Isabel II (1843-1868): El Reinado Efectivo
Este periodo, en el que Isabel II alcanza la mayoría de edad, abarca 25 años. Se caracteriza por la presencia de textos constitucionales, la implicación militar en la política, revoluciones y el surgimiento de republicanos y demócratas. Su etapa de modernidad comenzó en la década de 1844-1854, donde destacó el General Narváez, quien apoyó a los gabinetes. A este se unieron liberales, constitucionales y el parlamentarismo plasmado en la Constitución de 1845. Esta defendía principios modernos, aumentaba el poder ejecutivo, establecía un Senado Real y vitalicio, eliminaba la Milicia Nacional y establecía la soberanía compartida entre la reina y las Cortes, manteniendo el sufragio censitario.
El sistema político se adaptó a las clases dominantes y a la defensa del orden. El orden y la libertad eran los principios fundamentales para lograr el progreso económico y político. Se consiguió una administración moderna, racional y uniforme en los gobiernos provinciales, pero se mantuvo el sistema foral vasco hasta 1876. En 1851 se firmó con la Iglesia el Concordato, que ponía fin a las desamortizaciones y establecía la religión católica como la del Estado, regulando también el culto y al clero. En 1845, el Ministerio de Hacienda creó un sistema de recaudación de impuestos directos. En 1844 se creó la Guardia Civil para mantener el orden. La prensa se convirtió en una herramienta para captar seguidores y convocar electores.
Este periodo coincidió con la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), centrada en Cataluña, que se originó por problemas dinásticos, sociales y políticos. Las revoluciones de 1848 en Europa obligaron a tomar medidas en España, como la promulgación de la Ley de Poderes Excepcionales, que eliminaba las garantías individuales de la Constitución. Entre 1851 y 1852, con el gobierno de Bravo Murillo, se restringió la participación política del electorado. Se buscaba fortalecer el poder ejecutivo, independizándolo de los militares y del parlamento para una mayor eficacia. Tras su dimisión, resurgió la corrupción, favoreciendo a la realeza. El General O’Donnell lideró una reacción en 1854, junto con pronunciamientos en Vicálvaro que dividieron al ejército entre partidarios y opositores del gobierno. El Manifiesto de Manzanares proponía un trono sin camarilla, descentralización administrativa, impuestos bajos y la restauración de la Milicia Nacional con participación popular y progresista. La reina se vio obligada a entregar el poder al General Espartero.
Gobierno Progresista (1854-1856)
Se desarrolló el Gobierno Progresista, que elaboró una nueva Constitución en 1856. Esta retomó las desamortizaciones y puso en marcha la Ley de Ferrocarriles. Surgieron movimientos demócratas y republicanos, y el carlismo llegó al Congreso con un programa político que impulsó las acciones del movimiento obrero. En 1856, tras la dimisión del General Espartero, el poder pasó al General O’Donnell, a quien la reina le confió el gobierno, restableciendo la Constitución de 1845. Sin embargo, su mandato fue breve, ya que la convivencia entre progresistas y centralistas resultó insostenible. Los moderados de Narváez regresaron al poder tras un periodo de inestabilidad.
Retorno de los Moderados (1856-1863)
Narváez gobernó entre 1856 y 1858, en un contexto de crisis económica que llevó a la represión, prohibiendo las asociaciones obreras y construyendo carreteras para recaudar fondos para el Estado. La reina volvió a confiar en O’Donnell, cuyo partido liberal conservador aceptaba la libertad y el orden, buscando el desarrollo industrial y ferroviario. El Estado actuaba como tutor de los diputados y ayuntamientos. Durante esta época, España experimentó una prosperidad económica y una política exterior expansionista, con expediciones a Cochinchina, México y la Guerra de Perú y Chile. Solo la guerra con Marruecos causó problemas en la frontera, con el desembarco en Tetuán. Tánger y Wad-Ras fueron tomadas por el General Prim.
Debilitamiento de la Monarquía (1863-1868)
Entre 1863 y 1868 se alternaron moderados y unionistas en el poder. La monarquía se debilitó por la influencia de la camarilla de la reina y la muerte de O’Donnell y Narváez. Entre 1867 y 1868, se sucedieron etapas difíciles marcadas por la crisis económica de 1866, conspiraciones y pactos antidinásticos que culminaron en la Revolución de 1868.
Crisis Económica y Reacción Obrera (1866)
La crisis económica de 1866 provocó una violenta reacción obrera.
Cuestión Universitaria (1865)
La cuestión universitaria estalló en 1865 debido a la oposición de la Iglesia al conocimiento. Los estudiantes se enfrentaron a la Guardia Civil, generando una fuerte presión que dividió a la prensa y debilitó al gobierno.
Conspiraciones y Pactos Antidinásticos (1866-1868)
En 1866 hubo conspiraciones. El General Prim se unió a los militares progresistas, pero fracasaron por falta de organización. Los sargentos del cuartel de San Gil se sublevaron por las dificultades para ascender. La reina perdió popularidad. Con el Pacto de Ostende, progresistas, demócratas y republicanos se unieron para derrocar a la reina.
El 17 de septiembre de 1868 estalló el pronunciamiento dirigido por el almirante Topete en Cádiz. Doce días después, el General Pavía fue derrotado por Serrano. La reina no renunció al trono, sino que se exilió en Francia. Se organizaron juntas por todo el país, y la Junta de Madrid formó un gobierno provisional que se hizo cargo de la situación.