Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se implementaron una serie de reformas estructurales con el objetivo de modernizar social y políticamente a España. Estas reformas respondían a las expectativas de cambio democrático de las clases medias y el movimiento obrero.
Reforma Educativa
El gobierno de Manuel Azaña se enfocó en la compleja tarea de sustituir los métodos y profesores religiosos por una enseñanza progresista y laica. Se aprobaron medidas secularizadoras, algunas comunes en países avanzados, pero otras, como la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas, generaron un fuerte enfrentamiento con la opinión católica. El gobierno republicano, influenciado por la Institución Libre de Enseñanza, impulsó la mejora de la educación con la creación de diez mil nuevas escuelas primarias.
Reforma Militar
El gobierno republicano abordó la modernización del Ejército, que adolecía de un exceso de mandos con altos sueldos, escasa formación de los soldados y material anticuado. Azaña ofreció la jubilación anticipada a numerosos oficiales, reduciendo drásticamente la oficialidad. También se disminuyó la jurisdicción militar en favor de la civil (supresión de la Ley de Jurisdicciones) y se cerró la Academia General de Zaragoza. Estas reformas generaron descontento en sectores del ejército, que las interpretaron como un ataque a su poder y prestigio. La República creó la Guardia de Asalto, una fuerza policial urbana leal al gobierno.
Reforma Agraria
La situación de latifundios en Extremadura y Andalucía, con campesinos hambrientos y arrendatarios explotados, requería una reforma agraria. El gobierno de Azaña buscaba una distribución más justa de la tierra, pero el proyecto chocó con la resistencia de los latifundistas. Tras el fracaso del levantamiento monárquico del general Sanjurjo en agosto de 1932, Azaña aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria el 9 de septiembre de 1932. Esta ley autorizaba la expropiación con indemnización, pero no pudo satisfacer las demandas de miles de campesinos, y solo unas doce mil familias recibieron tierras en los años siguientes.
Reformas Laborales
Bajo la dirección del ministro socialista Francisco Largo Caballero, se implementaron diversas reformas laborales, como la extensión al campo de la jornada de ocho horas, la prolongación de los contratos de arrendamiento, el laboreo forzoso de tierras con braceros en paro, el derecho a la seguridad social, la obligación de contratación de trabajadores locales y seguros de maternidad, invalidez, paro, vejez y muerte. Los jurados mixtos de empresarios y obreros fueron un instrumento clave. Estas medidas incrementaron las rentas del trabajo y los salarios, suavizando el impacto de la crisis económica en las clases trabajadoras.
Los Estatutos de Autonomía
La Constitución definía a España como un estado «integral» con opción a la autonomía para provincias limítrofes. El 9 de septiembre de 1932, Azaña impulsó la aprobación del Estatuto de Cataluña, que otorgaba autonomía lingüística, educativa, administrativa, de orden público y de obras públicas. Su discurso en defensa de la autonomía catalana fue crucial para la aprobación del Estatuto.