría, se inició un modelo político democrático en Europa, aunque con desafíos significativos. La crisis económica derivada de la guerra, el descrédito de los partidos políticos tradicionales y la agitación social propiciaron el surgimiento de ideologías radicales, militaristas y anticomunistas, como el fascismo y el nazismo, encabezadas por líderes como Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Dollfuss en Austria. Estas ideologías buscaban abolir los sistemas democráticos en favor de un estado jerarquizado, totalitario e imperialista. En contraste, los partidos comunistas se alinearon más estrechamente con las posturas defendidas por la URSS, presentándose como una alternativa política, económica y social para los trabajadores frente al auge del fascismo. Como respuesta a esta situación, surgieron los Frentes Populares en países como Francia y España, configurando coaliciones electorales de izquierda.
La radicalización sociopolítica
En este período de freno de reformas y crisis económica, se registró un aumento significativo de la agitación social, especialmente en el ámbito agrario, con huelgas campesinas lideradas por la CNT. Además, hubo tensiones en Cataluña y el País Vasco debido a la actitud antiautonómica del Gobierno central, exacerbadas por políticas de izquierda en la Generalitat y la paralización del proyecto de Estatuto vasco. La entrada de la CEDA al Gobierno fue percibida como un intento de destruir la República, lo que llevó a un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Esto culminó en una huelga general convocada por las organizaciones obreras en octubre de 1934, que resultó en insurrecciones en Cataluña y Asturias. Sin embargo, la falta de apoyo de la CNT y la intervención militar terminaron por sofocar ambos movimientos, con consecuencias desastrosas para los líderes autonómicos encarcelados y la suspensión del Estatuto catalán. En Asturias, la revuelta social liderada por una alianza obrera fue brutalmente reprimida por el ejército, liderado por Francisco Franco, poniendo fin a la rebelión tras dos semanas de lucha encarnizada.
El Gobierno Frentepopulista
4.1 La victoria del Frente Popular
Durante este período, los republicanos de centro-izquierda se aliaron con socialistas y comunistas del PCE y del POUM para formar el Frente Popular, mientras que la CNT, aunque no firmó el pacto, recomendó a sus afiliados votar por este frente. Por otro lado, la derecha enfrentó dificultades para unirse en un frente antirrevolucionario. El Frente Popular obtuvo la mayoría en Cataluña, en regiones industriales y en zonas latifundistas del sur, beneficiado en parte por una ley electoral que favorecía a las coaliciones, lo que se reflejó en los resultados electorales.
Gobierno reformista de Azaña
Alcala-Zamora nombró a Azaña como presidente del Gobierno, quien formó un nuevo ejecutivo con Izquierda Republicana y Unión Republicana, respaldado parlamentariamente por socialistas y comunistas. Durante este nuevo periodo republicano, Alcala-Zamora ejerció como presidente hasta mayo, momento en que Azaña fue elegido nuevo presidente de la República y Casares Quiroga asumió como Jefe de Gobierno. El Gobierno del Frente Popular concedió una amplia amnistía y restituyó cargos públicos, restauró la Generalitat de Cataluña bajo el liderazgo de Companys, e inició la tramitación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco. También se reanudó la reforma agraria, viéndose obligado el Gobierno a legalizar tierras ocupadas y recibiendo ayuda de organizaciones agrarias.
La radicalización política y social
A pesar de los acuerdos de la izquierda, surgieron dos tendencias dentro del Frente Popular: los partidarios del reformismo democrático y los que abogaban por un proceso revolucionario, destacando la estrategia revolucionaria liderada por Largo Caballero en el PSOE, UGT y Juventudes Socialistas, mientras que el Partido Comunista defendía el apoyo al Gobierno republicano. Estas actuaciones revolucionarias desencadenaron ocupaciones de tierras y enfrentamientos entre cenetistas y ugetistas. Los sectores conservadores, alarmados por la política reformista, formaron un contrapoder a través del Bloque Nacional y la CEDA, defendiendo la propiedad, la religión y la patria. En la primavera de 1936, proliferaron los enfrentamientos callejeros y ocurrió un atentado contra líderes de ambos bandos. El Bloque Nacional y la Falange contaron con el apoyo de militares de la Unión Militar, lo que llevó al Gobierno a alejar de Madrid a generales sospechosos. En medio de una atmósfera de inquietud, el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, fue vengado con el asesinato de José Calvo Sotelo, suceso utilizado como excusa para el golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que marcó el inicio de la Guerra Civil.