EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874)

Consta de seis fases. La primera, conocida como Gloriosa Revolución, se inicia en 1868 con una sublevación militar en Cádiz que contó con apoyo popular en muchas ciudades españolas. El resultado fue el derrocamiento de la reina Isabel II y su inmediata huida a Francia. Esta revolución tuvo un carácter exclusivamente político pues los objetivos del frente revolucionario fueron la implantación del sufragio universal y el derrocamiento de la reina. Las tres fuerzas políticas que actuaron en la coalición revolucionaria fueron el partido liberal progresista con Prim, cerebro de la revolución, el Partido Demócrata y la Unión Liberal. Tras esta revolución, en la segunda fase, se constituyó un Gobierno provisional bajo la presidencia de Serrano junto con Prim, Zorrilla y Sagasta. En las Cortes se elaboró la Constitución de 1869, que conllevó la introducción del sufragio universal directo, la monarquía democrática, reconocimiento de derechos y libertades de reunión y la libertad de enseñanza. El siguiente paso era escoger un nuevo monarca para España, a elegir entre el portugués Fernando, el duque Antonio de Montpensier y el alemán Leopoldo. Finalmente las Cortes escogieron a Amadeo de Saboya, cuyo padre era el rey de Italia. Da comienzo así la tercera fase, el reinado de Amadeo de Saboya, que fracasó pronto, pues el mismo día de su llega a España, murió su único apoyo, el general
Prim. Otro problema al que se enfrenta es la ruptura de la coalición que habían participado en el triunfo de la revolución. Además, se abrió una profunda división en el progresismo que concluyó con la escisión del partido en dos: el partido constitucional (Sagasta) y el partido radical (Zorrilla), con constantes cambios gubernamentales, inclusive el problema del falseamiento de las elecciones. Cabe mencionar otro asunto como las huelgas de los obreros en paro. Las actuaciones que llevó a cabo el monarca fueron la creación de la peseta como unidad monetaria, un arancel librecambista, nueva ley de minas y medidas de carácter anticlerical que obligaban a los clérigos a presentar juramento de fidelidad a la Constitución. Los carlistas, opositores a Amadeo, volvieron a levantarse en armas. El Vaticano rompió relaciones con el Gobierno, por su parte, los republicanos estaban a favor de la realización de reformas. Y por último, la resistencia de los guerrilleros independentistas en Cuba y Puerto Rico llevaron al monarca a tomar la decisión de renunciar al trono, declarándose así la república el 11 de febrero de 1873. El nuevo régimen republicano careció de apoyos sociales y fracasó con rapidez. Casi todos los dirigentes republicanos mantenían entre sí diferencias personales e ideológicas, en diez meses hubo cuatro presidentes distintos: Estanislao Figueres (unitaria), Francisco Pi y Margall (federal), Nicolás Salmerón (unitaria) y Emilio Castelar (unitaria). Las principales medidas de los gobiernos republicanos fueron reformas como: la supresión del impuesto de consumo; eliminación de las quintas para crear un nuevo ejército; suspensión de subvenciones; prohibición del trabajo de niños menores de diez años; abolición de la esclavitud en Puerto Rico; y la elaboración de un proyecto constitucional para convertir España en un Estado Federal y descentralizar el país. El régimen republicano tuvo que enfrentarse a varios conflictos y dificultades, las huelgas se multiplicaron, la bancarrota se acentuó, los jornaleros ocuparon fincas por la fuerza, los intentos frustrados de la sublevación militar y la guerra contra los carlistas.  Además, hubo violentas y radicales rebeliones cartonistas que amenazaban con romper la unidad nacional española. Se inició en Cartagena que se constituyó en cantón o estado regional independiente y le declararon la guerra al Gobierno central, además de entre sí. A pesar de todo, fueron sofocadas con violencia. Otro problema al que tuvieron que hacer frente fueron los guerrilleros separatistas liderados por Carlos Manuel Céspedes en Cuba. Por último, la mayor parte de la burguesía, toda la aristocracia y numerosos generales y oficiales del Ejército, deseaban el restablecimiento de la monarquía borbónica. La primera fase de la república concluyó con el golpe de Estado del general Pavía. Después, el general Francisco Serrano asumió la jefatura del Estado con plenos poderes y suspendiendo la Constitución de 1869. Y por último, el restablecimiento de la monarquía borbónica se consumó el 29 de diciembre de 1874 con el golpe de Estado del general Martínez Campos y la proclamación de Alfonso XII como nuevo rey de España.

S. XIX: LAS DESAMORTIZACIONES

La desamortización, que consistía en la nacionalización y venta de propiedades, de Mendizábal se apoya en un doble basamento, doctrinal y coyuntural. El primero porque es condición indispensable para la puesta en funcionamiento de un esquema de relaciones sociales y económicas y el segundo porque se dio en un momento preciso de singular agobio del erario público. Las causas que se dieron para llevarlas a cabo era obtener recursos para arreglar la deuda y restablecer el crédito público, y una reforma tributaria en profundidad. Los objetivos más importantes de las desamortizaciones partían de la necesidad de reducir la enorme deuda acumulada y fortalecer el crédito del Estado, y por otro lado, la obtención de recursos para la financiación de la guerra civil y la ampliación de las bases sociales del régimen por el incremento del número de propietarios. La secuencia desamortizadora se sustenta en dos niveles, el primero es la desamortización eclesiástica y hace referencia a la supresión de instituciones religiosas y la aplicación de sus patrimonios para la extinción de la deuda pública. La supresión de la Inquisición, la compañía de Jesús y monasterios y conventos son algunos ejemplos. El decreto de 19 de febrero de 1836, establecía los principios y mecanismos de la desamortización: se declaraban en venta todos los bienes de las instituciones extinguidas y demás bienes calificados o que se calificaran en un futuro como nacionales. El objetivo principal de las desamortizaciones acabó en fracaso, porque a lo largo del periodo no se consiguió reducir el volumen de la deuda. La tendencia señala que la desamortización no alteró sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra, no creó el latifundio, pero sí un mayor número de latifundistas. Tendió a reforzar unas estructuras de propiedad ya definidas por pautas históricas anteriores. Sin embargo, el porcentaje de compradores se distribuyó en un gran abanico de individuos procedentes del mundo rural, sobre todo en la meseta norte. Otro aspecto del nuevo régimen es la desvinculación. Se trataba de convertir una propiedad indivisible, salvo permiso regio, en propiedad plena y circulante. El mayorazgo, propiedad vinculada, había permitido perpetuar el patrimonio de la nobleza, pues se transmitían bajo la herencia del primogénito varón. A diferencia de la desamortización, la desvinculación no provocó la inmediata transferencia de propiedades, ni implicó expropiación. La disolución del régimen señorial, la lucha por la propiedad de la tierra entre señores, municipios y campesinos. Se establecía una diferenciación entre señoríos jurisdiccionales y territoriales. Estos últimos se convertían en propiedades particulares, permaneciendo las relaciones entre el antiguo señor y el campesino.La ley general de desamortización de 1 de mayo de 1855, presentado por Madoz, estipulaba que las propiedades urbanas, rurales, censos y foros, pertenecientes a la Iglesia, al Estado y a los municipios, fueran subastados y vendidos. Estas desamortizaciones municipales, superaron el conjunto de las desamortizaciones de Mendizábal y se prolongaron todo el siglo. Se distinguía entre los bienes de propios, pertenecientes a los municipios con el fin del cultivo; y los bienes comunes, pertenecientes a la comunidad de vecinos y de utilidad libre. Todas las desamortizaciones estaban destinadas al saneamiento de la deuda pública, destinando así un 20% de los bienes vendidos. Pero, en general, los campesinos no sólo no accedieron a la propiedad, sino que sufrieron las consecuencias de la expropiación de bienes de propios y comunes. Se consolidó la estructura agraria desde el punto de vista de la propiedad y los campesinos quedaron privados del uso colectivo de los bienes. Por otro lado, las arcas municipales se vieron privadas de ingresos y tendieron a aumentar los impuestos. Por último, se contribuyó a la frustración del campesinado en el acceso a la tierra.

REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II

La reina Isabel, reinó en 1843-1868, y durante este periodo hubo una alternancia entre moderados, liberales y progresistas. En el primer periodo de los moderados, al cargo de Narváez, permaneció en el poder desde 1844 hasta 1854, y sus actuaciones políticas consistieron en: la creación de la Guardia Civil, para el mantenimiento del orden público; una nueva ley de Ayuntamientos, para el nombramiento gubernativo de los alcaldes; reformas en el sistema fiscal, en el que pagan todos para obtener un aumento de los ingresos estatales, con impuestos indirectos y directos (IRPF e IVA); la aprobación y elaboración de una Constitución en 1845 con soberanía compartida, la obligación del Estado de mantener al clero y declaración del catolicismo como única religión de la nación española; la disolución de la Milicia Nacional; modificación de la legislación electoral, se duplicó la cantidad de dinero; neutralización de un intento de revolución llevado a cabo por los demócratas y republicanos en 1848; la firma del Concordato de 1851, donde el Gobierno se comprometía a paralizar la venta de bienes desamortizados; la reducción del déficit estatal mediante la conversión de la deuda, se rebajaron los pagos de los intereses y el valor de la deuda pública; el establecimiento de la enseñanza primaria pública, gratuita y obligatoria; y una actividad exterior que daba prioridad al mantenimiento de nuestras colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y a los intereses de Francia y Gran Bretaña.El siguiente periodo, conocido como el bienio progresista, empezó con el levantamiento de algunos liberales centristas encabezados por Leopoldo O’Donnell, que obligó a la reina Isabel II a entregar el Gobierno nuevamente al general Espartero, pero que sólo retuvieron el poder entre 1854 y 1856.Posteriormente, el general Leopoldo O’Donnell, al frente de un nuevo grupo político, la Unión Liberal, creado con la pretensión de ocupar el centro ideológico y recoger lo mejor de moderados y progresistas, gobernó el país desde 1858 hasta 1863. En las filas de este partido se encontraban jóvenes como Cánovas del Castillo y generales como Serrano. Fue un periodo de gran desarrollo económico, pues se impulsó el ferrocarril y en cuanto a la política externa, el Gobierno intervino en Cochinchina con la orden de retirada; consiguió la ampliación del perímetro de Ceuta, Marruecos fue el escenario más importante; las tropas de México regresaron a España; Santo Domingo renunció a la independencia por temor a Haití. El Gobierno pretendió difundir la conciencia patriótica y el amor a España entre los ciudadanos.A partir de 1865, los gobiernos moderados dirigidos por Narváez, desarrollaron una actuación política extremadamente autoritaria y represiva, con métodos casi dictatoriales. Expulsaron de la universidad a varios profesores demócratas como Emilio Castelar y detuvieron y desterraron a algunos generales como Serrano. Los progresistas y los demócratas reaccionaron ante estos acontecimientos, concertando un Pacto de Ostende, para desalojar por la fuerza a los moderados y derribar a Isabel II. La intervención de Isabel II en las cuestiones de gobierno fue permanente. Ella siempre prefirió a los moderados por motivos ideológicos y religiosos. El fraude y las manipulaciones electorales para falsear los resultados de las votaciones eran constantes. Y por último, existía una preponderancia y protagonismo de los altos mandos del Ejército en la vida política.