1er EPÍGRAFE: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN POLÍTICA

El régimen franquista, que duró desde el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta 1975, experimentó dos etapas distintas. La primera, hasta 1959, se centró en establecer un Estado totalitario y una economía autárquica. A partir de entonces, se inició una fase de «desarrollismo», intentando institucionalizar un régimen de apariencia democrática, aunque sin conceder mayores libertades políticas. La sociedad demandaba reformas, y la agonía de Franco marcó el inicio de una transición hacia un sistema de libertades para todos los españoles.

a) Fundamentos ideológicos del Franquismo

Durante el período de 1939 a 1975, España estuvo bajo una dictadura personal liderada por el general Franco, caracterizada por un fuerte control sobre la sociedad. El régimen franquista se sustentó en varios componentes ideológicos, incluyendo el anticomunismo, antiparlamentarismo, nacionalcatolicismo, tradicionalismo, militarismo y rasgos fascistas. La propaganda anticomunista se intensificó especialmente a partir de 1950, durante la Guerra Fría. Se promovió una visión católica conservadora en todos los aspectos de la vida social, con la Iglesia desempeñando un papel central en la educación, la censura y la moral pública y privada. Se exaltaron los símbolos y la historia de Castilla como parte de una estrategia para promover la unidad nacional, mientras se descalificaban y perseguían los sentimientos nacionalistas regionales.

b) Las bases sociales de la Dictadura

La oligarquía terrateniente y financiera recuperó su hegemonía bajo el régimen franquista, beneficiándose de una economía intervencionista. Las clases medias rurales y aquellos que se beneficiaron de las depuraciones masivas respaldaron el régimen. Sin embargo, el proletariado industrial y los jornaleros apenas apoyaron la Dictadura debido a la represión, el miedo y la miseria generalizada. Aunque, con el aumento del bienestar en los años sesenta, algunos adoptaron actitudes de acomodamiento o aceptación.

c) Los cuadros del régimen: las familias políticas

Se prohibieron los partidos políticos, excepto la Falange, renombrada como Movimiento Nacional, que abogaba por un patriotismo autoritario de estilo fascista. Franco reclutó colaboradores de distintos grupos ideológicos o corporativos, formando las «familias del régimen», que incluían a los falangistas, militares, la Iglesia Católica, monárquicos, tecnócratas y franquistas puros. Cada grupo tenía sus propias características y roles en el mantenimiento y la legitimación del régimen franquista, desde el dominio social de la Iglesia hasta la visión inalterable del franquismo por parte de los franquistas puros.

d) La evolución política del régimen

Institucionalización del régimen:

Desde su instauración en 1939, el franquismo consolidó su poder a través de Leyes Fundamentales que otorgaban al jefe del Estado, Franco, un control absoluto sobre la legislación. Se establecieron leyes como el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, entre otras, que reforzaban el control del Estado sobre la sociedad y las instituciones.

1) Alianza con las potencias fascistas durante la II Guerra Mundial:

Inicialmente aliado con las potencias fascistas, como Alemania e Italia, el régimen se alineó con las políticas totalitarias. Sin embargo, tras la derrota de Alemania, España se distanció progresivamente de esta postura. Esto se reflejó en la entrevista de Hendaya con Hitler, donde Franco rechazó unirse al Eje, aunque España colaboró enviando voluntarios a luchar en el frente oriental bajo la División Azul.

2) Aislamiento internacional y cambios internos:

Debido a su alianza con el Eje durante la guerra, España enfrentó un aislamiento diplomático creciente, lo que exacerbó su situación económica. Para contrarrestar esto, el régimen buscó alianzas con Estados Unidos, lo que llevó a la firma de acuerdos militares y económicos en la década de 1950. Sin embargo, este aislamiento se profundizó con el rechazo de la ONU al ingreso de España en esta nueva institución y la retirada de embajadores de varios países. Para mejorar su situación internacional, el régimen también firmó el Concordato con la Santa Sede, fortaleciendo los lazos con la Iglesia Católica y consolidando su posición dentro del país.

3) Conflictos políticos internos de los años cincuenta:

A medida que se levantaba el aislamiento internacional, surgieron tensiones internas dentro del régimen. Hubo enfrentamientos entre los falangistas y los tecnócratas, lo que llevó a cambios en la composición del gobierno y una orientación más hacia la economía de mercado. Estos conflictos reflejaron las luchas por el poder y la dirección del país en un momento crucial de su historia.

4) Institucionalización del régimen en los años sesenta:

Para buscar legitimidad y adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas, el régimen promulgó una serie de leyes que modernizaban las instituciones y ampliaban algunas libertades, como: la libertad de expresión en ciertos ámbitos y tener voz políticamente, aunque sin alterar el núcleo autoritario del sistema. Se produjo también la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco.

5) Declive del Franquismo (1969-1975):

A finales de la década de 1960 y principios de 1970, el régimen enfrentó una serie de crisis políticas, económicas y sociales. El asesinato, por parte de ETA, de Carrero Blanco, la crisis económica y la incapacidad del régimen para adaptarse a las demandas de la sociedad llevaron a un periodo de declive. La represión aumentó frente a la creciente oposición política, y la falta de una figura fuerte para suceder a Franco dejó al régimen en una posición vulnerable. Además, el intento de reforma de Arias Navarro, conocido como el «Espíritu del 12 de febrero», prometió tímidas reformas políticas que incluían la amnistía para presos políticos y la legalización de partidos, pero estas medidas resultaron en gran medida simbólicas y no lograron frenar la desintegración del régimen.

Finalmente, la muerte de Franco en 1975 marcó el fin del franquismo, ya que no pudo sostenerse sin la figura del dictador.

2o EPÍGRAFE: SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL FRANQUISMO: DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO

Durante el Franquismo en España, desde 1939 hasta 1975, se produjeron importantes cambios tanto económicos como sociales. Económicamente, el país transitó desde la autarquía hacia un modelo desarrollista, caracterizado por políticas intervencionistas y planes de industrialización. Mientras tanto, socialmente, se observaron transformaciones significativas, como la incorporación de la mujer al mercado laboral y la resistencia contra las restricciones del régimen, reflejando una sociedad en evolución marcada por el desarrollo económico y la apertura al exterior.

a) Las transformaciones económicas

El periodo franquista en España, desde 1939 hasta 1975, fue marcado por importantes transformaciones económicas que se desarrollaron desde la autarquía hasta el desarrollismo.

En 1939, España se encontraba en ruinas tanto demográfica como económicamente, con una gran parte de la población

sufriendo hambre y escasez. El régimen franquista implementó una política intervencionista, estableciendo la autarquía económica y una fuerte intervención estatal en los sectores productivos.

Durante la autarquía, se controlaron los precios, se nacionalizaron sectores clave de la economía como la industria y el transporte, y se limitaron las importaciones y exportaciones. Sin embargo, la falta de claridad en los objetivos económicos, la corrupción y la lenta burocracia mantuvieron la economía estancada. Esta situación llevó a la creación del INI (Instituto Nacional de Industria) para promover la industrialización y modernización del país. Además, se implementaron medidas como el Servicio Nacional del Trigo para garantizar la seguridad alimentaria y combatir el hambre. El racionamiento y la emisión de cartillas de racionamiento fueron comunes durante este período, reflejando las difíciles condiciones económicas que enfrentaba la población española.

El cambio de gobierno en 1951 marcó el inicio de una liberalización parcial de la economía, con la eliminación gradual de controles estatales y la apertura a los mercados exteriores. En 1952, se puso fin a las cartillas de racionamiento. La ayuda estadounidense fue crucial para esta transición, aunque los desequilibrios económicos persistieron.

En la década de 1960, se implementaron planes de desarrollo económico centrados en la industrialización y la modernización de infraestructuras. Sin embargo, estos planes no lograron reducir las desigualdades regionales ni evitar la corrupción. Además, en 1959 se introdujo el Plan de Estabilización, que fue un conjunto de medidas económicas destinadas a estabilizar la economía española y promover el desarrollo. Entre las medidas destacadas estaban la devaluación de la peseta, la liberalización del comercio exterior, la eliminación de controles de precios y la promoción de la inversión extranjera. Esto llevó a un crecimiento económico sostenido durante los años siguientes, pero también a un aumento del desempleo y la inflación. Paralelamente, se implementaron los Planes de Desarrollo Cuatrienales, que establecieron objetivos de crecimiento económico y modernización de sectores clave como la industria, la agricultura y las infraestructuras. Aunque estos planes impulsaron el desarrollo económico, no lograron abordar por completo las desigualdades regionales ni prevenir la corrupción en el país.

La bonanza económica europea en los años 60 y principios de los 70 impulsó la exportación y el turismo, siendo este último un factor clave en la modernización y el equilibrio de la balanza de pagos.

A pesar del crecimiento económico aparente, la crisis del petróleo de 1973 y el aumento de la inflación marcaron el declive del régimen franquista, con consecuencias negativas como el aumento del desempleo y los precios para la población.

En resumen, el periodo franquista estuvo marcado por una evolución económica desde la autarquía hacia un modelo desarrollista, con altibajos y desafíos significativos que afectaron tanto a la estructura económica como a la sociedad española.

b) Los cambios sociales y la evolución de las mentalidades

Durante los años cuarenta y cincuenta, la sociedad española experimentó un período de atraso y pobreza generalizada. La mayoría de la población, incluyendo campesinos, trabajadores urbanos y clases medias, sufrió hambre y miseria, mientras que una minoría privilegiada mantuvo un alto nivel de vida.

El régimen franquista impuso una atmósfera ideológica y social opresiva, controlando los medios de comunicación y restringiendo cualquier forma de crítica. La educación se convirtió en un medio de adoctrinamiento religioso y político, relegando el papel de la mujer a la esfera doméstica y perpetuando su subordinación al hombre.

A partir de los años sesenta, se observaron importantes cambios sociales y de mentalidad debido al desarrollo económico y la apertura al exterior. La emigración masiva a Europa (por la falta de trabajo), el boom del turismo, el éxodo rural, el crecimiento urbano y el crecimiento demográfico impulsaron transformaciones significativas. Sin embargo, el régimen franquista se resistió a la apertura política hasta la muerte del dictador.

El consumismo se convirtió en una fuerza dominante, marcando un cambio en los valores tradicionales del primer franquismo. La modernización, influenciada por la apertura al exterior y el contacto con la Europa comunitaria, contrastaba con las limitadas libertades del régimen.

La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de las clases medias fueron aspectos destacados del cambio social. Los jóvenes universitarios lideraron la protesta contra el régimen, junto con la oposición obrera, reflejando una creciente insatisfacción y crítica hacia la sociedad de consumo y las restricciones impuestas por el franquismo.

En resumen, el período franquista estuvo marcado por una sociedad dividida en términos económicos y sociales, con cambios significativos en las mentalidades y las estructuras sociales, impulsados por el desarrollo económico y la influencia externa, pero restringidos por la opresión política del régimen.

3o EPÍGRAFE: REPRESIÓN Y OPOSICIÓN POLÍTICA AL RÉGIMEN FRANQUISTA. EL PAPEL DE LA CULTURA

La oposición política al régimen franquista hasta 1959 enfrentó una brutal represión, con ejecuciones y un clima de miedo. Sin embargo, hubo resistencia interna y formación de sindicatos clandestinos. A partir de 1959, la oposición se intensificó con movimientos obreros y estudiantiles, sindicatos como CC.OO y la creciente crítica de la Iglesia Católica. En anticipación al fin del franquismo, la oposición se organizó tanto dentro como fuera de España, estableciendo alianzas y preparándose para la transición hacia la democracia.

a) Represión y oposición política al régimen franquista hasta 1959

Después de la Guerra Civil Española, la mayoría de los exiliados republicanos buscaron refugio en Francia y más tarde en América Latina. Algunos se unieron a la resistencia contra los nazis, mientras que otros lucharon en el Ejército Rojo en la Unión Soviética. Sin embargo, el Gobierno de la República en el exilio se debilitó gradualmente, decepcionado por la falta de intervención extranjera para derrocar a Franco.

En el interior de España, la represión continuó de manera implacable durante la década de 1940. Los campos de concentración se extendieron por todo el país y los tribunales siguieron juzgando y ejecutando a miles de prisioneros republicanos bajo la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

Un clima de terror y delación se apoderó del país, y muchos combatientes republicanos optaron por la resistencia armada, formando pequeñas partidas guerrilleras en las montañas (Maquis). Sin embargo, estas acciones fueron gradualmente sofocadas y hacia 1947 la guerrilla comenzó a declinar.

La oposición política en el interior de España fue difícil de organizar debido a la represión y al desmantelamiento de los líderes de partidos y sindicatos. A pesar de esto, se organizaron algunas células de resistencia, especialmente por parte de la CNT, el PCE y en menor medida el PSOE. Las protestas y huelgas se intensificaron en los primeros años cincuenta, fortaleciendo la oposición clandestina.

La protesta universitaria también cobró fuerza, especialmente después de que el ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, permitiera cierta apertura en las universidades. Sin embargo, la violencia desatada por los falangistas en 1956 y la dura represión policial demostraron que había una nueva generación dispuesta a oponerse al régimen franquista, con posiciones divergentes a las de los líderes republicanos en el exilio.

b) Represión y oposición política al régimen franquista desde 1959

La oposición al régimen franquista se caracterizó por el debilitamiento de la resistencia desde el exilio y el fortalecimiento de la oposición interna a medida que se acercaba el final del régimen. Surgió una oposición social espontánea y diversificada, reflejada en el aumento de las protestas obreras y estudiantiles. Además, el Contubernio de Múnich en 1962, una reunión de políticos antifranquistas en Alemania Occidental, simbolizó la unidad de la oposición y su búsqueda de estrategias para derrocar al régimen.

En 1964, se fundó el sindicato clandestino Comisiones Obreras (CC.OO), que desafiaba al sindicato oficial y se convirtió en una organización importante al final del franquismo. Aunque otras organizaciones como la UGT o la CNT existían, CC.OO tuvo un papel dominante.

Las protestas estudiantiles se intensificaron a partir de 1965, demostrando el descontento de la juventud hacia el régimen. La Iglesia Católica también se distanció gradualmente del franquismo después del Concilio Vaticano II, lo que generó tensiones con el gobierno.

En cuanto a la oposición política, el Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, adoptó una estrategia de infiltración en organizaciones legales para socavar el régimen desde dentro. El PSOE, dividido entre partidarios de la República y la monarquía constitucional, tenía una presencia limitada en el interior.

Surgen grupos de extrema izquierda como el FRAP y el GRAPO, mientras que en la derecha, los monárquicos y la Democracia Cristiana representaban una oposición diversa al régimen. Los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana de Catalunya y el PNV también intensificaron su oposición, con la creación de la Asamblea de Cataluña en 1972 y el surgimiento de ETA en 1959, que adoptó la lucha armada en 1968.

c) Reorganización de la oposición en vísperas de la muerte del dictador

En anticipación al final del régimen franquista, la oposición política comenzó a organizarse clandestinamente tanto dentro como fuera de España. Las principales fuerzas opositoras incluían monárquicos partidarios de restaurar la monarquía constitucional con Juan de Borbón, el PSOE y el PCE.

En 1974, en el Congreso de Suresnes, el PSOE eligió a Felipe González como Secretario General, apoyando la monarquía constitucional. Mientras tanto, el PCE, bajo el liderazgo de Santiago Carrillo, promovía la formación de un frente común antifranquista y defendía un comunismo democrático no vinculado a la URSS.

Estos dos partidos, a pesar de sus diferencias, establecieron alianzas con otras fuerzas políticas. En julio de 1974, se formó en París la Junta Democrática, integrando al PCE, CC.OO, Partido Socialista Popular, carlistas y políticos vinculados a Juan de Borbón, abogando por una ruptura total con la dictadura.

En 1975, el PSOE impulsó la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, que incluía democristianos, liberales, algunos carlistas y partidos de extrema izquierda. Esta plataforma abogaba por una reforma o ruptura pactada, transformando la dictadura en democracia desde dentro de su propia legalidad.

A pesar de las discrepancias entre comunistas y socialistas, ambas tendencias coincidían en la necesidad de poner fin a la dictadura y buscar una reforma constitucional. Además, el sector aperturista del franquismo también abogaba por una reforma constitucional desde las instituciones y leyes franquistas, coincidiendo en parte con las ideas de la Plataforma de Convergencia Democrática.

LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA 

1er Epígrafe: Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la transición democrática (1975-1982)

Tras la muerte de Franco, se abrió paso a la democracia en España con la ascensión de Juan Carlos I al trono. Su reinado estuvo marcado por reformas democráticas, aunque enfrentó desafíos como la crisis económica y el terrorismo. A pesar de esto, la transición hacia la democracia fue respaldada internacionalmente, permitiendo la legalización de partidos políticos y la recuperación de libertades para los españoles.

Gobierno de Arias Navarro

Tras la muerte de Franco, España se encontraba en una encrucijada política. Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado, pero el gobierno heredado de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro, mostraba resistencia a las reformas democráticas. Arias Navarro, un franquista acérrimo, se vio obligado por presiones del rey a incluir en su gobierno a personalidades más aperturistas, como Fraga, Areilza y Pío Cabanillas. Aunque se realizaron algunos cambios moderados, como la legalización parcial de partidos políticos y la restauración de algunos derechos civiles, el gobierno de Arias Navarro fue incapaz de satisfacer las demandas de la sociedad española en pro de la democracia.

Gobierno de Adolfo Suárez

La llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno marcó un punto de inflexión en el proceso de transición democrática. Suárez, procedente del régimen franquista, demostró una capacidad política excepcional y un gran instinto para percibir los deseos de cambio de la sociedad española. Su gobierno inició un período de reformas significativas, utilizando el decreto-ley para amnistiar a presos políticos, despenalizar asociaciones políticas, y suprimir instituciones represivas como el Tribunal de Orden Público. Suárez también llevó a cabo negociaciones secretas con la oposición socialista y comunista, sentando las bases para la aprobación de la Ley para la Reforma Política.

Camino a las elecciones

Tras la legalización de los principales partidos políticos y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, se celebraron las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. La Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez, obtuvo la victoria, sentando las bases para la redacción de una nueva Constitución. Este período estuvo marcado por la negociación y el consenso entre diferentes fuerzas políticas, así como por la firma de los Pactos de la Moncloa para hacer frente a la grave crisis económica que atravesaba el país. La legalización del PCE marcó un hito en la transición, permitiendo su participación en la vida política. Sin embargo, este período también estuvo marcado por actos de violencia, como el asesinato de los abogados de Atocha por grupos de extrema derecha en 1977. Además, la actividad terrorista del FRAP y el GRAPO generó inestabilidad y temor en la sociedad. En este contexto, los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977, fueron un acuerdo político y social para implementar medidas económicas de emergencia y afrontar la crisis, incluyendo la contención de salarios y el control del gasto público.

Gobiernos de la UCD de Suárez y Calvo-Sotelo (1979-1982)

Los gobiernos de la UCD liderados por Adolfo Suárez y posteriormente por Leopoldo Calvo-Sotelo se enfrentaron a graves problemas económicos y sociales, así como a tensiones internas en el partido. A pesar de los avances en materia democrática, como la aprobación de la Constitución en 1978, la UCD mostraba una falta de cohesión interna y una incapacidad para llevar a cabo reformas estructurales. La crisis económica y las tensiones territoriales, especialmente en regiones como Cataluña y el País Vasco, añadieron presión al gobierno. La dimisión de Adolfo Suárez en 1981 y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 marcaron el inicio de una etapa de inestabilidad política. Leopoldo Calvo-Sotelo asumió la presidencia del gobierno y logró aprobar importantes medidas, como la Ley del Divorcio y la integración de España en la OTAN, pero la falta de apoyo político y la desintegración de la UCD llevaron a la convocatoria de elecciones anticipadas en 1982.

2º EPÍGRAFE: LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESPAÑOL: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y EL ESTADO AUTONÓMICO; LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

La Constitución de 1978 marcó el inicio de la democracia en España, estableciendo principios y estructuras fundamentales para el Estado. Este documento también sentó las bases para el modelo del Estado de las Autonomías, permitiendo la creación de regiones autónomas como Castilla-La Mancha, que definió su organización y competencias a través de un Estatuto de Autonomía.

a) La Constitución de 1978: Principios e instituciones

Las elecciones del 15 de junio de 1977 tenían como objetivo la elección de unas Cortes Constituyentes para la elaboración y aprobación de una Constitución que estableciera un sistema democrático. La premisa fundamental era que esta Constitución debía ser consensuada por todas las fuerzas políticas, incluyendo derechas e izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas, para evitar los errores del pasado.

La redacción del texto constitucional fue encargada a una Comisión Constitucional formada por siete diputados expertos en Derecho procedentes de los principales grupos políticos, conocidos como los “padres de la Constitución”: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de la UCD; Gregorio Peces Barba del PSOE; Jordi Solé Tura del PCE; Manuel Fraga de AP; y Miquel Roca de CiU. El PNV quedó excluido por no renunciar a sus reivindicaciones soberanistas para el País Vasco.

Tras casi un año de intensas discusiones artículo por artículo, donde todas las partes tuvieron que ceder en sus posiciones y reivindicaciones históricas para lograr el consenso, el 31 de octubre de 1978, el Congreso de los Diputados aprobó por amplísima mayoría el texto constitucional. El 6 de diciembre, la Constitución fue sometida a referéndum y fue aprobada por el 90% de los votantes.

La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, 169 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias. Está estructurada en un Título Preliminar y Diez Títulos:

1. Define a España como un Estado social y democrático de derecho.

2. Afirma la soberanía nacional y establece que el poder emana del pueblo.

3. Establece la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

4. Contempla el derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades, permitiendo la creación de Comunidades Autónomas.

5. Organiza territorialmente a España en municipios, provincias y CCAA.

6. Reconoce a los partidos políticos y sindicatos, exigiendo que tengan un funcionamiento interno democrático.

7. Establece la Monarquía Parlamentaria como forma de gobierno, con Juan Carlos I de Borbón como Jefe del Estado.

8. Garantiza el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para los mayores de 18 años.

9. Fija un sistema electoral proporcional para la elección del Congreso con la provincia como circunscripción.

10. Recoge una amplia declaración de derechos y libertades, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

11. Establece a España como un Estado aconfesional, garantizando la libertad religiosa.

12. Asienta el principio de división de poderes, definiendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

13. Crea el Tribunal Constitucional, encargado de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes.

14. Mantiene como instituciones locales fundamentales los ayuntamientos, las Diputaciones provinciales, los cabildos insulares canarios y los consejos insulares de las Baleares.

15. Declara al castellano como lengua oficial en toda España, reconociendo las lenguas propias de cada comunidad autónoma.

16. Establece un complejo sistema para su reforma, que requiere un amplio consenso.

17. Establece como bandera nacional la roja y gualda, la capitalidad en Madrid y reconoce el derecho de las distintas regiones a utilizar sus propias banderas junto a la española.

b) El Estado de las Autonomías. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades que lo desearan, permitiendo la creación de Comunidades Autónomas. Este sistema descentralizado hizo que, desde 1978, España quedara configurada como un Estado descentralizado, con vías de acceso a la autonomía que podían ser rápidas o lentas. La vía rápida implicaba la constitución de regiones preautonómicas que, tras un proceso acelerado, lograban su autonomía mediante la aprobación de un Estatuto de Autonomía. Por otro lado, la vía lenta requería un proceso más gradual, donde las regiones debían demostrar su capacidad para autogobernarse antes de acceder a la autonomía plena.

El Estado de las Autonomías estableció que cada Comunidad debería tener como ley fundamental un Estatuto de Autonomía, siempre supeditado a la Constitución. Cada Estatuto establecería la organización de la Comunidad Autónoma, las competencias que asumía y sus instituciones fundamentales.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha comenzó su andadura al constituirse a finales de 1978 un ente preautonómico. Tras diversos debates sobre la extensión y denominación de la región, en 1982 las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía, y se celebraron las primeras elecciones autonómicas en 1983. En dicho Estatuto se definieron la extensión de la región, sus competencias y su organización institucional, que incluye las Cortes de Castilla-La Mancha como sede del poder legislativo regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como órgano ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como instancia judicial autonómica. Las Cortes de Castilla-La Mancha están compuestas por diputados elegidos por los ciudadanos en el parlamento regional, mientras que la Junta de Comunidades ejerce el gobierno y la administración autonómica. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha garantiza la aplicación del derecho en el ámbito regional y resuelve los conflictos jurídicos conforme al Estatuto de Autonomía y la legislación española.