La Segunda República Española: Un Recorrido Político de 1931 a 1936

Nos encontramos ante cinco documentos de carácter político que comprenden el período que va desde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 hasta el golpe de Estado en julio de 1936.

El Inicio de la República y las Elecciones de 1931

Las elecciones municipales convocadas en 1931, previstas para sustituir a los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera, se convirtieron en un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía. El resultado llevó a la abdicación y posterior exilio de Alfonso XIII. La Segunda República se proclamó dos días después, recibida con entusiasmo por las clases populares, pero con recelo por las élites económicas y sociales. Se conformó un gobierno provisional en Madrid, presidido por Niceto Alcalá Zamora, formado por los firmantes del Pacto de San Sebastián (republicanos de izquierdas y derechas, socialistas y nacionalistas). Este gobierno debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen y se convocaran elecciones nacionales.

Las elecciones, con un alto índice de participación, dieron la victoria a una conjunción republicano-socialista. En ellas se observó la incipiente atomización de la vida política, como se refleja en el documento uno, un gráfico que muestra los resultados de las diferentes elecciones de la República. En la primera, el bando de izquierdas ganó ampliamente, casi con el doble de votos que el de derechas. Sin embargo, los conflictos surgidos a partir de su política de reformas (consideradas insuficientes por la extrema izquierda, que la tildaba de “República de burgueses”, y excesivas por la extrema derecha, que la veía como una “República bolchevique”) hicieron que gran parte de la población cambiara su voto en las segundas elecciones, las primeras en las que la mujer pudo votar en España. En las últimas elecciones de 1936, la izquierda, unida en el Frente Popular, volvió a ganar, pero con un resultado más igualado.

La Constitución de 1931

Las nuevas Cortes republicanas nombraron una comisión encargada de elaborar la Constitución de 1931. En el documento dos se recogen algunos de sus artículos:

• Artículo 1: Define a España como una República democrática “de trabajadores de toda clase”, es decir, el poder reside en el pueblo (soberanía nacional). Se define como un Estado integral, pero compatible con la autonomía de municipios y regiones, un estado descentralizado.
• Artículo 3: Afirma la enseñanza laica y la separación entre Estado e Iglesia, siendo un Estado aconfesional.
• Artículo 39: Aprueba los sindicatos con carácter legal, cumpliendo así con los derechos colectivos de libre opinión, asociación y reunión.
• Artículo 44: Establece que todos los bienes pueden ser expropiados por el Estado para los intereses económicos del país, siempre y cuando se indemnice al propietario.
• Artículo 48: Establece la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria.

Además, se recogen otros artículos como la igualdad de todos los españoles ante la ley (independientemente de su raza, sexo o religión), la elección de alcaldes por el pueblo y la posibilidad de realizar un Estatuto de Autonomía para cualquier región con pasado histórico.

El Bienio Contrarreformista (1933-1935)

A pesar del apoyo inicial, la crisis internacional, las huelgas, las insurrecciones (como la del general Sanjurjo en 1932) y las expropiaciones provocaron un desgaste en el gobierno. Los sectores opuestos al reformismo progresista (Iglesia, Ejército, terratenientes y oligarquía) vieron en este desgaste la oportunidad para reorganizarse como bando antimarxista para las elecciones de 1933. En el documento tres, el periódico de línea conservadora, monárquica y católica ABC publica el programa electoral de su candidatura, cuyo objetivo principal es “defender la inmediata derogación” de todas las reformas del Bienio Reformista, impidiendo que la política “anticatólica, antieconómica y antinacional” permanezca en el gobierno. Las elecciones de 1933 dieron el triunfo a la derecha, obteniendo los mejores resultados el Partido Radical de Lerroux y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles, dando paso al Bienio Contrarreformista (1933-1935). Este nuevo gobierno paralizó las reformas anteriores, combatió el supuesto anticatolicismo aprobando un presupuesto para el culto y el clero, disminuyó los créditos para la construcción de nuevas escuelas, paralizó la reforma agraria y el sistema de autonomías, y aprobó una amnistía para los implicados en el golpe de Estado del 32.

La Radicalización y el Frente Popular

Socialistas y anarquistas radicalizaron sus posturas en respuesta al viraje conservador. La CEDA endureció su posición y exigió entrar en el gobierno, obteniendo tres carteras ministeriales. El nuevo gobierno fue percibido por la izquierda como la llegada del fascismo, incrementando el descontento social, que se manifestó en las revoluciones, destacando la de Asturias en 1934, donde la unión de trabajadores (anarquistas, socialistas y comunistas) contra el fascismo logró desbordar al gobierno, pero no evitar una dura represión posterior. A lo largo de 1935 se sucedieron diversos gobiernos de carácter radical-cedista. La extrema derecha hostigaba a la CEDA, acusándola de tibia, y Calvo Sotelo regresó al país para presidir el Bloque Nacional, con un programa totalitario.

Por otro lado, Largo Caballero impulsaba la radicalización de la UGT hacia el comunismo. De la alianza de comunistas, republicanos y socialistas surgió el Frente Popular, con el objetivo de frenar el fascismo creciente en España. En el documento cuatro, se presenta su programa para las elecciones de febrero de 1936, donde se comprometen a:

• Conceder el indulto a los delitos de noviembre de 1933, incluyendo el atentado contra el señor Lis, candidato de la Unión Regional de Derechas, quien salió ileso.
• Restaurar la autoridad de la Constitución republicana, con una reforma en las Cortes.
• Aprobar la legislación orgánica que garantice el funcionamiento de los gobiernos provincial y municipal.
• Reformar la ley de orden público para obtener mayores garantías para los derechos individuales.
• Derogar la ley de alquileres para continuar con la reforma agraria, con arrendamientos menores y mayor seguridad para los pequeños propietarios, reduciendo sus impuestos.
• Continuar el proceso de creación de escuelas, promoviendo la enseñanza pública, gratuita y obligatoria para disminuir la alta tasa de analfabetización.

La Conspiración y el Golpe de Estado

Estas medidas provocaron una gran oposición por parte de los grupos moderados (Iglesia, Estado y oligarquía), que no lograron formar una candidatura única ni redactar un programa electoral consensuado. En las elecciones de 1936, el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga jefe de gobierno. El nuevo gobierno puso en marcha el programa pactado, declarando una amplia amnistía, restableciendo las leyes derogadas y recuperando la política reformista. La vida social se fue radicalizando, con una movilización popular (huelgas, ocupación de tierras, etc.). Las derechas rechazaron esta situación y boicotearon las medidas aprobadas, destacando la Falange Española, cuyo lema “puños y pistolas” dejaba clara su intención de alcanzar el poder por la fuerza.

Los sectores opuestos a la República planearon una conspiración militar para frenar la política reformista. Aunque inicialmente tuvo escasa fuerza, en 1936, con Emilio Mola al frente, lograron dar un golpe de Estado. Estas conspiraciones son denunciadas en el documento cinco por el secretario general del Partido Comunista Español, José Díaz, ante las Cortes, donde afirma que “estamos completamente seguros de que en muchas provincias de España se están haciendo preparativos para un golpe de Estado”, y dirigiéndose a Gil Robles, recalca que este hecho acabaría con la España libre y democrática e impondría de nuevo años de represión, aludiendo a la dictadura de Primo de Rivera.

Los actos contra la República comenzaron a manifestarse con atentados el 12 de julio de 1936, cuando unos desconocidos pistoleros asesinaron al teniente Castillo y, al día siguiente, al diputado Calvo Sotelo. El 17 de julio se produjo la sublevación y se declaró el estado de guerra en Marruecos, y al día siguiente en la Península, desembocando en un golpe de Estado fallido que se convertiría en una Guerra Civil y posterior dictadura.