El Régimen Liberal (1833-1868): Isabel II y la Construcción del Estado Liberal
En 1830, Fernando VII tuvo descendencia: Isabel, la primera de sus dos hijas con María Cristina de las Dos Sicilias. La Ley Sálica de 1713 impedía a las mujeres acceder al trono, por lo que el sucesor debía ser Carlos María Isidro, hermano del Rey. Sin embargo, Fernando VII modificó la ley antes de morir, nombrando heredera a su hija.
Tras la muerte del Rey (1833), María Cristina asumió la regencia hasta la mayoría de edad de Isabel II. Los partidarios de Carlos María Isidro, absolutistas intransigentes, se alzaron en armas contra la regente, quien buscó el apoyo de los liberales.
Los Liberales en el Poder: Las Dos Regencias (1833-1843)
Los primeros tres años de regencia consolidaron a los liberales moderados en la política. Comenzó la colaboración entre moderados provenientes del absolutismo, como Cea Bermúdez, y doceañistas como Martínez de la Rosa o el conde de Toreno.
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
En 1833, María Cristina promulgó el decreto de Javier de Burgos, organizando territorialmente el Estado en 49 provincias, estructura que se mantiene hasta hoy.
El principal instrumento político para la transición fue el Estatuto Real (1834), una carta preconstitucional que no reconocía la soberanía nacional, las libertades políticas ni la división de poderes, dejando la iniciativa legislativa en manos del monarca. No satisfacía a los liberales moderados y era rechazado por los carlistas.
La guerra civil y la desastrosa situación económica provocaron, en 1835, sublevaciones de las milicias urbanas, que exigían más libertades políticas y de sufragio, reclamando la entrega del poder a políticos progresistas como José María Calatrava o Mendizábal.
La Segunda Constitución Liberal (1837)
Durante 1836, se produjeron revueltas y sublevaciones en Barcelona, Zaragoza, Málaga y otras ciudades. Un grupo de suboficiales entró por la fuerza en el palacio de San Ildefonso de La Granja, donde María Cristina pasaba sus vacaciones de verano.
Los militares obligaron a la regente a firmar un decreto restituyendo la Constitución de 1812 y derogando el Estatuto Real de 1834. Este hecho se conoce como el Motín de La Granja.
Se redactó una nueva carta magna, la Constitución de 1837, con cambios respecto a la de 1812 que la hacían más moderada.
Con este marco constitucional se promulgaron leyes revolucionarias, como la supresión del diezmo a la Iglesia, la eliminación de aduanas interiores, la desamortización de los bienes patrimoniales de la Iglesia y la disolución de los gremios para favorecer la industria.
Al finalizar la guerra en 1839, un Gobierno moderado, liderado por Pérez de Castro, intentó limitar las reformas y la participación de las clases medias urbanas, promulgando la Ley de Ayuntamientos (1840), que suprimía el derecho de los ciudadanos a elegir a sus alcaldes, quienes pasaban a ser nombrados por el Gobierno. Hubo nuevas sublevaciones populares y María Cristina renunció a la regencia.
La Regencia de Espartero (1842-1843)
Tras la renuncia de María Cristina en octubre de 1840, se formó un ministerio de regencia presidido por el general Espartero, nombrado regente por las Cortes en 1841. Espartero, vencedor de los carlistas y apoyado por los liberales progresistas, gobernó hasta 1843 de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse al Parlamento.
Espartero se ganó el rechazo general: su política ponía en peligro la incipiente industria catalana. Los fabricantes textiles de Cataluña rechazaron la política gubernativa. Al movimiento catalán antiesparterista se unió la oposición de los vascos, que vieron cómo la Ley Paccionada de 1841 reordenaba los fueros vasconavarros. Los políticos liberales moderados, desplazados del poder en 1840, comenzaron a organizar su ataque al Gobierno.
En 1843, una revuelta militar encabezada por Narváez derrocó al Gobierno. Espartero huyó y se exilió en Londres, regresando a España en 1849.
La Década Moderada (1844-1854)
El general Ramón María Narváez, mediante un pronunciamiento militar, puso fin a la regencia de Espartero. Proclamada mayor de edad a los 13 años, Isabel II asumió el trono de España (1843) y encargó la formación de Gobierno al partido moderado, liderado por Narváez (1844).
Con el apoyo de los sectores burgueses más conservadores, el partido moderado gobernó durante 10 años con mano dura. Derogó la Constitución de 1837 y redactó una nueva en 1845, otorgando más poderes a la Corona y al Gobierno, y recortando los del Parlamento. El sistema legislativo era bicameral (Senado y Congreso de los Diputados) y se mantenía el sufragio censitario (limitado a propietarios, rentistas y personas con cierta formación, apenas el 5% de la población).
Se realizaron importantes reformas político-administrativas: Ley Fiscal, Código Civil, Código Penal y Ley de Sociedades por Acciones.
En 1844 se creó la Guardia Civil, cuerpo policial militar destinado a mantener el orden en las zonas rurales y asegurar el derecho a la propiedad de los terratenientes. Los nuevos propietarios, que habían adquirido grandes extensiones de tierras gracias a las desamortizaciones, aplicaban duras formas de explotación a los agricultores y reforzaban el control de la propiedad en los grandes latifundios.
Se abordó la creación de un sistema educativo con medidas como el Plan de Estudios de Pidal (1845), que creó los institutos de segunda enseñanza.
Los políticos moderados intentaron un acercamiento a la Iglesia, enemistada con el régimen liberal desde la desamortización de 1836. En 1851 se firmó un concordato con el Vaticano, recuperando la Iglesia muchos de sus privilegios y siendo autorizada para intervenir en la enseñanza.
En 1854, las clases populares apoyaron un alzamiento liberal progresista para renovar el degradado ambiente político.
El Bienio Progresista (1854-1856)
Se inició con un pronunciamiento militar, conocido como la Vicalvarada, en los cuarteles de Vicálvaro (Madrid). Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del Partido Unión Liberal. Participaron amplios sectores liberales y populares de ciudades como Zaragoza, Barcelona y Madrid. El movimiento no buscaba destronar a Isabel II, sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844, según el Manifiesto de Manzanares redactado por Antonio Cánovas. Comenzó una nueva etapa política de dos años, elaborándose una nueva carta constitucional, que no se puso en práctica (conocida como non-nata).
Tras la Vicalvarada, Isabel II pidió al general progresista Espartero formar Gobierno, adoptándose medidas radicales: expulsión de los jesuitas (acusados de conspirar con los antiliberales) y prohibición de procesiones y manifestaciones externas del culto católico. Otra medida importante fue la segunda desamortización (1855), según el plan de Pascual Madoz, que incautó los bienes comunales de los municipios. Esta medida fue beneficiosa al cultivarse tierras antes improductivas, pero empeoró las condiciones de vida de jornaleros y agricultores con pocas tierras, para quienes estos terrenos eran un complemento económico.
De 1855 es la Ley de Ferrocarriles, que planificó la red ferroviaria, clave en el desarrollo del capitalismo español. En 1856 se promulgó la Ley Bancaria, facilitando las inversiones exteriores para crear entidades de crédito y regulando el sistema bancario español.
El Bienio Progresista coincidió con un buen momento de la economía española, gracias a las exportaciones de productos agrícolas e industriales. La guerra de Crimea (1853-1856), en la que Turquía, Francia y Reino Unido lucharon contra Rusia, impulsó esta bonanza. Se acuñó el dicho «Agua, sol y guerra en Sebastopol», aludiendo a las buenas cosechas y ventas de grano y harina.
El Retorno del Moderantismo (1856-1868)
El Bienio Progresista terminó por la reacción de los liberales moderados y las presiones de la Corona y los sectores eclesiásticos. Narváez volvió a liderar el Gobierno, iniciándose un período dominado por terratenientes, militares conservadores y la Iglesia. Se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell. Los liberales radicales quedaron marginados del Gobierno.
Destaca la paralización de la desamortización de 1855, la promulgación en 1857 de la primera Ley de Educación (Ley Moyano), el reconocimiento a la Iglesia de privilegios por la Guardia Civil y el establecimiento de prácticas electorales corruptas (compra de votos, pucherazos y control de elecciones fraudulentas).
La época de mayor prosperidad coincidió con el «Gobierno largo» de O’Donnell (5 años), beneficiado por buenas cosechas y expansión comercial (gracias a Cuba y Filipinas). La guerra de Secesión de Estados Unidos favoreció la exportación de productos españoles.
Se inició una política exterior imitando las operaciones coloniales europeas, en alianza con Francia, aunque con menor envergadura. Se enviaron tropas a Cochinchina (defendiendo misioneros), expediciones militares al norte de África, se ocupó Santo Domingo (aunque se perdió poco después) y se envió un ejército a México dirigido por el general Prim, quien ganó fama militar (toma de San Juan de Ulúa) y diplomática (retirada española de México en 1862).
Entre las capas ilustradas se implantaba el Partido Demócrata y aparecía el republicanismo, creándose las primeras organizaciones obreras y produciéndose agitaciones entre el campesinado jornalero.
La política moderada respondía con represión a las demandas de libertad. En 1864, Narváez volvió al Gobierno, con González Bravo en el Ministerio de Gobernación.
Crisis y Desestabilización Política (1866-1868)
En 1866, el ciclo expansivo del ferrocarril finalizó. Se encareció el precio del algodón, provocando una crisis industrial y financiera (hundimiento de bancos). Coincidió con malas cosechas y crisis de subsistencias.
El malestar se extendió, aumentando las agitaciones sociales, conspiraciones militares y la crítica política. Hubo pronunciamientos progresistas (alentados por Prim), reprimidos con dureza. La Corte y la reina se desprestigiaban. Progresistas y demócratas formaron una alianza frente al Gobierno de Isabel II.