La Muerte de Franco y el Inicio de la Transición

La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 marcó el inicio de un período crucial en la historia de España. Se abrieron tres posibilidades para el futuro político del país: la continuidad del régimen franquista, la ruptura democrática inmediata o una reforma gradual hacia la democracia. Finalmente, se optó por la última opción, conocida como la Transición española.

Este proceso de transformación política se vio influido y complicado por el contexto económico adverso generado por la crisis del petróleo de 1973, que se prolongó hasta 1985. Esta coyuntura económica desfavorable suscitó cierta añoranza por la estabilidad económica experimentada en años anteriores bajo el régimen de Franco.

El Papel del Rey Juan Carlos I

En medio de este escenario, la figura del Rey Juan Carlos I fue fundamental. Al asumir el trono, fue capaz de renunciar al poder omnímodo heredado, lo que marcó un distanciamiento del régimen franquista. Su discurso tras la proclamación insinuó veladamente el rumbo hacia la democratización de España, y pocos días después concedió una amnistía a líderes obreros, como Marcelino Camacho. Su enfrentamiento con el último presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, evidenció su alejamiento de los principios franquistas.

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política

La designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, aunque inicialmente decepcionante para muchos por considerarlo un político de segundo orden y afín al Movimiento Nacional, sorprendió al país con la promesa de una amplia amnistía política y la convocatoria de elecciones generales libres en su primer discurso. Tuvo que formar un gobierno con figuras poco destacadas en la política.

La aprobación de la Ley para la Reforma Política, a pesar de no haber sido pactada con la oposición, obtuvo un gran respaldo popular en el referéndum nacional, siendo crucial en el proceso ya que establecía el procedimiento para la formación de unas Cortes elegidas por sufragio universal.

Desafíos en el Camino hacia la Democracia

El camino hacia la democracia enfrentó diversos desafíos, como el recrudecimiento del terrorismo de la extrema derecha y de grupos como ETA y GRAPO. La legalización del Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, fue un paso crucial para legitimar el proceso de cambio político y dar voz a una de las principales fuerzas de oposición al régimen franquista.

Las primeras elecciones democráticas en 1977 vieron la participación de un elevado número de partidos políticos, con la Unión de Centro Democrático (UCD) como ganadora, seguida por el PSOE de Felipe González y el PCE. Tras los comunistas se situó la Alianza Popular de Manuel Fraga. Sin embargo, este período constituyente estuvo lleno de obstáculos, incluida la persistente crisis económica y los desafíos planteados por los nacionalismos históricos en regiones como Cataluña y el País Vasco.

Los Pactos de la Moncloa y la Cuestión Autonómica

Los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977, representaron un intento de lograr estabilidad económica y social mediante el apoyo de partidos políticos, sindicatos y la patronal. Aunque estos pactos lograron algunos avances, como la disminución de la inflación y el aumento de divisas y beneficios empresariales, el crecimiento del desempleo y la conflictividad social continuaron siendo problemas persistentes.

Los resultados electorales en Cataluña y el País Vasco reflejaron el peso de los nacionalismos históricos, lo que llevó a intentos de satisfacer sus demandas mediante la restitución parcial de instituciones autonómicas. Sin embargo, esto no impidió el incremento de la violencia en el caso vasco, ya que muchos políticos exigían el derecho de autodeterminación y la creación de una policía autonómica.

La Elaboración de la Constitución de 1978

Las primeras Cortes democráticas se reunieron para elaborar una Constitución en lugar de reformar las Leyes Fundamentales franquistas. Para esto, se estableció una comisión compuesta por siete parlamentarios (padres de la Constitución), quienes serían los encargados de redactar un anteproyecto constitucional. Tres de estos parlamentarios representaban a UCD, mientras que PSOE, PCE, AP y Pacte Democràtic per Catalunya tenían cada uno un representante. El PNV no fue incluido debido al veto del PSOE al PSP, lo que impidió que los vascos enviaran un representante; por lo que decidieron no votar la Constitución.

El texto constitucional, conformado por 169 artículos, resultó de un auténtico consenso entre casi todos los partidos políticos.

Principios Fundamentales de la Constitución

En su artículo 1, se establece una caracterización política completamente opuesta al régimen anterior, definiendo a España como un Estado social y democrático de Derecho, basado en los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El carácter progresista de la Constitución se manifiesta en la amplia variedad de derechos y deberes fundamentales que recoge, como la mayoría de edad a los 18 años, el derecho a la vida, la libertad ideológica, religiosa y de culto, y la libertad de expresión.

Organización de los Poderes del Estado

En cuanto a la organización de los poderes del Estado, se establece que el jefe de Estado es el monarca, mientras que el poder ejecutivo recae esencialmente en el Gobierno, cuyo presidente es nombrado oficialmente por el rey, pero su designación depende del Congreso. El poder legislativo reside en las Cortes bicamerales (Congreso y Senado), y el poder judicial está integrado por jueces y magistrados independientes.

Organización Territorial del Estado

La organización territorial del Estado adopta una estructura intermedia entre el federalismo y el unitarismo, reconociendo la autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Se establece la «indisoluble unidad de la Nación española», pero se reconoce la posibilidad de que todas las regiones se conviertan en Comunidades Autónomas con órganos de gobierno propios y con importantes derechos. Sin embargo, no todas las autonomías podían alcanzar el autogobierno de la misma manera. Se establecían dos procedimientos: uno rápido y completo, reservado a las nacionalidades históricas, y otro lento para las demás regiones. Los primeros estatutos promulgados fueron el catalán y el vasco en 1979, seguidos por Andalucía y Galicia en 1981, y el resto entre 1982 y 1983.

Aprobación de la Constitución

La Constitución fue finalmente aprobada por mayoría en el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978. En el referéndum celebrado el 6 de diciembre del mismo año, el 67% del pueblo español participó, y el 88.54% de los votos emitidos fueron favorables a la carta magna.