Introducción: El Inicio del Reinado de Isabel II

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel, de solo tres años, fue proclamada reina de España. Ante la minoría de edad, su madre, María Cristina de Borbón, pasó a ocupar la regencia del reino como Reina Gobernadora. Durante su gobierno (1833-1840) se produjeron acontecimientos fundamentales en la Historia de España, destacando la Primera Guerra Carlista, que enfrentó al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y a María Cristina e Isabel II, por el trono.

Carlismo y Primera Guerra Carlista (1833-1839)

La Primera Guerra Carlista estalló en 1833 cuando el infante Carlos María Isidro no reconoció a Isabel como heredera y terminó con el Abrazo de Vergara el 31 de agosto de 1839. El origen de esta guerra surge por la confusa anulación de Fernando VII de la Ley Sálica, que impedía gobernar a las mujeres, mediante la Pragmática Sanción de 1830, que autorizaba dicha posibilidad. Esta primera guerra civil española del siglo XIX fue una lucha dinástica y civil que enfrentó a absolutistas con liberales, al campo con la ciudad, al mismo tiempo que proclamaba la defensa de los fueros vascos y navarros frente al creciente centralismo.

Los Bandos Enfrentados

• Carlistas: Contaron con el apoyo de pequeños propietarios rurales, de buena parte del clero y, en general, de aquellos que rechazaban los principios liberales. Defendían la monarquía tradicional absolutista, el catolicismo conservador y el foralismo. Geográficamente, predominaban en la mitad norte y, en especial, País Vasco y Navarra, norte de Cataluña y el Maestrazgo (Teruel).
• Liberales (Cristinos o Isabelinos): Encontraron más seguidores en los medios urbanos, burguesía y amplios sectores de la nobleza. Eran partidarios de los principios liberales y, muchos de ellos, del centralismo.

Desarrollo de la Guerra

Como hitos importantes de la guerra se cuentan los iniciales éxitos en el País Vasco y Navarra del general carlista Zumalacárregui, que murió en el sitio de Bilbao en 1835. A pesar del cambio de signo de la guerra en dicho año, destacan los intentos fallidos de las expediciones carlistas a Andalucía (1836) y Madrid (1837).

En el bando isabelino, una vez que el general Espartero pudo contar con tropas suficientes, se produjo la victoria de la batalla de Luchana (1836) y el levantamiento del asedio carlista de Bilbao. Las tensiones afloraron en el bando carlista y el general Maroto negoció el Convenio de Vergara (1839), que incorporaba al ejército a los oficiales carlistas y respetaba los fueros vasconavarros, lo que no impidió que la guerra se prolongase durante un año más en el Maestrazgo, donde el general Cabrera protagonizó una dura resistencia.

La Segunda Guerra Carlista, que no tuvo el alcance de la anterior y su escenario se redujo principalmente a Cataluña, se inició en 1846 y terminó en 1849, aunque este problema quedará latente y surgirá en momentos de crisis posteriores.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Varios fueron los políticos y los momentos importantes a lo largo de esta primera regencia. Francisco Cea Bermúdez, absolutista moderado y partidario del inmovilismo político, en cuyo breve mandato se aprobó la actual división provincial española (1833), obra de Javier de Burgos. El nombramiento como jefe de gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, en enero de 1834, supuso el compromiso entre la Corona y los liberales, concretado en el Estatuto Real, una carta otorgada que no hacía referencia a la soberanía nacional ni a los derechos fundamentales y que únicamente permitía el establecimiento de unas cortes bicamerales con escasas competencias.

En 1835 se produjo un movimiento revolucionario de los grupos más radicales que no aceptaban el Estatuto y exigían cambios más profundos. Ante esta situación, agravada por la guerra carlista, la Reina Gobernadora se vio obligada a hacer cambios sustanciales. Los objetivos prioritarios de los progresistas conde de Toreno, primero, y Mendizábal, después, fueron la reforma del Estatuto Real, terminar con la guerra carlista y sanear la economía. Para hacer posible lo anterior, Mendizábal propuso la desamortización de los bienes de los monasterios y conventos que, una vez expropiados, pasaron a ser considerados bienes nacionales, además de reformar la ley electoral, establecer la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, crear las Diputaciones Provinciales y reorganizar la Milicia Nacional.

La tensión política entre los liberales se fue acentuando. Mendizábal fue sustituido por el moderado Istúriz en mayo de 1836, lo que provocó un pronunciamiento militar de un grupo de sargentos en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y que obligó a la Reina Regente a jurar la Constitución de 1812 y a formar un nuevo gobierno progresista que convocó elecciones a Cortes. Estas Cortes Constituyentes, de mayoría progresista, fueron las encargadas de elaborar una nueva constitución: la Constitución de 1837, caracterizada por:

1. El reconocimiento de la soberanía nacional.
2. La limitación de los poderes del monarca.
3. El establecimiento de una amplia declaración de derechos, como los de impresión y publicación.
4. La existencia de unas Cortes bicamerales, que compartían el poder legislativo con el Rey. El Congreso de los Diputados era elegido por sufragio censitario y el Senado era nombrado por el Rey entre los grandes contribuyentes.
5. Confesionalidad católica del Estado.

Aprobada la Constitución, sucesivos gobiernos moderados intentaron paralizar la aplicación de la legislación progresista, lo que provocó nuevos pronunciamientos. La Regente acudió al general Espartero, jefe de los progresistas, para estabilizar la situación, quien presentó un programa de gobierno con el que la Reina Regente estaba en total desacuerdo, lo que provocó el enfrentamiento entre ambos y, finalmente, la renuncia y el exilio a Francia de esta última.

La Regencia de Espartero (1841-1843)

Espartero asumió oficialmente la regencia en 1841, cuya gestión se caracterizó por un sentido autoritario, lo que le hizo perder el apoyo incluso de los propios progresistas y que, al final, se encontraron solos y divididos. Frente a estos se organizaron pronunciamientos moderados.

En 1842 estalló una revuelta en Barcelona provocada por la crisis industrial y la aplicación de una política librecambista: el miedo a un nuevo tratado comercial con Inglaterra que podía perjudicar a la industria textil catalana provocó una sublevación popular ante la que Espartero reaccionó bombardeando la ciudad desde el castillo de Montjuïc. Esta actuación le quitó el apoyo entre la clase obrera, lo desacreditó y provocó un pronunciamiento de moderados y progresistas disidentes, dirigido por el general Narváez. Espartero, sin apoyos, renunció a su cargo en agosto de 1843 y se exilió a Londres.

El Reinado de Isabel II (1843-1868)

En noviembre de 1843, Isabel II fue proclamada mayor de edad y asumía, por tanto, sus funciones como reina. Espontánea y vital pero de escasa formación y muy influenciada por la camarilla cortesana, optó por dar su apoyo al sector más reaccionario del moderantismo. Su gobierno puede ser dividido en tres etapas.

La Década Moderada (1844-1854)

La primera etapa del reinado de Isabel II fue la llamada Década Moderada (1844-1854), que se inició con la subida al poder del general Narváez, jefe del Partido Moderado, lo que supuso el triunfo de la burguesía terrateniente y financiera y la subida al poder de militares jóvenes forjados en las guerras carlistas. De esta forma, el Ejército y la Corona se convirtieron en garantes del sistema.

La principal obra política de este periodo es la Constitución de 1845 que plasmaba el modelo político de los moderados:

1. Soberanía compartida entre el monarca y las Cortes.
2. El monarca se reserva el poder ejecutivo, con capacidad para nombrar o destituir ministros, posee iniciativa legislativa y tiene potestad para disolver las Cortes.
3. Cortes bicamerales: el Congreso de los Diputados era elegido por sufragio censitario y el Senado estaba formado por miembros vitalicios nombrados por la Corona.
4. Restricción de derechos individuales y libertades políticas.
5. Confesionalidad religiosa del estado.
6. Centralización administrativa: los Ayuntamientos y las Diputaciones son sometidos al poder central.
7. Supresión de la Milicia Nacional.

Por otra parte, se llevaron a cabo ciertas medidas en materia de política interior que copiaban el centralismo moderado del liberalismo francés, que tenía a la administración central como médula del estado y un acentuado carácter censitario y oligárquico:

• Aprobación de la Ley Municipal, que dispuso la designación gubernamental de los alcaldes de las ciudades, y fortalecimiento de los gobernadores civiles, representantes del Gobierno en las provincias y con funciones electorales, fiscales y económicas.
• Creación de la Guardia Civil (1844) para el mantenimiento del orden público y la vigilancia de la propiedad privada en el medio rural.
• Promulgación de un nuevo Código Penal (1848).
• En educación, se fijaron tres niveles de enseñanza y se elaboraron nuevos planes de estudios.

En economía, se produjo una reforma fiscal y de la hacienda pública, conocida como la reforma Mon-Santillán (1845), que racionalizó el sistema impositivo y recaudatorio mediante la centralización de los impuestos y el establecimiento de dos impuestos fundamentales: la contribución territorial y el impuesto indirecto de consumos, muy impopular entre los sectores más humildes dado que gravaba los productos de uso diario. Asimismo, se impuso un sistema unificado de pesos y medidas, con la aplicación del sistema métrico decimal; se llevó a cabo una amplia política de obras públicas con la construcción de ferrocarriles; y, en 1847, se creó el Banco de San Fernando, con la idea de centralizar la emisión de moneda, y convertido en Banco de España en 1856.

Por último, cabe destacar la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851 que intentó normalizar las relaciones con la Iglesia Católica, reconocida como la única verdadera, y su derecho a adquirir y poseer bienes. A cambio de los bienes desamortizados, el Estado dotaría el culto y el clero recuperaría el campo de la enseñanza. A partir de aquí la Iglesia respaldaría a Isabel II.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La segunda etapa del reinado de Isabel II es la denominada como Bienio Progresista (1854-1856).

En 1854 los moderados estaban muy desgastados por la corrupción interna por negocios de ferrocarriles, el descontento social por la subida de los precios y por el intento del ministro Bravo Murillo por controlar la prensa. La acción conjunta de progresistas, moderados avanzados y demócratas (partidarios del sufragio universal masculino), consiguió un cambio en la orientación política del Gobierno.

A finales de junio de 1854, un grupo de generales moderados encabezados por O’Donnell se pronunció en Vicálvaro (Madrid). Al principio, contó con pocos apoyos pero, tras la publicación del “Manifiesto de Manzanares”, redactado por Cánovas del Castillo y que recogía reivindicaciones como la autonomía de los municipios, el restablecimiento de la Milicia Nacional y una nueva ley electoral y de imprenta, propició el apoyo de progresistas y demócratas. Así, en las conocidas como Jornadas de julio, se constituyeron Juntas en algunas ciudades e incluso se alzaron barricadas en Madrid. Con amplio apoyo social por la escasez de trabajo y la crisis económica, las elecciones de noviembre de 1854 permitieron una mayoría progresista y Espartero fue nombrado presidente de nuevo.

Su política se caracterizó por la ampliación de las libertades políticas y la participación electoral, así como por la elaboración de nueva Constitución de 1856 que no fue promulgada, por lo que se le conoce con el nombre de la non nata, y que recogía, por primera vez, el libre ejercicio de otras religiones.

Promocionó el desarrollo económico mediante la Ley de ferrocarriles, fundamental para el posterior desarrollo económico; la desamortización civil de Pascual Madoz (1855) que puso en venta los bienes municipales de propios y comunes y que duplicó el valor de la desamortización de bienes religiosos realizada por Mendizábal; y la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito, que permitió la ampliación de los negocios.

Las reformas del Bienio Progresista poco o nada repercutieron en la calidad de vida de las clases populares. Junto a un ciclo de malas cosechas que hizo aumentar el clima de conflictividad social, hubo también sublevaciones carlistas. Ante esta situación, Espartero dimitió y la Reina encargó el gobierno a O’Donnell.

Los Últimos Años del Reinado (1856-1868)

De esta forma, comenzó la tercera y última etapa del reinado de Isabel II, que abarca dos ciclos políticos diferentes: el conocido como gobierno largo de O’Donnell (1856-1863) y la sucesión de gobiernos moderados y unionistas en los últimos años de reinado (1863-1868).

El gobierno largo de O’Donnell (1856-1863) fue un periodo de estabilidad dominada por este político y su nuevo partido, la Unión Liberal, surgido del descontento del sistema bipartidista y la búsqueda de una tercera vía. En una primera etapa, restableció por decreto la Constitución de 1845 añadiendo un acta adicional para darle un aire más progresista, pero las manipulaciones electorales rompieron la imagen de honradez que acabó con O’Donnell y que hizo que volviese Narváez con políticas muy conservadoras del sector neocatólico.

En este momento, existía un ciclo económico expansivo en Europa que se extendió por España, con el crecimiento de la banca, la expansión del ferrocarril, la inversión del capital extranjero y la especulación inmobiliaria. En educación se redacta la Ley Moyano, que data de 1857, la primera en regular los estudios no universitarios en España.

Este período se caracterizó, además, por una exaltación patriótica, debido a la participación de España en conflictos internacionales como la expedición a la Cochinchina (1858), la guerra con Marruecos (1859-1860), en la que destacó el general Prim, la intervención en México en apoyo al emperador Maximiliano (1861-1862) o la guerra del Pacífico (1865-1866). Estas guerras de prestigio contentaron al Ejército, crearon un clima de patriotismo y desviaron la atención de los problemas sociales internos que tuvieron mucha incidencia en Andalucía, como las revueltas demócratas y republicanas en Utrera y Arahal (Sevilla) y Loja (Granada).

El segundo ciclo de esta última etapa de Isabel II coincide con la crisis de su reinado. Entre 1863 y 1868 se alternaron gobiernos moderados y unionistas, pero el sistema estaba agotado. Al mismo tiempo se produjo la radicalización de progresistas y demócratas que aprovecharon la descomposición del régimen isabelino. La oposición se fortaleció y el gobierno intensificó su represión: el dirigente republicano Emilio Castelar fue destituido de su cátedra por la publicación de un artículo contra la Reina; la protesta estudiantil en la “Noche de San Daniel” (1865), fue sofocada por el Gobierno; y en junio de 1866 se produjo el levantamiento de los sargentos en el cuartel madrileño de San Gil. El general Serrano acabó con el motín y sus responsables fueron fusilados. Además, coincidió con la muerte de los grandes líderes políticos de la monarquía isabelina: O’Donnell y Narváez.

A ello hay que añadir otros factores de tipo económico como la crisis europea de 1866, que afectó a España con la quiebra de bancos, empresas de ferrocarril e industrias siderúrgicas y textiles, o de tipo político, como la escasa representatividad del régimen, la acción represiva de los gobiernos, el súbito enriquecimiento de las clases dirigentes y la corrupción de la camarilla de la Reina.

En 1866, toda la oposición constituyó el denominado Pacto de Ostende, suscrito por progresistas, demócratas y unionistas, en el que se comprometían a derribar el sistema isabelino y a convocar una asamblea constituyente elegida por sufragio universal masculino.