1.La proclamación de la República y el gobierno provisional
a)
La proclamación de la República
En la noche del 14 de Abril de 1931 Niceto Alcalá Zamora proclamaba en Madrid la República mientras se constituía, bajo su presidencia, un gobierno provisional. En él se daban cita los integrantes del «Comité ejecutivo» creado por el Pacto de San Sebastián, por tanto, había en él republicanos de distintas opciones: Alcalá Zamora y Miguel Maura, de la Derecha Liberal República; Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, del centrista Partido Radical; de partidos republicanos de izquierda figuraban Manuel Azaña (de Acción Republicana) y Marcelino Domingo (del Partido Republicano Radical-Socialista); por el Partido Socialista (PSOE) figuraban Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero; representando a partidos nacionalistas, figuraban un representante del republicanismo catalán (Luis Nicolau de d’Olwer) y otro del gallego (Santiago Casares Quiroga).)
Las primeras reformas y los primeros problemas
El gobierno provisional convocó, para el mes de Junio, elecciones para Cortes Constituyentes, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su intensa e inmediata labor legislativa (sobre el trabajo en el campo, el Ejército y la educación) y también, no menos importantes fueron los conflictos, también inmediatos, a los que tuvo que enfrentarse el gobierno provisional, en concreto, con el nacionalismo catalán, con la Iglesia y con el movimiento obrero.En Cataluña volvía a acentuarse el problema de la organización territorial del Estado. El mismo 14 de Abril, Francesc Maciá, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, decidía proclamar desde el balcón de la Diputación «la república catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica». Fórmula no contemplada por el gobierno; la crisis se resolvíó restaurando la Generalitat, como gobierno autónomo bajo la presidencia de Maciá. Se inició, a su vez, el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía, que fue sometido a referéndum en Cataluña (así se hizo el 2 de Agosto de 1931), aunque para su entrada en vigor debía aprobarse por las Cortes de la República.Sobre el trabajo en el campo, los decretos impulsados por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, establecían, por el decreto de términos municipales, la obligatoriedad para los propietarios agrícolas de dar trabajo preferentemente a los braceros domiciliados en el término municipal; por el decreto de laboreo forzoso, se obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras y, por otro, se extendíó al campo la jornada de ocho horas.Los decretos sobre el Ejército fueron obra del ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que crearon un profundo malestar en las filas del Ejército. Por un primer decreto se obligaba a los militares a suscribir una promesa de fidelidad a la República; por otro se ofrecía el pase a la reserva, con el sueldo íntegro, a todos los generales, jefes y oficiales que así lo solicitasen. Nuevos decretos modificaron el número de divisiones, las academias militares y la política de destinos y ascensos.Los decretos de Instrucción Pública, firmados por el ministro Marcelino Domingo, prevéían la creación de 6.570 escuelas y, consiguientemente, de plazas para maestros. Se creó el Patronato de Misiones Pedagógicas como órgano de difusión cultural en los medios rurales; otros decretos, como el que suprimía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas despertó gran inquietud en los medios católicos, pero era algo que se veía venir dado que el gobierno estaba dispuesto a promover una enseñanza laica.Sobre las relaciones con la Iglesia Católica fueron, sencillamente, complicadas. El cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España, que terminó siendo expulsado de España, publicó una pastoral el 1 de Mayo en defensa de la monarquía de Alfonso XIII. Pero lo más grave ocurría en Madrid, tras una asamblea de monárquicos, convocada para el 10 de Mayo, y que terminó en un enfrentamiento en las calles entre monárquicos y grupos populares. Al día siguiente, en Madrid, volvía el anticlericalismo más atroz: grupos de incontrolados se dedicaban a incendiar iglesias, conventos y colegios religiosos. El día 12, la agitación se extendía a otras poblaciones, como Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante. Nadie reivindicó estos hechos; ahora bien, es importante advertir que estas hogueras fueron muy negativas para la República al perder crédito ante la opinión católica del país. En cuanto al movimiento obrero, los conflictos sociales también fueron muy graves. Con la proclamación de la República los obreros veían que era el momento de quemar etapas en la mejora de sus condiciones de vida. La CNT, el sindicato anarcosindicalista, utilizó la huelga como instrumento de lucha, pero en las huelgas, los enfrentamientos con las fuerzas del orden (Guardia Civil o Guardia de Asalto, cuerpo de policía creado por la República) terminaban convirtiéndose en sucesos sangrientos. En el campo, la tensión no era menor. Aquí se planteaba la lucha de clases entre un campesinado, en espera del «reparto de la tierra», y unos propietarios dispuestos a mantener sus propiedades. Por tanto, los propietarios se mostraban preocupados ante la legislación de la República; en algunas zonas hubo intentos de ocupación de tierras por parte de los campesinos. A todo esto el gobierno se había planteado la aprobación de un proyecto de Reforma Agraria, asunto que terminó trasladándose a las Cortes.
La Constitución de 1931
El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes, celebradas el 28 de Junio, obteniendo un fuerte respaldo popular. En efecto, la conjunción de republicanos y socialistas que constituían el gobierno provisional abarcaba al 80% de la Cámara, siendo los dos partidos más votados, el Socialista, con 116 diputados, y el Republicano Radical, con 90. Los partidos de la derecha conservadora, que afrontaron las elecciones con desorden, sin estar bien organizados, quedaron reducidos a grupos minoritarios con muy poca fuerza como para poder influir en la orientación de la nueva etapa que acababa de abrirse en España. Este hecho se dejó notar durante la redacción de la Constitución republicana, al responder su texto sobre todo a las ideas de los republicanos de izquierda y de los socialistas. No contó, en cambio, con el apoyo de los diputados de la derecha con lo que, la Constitución de 1931 nacíó sin el aconsejable consenso. De acuerdo con la Constitución de 1931 España se constituía en una República democrática y laica. Definía a España como una «República de trabadores de toda clase» y como un Estado «integral», fórmula con la que se venía a reconocer el derecho a la autonomía de las regiones. Recogía una amplia declaración de derechos y libertades; dio el voto a las mujeres; establecíó el matrimonio civil; legalizó el divorcio; incorporó el derecho de expropiación forzosa de la propiedad privada por causa de utilidad social. Sobre la división de los poderes, el legislativo residía en las Cortes o Congreso de los diputados, constituidas por una sola cámara; el poder ejecutivo recaía en el gobierno y en el presidente de la República, que era el jefe del Estado y cuyo mandato duraba seis años; la función de administrar justicia recaía en los jueces y tribunales. Asimismo creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales para garantizar la constitucionalidad de las leyes y resolver los posibles conflictos entre el Estado y las regiones autónomas. Si el reconocimiento de los Estatutos de Autonomía dio lugar a un duro debate en la Cámara, mucho más encendido fue el relativo a los artículos 26 y 27 de la Constitución, destinados a fijar la «cuestión religiosa», en los que se contemplaba la separación de la Iglesia y el Estado; su aconfesionalidad; la libertad de cultos; el fin de la financiación estatal de la Iglesia; disolvía la Compañía de Jesús y prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza, el comercio y la industria. La aprobación de estos artículos provocó la primera crisis de gobierno de la República al dimitir el presidente del gobierno Alcalá Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel Maura. Manuel Azaña, cuya intervención fue decisiva para poner fin al debate sobre la «cuestión religiosa», fue propuesto como nuevo presidente de gobierno, del que tomó posesión a mediados de Octubre. Su principal tarea era la de rematar los trabajos constitucionales. Al fin, las Cortes aprobaron la Constitución el 9 de Diciembre de 1931 con todos los votos a favor, y ninguno en contra al no estar en ese momento en la Cámara los representantes de los partidos de derecha. La nueva Constitución, por tanto, nacía sin consenso.
. El gobierno de Azaña y la continuidad de las reformas
Una vez aprobada la Constitución, al día siguiente las Cortes eligieron como presidentede la República a Alcalá Zamora, a su vez, éste encargó a Manuel Azaña la formación del primero gobierno constitucional sobre la misma base de partidos que venía actuando el anterior, sin embargo, Lerroux, al frente del Partido Radical, prefirió pasar a la oposición al negarse a entrar en un gobierno donde continuaran los socialistas. Azaña, en efecto, optó por los socialistas y a mediados de Diciembre formaba gobierno, con el objetivo de seguir con el programa de reformas, ya iniciadas por el gobierno provisional.
A) La oposición y la conflictividad social
El gobierno, no obstante, contó desde el principio con una fuerte oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En la derecha la oposición estuvo encabezada por el Partido Radical de Lerroux; en la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE se enfrentaban al gobierno, tachado de «reformista y burgués» y alejado de la línea social revolucionaria por ellos defendida. La UGT, en cambio, estaba con el gobierno, al igual que su organización campesina, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT).Por tanto, la presencia de socialistas en el gobierno, más el respaldo de la UGT, no garantizaba la paz social. Los conflictos sociales no paraban, eran continuos. El gobierno Azaña se encontró ante una fuerte conflictividad social, con enfrentamientos entre las masas obreras y campesinas y las fuerzas del orden público (Guardia Civil y Guardia de Asalto). El 31 de Diciembre (de 1931) tenía lugar un episodio sangriento en Castilblanco (Badajoz) y el 6 de Enero (de 1932) otro en Arnedo (La Rioja) donde los enfrentamientos con la Guardia Civil finalizaron en un reguero de sangre. Días después, el 21 de Enero (de 1932) se producía, bajo la dirección de la CNT y la FAI, el primer intento revolucionario protagonizado por los mineros del Alto Llobregat, para proclamar el comunismo libertario en varias de sus poblaciones (Berga, Figols, Sallent y Suria). El balance fue sangriento: una decena de muertos y la orden de deportación a Guinea de 104 anarquistas.
B) La reforma agraria, la autonomía de Cataluña y el intento de Golpe de Estado
En las Cortes, a todo esto, se discutían dos proyectos de Ley en los que el gobierno se jugaba su credibilidad: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma agraria, que venía coleando desde el Siglo XVIII, creó grandes expectativas entre los jornaleros del campo para los que la República no podía fallarles. Pero solucionar el problema de la tierra no era fácil. En la estructura de la propiedad predominaban los valores extremos (latifundios y minifundios) y los grandes propietarios ya no eran la Iglesia y los municipios, sino la nobleza y los propietarios burgueses que no estaban dispuestos a perder sus tierras, aunque se les indemnizara. Sobre el Estatuto de Cataluña, la República tenía otro compromiso y la Constitución establecía la vía para su logro. El regionalismo/nacionalismo catalán, que había sido uno de los problemas más graves de España desde comienzos del Siglo XX, necesitaba una solución. Pero también había sus dificultades, como la oposición de fuerzas de derecha, la reticencia de algunos socialistas y la desaprobación de intelectuales de relieve, como Unamuno y Ortega y Gasset. Sin embargo, todo cambió a raíz del fracaso del Golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo el 10 de Agosto (de 1932). Azaña y su gobierno salieron fortalecidos, entre los diputados hubo una reacción en defensa de la República y el 9 de Septiembre se aprobaban la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía Cataluña. El Estatuto proclamaba a Cataluña «regíón autónoma dentro del Estado español». El 20 de Noviembre (de 1932) se celebraron las primeras elecciones a la Generalitat y dieron su triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, en consecuencia, Francesc Maciá se convirtió en el primer presidente de Cataluña. Mientras tanto, en el País Vasco, los nacionalistas del PNV seguían tramitando su Estatuto de Autonomía que, por fin, para su definitiva aprobación, entró en las Cortes a finales de 1933, aunque no lo fue hasta el 1 de Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Con la Ley de Reforma Agraria se pretendía acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. Afectaba a Andalucía, Extremadura, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Salamanca, es decir, en zonas, en efecto, de latifundio, que serían objeto de expropiación indemnizándose a sus propietarios, salvo los de la nobleza cuyas propiedades eran expropiadas sin indemnización. Para la aplicación de la Ley se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con un presupuesto de 50 millones de pesetas. La cantidad asignada para financiar la reforma era baja, además, el proceso era complejo. Había que inventariar las propiedades, el IRA las confiscaba y las pasaba a las Juntas Provinciales y éstas a los campesinos, que previamente habían decidido sobre su explotación individual o colectiva. Su aplicación, en definitiva, fue muy lenta y ello exasperaba a los jornaleros del campo, mientras los propietarios estaban dispuestos a organizarse para defender sus intereses.
C) Los sucesos de Casas Viejas
A comienzos de 1933, la CNT y la FAI volvían otra vez a la carga, a por el logro del «comunismo libertario». En Andalucía hubo levantamientos en varios pueblos pero en Casas Viejas (Cádiz) los sucesos ocurridos fueron muy graves (11 y 12 de Enero de 1933). La sangrienta represión, por miembro de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, contra los supuestos cabecillas de la insurrección se saldó con una refriega con ocho muertos; después fueron asesinados otros doce y entre los guardias también hubo tres muertos. La masacre de Casas Viejas desacreditó al gobierno Azaña y contribuyó a su caída. La oposición radical y de la derecha responsabilizó a Azaña de los hechos.d)
La oposición al gobierno y el fin del bienio reformista-azañista
El gobierno, donde había, como es sabido, ministros socialistas, estaba cogido entre dos frentes. Por un lado, la campaña de oposición de la derecha, que se agranda al aprobarse la Ley de Congregaciones Religiosas (Mayo de 1933), por la que, entre otras cosas, se ponía fin a los colegios religiosos. Por el otro, la crítica de la izquierda. Así, durante el verano de 1933, en el PSOE surgen diferencias internas sobre la colaboración o no en el gobierno y optar por la vía Aplicación de la Reforma Agraria.Revolucionaria con vistas a proclamar una república socialista.
Se impónía, por tanto, la idea de abandonar el gobierno de Azaña. Entre los partidos políticos también había novedades. El PSOE, como se ha visto, tendía a radicalizarse hacia la izquierda, postura defendida por Largo Caballero. Los excesos del gobierno en la represión de las insurrecciones revolucionarias (Arnedo, Alto Llobregat, Casas Viejas…) daban argumentos a los anarquistas para ir contra el gobierno y los socialistas. En la derecha se produjo una profunda reorganización. Contribuyó a ello la dureza de la República frente a la Iglesia al generar un profundo malestar entre los católicos, muchos de ellos sinceramente republicanos. En definitiva, la política laicista de la República contribuyó a la movilización de los católicos. En principio se hizo a través de Acción Popular, origen de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), creada en Febrero de 1933, una derecha católica dirigida por José María Gil Robles. Su programa político incluía la modificación de la Constitución con una revisión de su legislación laica y socializante. José María Gil Robles logró movilizar, en fin, a las masas católicas del país en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad; y no tenía inconveniente en mostrarse ambiguo en la defensa de la forma de gobierno (Monarquía o República), frente a la «defensa de la religión y el orden social». Pero en la derecha también se formaron grupos radicalmente antirrepublicanos. Estaban aquí, Renovación Española, partido de la derecha monárquica, dirigido por José Calvo Sotelo; los carlistas reorganizados en la Comunión Tradicionalista Española se habían convertido en un movimiento de la ultraderecha autoritaria; y el creado en Octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, Falange Española, variante española del fascismo, a la que en 1934, se adhirieron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), dirigidas por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. A todo esto, la crisis definitiva del gobierno Azaña se acercaba cada vez más. Su caída tenía lugar en Septiembre de 1933 como consecuencia de las desavenencias entre los partidos que le apoyaban (republicanos de izquierda y PSOE) y por las diferencias de Azaña con el presidente de la República, Alcalá Zamora. Ante las dificultades de formar un nuevo gobierno, Alcalá Zamora disolvíó las Cortes y convocó elecciones para el 19 de Noviembre (de 1933).