La Revolución Industrial en la España del Siglo XIX y la Crisis de la Restauración
8.2. La Revolución Industrial en la España del siglo XIX. El sistema de comunicaciones: el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La aparición de la banca moderna.
La aparición y desarrollo de la industria en España en el siglo XIX fue lenta y tardía en comparación con los países de Europa occidental. Las causas de ello son varias: guerras (napoleónica, carlistas), mala calidad de los recursos naturales, dependencia de la tecnología extranjera, escaso espíritu empresarial de la burguesía adinerada, que prefería inversiones en bienes raíces o deuda pública antes que en la industria, y una población poco numerosa y con insuficiente poder adquisitivo como para generar la necesaria demanda de productos.
Las principales industrias fueron la textil y siderúrgica. La textil algodonera se desarrolló sobre todo en Cataluña, sustituyendo a las manufacturas de lana de antes del siglo XIX. Disfrutó en general de la protección arancelaria, lo que le ponía a salvo de la competencia británica y francesa y le aseguraba en exclusiva el mercado español. Con la pérdida de Cuba sufrió una crisis, debiendo buscar luego la materia prima en Estados Unidos.
La industria siderúrgica se inició en la provincia de Málaga con carbón vegetal, pero a mediados de siglo fue superada por la del norte cantábrico, cerca de las minas de hulla de Asturias (en la zona de Mieres y La Felguera) y luego en las de hierro de Vizcaya, con la colaboración británica (Altos Hornos y Fábricas, S.A. y otras, luego fusionadas en Altos Hornos de Vizcaya).
Aparte de estas industrias, existían muchos talleres y manufacturas de pequeño tamaño diseminadas por toda España, que satisfacían las demandas locales de tipo alimentario (conserveras, harineras, vinícolas, aceiteras), químico (explosivos, colorantes), herramientas, y en Madrid el sector editorial y de imprenta.
Los transportes en el siglo XIX eran lentos y peligrosos. A causas como las guerras y la orografía antes apuntadas hay que añadir la deficiente red viaria y el bandolerismo en algunas zonas montañosas aisladas. Para superar estas dificultades era necesario construir una red ferroviaria que articulara el mercado nacional. El primer paso fue una Real Orden de 1844, que llevó a la construcción de las primeras líneas (Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez). Pero el despegue definitivo llegaría tras el Bienio Progresista con la Ley General de Ferrocarriles (1855), que concedía grandes subvenciones y desgravaciones fiscales a las empresas que se hicieran cargo de la construcción de vías ferroviarias. Se construyeron miles de kilómetros de vías en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo por parte de empresas francesas, si bien con inconvenientes como un trazado poco planificado y un ancho de vía diferente al del resto de Europa.
En general, la industria española estuvo protegida por aranceles la mayor parte del siglo. Los moderados eran partidarios del proteccionismo, y ésta fue también la tendencia a lo largo de la Restauración. En los años bajo gobierno progresista, en cambio, predominó el librecambismo; así fue durante la regencia de Espartero y en el Sexenio Revolucionario. Los sectores económicos que deseaban proteccionismo eran los cerealistas castellanos y textiles catalanes, mientras que los productores de cítricos levantinos, que no temían ninguna competencia exterior, preferían el librecambismo.
La banca moderna se inició con la legislación del Bienio Progresista. Se crearon bancos de crédito comercial y de emisión de moneda, como los bancos de Barcelona, Santander y Bilbao, que recogían los beneficios de la industria de sus regiones; financiaron a las empresas ferroviarias y la deuda pública. Tanto capitales nacionales como extranjeros, sobre todo franceses y británicos, invertían en el país, aunque más en deuda pública que en agricultura o industria. El Banco de España (creado en 1856) se quedó con el monopolio de la emisión de moneda desde 1874 (desde 1868 la peseta se había convertido en la única moneda para todo el país), además de dedicarse a financiar al Estado y su deuda.
Estas inversiones nacionales y extranjeras en deuda pública servían para financiar el déficit crónico de los presupuestos del Estado. En este sentido, la reforma más importante fue la de Mon – Santillán (1845), que racionalizó la Hacienda creando un presupuesto general anual y modificó los impuestos introduciendo principios de igualdad y proporcionalidad (que todos pagaran impuestos directos, y que lo hicieran conforme a su renta), si bien los impuestos indirectos (los consumos) fueron la base principal de los ingresos fiscales.
En conclusión, el desarrollo industrial de España se inició con retraso respecto a las potencias occidentales, pareciéndose más a los países del Este de Europa o a las demás naciones mediterráneas, pero en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo en el último tercio, experimentó un impulso paralelo a su entorno internacional, quedando a principios del siglo XX como una potencia de segundo orden.
9.1. Alfonso XIII y la crisis del sistema de la Restauración: los partidos dinásticos. Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas.
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) coincidió con la crisis del sistema de la Restauración. La muerte de Cánovas del Castillo y de Sagasta inició un periodo en el que los dos grandes partidos dinásticos no tenían un solo líder indiscutible, dividiéndose en varias facciones de difícil convivencia, y en el que el turnismo pacífico entre ambos partidos ya no estaba garantizado. Por otra parte, los grupos políticos marginados por el sistema (republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas) se hacían valer cada vez con más peso. Sus votantes iban en aumento y eran sobre todo de extracción urbana, con lo que el falseamiento electoral era mucho más difícil que en el ámbito caciquil rural; además, las movilizaciones callejeras de estos grupos eran muy intensas y a veces violentas, y los gobiernos dinásticos se veían presionados para ceder ante algunas de sus reivindicaciones. Por su parte, el ejército estaba dolido con los dos partidos dinásticos desde el desastre del 98, y altos mandos presionaban a los gobiernos para que no cediesen a las exigencias de los movimientos obreros y nacionalistas.
El Partido Conservador, tras la muerte de Cánovas, tuvo como principales líderes a Francisco Silvela y luego a Antonio Maura. El primero llevó a cabo iniciativas de tipo regeneracionista, como la creación de ministerios de Instrucción Pública y de Agricultura, y el Instituto de Reformas Sociales para mejorar las condiciones obreras. El segundo defendió la permanencia de un Estado oficialmente católico;
tendió puentes al nacionalismo conservador catalán con el proyecto de creación de mancomunidades que otorgara a esta región una tímida autonomía de carácter municipal o provincial; estudió (sin éxito) la posibilidad de acabar con el fraude electoral, pero sin sustituirlo por un sistema democrático, sino por un sistema corporativo; y potenció la labor del ejército en el Rif para hacer olvidar la humillación de 1898.
El nacionalismo catalán estaba representado por la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó, que aspiraba a conseguir una autonomía para su región y, a cambio, estaba dispuesta a colaborar con la monarquía. Sin embargo, se alejó de ésta tras los sucesos que ocurrieron en Barcelona a partir de 1905. En esta fecha, una revista satírica catalana publicó una caricatura que ofendió a unos oficiales, que asaltaron y destruyeron los locales de la revista y también los del periódico oficial de la Lliga. El gobierno conservador no castigó a los asaltantes por la presión del ejército y del mismo monarca, sino que aprobó la Ley de Jurisdicciones, por el que los delitos contra el ejército serían juzgados por tribunales militares; así el ejército se encargaría de reprimir al nacionalismo. La reacción de los políticos catalanes fue crear una gran coalición de partidos antidinásticos, Solidaridad Catalana, que consiguieron un gran número de diputados en las elecciones de 1907.
El republicanismo era heredero del federalismo de la 1ª República, pero en Barcelona creó otro partido republicano (Partido Republicano Radical) en torno a Alejandro Lerroux, cuyo discurso antimonárquico, antinacionalista y anticlerical le hizo muy popular entre los obreros catalanes. Lerroux pugnaba con el anarquismo, que se hizo con el control del sindicalismo catalán con la CNT, que buscaba la supresión del estado y la revolución social, utilizando como instrumentos la huelga general y. en ocasiones, la violencia contra políticos liberales. El socialismo se había hecho más fuerte en Madrid, el norte cantábrico (creó el Sindicato Minero Asturiano, SOMA) y en el sector ferroviario, aunque además de las huelgas tenía a su partido, el PSOE, que participaba en las elecciones y no descartaba colaborar con partidos liberales.
En 1909, el gobierno de Maura movilizó reservistas para la guerra en Marruecos, lo que desencadenó una oleada de protestas sobre todo en Cataluña, y una huelga general en Barcelona, que degeneró en un motín de una semana de duración, la Semana Trágica, con proclamaciones de la república, quema de conventos y enfrentamientos al ejército. Tras la represión se juzgó sin garantías a Francesc Ferrer i Guardia, cuya condena a muerte desencadenó grandes protestas y supuso la destitución de Maura que, despechado, dejó de colaborar con el sistema liberal.
El Partido Liberal tuvo tras la muerte de Sagasta como líder más importante a José Canalejas. Buscó acercarse a la clase obrera afirmando el intervencionismo del Estado en economía, potenciando la acción del Instituto de Reformas Sociales y la separación entre Iglesia y Estado con la «ley del candado», que toleraba las manifestaciones públicas de las religiones distintas a la católica, y prohibía la entrada en España de nuevas órdenes religiosas. Sin embargo, la izquierda antidinástica no estaba dispuesta a colaborar con el partido Liberal. Los partidos antidinásticos se coaligaron en 1910 en una Conjunción Republicano-Socialista
(Lerroux, PSOE y otros grupos), consiguiendo un gran éxito urbano en las elecciones de ese año. Desde ese año, se produjo una oleada de huelgas obreras que fue reprimida duramente por Canalejas, quien fue asesinado por un anarquista en 1912.
A partir de 1913 los dos grandes partidos perdieron su unidad de acción. tras la muerte de Canalejas, los nuevos líderes de su partido (conde de Romanones, Santiago Alba, García Prieto) sólo dirigían alguna facción del mismo. En el partido conservador, Eduardo Dato no pudo contar con Maura ni sus seguidores, que a menudo se le oponían frontalmente y derivaban hacia la derecha antiliberal. En estas condiciones llegó un periodo de gran inestabilidad política, con muchos gobiernos de muy corta duración e ineficaces para dar cabida en el sistema a una izquierda obrera y republicana que iba adquiriendo cada vez más fuerza.
9.2. La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. La crisis de 1917 y el trienio bolchevique.
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) coincidió con la crisis del sistema de la Restauración, un periodo en el que los dos grandes partidos dinásticos carecían líder indiscutible, dividiéndose en varias facciones a menudo enfrentadas, sin que el turno pacífico entre ambos partidos estuviera garantizado. Por otra parte, los grupos políticos marginados por el sistema (republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas) se hacían valer cada vez con más peso, votantes en aumento y sobre todo de extracción urbana, con lo que el falseamiento electoral era mucho más difícil que en el ámbito caciquil rural; además, las movilizaciones callejeras de estos grupos eran muy intensas, a veces violentas, y los gobiernos dinásticos se veían presionados para ceder ante algunas de sus reivindicaciones. Por su parte, el ejército, dolido con los dos partidos dinásticos desde el desastre del 98, presionaba para que los gobiernos liberales no cediesen a las exigencias del nacionalismo y movimientos obreros.
Ya en 1909 se había producido la Semana Trágica de Barcelona, donde confluyeron nacionalismo catalán, sindicalismo obrero e intereses del ejército. España se hallaba en guerra en el Rif marroquí, territorio que le había sido otorgado en 1906 en la conferencia de Algeciras y donde se establecería un régimen de protectorado en 1913. El territorio tenía interés minero para algunas élites españolas, y además era útil para dar al ejército una actividad que compensara la derrota en Cuba. Pero la belicosidad de las tribus bereberes locales y la inexperiencia de las tropas españolas (reclutas de baja extracción social movilizados por el impopular sistema de quintas) causaban numerosas bajas, como ocurrió en 1909 en el choque del Barranco del Lobo, y todo ello exacerbaba el sentimiento antimilitar entre las clases bajas del país.
A partir de 1913, los dos partidos dinásticos, liberal y conservador, muy divididos, tenían grandes dificultades para gobernar. Era común el bloqueo parlamentario, con las Cortes suspendidas casi permanentemente, causando las protestas de los grupos opositores. En la 1ª Guerra Mundial (1914-18), España fue neutral y la economía mejoró gracias a la fuerte demanda de los países beligerantes, pero la situación política se complicó: el estallido de la revolución rusa en 1917 hizo que aumentaran las reivindicaciones obreras y republicanas,
y causó el rechazo a estas reivindicaciones por parte de la alta y media burguesía, los terratenientes y el ejército. La crisis de 1917 tuvo causas laborales, militares y políticas. Militares por la creación de unas juntas militares de defensa, asociaciones de oficiales que exigían mejoras salariales y de ascenso en el escalafón (los militares peninsulares se sentían agraviados respecto a los destinados en África). El gobierno terminó por ceder ante estas exigencias. Además la crisis tuvo causas políticas porque, al estar las Cortes cerradas constantemente, varios partidos de oposición (nacionalistas, republicanos, socialistas) convocaron una asamblea de parlamentarios en Barcelona. Esta asamblea exigió una autonomía para Cataluña y la convocatoria de Cortes constituyentes, pero fue disuelta por el gobierno. La tercera causa de la crisis fue la convocatoria de una huelga general por parte de UGT y CNT; esta huelga tendría carácter revolucionario, es decir, pretendía derrocar a la monarquía y al sistema liberal de la Restauración. Esperaban contar para ello con el apoyo del ejército, como sucedió en Rusia, pero en España el ejército no apoyó a los huelguistas, sino que colaboró a su represión.
Se denomina trienio bolchevique (1918-1920) al periodo que siguió a la crisis de 1917 y al fin de la guerra mundial, caracterizado por un aumento de la conflictividad social. La izquierda socialista se desligó de la izquierda burguesa y se decidió por buscar vías revolucionarias para acceder al poder. El PSOE no ingresó en la Tercera Internacional (1919) creada tras el triunfo de la Revolución rusa, pero por su izquierda se desligaron grupos que formarían el Partido Comunista de España (1922). La CNT, dirigida por Salvador Seguí y Ángel Pestaña, creció muchísimo en número de afiliados, dominando totalmente el sector industrial catalán. Tanto la UGT como la CNT protagonizaron la convocatoria de numerosas huelgas, seguidas especialmente en Barcelona. También cabe destacar que por primera vez se movilizó sindicalmente el campo andaluz debido a la actividad de la CNT, si bien aquí no tenían reivindicaciones revolucionarias, sino sólo mejoras salariales, reducción de horarios de trabajo o regulación del trabajo femenino e infantil. En Cataluña, ante la impotencia de los gobiernos para frenar el auge de la conflictividad, tomó la iniciativa un sector del ejército en la región, apoyado por el nacionalismo conservador (la Lliga) y la patronal catalana. Se creó el Somatén, una milicia de voluntarios armados que defendía los intereses de los empresarios; se practicó el cierre de empresas; y se contrató a pistoleros para atacar y detener a sindicalistas y políticos de izquierdas. Como resultado de la violencia, hubo centenares de muertos, sobre todo en Barcelona. Son de destacar las muertes de Eduardo Dato, presidente del gobierno, y Salvador Seguí.
En este contexto de violencia e inestabilidad, se produjo en Marruecos el desastre de Annual (1921), donde tropas españolas fueron cercadas por el líder tribal rifeño Abd el Krim, falleciendo diez mil soldados y perdiéndose el control de la región en pocos días. El desastre conmocionó a la opinión pública española, que exigía responsabilidades y odió aún más la guerra de Marruecos. El ejército se dividió entre partidarios de continuar la guerra (africanistas) y de abandonarla (peninsulares). El gobierno encargó una investigación al general Picasso, quien en su informe iba a mostrar errores y negligencias militares. El Informe Picasso no llegó a publicarse, porque se produjo el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que puso fin al régimen de la Restauración e inauguró una dictadura militar.
9.3 La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII.
En el reinado de Alfonso XIII (desde 1902) se había ido produciendo la crisis del sistema de la Restauración. La Constitución de 1876 había creado un sistema político monárquico, liberal, moderado, católico y nacionalista. Los movimientos políticos marginados (republicanos, nacionalistas periféricos, socialistas, anarquistas) crecieron mucho en el siglo XX y exigían reformas por medios políticos y de acción directa (huelgas, atentados, intentonas revolucionarias). El sentimiento antimilitarista era alto entre las clases populares desde la intervención española en el Rif (con desastres como el de Annual), y altos mandos del ejército amenazaban a los gobiernos si hacían cesiones a los sectores obreros o nacionalistas. El ambiente político se había agravado, llegando a graves crisis como la Semana Trágica de Barcelona o el trienio bolchevique, sin que los gobiernos monárquicos consiguieran evitar la radicalización política y social.
En este contexto se produjo en 1923 el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. Primo declaró el estado de guerra y en su manifiesto “Al país y al ejército españoles” justificaba el golpe como necesario para acabar con la violencia “terrorista” (en referencia a las acciones anarquistas), con el separatismo nacionalista, los “ineficaces” partidos liberales, y la búsqueda de responsabilidades políticas o militares por el fracaso en Marruecos.
Alfonso XIII dio su visto bueno al golpe; los partidos, sindicatos y la sociedad española apenas reaccionaron; el gobierno dimitió. Se instauró una dictadura, que tuvo dos fases: un Directorio militar hasta 1925, y otro civil hasta 1930. El Directorio militar, dirigido por Primo de Rivera, estaba compuesto por miembros del ejército. Se militarizó toda la administración, hasta el nivel provincial y municipal, apartando a los políticos liberales. Se suspendió la Constitución y se disolvieron las Cortes.
La creación del Directorio civil en 1925 mostró el deseo de Primo de prolongar la dictadura. El gobierno dio entrada a varios civiles de extrema derecha (Eduardo Aunós, ministro de Trabajo; José Calvo Sotelo, de Hacienda). Primo de Rivera creó una especie de partido único, la Unión Patriótica; aunque los demás partidos no fueron prohibidos, quedaron marginados. Convocó una Asamblea Nacional Consultiva, cuyos miembros no pertenecían a partidos políticos, sino que representaban a corporaciones profesionales, de la Administración o de la misma Unión Patriótica. Era misión de esta Asamblea redactar una nueva Constitución; el proyecto, que diseñaba un Estado corporativo y conservador al estilo del fascismo italiano, no llegó a aprobarse.
Del gobierno de la dictadura cabe destacar la operación militar hispano-francesa del desembarco de Alhucemas (1925), que permitió poner fin a la guerra en Marruecos, quedando el Rif pacificado y bajo control español. En orden público, el dictador creó el Somatén Nacional, extendiendo a todo el territorio español esta milicia cívica creada antes en Cataluña. Se reprimió sobre todo al PCE y a la CNT, pero se buscó la colaboración del socialismo; Aunós creó la Organización Corporativa Nacional, constituida por los comités paritarios, órganos de arbitraje en los conflictos laborales que estaban compuestos por representantes sindicales, patronales, y miembros del ministerio de Trabajo. Además de la UGT estaban representados sindicatos católicos y los Sindicatos Libres,
de extrema derecha. Estos comités consiguieron una baja conflictividad laboral hasta la crisis de 1929. Se reprimió el nacionalismo catalán, suprimiendo la Mancomunidad y prohibiendo el catalán en actos públicos; con estas medidas, el catalanismo derivó a la izquierda. En política económica, el régimen aprovechó la prosperidad mundial de los años 20, y el Estado invirtió mucho en obras públicas. Además se concedió el monopolio de la red telefónica a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE); se creó Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, SA), monopolio estatal de petróleos creado a partir de la expropiación de multinacionales extranjeras; asimismo se concedieron licencias de emisión radiofónica, concentradas en la estatal Unión Radio; por último cabe destacar la creación de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que canalizaban el ahorro familiar. El sistema fiscal no se modificó y siguió basándose en los impuestos indirectos que perjudicaban a las clases populares; los intentos de Calvo Sotelo de crear un impuesto directo progresivo, fueron abortados.
A medida que la dictadura se prolongaba fue creciendo la oposición. Estaba compuesta por políticos de la Restauración, como Alcalá-Zamora (que se volvieron partidarios de una república, al acusar al rey de haber traicionado el sistema de 1876); republicanos históricos (Lerroux), o más recientes (Manuel Azaña); varios sectores del ejército, que promovieron conspiraciones; intelectuales como Unamuno o Marañón; estudiantes universitarios; y los sectores represaliados (CNT, PCE, nacionalistas). Esta creciente oposición y la crisis de finales de la década llevaron a Alfonso XII a retirar a Primo de Rivera su confianza, y el dictador dimitió en 1930 y se exilió.
Alfonso XII trató de volver al sistema de 1876, y encargó un gobierno de transición al general Dámaso Berenguer, luego reemplazado por el almirante Juan Bautista Aznar, que formó con políticos de la Restauración un gobierno de concentración que preparara la vuelta al régimen previo a la dictadura. Convocaron elecciones municipales y luego constituyentes. De forma paralela y clandestina, grupos opositores (Alcalá-Zamora, Azaña, Lerroux) prepararon una insurrección para instaurar la república en el llamado Pacto de San Sebastián. A ellos se unieron el PSOE y la UGT. La insurrección fracasó al precipitarse una sublevación militar en Jaca, pero al final la república llegó tras las elecciones municipales del 12 de abril. Los participantes en el Pacto de San Sebastián se presentaron en coalición, obteniendo una gran victoria en las grandes ciudades. El resultado fue interpretado por amplios sectores como un plebiscito en favor de un cambio de régimen, lo que obligó al monarca a abdicar y exiliarse.