1.3 El Reinado de Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo
Tras la Guerra de Independencia y la reunión de las Cortes de Cádiz, Fernando VII regresa del exilio en 1814. Las Cortes encargan al general Francisco Copons, Capitán General de Cataluña, entregar al monarca un pliego de jura. Sin embargo, Fernando VII, buscando recuperar su poder absoluto según el Tratado de Valençay (1813), se traslada a Valencia. Allí, apoyado por el ejército (pronunciamiento en Valencia en 1814 por Francisco Javier de Elío, Capitán General de Valencia), la nobleza, el clero y sesenta y nueve diputados realistas, los «serviles», restaura el Antiguo Régimen.
Estos diputados firman el Manifiesto de los Persas (abril de 1814), donde critican las Cortes de Cádiz, fundamentan una teoría política sin limitaciones al poder real y piden la suspensión de la Constitución de 1812. Con el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, Fernando VII niega el poder de las Cortes, declara sin efecto la Constitución y busca retornar a la sociedad estamental.
1.3.1 El Sexenio Absolutista (1814-1820)
En el sexenio absolutista, Fernando VII vuelve al sistema de 1808, concentrando el poder en ministros conscientes de la necesidad de ciertas reformas (los grandes propietarios no pagaban impuestos). Sin embargo, ni el rey ni los privilegiados desean un cambio profundo. La situación de la Hacienda es insostenible sin las remesas americanas. El ministro Garay intenta calcular el déficit y cubrirlo con una contribución extraordinaria, sustituyendo el sistema de rentas por una contribución general (1816) que solo consigue disminuir los ingresos.
El descontento de liberales (organizados en logias masónicas) y el ejército, junto con la vuelta de Napoleón (1814), crean una inseguridad que aplaza la convocatoria de las Cortes y propicia la censura, la creación de un ministerio de Policía y la represión de los liberales. Esto lleva a la clandestinidad, al exilio y a numerosos pronunciamientos militares, como los de Espoz y Mina, Porlier, y el de Vicente Ramond Richard, que fracasan. Finalmente, Rafael de Riego, comandante destinado a sofocar la rebelión de las colonias, se pronuncia en Cabezas de San Juan. Este pronunciamiento triunfa tras dos meses gracias al alzamiento de las guarniciones de La Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, y al apoyo de las tropas del general Enrique O’Donnell.
1.3.2 El Trienio Liberal (1820-1823)
Ante el éxito del pronunciamiento de Riego, Fernando VII anuncia en 1820 que jurará la Constitución, retornando al régimen constitucional y parlamentario de 1812 en el Trienio Liberal. En estos años, una nueva legislación intenta acabar con los privilegios de ciertos estamentos y continúa con la reforma agraria (desvinculación de propiedades, desamortizaciones, reducción de diezmos…), educativa, militar (se restablece la Milicia Nacional), administrativa (nuevo código penal y división territorial en 52 provincias) y del clero (supresión de la Inquisición, expulsión de la Compañía de Jesús, disolución de conventos y desamortizaciones).
En este período, los liberales se dividen en moderados o doceañistas (futuro Partido Moderado), contrarios a una revolución radical, y exaltados o radicales (futuro Partido Progresista). Sin embargo, los absolutistas vetan leyes, frenando el desarrollo del régimen liberal, y organizan el alzamiento de cuatro batallones de la Guardia Real en Madrid (julio de 1822). Este alzamiento es rechazado por la Milicia Nacional, lo que provoca la entrada de los radicales en el gobierno, mientras que en el norte se organizan núcleos armados realistas (desde 1822 se instala la Regencia de Urgel).
Tras esto, el rey solicita la intervención extranjera para ser restaurado en su poder absoluto. Tras el congreso de Verona, se envía un ejército francés al mando del duque de Angulema (los 100.000 hijos de San Luis).
1.3.3 La Década Ominosa (1823-1833)
Con la intervención del ejército francés, se restaura el absolutismo en España, iniciándose la Década Ominosa. Se deroga de nuevo la Constitución de 1812, se reprime a los liberales (hasta 1825 son fusilados Riego, Espoz y Mina, Mariana Pineda…) y se restablecen instituciones suprimidas. Sin embargo, desde 1826 se vuelve al reformismo ilustrado con técnicos administrativos y afrancesados arrepentidos. El Consejo de Castilla se sustituye por un Consejo de Ministros, y se crea una Asamblea al estilo francés de 1814, con representación de los miembros de las Cortes tradicionales y con fórmulas impositivas más adecuadas.
Estas medidas, junto a la decisión de no restaurar la Inquisición en su forma tradicional, decepcionan a los absolutistas más radicales (ultrarrealistas), quienes forman un partido en torno al hermano de Fernando, Carlos, el futuro heredero, con el apoyo de la Iglesia.
1.3.4 La Cuestión Sucesoria y el Fin del Reinado
Fernando VII, casado con María Cristina de Borbón y sin descendencia masculina, deroga la Ley Sálica con la Pragmática Sanción (1830), que reconoce a su hija Isabel como heredera en lugar de a su hermano Carlos María Isidro de Borbón. Esto lleva a una guerra civil a la muerte del monarca en 1833, dividiendo a la población en dos bandos ideológicos: isabelinos (liberales) y carlistas (absolutistas).
1.4 El Reinado de Isabel II (1833-1868)
El reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) está marcado por la inestabilidad, aunque Isabel II consigue una relativa estabilidad en comparación con el periodo de las regencias al apoyarse en los liberales (principalmente moderados).
1.4.1 La Década Moderada (1833-1843)
Durante la Década Moderada, Narváez gobierna buscando el orden y la neutralización del progresismo. Se toman medidas de centralización (alcaldes de las ciudades importantes elegidos por el gobierno y de las pequeñas por el gobernador civil), se establece un nuevo sistema educativo, un nuevo código penal, un proyecto de código civil, una reforma hacendística (impuestos indirectos como el de los consumos), la creación de la Guardia Civil (estabilidad y control) y un concordato (1851) con la Santa Sede (control de la educación, censura y ayudas económicas a cambio de desamortizaciones).
Se aprueba la Constitución de 1845, de carácter moderado, que recoge la soberanía nacional (pero aumenta el poder de la Corona), la separación de poderes (legislativo en las Cortes y el rey, ejecutivo en el rey y judicial en jueces y tribunales), Cortes bicamerales (Senado sin límite a la designación real y Congreso elegido por sufragio censitario del 1%), el Catolicismo como religión oficial y la restricción del derecho de expresión.
Ante una Constitución tan conservadora, algunos liberales forman el Partido Demócrata (1849), origen del republicanismo, que defiende el sufragio universal (voto de clases populares), más libertades, la enseñanza gratuita, la reforma del sistema fiscal y la ampliación de la asistencia social estatal. En este periodo también se produce la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) entre Isabel II y Carlos VI (hijo de Carlos V). La guerra es liderada por Cabrera y después se dan sublevaciones sin mayor trascendencia.
1.4.2 El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, un pronunciamiento militar protagonizado por sectores descontentos, conocido como «La Vicalvarada» y liderado por O’Donnell (en el Manifiesto del Manzanares exige medidas progresistas), da inicio al Bienio Progresista. Tras la sublevación, Espartero asume la presidencia y, junto a O’Donnell, reforma la ley electoral y la de imprenta, restituye la Milicia Nacional y elabora un proyecto de Constitución en 1856 («Non nata») que fracasa debido a un levantamiento militar. Esta Constitución buscaba ampliar el sufragio y los derechos, además de establecer la separación de poderes.
En este periodo se produce la desamortización civil de Madoz (1855), que afecta a las propiedades comunales de los ayuntamientos, continuando con las desamortizaciones de Mendizábal. También se aprueba la Ley General de Ferrocarriles, que ofrece ventajas fiscales y financieras a las compañías ferroviarias, y la Ley de Sociedades bancarias y crediticias, que permite crear sociedades anónimas y da origen al Banco de España.
Sin embargo, en 1856, un brote de cólera y el aumento de los precios por las malas cosechas desembocan en los motines de carestía, que obligan a Espartero a dimitir. O’Donnell es nombrado presidente y funda la Unión Liberal, un partido que unifica a moderados descontentos con progresistas.
1.4.3 La Crisis de la Monarquía (1856-1868)
De 1856 a 1868 se produce una alternancia de gobiernos moderados (Narváez) y unionistas (O’Donnell). Hasta 1863 se realizan numerosas obras públicas (desarrollo del ferrocarril, creación del Canal de Isabel II…) y se lleva a cabo una política exterior de prestigio, que desemboca en la Guerra de Marruecos (1859-1860). Posteriormente, un desastre económico provocado por las pérdidas de las compañías ferroviarias, el desabastecimiento de algodón por la Guerra de Secesión americana, el crack de las bolsas europeas (1866) y una nueva crisis de subsistencia, aumentan las tensiones sociales.
Esta situación desemboca en los sucesos de la Noche de San Daniel (protesta estudiantil en 1865) y la sublevación de los soldados del cuartel progresista de San Gil (1866). Tras estos sucesos, progresistas, demócratas, radicales y republicanos firman el Pacto de Ostende (1866), buscando expulsar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes. La Unión Liberal crea una gran oposición frente a la reina, lo que culmina con la Revolución Gloriosa (1868), un levantamiento liderado por Prim, Serrano y el almirante Topete. Isabel II se exilia y comienza el Sexenio Democrático (1868-1874).
1.4.5 El Surgimiento de la Sociedad de Clases
Con Isabel II nace la sociedad de clases. En la cúspide se encuentra la clase dirigente, compuesta por la vieja aristocracia, el alto clero, altos mandos militares y la alta burguesía. Las clases medias están formadas por pequeños propietarios, mandos del Ejército de menor rango, funcionarios, profesionales de menor nivel, pequeños comerciantes y empresarios. Finalmente, el proletariado, que vive en los barrios periféricos, va aumentando como consecuencia del paro en el campo y supone el origen del movimiento obrero en España.
1.5 La Segunda República (1931-1939)
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se produce la victoria de republicanos y socialistas, lo que provoca que Alfonso XIII abandone España (aunque no renuncia a la corona). El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y se forma un Gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora, que fija la fecha para unas elecciones de donde saldrían las Cortes constituyentes.
En dichas elecciones, las primeras republicanas (y las más democráticas hasta entonces), pueden votar todos los varones mayores de 23 años. La participación es muy elevada y el PSOE es el partido que obtiene más escaños, seguido del Partido Radical de Lerroux. Hasta que las Cortes elaborasen una nueva Constitución, el poder ejecutivo seguiría en manos del Gobierno provisional, en el que estaban representados los grupos que habían firmado el pacto de San Sebastián (1930). Alcalá Zamora es elegido presidente de la República y Manuel Azaña presidente del Gobierno.
1.5.1 Los Retos del Gobierno Provisional
Las Cortes, con una amplia mayoría de izquierdas y con intelectuales como Unamuno, Ortega y Gasset o Marañón, debían elaborar una nueva Constitución, enfrentándose a varios problemas. Entre ellos, el régimen jurídico de la propiedad, que enfrenta a PSOE y radicales (se adopta la fórmula de que la propiedad privada podría ser socializada), y la cuestión religiosa. La disolución de órdenes religiosas y la eliminación del presupuesto del clero (separando el poder civil y religioso) provocan que la derecha abandone el Congreso y que Alcalá Zamora y Maura dimitan.
El primer problema del Gobierno provisional surge cuando Francesc Macià, de Esquerra Republicana, proclama la República catalana dentro de una federación de repúblicas ibéricas. Las negociaciones aplazan la proclamación hasta la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía. Por otro lado, la Iglesia se enfrenta al nuevo Gobierno, a pesar de que autoridades como el nuncio del Vaticano animan a colaborar con él. La pastoral del Cardenal Segura (arzobispo de Toledo) provoca una reacción anticlerical y la quema de edificios religiosos.
Las medidas que se adoptan en materia del Ejército (clausura de la academia militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco; anulación de ascensos; jubilaciones anticipadas…) y en el campo provocan reacciones en el sector militar y entre los grandes propietarios. Se crea entonces la Guardia de Asalto, cuerpo de policía de fidelidad republicana, mientras socialistas y anarquistas exigen cambios rápidos y radicales.
1.5.2 La Constitución de 1931
La Constitución de 1931, de 125 artículos, configura un estado integral, democrático y laico. Establece la soberanía popular y la separación de poderes, quedando el legislativo en manos de las Cortes (unicamerales y elegidas por sufragio universal cada cuatro años), el ejecutivo (Jefatura del Estado) en manos del Presidente de la República (con un mandato de seis años, puede disolver las Cortes dos veces y nombra al Jefe de Gobierno y, a propuesta de este, a los Ministros) y el judicial a jueces y tribunales.
La Constitución define un estado central fuerte y busca resolver los problemas regionales mediante la promulgación de estatutos de autonomía. Desarrolla una declaración de derechos que recoge, además de la libertad de expresión y asociación, los de trabajo, educación y cultura, el matrimonio civil, la equiparación de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos y el sufragio universal para mayores de 23 años. Integra aspectos ideológicos del liberalismo democrático y del socialismo (se pretende crear un estado del bienestar), así como un sistema que es una síntesis entre el presidencialismo y un sistema parlamentario.
La Constitución impone un Estado aconfesional (se suprimen las ayudas económicas a la Iglesia, el presupuesto de culto y clero), lo que levanta una gran polémica y divide a la cámara. Se desata una oleada anticlerical con ataques al clero y quema de conventos, lo que provoca que las clases medias, católicas, retiren su apoyo al gobierno y a la República.
1.5.3 El Sufragio Femenino
Paralelamente, se produce un debate entre sufragistas como las diputadas (aunque no pudieran votar, sí podían legislar) Clara Campoamor (Partido Radical), a favor del sufragio femenino, y Victoria Kent (Partido Republicano Radical Socialista), en contra. Para muchos, conceder el voto a la mujer sería dar el triunfo a la derecha y convertir España en un Estado teocrático. De hecho, Campoamor se enfrenta a su propio partido hasta lograr su objetivo con su discurso del 1 de octubre de 1931.
Finalmente, la Constitución de 1931 recoge el sufragio universal para mayores de 23 años y la igualdad de derechos electorales entre hombres y mujeres. Las mujeres pudieron ejercer, por primera vez, su derecho al voto en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933.
1.1 La Crisis de la Restauración: Intentos Regeneradores y Oposición al Régimen
El periodo del 1902 a 1923 se caracteriza por una permanente crisis política debido al intervencionismo político de Alfonso XIII, el fracaso del turnismo y las disensiones internas (como la oposición al régimen…). Así, el país se enfrenta a la cuestión nacionalista (País Vasco y Cataluña), a la cuestión religiosa (protestas contra el poder de la Iglesia) y a la cuestión militar (críticas al ejército tras el desastre del 98). Los regeneracionistas (Maura y Joaquín Costa en política y Ortega, Galdós y la generación del 98 en literatura) proponen la reorganización política y la dignificación de la vida parlamentaria (fin del caciquismo y el falso parlamentarismo). Finalmente, con el Movimiento Asambleísta (1917), se unen los partidos de la oposición al sistema canovista (republicanos, partidos obreros y nacionalistas). En 1905 estalla una crisis en Cataluña con el asalto de imprentas (ante sus comentarios satíricos anticastrenses), de modo que se aprueba la Ley de Jurisdicciones (1906), que asimila las críticas al Ejército a las de la Patria. Antonio Maura, líder del Partido Conservador, llega al poder en 1907 y en su «gobierno largo» (1907 – 1909) modifica la ley electoral, establece el Instituto Nacional de Previsión en 1908 (antecede a la Seguridad Social) y aprueba sin éxito una tímida autonomía para Cataluña con un proyecto de ley de administración local (se derrumba en 1909). En términos económicos, se prefiere el intervencionismo, reflejado en la Ley de Protección Industrial (1907), alentando a crear empresas españolas, y la Ley de Construcciones Navales (1908), para habilitar los arsenales de El Ferrol y Cartagena. Paralelamente, Barcelona se convierte en centro de las movilizaciones obreras y se crea Solidaridad Obrera (1907). A raíz de la guerra de Marruecos (ataques de rifeños), se dan protestas en Madrid y Barcelona, mientras que El desastre del Barranco del Lobo lleva a una huelga general en Barcelona (convocada por Solidaridad Obrera y UGT), con tres días de protesta y violencia contra el ejército y la Iglesia (quema de conventos). Esta Semana Trágica de Barcelona de 1909 acaba con numerosos muertos y heridos, una gran represión, la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia (Escuela Moderna) y la caída de Maura. Después, el liberal Canalejas (1909 – 1912), en un último intento regeneracionista, propugna el servicio militar obligatorio en tiempos de guerra, la mejora educativa, la Ley de Mancomunidades y la Ley de Asociaciones Religiosas (limita las nuevas órdenes religiosas).
Canalejas es asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas (1912) y, entonces, hay una crisis permanente del turnismo, mientras Pablo Iglesias es elegido diputado por primera vez en 1910). En el gobierno de Dato (1913 – 1915) se inicia la Primera Guerra Mundial y la política neutralista favorece el desarrollo económico, pero el mal reparto social de estos beneficios y la inflación llevan a la crisis de 1917, siendo presidente el conde de Romanones. Esta crisis es una crisis militar dado el descontento de los oficiales «peninsulares» ante los ascensos de los «africanistas», que culmina con la creación de Juntas de Defensa; una crisis parlamentaria, pues, en Cataluña, 70 diputados y senadores de la LLiga Regionalista, republicanos y socialistas constituyen una Asamblea Nacional de Parlamentarios; y una crisis social con la huelga general de 1917 (convocada por CNT y UGT), que acaba con la disolución de las Juntas de Defensa (apoyo del Ejército en la represión), la dimisión de Dato y la formación de un gobierno de coalición con la LLiga Regionalista (fin de la Asamblea de Parlamentarios). El fin de la Primera Guerra Mundial trae una nueva crisis y una nueva oleada huelguista en Barcelona (1919 – 1921), duramente reprimida por el nuevo gobierno de Maura, mientras que se crea el Sindicato Libre para contrarrestar la «acción directa» anarquista y se aplica la Ley de Fugas. Por su parte, los anarquistas asesinan al presidente Dato en 1921. El problema militar, junto con el desastre de Annual (1921) en Marruecos, llevan al golpe de estado del general Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923). Paralelamente, los partidos republicanos (demócratas y anticlericales), como el Partido Radical de Lerroux o el Partido Reformista de Melquíades Álvares, y los partidos obreros, como PSOE (UGT) y anarquistas (organizan su sindicato, CNT, desde 1910, con gran fuerza en Cataluña), ganan importancia. Los sindicatos UGT y CNT llevan a cabo la reivindicación sindical, atentados y asesinatos y producciones culturales. Paralelamente, se sigue desarrollando el nacionalismo catalán conservador en torno a la Lliga Regionalista de Cambó y surge un nacionalismo catalán de izquierdas y republicano con Ezquerra Republicana de Catalunya (Maçiá). Por su parte, el nacionalismo vasco (PNV) se modera y acentúa su perfil autonomista para integrarse en las instituciones y participar en las elecciones.