La Revolución Gloriosa y el Sexenio Democrático (1868-1874)

El Destronamiento Borbónico y los Objetivos Revolucionarios

La dinastía derrocada en España por la Revolución Gloriosa de 1868 fue la dinastía borbónica, personificada en la reina Isabel II. Este movimiento revolucionario se inició en Cádiz con el pronunciamiento del almirante Topete, plasmado en el manifiesto «España con honra», y contó con el respaldo de una facción del ejército liderada por los generales Serrano (perteneciente a la Unión Liberal) y Prim (del Partido Progresista).

La revolución fue también consecuencia del Pacto de Ostende, un acuerdo previo entre progresistas, demócratas y la Unión Liberal con el fin explícito de derrocar a Isabel II. El ideario de la revolución propugnaba la expulsión de la monarca y el fin del régimen liberal moderado que la había sostenido. En su lugar, se buscaba establecer un gobierno provisional encargado de redactar una nueva constitución fundamentada en principios democráticos:

• Soberanía popular.
• Sufragio universal masculino.
• Separación de poderes.
• Ampliación de derechos y libertades individuales.

Tras el triunfo revolucionario, evidenciado en la victoria sobre las tropas leales a la reina en la batalla de Alcolea, se instauró un gobierno provisional presidido por Serrano. La forma de gobierno adoptada fue la Monarquía Parlamentaria, dando comienzo al periodo conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario (1868-1874). Este periodo incluyó la promulgación de la Constitución de 1869, el breve reinado de Amadeo I de Saboya y la proclamación de la Primera República.

Características Esenciales de la Constitución Democrática de 1869

La Constitución de 1869, emanada directamente de la Revolución Gloriosa, representó un avance significativo respecto a la Constitución moderada de 1845, vigente hasta entonces. Este texto, de naturaleza democrática pero que mantenía la monarquía como forma de Estado, estuvo en vigor hasta la proclamación de la Primera República en 1873.

Sus principios fundamentales incluían:

• Soberanía popular: A diferencia de constituciones anteriores, la soberanía residía en la nación representada por las Cortes, no en un pacto entre estas y el Rey.
• División de poderes.
• Libertad de culto: Aunque se permitía la práctica de otras religiones, el Estado mantenía su carácter confesional católico.
• Sufragio universal masculino: Amplió drásticamente el censo electoral, pasando de unos 400.000 a cerca de 4 millones de votantes.
• Amplia declaración de derechos: Incluía libertades de prensa y conciencia, inviolabilidad del domicilio y, por primera vez, los derechos de reunión y asociación.

Aunque considerada avanzada para su época, no fue una constitución utópica y dio pie a una importante labor legislativa en 1870, con leyes sobre el Poder Judicial, el Registro Civil, el Matrimonio Civil, un nuevo Código Penal, la Ley Electoral y las Leyes Municipal y Provincial, algunas de las cuales tuvieron una prolongada vigencia. Su fin llegó con la abdicación de Amadeo de Saboya y el advenimiento de la Primera República.

La Primera República Española (1873-1874)

Contexto y Causas de Instauración

La Primera República Española se desarrolló durante la última fase del Sexenio Democrático, entre febrero de 1873 y enero de 1874. Su proclamación fue precedida por el reinado de Amadeo de Saboya.

La instauración de este régimen republicano obedeció a varias causas:

1. La abdicación de Amadeo I: El monarca, traído a España por el general Prim (asesinado poco antes de su llegada), enfrentó una constante falta de apoyos para implementar sus medidas modernizadoras.
2. El auge del republicanismo: Las fuerzas republicanas, divididas entre unitarios y federalistas (estos últimos más radicales), habían ganado fuerza desde el final del reinado de Isabel II y presionaron por la república tras la marcha de Amadeo.
3. La movilización social: Grupos socialistas y anarquistas también se activaron en favor de un cambio de régimen.
4. La profunda crisis económica: Arrastrada desde 1866, se manifestaba en quiebras bancarias, malas cosechas que afectaban al campesinado, el colapso de las inversiones ferroviarias y una Hacienda pública incapaz de afrontar los vencimientos de la deuda y los costes de la Guerra de Cuba (iniciada en 1868).

Fracaso de la Experiencia Republicana

La Primera República tuvo una existencia efímera (apenas 11 meses) y fracasó debido a una combinación de factores:

• Problemas estructurales heredados: Una Hacienda pública en bancarrota y una severa crisis económica (malas cosechas, crisis industrial) generaban una gran inestabilidad social, con protestas populares cada vez más radicalizadas que amenazaban con una revolución social.
• Inestabilidad política crónica: La falta de apoyos sólidos provocó continuos cambios de gobierno (cuatro presidentes en menos de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar).
• Oposición interna: Gran parte del ejército y la mayoría de los partidos políticos mantenían una postura pro-monárquica.
• Aislamiento internacional: Solo Estados Unidos y Suiza reconocieron oficialmente al nuevo Estado republicano.
• Conflictos bélicos persistentes: La República tuvo que hacer frente simultáneamente a la Tercera Guerra Carlista y a la Guerra de Cuba.
• El problema cantonalista: La sublevación de cantones independientes debilitó enormemente al gobierno central y dividió a las propias fuerzas republicanas, facilitando la oposición monárquica.

El Proyecto de Constitución Federal de 1873

Durante la Primera República se elaboró un proyecto de constitución que pretendía establecer por primera vez en España un Estado basado en una República Federal. Este proyecto estructuraba España en 17 Estados federados, incluyendo Cuba y Puerto Rico.

Como producto del Sexenio Democrático, recogía muchos principios de la Constitución de 1869:

• Soberanía Nacional.
• Sufragio universal masculino.
• Estricta división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial).
• Separación Iglesia-Estado, garantizando la libertad de culto.
• Una declaración de derechos y libertades individuales similar a la de 1869.

Sin embargo, la extrema inestabilidad política de la República, con cuatro presidentes distintos en apenas once meses, impidió que este proyecto constitucional llegara a entrar en vigor.

Las Desamortizaciones del Siglo XIX

Concepto y Proceso General

La desamortización fue un proceso histórico fundamental en la España del siglo XIX mediante el cual se pusieron en venta bienes que se encontraban en «manos muertas». Estas propiedades, principalmente pertenecientes a la Iglesia y a los municipios, no podían ser vendidas ni divididas (no estaban en el mercado libre). El proceso consistía en su incautación por parte del Estado y su posterior venta en pública subasta, previa tasación.

Los objetivos principales de las desamortizaciones fueron:

• Disminuir la abultada Deuda Pública.
• Sufragar gastos extraordinarios, como los de las guerras carlistas.
• Financiar infraestructuras, como la red ferroviaria.
• Consolidar el concepto de propiedad privada liberal.

Los bienes afectados pertenecieron fundamentalmente a la Iglesia (clero regular y secular) y a los Ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Los pagos se realizaron tanto con títulos de Deuda Pública como en metálico. Aunque hubo antecedentes en el siglo XVIII (reinado de Carlos III), las dos fases más importantes fueron la de Mendizábal y la de Madoz.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

La más destacada de las desamortizaciones eclesiásticas es conocida como la Desamortización de Mendizábal, iniciada en 1836 durante la regencia de María Cristina de Nápoles (minoría de edad de Isabel II).

Sus principales consecuencias fueron:

• Volumen: Afectó aproximadamente a un 15% de los bienes eclesiásticos, con variaciones regionales significativas.
• Beneficiarios: Principalmente la burguesía de negocios (especialmente madrileña), agricultores acomodados que adquirieron tierras cercanas y parte de la nobleza que amplió su patrimonio.
• Impacto social: No logró su objetivo de crear una clase media de pequeños propietarios agrarios. Por el contrario, al suprimirse los antiguos censos (arrendamientos a largo plazo), muchos campesinos perdieron el acceso a la tierra, aumentando el número de jornaleros. No fue, por tanto, una reforma agraria redistributiva.
• Producción agraria: No mejoró sustancialmente. Se roturaron nuevas tierras, pero a menudo eran de baja calidad (eriales, marginales).
• Hacienda Pública: La recaudación fue inferior a la esperada, ya que una parte importante del pago se efectuó con títulos de Deuda Pública muy devaluados.
• Impacto ideológico: Supuso un paso decisivo hacia la consolidación de la propiedad privada capitalista y el sistema liberal.

La Desamortización de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el político Pascual Madoz impulsó una nueva gran desamortización, conocida como la Desamortización General.

Características y efectos de este proceso:

• Bienes afectados: Se centró fundamentalmente en los bienes de propios y comunales pertenecientes a los municipios, aunque inicialmente se pretendía preservar los comunales. Esto tuvo un impacto muy negativo en las clases populares rurales, que dependían de estos recursos.
• Consecuencias sociales: Supuso la privatización de montes y la eliminación de usos tradicionales (paso de ganados), mermando los medios de vida de muchos campesinos y generando numerosos pleitos que se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. También contribuyó a la expulsión de campesinos de la tierra al eliminarse los censos.
• Finalidad principal: Recaudar fondos para la construcción de la red ferroviaria (vinculada a la Ley de Ferrocarriles de 1855) y afianzar definitivamente la propiedad privada capitalista.
• Forma de pago: Solo se admitió dinero en efectivo (un 10% en el momento de la compra).
• Valor económico: Superó en volumen de ventas al de la desamortización de Mendizábal.
• Duración: Su aplicación se extendió legalmente hasta 1924.

El Conflicto Carlista y la Construcción del Estado Liberal

La Primera Guerra Carlista (1833-1840): Causas y Consecuencias

El primer pretendiente carlista al trono de España fue Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII.

La guerra se desencadenó por una crisis sucesoria. Fernando VII solo tuvo descendencia femenina, su hija Isabel. La Ley Sálica, implantada por los Borbones en 1713, impedía reinar a las mujeres si había varones en la línea principal o lateral. Para asegurar el trono a su hija, Fernando VII aprobó en 1830 la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica y restauraba el sistema sucesorio tradicional castellano (recogido en las Partidas de Alfonso X), permitiendo reinar a las mujeres.

Los sectores absolutistas más intransigentes no aceptaron esta medida y apoyaron las pretensiones al trono de Carlos María Isidro. A la muerte de Fernando VII en 1833, estalló el conflicto:

• Bando Carlista: Defendía el absolutismo monárquico y los fueros tradicionales bajo el lema «Dios, Patria, Rey y Fueros». Sus apoyos se concentraban en zonas rurales con fuerte tradición foral y un campesinado relativamente propietario (País Vasco, Navarra, Cataluña, Maestrazgo). Contó también con el respaldo del bajo clero.
• Bando Isabelino o Liberal: Apoyaba a la joven reina Isabel II (representada por su madre, la regente María Cristina) y defendía la construcción de un Estado liberal. Sus bases estaban en las ciudades, las clases medias, parte de la aristocracia, altos mandos del ejército y campesinos sin tierra.

La guerra se desarrolló en varias fases:

1. 1833-1835: Iniciativa carlista y expansión territorial. Muerte de su principal estratega, el general Zumalacárregui, en el sitio de Bilbao.
2. 1836-1837: Fracasos carlistas, como la fallida expedición real sobre Madrid. Destaca el general Cabrera en el Maestrazgo.
3. 1838-1840: Desgaste y divisiones internas en ambos bandos. Acercamiento entre sectores moderados de ambos ejércitos que culmina en el Convenio o Abrazo de Vergara (1839) entre el general liberal Espartero y el carlista Maroto. La guerra finaliza en 1840 con la derrota de Cabrera en el Levante.

Las consecuencias de la Primera Guerra Carlista fueron trascendentales:

• El triunfo liberal consolidó el establecimiento de un régimen liberal en España.
• Se acentuó el protagonismo de los militares en la vida política (pronunciamientos).
• Supuso un enorme gasto para la Hacienda pública, lo que impulsó medidas como la desamortización para obtener recursos.
• Se acordó el mantenimiento de los fueros vascos y navarros, aunque adaptados al nuevo marco constitucional.

Moderados y Progresistas: Las Grandes Facciones del Liberalismo Isabelino

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), el liberalismo español se articuló principalmente en torno a dos grandes partidos dinásticos: los Moderados y los Progresistas.

Las diferencias entre ambos eran notables:

• Partido Moderado:
  • Base social: Terratenientes, alta burguesía, restos de la nobleza, alto clero, altos mandos militares (las llamadas «personas de orden»).
  • Ideología: Conservadora. Defensa del orden y la propiedad, soberanía compartida entre el Rey y las Cortes (bicamerales), amplios poderes para la Corona, sufragio muy restringido (censitario), derechos individuales limitados y subordinados al orden público, Estado confesional católico, centralismo administrativo y política económica proteccionista. Creación de la Guardia Civil. Su principal figura fue el general Narváez.
• Partido Progresista:
  • Base social: Pequeña y mediana burguesía, profesionales liberales, oficialidad media del ejército, clases populares urbanas (inicialmente).
  • Ideología: Liberal-reformista. Defensa de la soberanía nacional (residente en las Cortes, preferentemente unicamerales), limitación del poder de la Corona, sufragio censitario más amplio, amplios derechos individuales, defensa de la Milicia Nacional, mayor autonomía municipal (Ley de Ayuntamientos), limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política económica librecambista. Su principal figura fue el general Espartero.

Textos Constitucionales del Periodo Isabelino

El Estatuto Real de 1834

Al inicio de la regencia de María Cristina de Nápoles, se promulgó el Estatuto Real de 1834. No se trataba de una Constitución en sentido estricto, sino de una Carta Otorgada, concedida por la Corona. Establecía unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores) con funciones muy limitadas, principalmente consultivas y sin iniciativa legislativa propia, y no reconocía la soberanía nacional ni una declaración de derechos.

La Constitución de 1837

Fruto de la presión progresista (motín de los sargentos de La Granja), se elaboró la Constitución de 1837 durante la regencia de María Cristina. Intentó ser un texto de consenso entre Moderados y Progresistas, aunque con predominio de estos últimos. Sus características esenciales fueron:

• Basada en los principios liberales de la Constitución de 1812, pero más moderada.
• Reconocía la soberanía nacional.
• Establecía un sistema bicameral: Congreso de los Diputados elegido por sufragio directo censitario (más amplio que en 1834) y Senado de designación mixta (elección indirecta y nombramiento real).
• El poder legislativo era compartido entre las Cortes y el Rey, aunque este veía reducidas sus prerrogativas respecto al Estatuto Real (mantenía el derecho de veto, pero sus actos requerían refrendo ministerial).
• Incluía una declaración de derechos: libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, garantías procesales.
• Configuraba una monarquía constitucional que buscaba un equilibrio de poderes.

La Constitución de 1845

Con la llegada al poder de los Moderados en 1844, liderados por el general Narváez, se inició la llamada Década Moderada (1844-1854). Su principal plasmación jurídica fue la Constitución de 1845, que reformaba la de 1837 en un sentido más conservador:

• La soberanía pasó a ser compartida entre el Rey y las Cortes.
• Se restringió aún más el sufragio censitario.
• Se reforzaron los poderes de la Corona.
• Se subrayó la confesionalidad católica del Estado, lo que se consolidó con el Concordato con la Santa Sede de 1851.
• Se suprimieron elementos progresistas de 1837, como el juicio por jurado para delitos de imprenta y la Milicia Nacional, y se limitó la autonomía municipal.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Orígenes y Desarrollo

El autoritarismo creciente del gobierno moderado de Narváez generó un descontento que desembocó en un pronunciamiento militar en 1854. Este movimiento, conocido como la Vicalvarada, fue iniciado por el general moderado descontento Leopoldo O’Donnell en Vicálvaro (Madrid). Inicialmente indeciso, el golpe ganó impulso y se radicalizó tras la publicación del Manifiesto de Manzanares (redactado por un joven Antonio Cánovas del Castillo), que incorporaba demandas progresistas.

Este manifiesto consiguió un amplio respaldo popular y animó a otros generales a sumarse a la rebelión. El triunfo del pronunciamiento forzó a Isabel II a llamar al poder al general Espartero, líder del Partido Progresista, quien formó gobierno. O’Donnell, por su parte, creó un nuevo partido, la Unión Liberal, con la intención de aglutinar a los sectores más centristas de moderados y progresistas, y participó en el gobierno inicial del bienio.

Principales Medidas

Durante este breve periodo de gobierno progresista (1854-1856), se tomaron importantes medidas:

• La Desamortización General de Madoz (1855): Como ya se mencionó, afectó principalmente a los bienes de propios y comunales de los municipios, buscando fondos para el ferrocarril.
• Elaboración de una nueva Constitución (1856): Unas Cortes Constituyentes redactaron un texto de carácter más progresista que el de 1845, pero que nunca llegó a ser promulgada (se conoce como la Constitución «non nata»).
• Impulso a la modernización económica: Destaca la aprobación de la Ley General de Ferrocarriles (1855), que buscaba atraer inversión extranjera y acelerar la construcción de la red ferroviaria nacional, considerada clave para el desarrollo económico.