El desmantelamiento del A.R.

Entre agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del A.R. e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal a partir de 3 grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios.
• La desvinculación significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución.
• La desamortización. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública.

La constitución de 1837

El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional. El documento, aprobado en junio de 1837, era breve y debía ser aceptado por progresistas y moderados. La constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos ciudadanos, la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. También recogía algunos elementos moderados: establecía 2 cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado, y concedía amplios poderes a la Corona (veto de leyes, disolución del Parlamento, etc). Otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico constitucional: la Ley de Imprenta hizo desaparecer la censura previa y la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido, pero que impidió el censo electoral.

La alternancia en el poder (1837-1843)

Moderados en el gobierno (1837-1840)

Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones, que fueron ganadas por los moderados. En 1840, los moderados prepararon una Ley Electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una Ley de Ayuntamientos dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero secular y también se preparó un proyecto de reimplantación del diezmo. La Ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y a moderados. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional con la formación de las Juntas revolucionarias. María Cristina dimitió de su cargo. Entonces, los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero.

La regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones, que dieron mayoría a los progresistas. Durante su regencia actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos. Espartero hizo que la guerra carlista se decantara por el bando liberal en 1836, con la victoria en Luchana. También firmó el fin de la guerra con el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, a través del Convenio de Vergara. Con el levantamiento en Barcelona, los moderados aprovecharon la división del progresismo (esparteristas y puros) y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años.

Las agrupaciones políticas

Los partidos políticos del siglo XIX constituían más bien agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable, civil o militar. Más que partidos organizados, eran corrientes de opinión o ‘camarillas’, vinculadas por relaciones personales o intereses económicos, que se unían para participar en las elecciones y controlar las diferentes parcelas del poder.

Los moderados

Era un grupo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a restos de la antigua nobleza, el clero y los altos mandos militares. Defendían el derecho a la propiedad y restringían el sufragio según la riqueza de los electores. Concebían la libertad como un bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social, por lo que desconfiaban de la participación de las masas en la política. Entre sus líderes hay que destacar a Narváez y Bravo Murillo. Defendían el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona. También se mostraban partidarios de limitar los derechos individuales. Por último, representaban la opción más clerical del liberalismo, al defender la confesionalidad del Estado y otorgar a la Iglesia católica una gran influencia social.

Los progresistas

Entre ellos predominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas. Defendían el principio de soberanía nacional como fuente de legitimidad del poder y el predominio de las Cortes en el sistema político atribuyéndole tan solo un papel moderador. Entre sus líderes destacaron Mendizábal, Espartero y Prim. Eran partidarios de robustecer los poderes locales y de otorgar amplios derechos individuales y colectivos. Mantenían el principio de sufragio censitario. Defendían la necesidad de una reforma agraria para poner fin a la propiedad vinculada y preconizaban limitar la influencia social de la Iglesia. En 1854 se formó, con el nombre de Unión Liberal, un nuevo partido, que nació como una escisión de los moderados. Pretendía constituirse como una opción centrista entre los 2 partidos clásicos. Era básicamente una unión política con finalidades de gobierno que agrupaba a los sectores descontentos con la política moderada. Sus impulsores fueron los generales O’Donnell y Serrano.

Demócratas y republicanos

En 1849, una escisión de los progresistas dio origen a la formación del Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino. Abogaba por la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos. También era partidario de la libertad de imprenta, la formación de la Milicia Nacional, la elección de los ayuntamientos y las diputaciones y la implicación de la Administración en la enseñanza pública y en las tareas de beneficencia social. Reconocía el predominio social de la Iglesia católica, pero exigía la libertad de culto para todas las religiones. Su fuerza se hallaba fundamentalmente entre las clases populares urbanas y los grados bajos de la Milicia. Pero el desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo ganar fuerza al republicanismo. Los republicanos defendían la república como la única opción verdaderamente democrática al permitir la elección de todos los cargos públicos, incluyendo la jefatura del Estado, y presentaban un fuerte carácter social y popular.

Década moderada (1844-1854)

Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez, quien impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado.

La constitución de 1845

La constitución de 1845 recogió las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones del legislativo; restricción del derecho de voto e institución de un Senado no electivo. Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central y se suprimió la Milicia Nacional. La nueva constitución mantenía gran parte del articulado de la Constitución de 1837, sobre todo en lo referente a la declaración de derechos. También confería enormes atribuciones a la Corona, ya que le otorgaba la facultad de designar el Senado entre personalidades relevantes y de su confianza. Un decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta. Al año siguiente, la Ley Electoral de 1846 planteó un sufragio censitario muy restringido.