CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

La sociedad del siglo XVIII continuaba manteniendo la división en estamentos y sus características esenciales eran la desigualdad jurídica y el inmovilismo. Los estamentos eran tres, dos privilegiados (nobleza y clero)
Y un tercero no privilegiado.

-La nobleza no sobrepasaba el 5% de la población y gozaba de privilegios fiscales, jurídicos y políticos. No pagaba impuestos y no tenía responsabilidades legales. Estos privilegios la habían transformado en un grupo ocioso, lo que provocó la crítica de algunos pensadores ilustrados. Entre los nobles destacamos los de “espada”, de rancio abolengo, y los de “toga”, cuyos títulos habían sido entregados por el rey como premio a sus buenos servicios. Además de la nobleza titulada estaban los hidalgos, con estatuto de limpieza de sangre y carentes de fortuna. Estos últimos personajes comenzaron a desarrollar iniciativas económicas e intelectuales de gran repercusión.

-El otro grupo privilegiado era el clero, que constituía poco más del 2% de la población, pero controlaba más del 40% de la propiedad territorial. Hay que distinguir entre alto clero, tanto regular como secular, y bajo clero, cuya situación socioeconómica era muy diferente entre sí.

Nobleza y alto clero también podían tener señoríos jurisdiccionales, donde administraban justicia, nombraban cargos públicos y cobraban impuestos. Si bien este poder no cuestionaba la autoridad del Estado absoluto.

-El tercer estamento, conocido como estado llano, era el más heterogéneo. Se extendía por debajo de los privilegiados y estaba compuesto por el resto de los habitantes del reino (campesinos, burguesía y sectores populares de la ciudad). Tenía como elemento común el pagar la mayor parte de los impuestos del Estado y hallarse marginado de las decisiones políticas.

En el ámbito rural, las situaciones sociales eran diversas, e iban desde el labrador acomodado, al campesino sin tierras. En definitiva la inmensa mayoría de la población continuaba sometidos a un régimen señorial que les obligaba a entregar la mayor parte de sus rentas agrarias, manteniéndoles así en el límite de la supervivencia.

La mejora de la actividad económica, sobre todo el desarrollo del comercio, permitió el crecimiento de la burguesía comercial, artesanal y luego industrial a lo largo del siglo XVIII.

LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE LOS BORBONES

Al morir sin descendencia el último monarca Habsburgo, Carlos II, estalló la guerra de sucesión española, donde se entrelazaron un conflicto civil y otro internacional. Por un lado, estaba la Francia de Luis XIV y la Corona de Castilla defendiendo los derechos de Felipe de Anjou, y por el otro, una amplia coalición internacional y la Corona de Aragón, en apoyo del archiduque Carlos.

La guerra concluyó con el tratado de Utrecht-Rastadt en 1713-1714, por el que Felipe V de Borbón se hacía con el trono, a cambio de numerosas pérdidas territoriales en Europa.

Felipe V reinó hasta 1746, con el breve paréntesis de su hijo Luis I en 1724. Reformó la administración e instituciones del Estado según el absolutismo de Luis XIV en Francia. Felipe V se propone la reforma del Estado de los Habsburgo, en la que cada uno de los reinos guardaba con escrúpulo derechos, costumbres y hasta monedas. Así que, mediante los Decretos de Nueva Planta se suprimían las leyes  de la Corona de Aragón, que había apoyado al archiduque Carlos. Así que en aquellos territorios se aplicaría el sistema legal, administrativo y fiscal de Castilla. Se suprimieron las Cortes de la Corona de Aragón y se integraron en las de Castilla, que de hecho, se convirtieron en unas Cortes Generales de España.

El sistema jurídico quedó organizado en torno a las audiencias, altos tribunales bajo dirección militar, que contaron también con atribuciones fiscales. Además, el castellano se convirtió en la lengua de la administración de justicia. Estas medidas se justificaron en virtud del “justo derecho de conquista” y de “los atributos de la soberanía por la imposición y derogación de las leyes”, tal como recogen los Decretos. El régimen foral solo subsistió en los territorios vasco-navarros, que habían mostrado su union a Felipe V desde los primeros momentos del conflicto. Estas modificaciones resultaron trascendentales para la historia de España, pues redujeron las desigualdades jurídicas entre los diferentes reinos de la monarquía, propiciando su uniformidad legal y política, y constituyendo un antecedente del proceso de construcción del Estado-nación llevado a cabo por el liberalismo en el siglo XIX.

En la administración central se suprimieron consejos, y los que quedaron, no pasaron de ser meros órganos consultivos.

También se reorganizó el territorio, eliminando los antiguos virreinatos (menos el de Navarra y los americanos) creando capitanías generales, demarcaciones territorial gobernadas por capitanes generales. Más relevante fue la introducción de las intendencias, inspiradas en el modelo centralista francés. Estas eran divisiones territoriales con un funcionario, el intendente, a su frente. Los intendentes, cuyas atribuciones eran muy amplias, sirvieron como puente entre el rey y los poderes locales (alcaldes mayores y corregidores), controlando a estos últimos.

El reinado de Fernando VI (1746-1759) estuvo marcado por la acumulación de deudas heredada de su padre. Se hizo evidente la necesidad de una política reformista en profundidad, como ponían de manifiesto las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su mayor intento fue promovido por el marqués de la Ensenada, quien en 1749 encargó la elaboración de un catastro que cuantificase la riqueza del reino como paso previo para la reforma impositiva.

Carlos III (1759-1788). Fue rey de Nápoles con anterioridad, y ocupó el trono español tras la muerte de su hermanastro Fernando VI. Se mostró partidario, como otros monarcas absolutos europeos, de seguir algunas de las ideas de progreso y racionalización ilustradas, siempre que no atentaran contra el poder de la monarquía absoluta. Es decir, se trata de un célebre ejemplo de despotismo ilustrado. Para ello contó con ministros como Campomanes, Floridablanca, Aranda, Grimaldi o Esquilache. Junto a ellos, y desde otros puestos públicos, ilustrados como Olavide, Cabarrús y Jovellanos estu-diaron, informaron y propusieron una serie de medidas tendentes a la modernización y racionalización del Estado. En el ámbito religioso, se puso énfasis en el regalismo, defender la autoridad y las  prerrogativas del rey frente a la Iglesia. Carlos III limitó el poder de la Inquisición y expulsó a los jesuitas. La obra de Carlos III es enormemente vanagloriada, considerándole el gran modernizador de la España del XVIII. Sin embargo, existen posturas críticas como la de Fontana, quien considera al rey un freno para las necesarias reformas del país.

Carlos IV reinó de 1788 a 1808, conviviendo con la Revolución Francesa de 1789, que asustó a los dirigentes españoles, frenando el reformismo borbónico. Floridablanca habló de establecer “un cordón sanitario contra la peste francesa”. Las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, no hicieron más que acuciarse, hasta llegar a “la quiebra de la monarquía absoluta” (palabras de Josep Fontana) en el siglo XIX.

CONCLUSIÓN

En el siglo de la Ilustración, se cava la tumba del Antiguo Régimen, en primer lugar por los trepidantes cambios económicos y como no, por las nuevas ideas que se extienden a pesar del freno de los sectores más reaccionarios. Para Domínguez Ortiz, será en este siglo cuando comience a racionalizarse tanto la administración como la misma estructura social en España. Otros autores van más allá, llegando a afirmar, que es con los Borbones, con la Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta, con los que se certifique la partida de nacimiento de una nación, España.